España: Manual del ciudadano

Treinta y siete horas y media

En diciembre de 2024 el Ministerio de Trabajo firmó un acuerdo con los dos sindicatos mayoritarios, y sin las organizaciones empresariales. Pactaron reducir la jornada legal máxima de cuarenta horas semanales a treinta y siete y media, sin bajar el sueldo. El Consejo de Ministros lo convirtió en proyecto de ley en la primavera de 2025. En septiembre de 2025 el Congreso aprobó las enmiendas a la totalidad de tres grupos, que pedían devolver el texto al Gobierno sin discutirlo. El proyecto decayó sin llegar a la comisión.¹ La jornada máxima sigue en cuarenta horas.

El caso permite ver, una tras otra, cinco de las preguntas que sirven para juzgar una medida.

La primera era de quién es la competencia. La jornada máxima la fija el Estado, porque la legislación laboral es suya por el artículo 149.1.7.ª de la Constitución. Pero la ley fija solo el máximo, y los convenios colectivos pueden pactar menos. La media pactada en ellos era ya de 1.750 horas al año, 38,3 por semana, en 2025.² La reducción cambiaba sobre todo la vida de quien trabajaba cuarenta horas, sin convenio o con un convenio que las fijaba. No cambiaba la de quien ya trabajaba menos.

La segunda era cuánto cuesta y quién lo paga. Pasar de 40 a 37,5 horas con el mismo sueldo sube casi un 7% el precio de la hora. Puede soportarlo el margen de la empresa, el precio que paga el cliente, las horas extra que se dejan de pagar o el empleo que no se crea. Quién lo soporta es la pregunta de incidencia del capítulo 4.1, sobre quién paga de verdad un impuesto. Y no se sabe de antemano.

La tercera era qué evidencia hay. Francia redujo la jornada a treinta y cinco horas en 2000. Las evaluaciones no coinciden. Dos estudios con grupo de comparación no encuentran efecto sobre el empleo. El Ministerio de Trabajo francés estimó unos 350.000 empleos creados entre 1998 y 2002. Los ensayos de Islandia se hicieron en el sector público y midieron bienestar y productividad, no empleo.³

La cuarta, quién gana y quién pierde. Ganaban los trabajadores a cuarenta horas. Soportaban más coste las empresas con más mano de obra por euro de venta. Quedaban fuera los casi 3,5 millones de autónomos de septiembre de 2026 y los funcionarios. A ellos no se les aplica el Estatuto de los Trabajadores. En la Administración General del Estado la jornada era entonces de 37,5 horas, y desde abril de 2026 es de 35.⁴

Y la quinta, si era reversible. Una jornada legal que se baja es difícil de volver a subir. La española lleva en cuarenta horas desde 1983.⁵ Por eso la decisión era más grande que el recorte de horas.

Debajo de las cinco queda la pregunta que ordena todas: si el desacuerdo era sobre hechos o sobre valores. Trabajar menos horas a cambio de la misma renta es una preferencia, y una sociedad puede tenerla o no tenerla. Que hacerlo por ley destruya empleo es una predicción. Se puede estimar con lo que pasó en Francia, pero solo se sabrá después. Los dos atajos habituales las confunden. Uno trata la preferencia como un hecho: «los datos demuestran que…». El otro trata la predicción como una preferencia: «eso es ideología». El Congreso votó sobre el texto sin que se discutiera en comisión. La pregunta de fondo, hechos o valores, quedó sin contestar.

Queda otra pregunta: qué pasa si no se hace nada. Una alternativa a la ley era que la jornada bajara sola en los convenios. Un trimestre no basta para concluir. Los convenios con efectos en 2026 registrados hasta marzo pactaban de media 1.739 horas al año, solo once menos que la media con la que cerró 2025.⁶ Estas siete preguntas, con otras cuatro, son las once de la figura 131.

Las cinco preguntas que acortan cualquier debate

¿De quién es la competencia? Es la primera, y la que plantea el capítulo «Un ejemplo: ¿De quién depende?», en la introducción. Allí, en un martes corriente intervienen cuatro de los cinco niveles de gobierno. Un ciudadano vive bajo cinco poderes que dictan normas y, salvo la Unión, cobran: la Unión Europea, el Estado, la comunidad autónoma, la provincia y el municipio. Por eso es fácil pedir algo a quien no lo decide. Las listas de espera, que son autonómicas, se le piden al Gobierno. El precio de la vivienda se le pide al Ministerio de Vivienda. Pero depende del suelo que clasifican los planes municipales, que en la mayoría de las comunidades aprueban estas. Y depende de los tipos de interés que fija el Banco Central Europeo.

La pregunta tiene una forma concreta: qué artículo de la Constitución o del estatuto atribuye la materia, y a quién. La respuesta suele ser más de un nivel, porque la competencia más frecuente es la compartida. El Estado escribe las bases y la comunidad las desarrolla y presta el servicio. Una promesa sobre educación hecha desde Madrid necesita diecisiete consejerías para cumplirse. Saberlo cambia lo que la promesa significa.

¿Cuánto cuesta y de dónde sale? Una medida tiene tres costes. El bruto es lo que se gasta, y el neto, lo que queda tras descontar lo que la medida devuelve en impuestos o ahorros. El de oportunidad es lo que se deja de hacer con ese dinero. Quien propone suele citar el más favorable. Pero lo decisivo es de dónde sale el dinero. Siete de cada diez euros del gasto público de 2024 estaban comprometidos antes del debate presupuestario (capítulo 4.2, sobre el gasto público). Así que un gasto nuevo es un impuesto nuevo, una deuda nueva o un recorte en otra cosa. «Lo pagan las empresas» no responde. La empresa que ingresa un impuesto en Hacienda no siempre es quien lo soporta: puede pasarlo a los precios o a los sueldos.

La forma útil de la pregunta es pedir la cifra anual de la medida y ponerla en proporción del gasto público. Y luego hay que preguntar qué partida baja o qué impuesto sube. Una propuesta sin esa respuesta sigue siendo un deseo. Para las normas del Gobierno, la primera respuesta está escrita. Cada anteproyecto lleva una memoria del análisis de impacto normativo, con su impacto económico y presupuestario y las cargas que impone.⁷

¿Qué evidencia hay, y comparada con qué? La clave es qué habría pasado sin la medida. Lo que pasó después solo responde si se sabe contra qué compararlo. Y ese contrafactual no llega a verse nunca. Hay que estimarlo: con evaluaciones, con experimentos piloto o con la experiencia de otros países medida con las mismas definiciones.

España tiene instituciones para estimarlo, y son recientes. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) vigila las cuentas públicas desde 2014. Desde 2017 evalúa programas de gasto por encargo del Gobierno.⁸ La Comisión Europea publica cada año un informe por país, y Eurostat da estadísticas comparables de todos los países de la Unión.

Dos trampas hacen que una medida parezca funcionar sin funcionar. Las medidas se suelen tomar tras un año malo, y el siguiente tiende a ser mejor aunque la medida no haga nada. Es la regresión a la media. Y quien entra en un programa no se parece a quien no entra. Comparar a los dos grupos mide también esa diferencia.

La forma útil de la pregunta tiene tres partes: quién lo ha evaluado, qué pasó donde se probó y si el país que se cita se cita entero, con sus impuestos y sus convenios.

¿Quién gana y quién pierde? Toda medida pública tiene perdedores; si no aparecen, están escondidos. Los perdedores suelen ser quienes pesan poco cuando se decide. Los contribuyentes futuros heredan los intereses de la deuda pública y los compromisos de gasto militar hasta 2037. Los jóvenes pagan la vivienda cara y cotizan para las pensiones de hoy. La suya dependerá de la ley que haya cuando les toque jubilarse. Y quienes tienen derecho a una prestación y no la piden solo aparecen en las evaluaciones. En 2025, según la AIReF, el 52% de los hogares con derecho al ingreso mínimo vital no lo pidió.

Una regla que impide perder a alguien tiene su coste. El sistema de financiación de 2009 se calculó para que ninguna comunidad recibiera menos que con el anterior, y sigue sin revisarse (capítulo 3.2, sobre la financiación autonómica). La ley electoral solo pueden cambiarla quienes han salido elegidos con ella. Desde 1985 no se ha reformado ni el reparto de escaños ni la fórmula que convierte votos en escaños. La forma útil de la pregunta es pedir que se nombre a quien pierde. Una propuesta que dice que gana todo el mundo suele estar cargando el coste sobre alguien que no está en la sala.

Esta pregunta tiene una segunda mitad: a quién le pasa, dentro del promedio. Una cifra media puede ocultar dos realidades que se compensan. La forma útil es pedir el dato partido, y el corte por sexo cambia la lectura de varias políticas:

• la pensión media esconde una brecha entre hombres y mujeres que ni el complemento por hijo, creado en 2021, ha cerrado (capítulo 7.1, sobre pensiones);
• el sueldo medio de 2024 fue de unos 32.000 euros brutos al año para los hombres y de unos 27.000 para las mujeres (capítulo 6.2, sobre el mercado de trabajo);
• en la dependencia, la prestación más frecuente es el cuidado en la familia, y casi nueve de cada diez cuidadores con convenio especial son mujeres (capítulo 7.4, sobre dependencia);
• el sistema policial de valoración del riesgo en violencia de género se aplica a los casos que la ley de violencia de género define así: los que sufren las mujeres a manos de quien es o ha sido su pareja (Ley Orgánica 1/2004, artículo 1).

Ninguno de esos datos es una opinión, y usarlos no exige compartir una posición política. El capítulo «Las cifras públicas», en la introducción, pide lo mismo con cualquier media: preguntar de quién es el promedio. Cuando una propuesta se defiende con una cifra agregada y se niega a partirla, la negativa ya es una pista.

¿Es reversible? Las decisiones no pesan lo mismo. Una ley se deroga con otra ley. Una reforma constitucional necesita las mayorías del artículo 167 o del 168. Un derecho reconocido es difícil de retirar. El partido que se opuso al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la ley de plazos gobernó de 2011 a 2018. No derogó ninguno de los dos, aunque en 2015 exigió a las menores el consentimiento de sus padres para abortar (capítulo 8.4, sobre familia, cuerpo y muerte).⁹ Y un contrato de veinte años, una central que se cierra o una concesión de costa no se deshacen con un voto.

Cuanto menos reversible es una decisión, más certeza exige. La forma útil de la pregunta es preguntar cómo se desharía y cuánto costaría deshacerla. Una jornada que se baja o una central nuclear que se desmantela están entre las cosas difíciles de deshacer.

Cinco que lo alargan, y una para el desacuerdo

Otras cinco preguntas alargan el debate en la dirección correcta, porque buscan lo que la propuesta no dice.

¿Qué pasa si no se hace nada? No decidir también cuesta, y ese coste no entra en ningún presupuesto. El sistema de financiación autonómica, cuya primera evaluación, con referencia a 2013, no se hizo, se sigue aplicando. El plan nacional de adaptación al clima, de 2020, dice qué hay que hacer y no le pone presupuesto.¹⁰ La migración irregular ha acabado en siete regularizaciones extraordinarias, la última en 2026. La inacción tiene un coste y unos perdedores igual que la acción. La comparación honesta de cualquier propuesta es contra ese escenario, no contra un mundo sin problema.

¿Quién lo va a ejecutar, y con qué medios? Quien legisla no gestiona: es la otra regla que deja el martes corriente de la introducción. En la dependencia, el Estado puso en 2025 el 26,9% del gasto público, lejos de la mitad prevista. La Ley 4/2026, de 1 de octubre, convierte esa mitad en obligación. El ingreso mínimo no llega a la mitad de los hogares con derecho. Y en una emergencia el mando y los medios están en manos distintas. La comunidad tiene la competencia y el Estado, los medios (capítulo 8.5, sobre emergencias).

Una ley sin oficina, sin presupuesto y sin formulario es una intención. La forma útil de la pregunta es concreta: qué administración lo hará, con cuánta gente y con qué partida presupuestaria, y si esa administración ha sido consultada o solo mandada.

¿Cuándo se notará? Las legislaturas duran cuatro años. El suelo que hoy se decide urbanizar tarda entre diez y quince años en ser vivienda edificada. La generación más numerosa se jubila hasta 2044. Y el objetivo de gasto militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se mide en 2035.

Como los plazos no coinciden, un gobierno puede decidir un gasto que paga el siguiente. O puede anunciar la medida que se notará antes de las elecciones aunque sea peor que otra más lenta. La forma útil de la pregunta es pedir la fecha del primer efecto y si cae dentro o fuera de la legislatura.

¿Qué se ha intentado ya? Una propuesta suele tener precedente, y está a la vista: el mapa municipal del siglo XIX, la ley electoral de 1977, el sistema de financiación de 2009, las ocho leyes generales de educación, las siete regularizaciones. Preguntar qué pasó la última vez que se intentó, y por qué se dejó como está, ahorra discusiones. Y avisa de los obstáculos. Hay alternativas al reparto de los órganos de control entre partidos, del sorteo a la elección de los vocales judiciales por los jueces. También tienen su precedente y su coste (capítulo 2.8, sobre los contrapesos).

¿Qué libertad se restringe, y está medida la restricción? Una medida pública suele quitar algo a alguien: una obligación, una prohibición, un requisito, un plazo, un dato que hay que entregar. Eso es legítimo y es el oficio del Estado. Lo que no es automático es que la restricción sea proporcionada. El derecho español tiene desde hace treinta años un examen de tres pasos para comprobarlo. Mira si la medida sirve para el fin que dice perseguir, si no hay otra menos lesiva que sirva igual, y si lo que se gana compensa lo que se pierde.¹¹ El Tribunal Constitucional lo aplica a las restricciones de derechos fundamentales. La pregunta vale igual para las que no llegan a serlo.

Cada medida tiene un beneficio que se anuncia y una restricción que hay que buscar. Un requisito nuevo en una ayuda se justifica por el fraude que evita. La restricción es la gente con derecho que deja de pedirla. Una obligación de identificarse por internet se justifica por la modernización, y la restricción es quien queda fuera. Un archivo clasificado sin plazo se justifica por la seguridad. La restricción la paga quien nunca sabrá qué había dentro. Una comunidad de vecinos que prohíbe los pisos turísticos invoca la convivencia. La restricción recae sobre la propiedad de un tercero (capítulo 8.8, sobre la comunidad y la calle).

La forma útil de la pregunta son tres frases: qué exactamente se restringe, a cuánta gente, y con qué se ha medido que funciona. Si las tres tienen respuesta, la discusión es sobre valores y se decide votando. Se vota dentro de los derechos que la Constitución pone fuera del alcance de la mayoría. Si la tercera no la tiene, lo que hay es una intuición con fuerza ejecutiva.

¿Es un desacuerdo de hechos o de valores? Es la que ordena a las otras diez, porque de ella depende que la discusión se resuelva con datos o con razones y votos.

Hechos, valores y predicciones

La distinción más útil es también la más sencilla de enunciar. Hay desacuerdos sobre cómo son las cosas y desacuerdos sobre cómo deberían ser, y no se resuelven igual. Un desacuerdo sobre hechos se resuelve mirando: con datos, con estudios, con la definición común que permite comparar. Son hechos cuánto gasta España en sanidad por habitante, si las penas más duras reducen el delito o si la inmigración baja los salarios.

Un desacuerdo sobre valores no se resuelve con ningún dato, porque no trata de ninguno. Son valores si el Estado debe garantizar una vivienda, si una parte del país tiene derecho a decidir sola o cuánta desigualdad es aceptable. También admite razones, porque los valores se argumentan. Pero al final se decide votando, negociando o conviviendo con el desacuerdo, y los derechos fundamentales quedan fuera de la mayoría simple.

Y hay un tercer tipo, que el debate confunde con el primero: las predicciones. Una es si el gasto medio en pensiones de 2022 a 2050, descontadas las medidas de ingresos, superará el 13,3% del producto interior bruto (PIB). Otras son si el parque nuclear se puede cerrar sin que suba el precio o si la jornada de treinta y siete horas y media destruiría empleo. Son preguntas sobre hechos que todavía no existen.

Su respuesta honesta es una probabilidad y una fecha, no una certeza. El psicólogo Philip Tetlock reunió unas 28.000 predicciones de 284 expertos en política y economía. De media acertaron poco más que el azar y algo menos que una extrapolación simple, y acertaron más quienes dudaban y revisaban lo que pensaban.¹²

Si ningún dato le haría a uno cambiar de opinión, su posición no descansa en los datos.

Esa es la prueba para saber ante cuál se está: preguntarse qué dato le haría a uno cambiar de opinión. Si existe, el desacuerdo es de hechos y merece la pena buscarlo. Si no existe ninguno, la posición descansa en valores, aunque la pregunta sea de hechos. Pasa, por ejemplo, cuando ninguna cifra sobre el coste de la secesión convencería a quien la quiere por identidad. Y pasa cuando ninguna sobre la aportación fiscal de la inmigración convencería a quien la rechaza por pertenencia.

Seguir presentando datos no lo resuelve. En un experimento, quienes tenían más capacidad numérica leyeron mejor una tabla presentada como el resultado de una crema para la piel. Y se polarizaron más con la misma tabla presentada como el de una ley de control de armas.¹³

Las dos confusiones son simétricas. La primera es disfrazar un valor de hecho: «los datos demuestran que hay que bajar impuestos», «la evidencia dice que hay que regularizar». Los datos dicen qué pasa si se hace algo. Hacerlo o no es una elección, y esa la toma quien vota.

La segunda es disfrazar un hecho de valor: «eso es ideología», dicho de una cifra incómoda; «cada uno tiene su opinión», dicho de algo que se puede medir. La primera confusión sirve a quien quiere que su preferencia parezca inevitable. La segunda sirve a quien quiere que un hecho parezca opinable. Las dos impiden que el debate llegue a la parte útil: decidir, con los hechos delante, qué se quiere.

La distinción obliga también a quien la enuncia. En la secesión, el capítulo 3.5, sobre la nación, separa lo que se puede medir, como la balanza fiscal o el comercio, de lo que es un valor: si debe decidir la parte o el conjunto. Y al separar lo establecido de lo que está en disputa queda una tercera categoría, lo que no se sabe, que casi nunca está vacía. Admitirlo es la parte de la honestidad que más cuesta en público.

Doce falacias, con un ejemplo real de cada una

Cada pregunta tiene su manera de esquivarla. Doce maneras se repiten en el debate público, y cada una lleva aquí un ejemplo de otro capítulo y la pregunta que la desmonta.

1 · La comparación tramposa. Comparar en absoluto lo que hay que comparar por habitante, o con el país que da la razón. España gasta más en sanidad que Dinamarca y bastante menos por habitante. En defensa gastó en 2024 el 1,42% del producto, el sexto porcentaje más bajo de los treinta y dos aliados de la OTAN, y el 2,00% en 2025. Y según un informe del Gobierno de julio de 2026 es el tercer país europeo con más militares en las misiones de la Alianza. La pregunta: en qué unidad y frente a qué conjunto. Los casos están en el capítulo «Las cifras públicas», en la introducción, y en el capítulo 9.1, sobre defensa.

2 · La cifra sin denominador. Mil millones son mucho dinero y el 0,13% del gasto público de 2025. Cien millones pesan mucho en un ayuntamiento y casi nada en el Estado. La deuda «baja» en proporción del producto sin devolver un euro si el producto crece. Y «el mayor presupuesto de la historia» bate el récord con solo que suban los precios, porque no se divide entre nada. La pregunta: dividido entre qué. Lo cuenta el capítulo 4.3, sobre la deuda.

3 · La competencia ajena. Exigir a un nivel lo que decide otro, o culparlo. Se piden las listas de espera al Gobierno central, la vivienda al ministerio que no califica suelo y el atasco de la justicia a los jueces. Pero a los jueces los paga el Estado, y los medios de los juzgados dependen de la comunidad o del ministerio (capítulo 5.5, sobre la justicia que no llega). La pregunta: qué artículo atribuye la competencia. Lo cuenta el capítulo «Un ejemplo: ¿De quién depende?», en la introducción.

4 · El coste omitido. Citar el coste bruto para atacar y el neto para defender, y callar el de oportunidad. Decir que lo pagan las empresas. Prometer la «gratuidad» de algo que pagará otro. La pregunta: qué se deja de hacer con ese dinero. Lo cuenta el capítulo 4.1, sobre quién paga los impuestos.

5 · La anécdota como dato. Casi quince mil denuncias de ocupación en 2025, sobre unos veintisiete millones de viviendas, se presentan como una epidemia. Un fraude en una ayuda se convierte en la prueba de que todas lo son, y un caso judicial, en la descripción de la justicia. Lo llamativo se recuerda mejor que lo común. La investigación sobre cómo juzgamos frecuencias lo tiene medido desde hace medio siglo.¹⁴ La pregunta: cuántos sobre cuántos. Lo cuenta, para la ocupación, el capítulo 6.4, sobre vivienda.

6 · El falso dilema. Plantear la decisión como una elección entre pensiones y jóvenes, entre seguridad y derechos, entre campo y clima o entre unidad y democracia. Cada uno oculta una pregunta que admite más de dos respuestas. En las pensiones, quién paga; en el clima, a qué ritmo. La pregunta: por qué solo dos. Lo cuenta el capítulo 7.1, sobre pensiones.

7 · La ley como hecho. Dar por conseguido lo que la ley dice. Pasa con el derecho a la dependencia, con 148.907 personas reconocidas y sin prestación a finales de 2025. Pasa con la evaluación de políticas que una ley de 2022 ordenó y que tardó más de tres años en tener agencia.¹⁵ Se puede matar una ley sin derogarla, y se puede celebrar una ley sin cumplirla. La pregunta: a cuánta gente ha llegado la ley. Lo cuentan el capítulo 7.4, sobre dependencia, y el 2.1, sobre la jerarquía de las normas.

8 · El país citado a medias. Citar de un país la pieza que conviene sin la que la sostiene. Se cita a Dinamarca por su despido fácil, sin los dos años de prestación por desempleo y el servicio de empleo que lo acompañan. Se cita a Escocia por su referéndum, sin el permiso del Gobierno británico que lo hizo posible. A Alemania se la cita por respetar la ordinalidad y no por el Bundesrat, la cámara donde se sientan los gobiernos de los Länder. Y a Finlandia se la cita por sus reservistas y no por el servicio militar obligatorio que los forma. La ordinalidad es la regla de que, después de repartir, una comunidad más rica no quede por debajo de otra más pobre en recursos por habitante. La pregunta: qué más tiene ese país que aquí no hay. Lo cuenta, para Dinamarca, el capítulo 6.2, sobre el mercado de trabajo.

9 · El «desde que gobierna». Atribuir a un gobierno lo que hizo el ciclo, el denominador o el gobierno anterior. Pasa con el paro que baja con el crecimiento mundial y con la deuda que baja porque crece el PIB. Pasa también con las emisiones que cayeron por la crisis y por una política de varios gobiernos. La coincidencia con una legislatura, por sí sola, no prueba nada. La pregunta: qué pasó en los países vecinos en las mismas fechas. Lo cuenta el capítulo 9.4, sobre el clima.

10 · El todos y el nadie. «Todos los políticos son iguales», «nadie cumple las sentencias», «todas las comunidades están por debajo de la media». La generalización ahorra el trabajo de medir. La pregunta: cuántos, y cuáles. Lo cuenta, para las comunidades, el capítulo 3.2, sobre la financiación autonómica.

11 · La urgencia fabricada. «No hay tiempo para debatirlo». El decreto-ley superó cada año a la ley ordinaria de 2016 a 2021 (capítulo 2.1, sobre la jerarquía de las normas). La reforma constitucional de 2011 pasó por las dos cámaras en quince días, y el plan de defensa de 2025 lo aprobó el Gobierno sin que las Cortes lo votaran. La urgencia es real a veces, pero invocarla deja sin contestar las preguntas anteriores. La pregunta: qué pasaría si se decidiera dentro de tres meses. Lo cuenta, para el decreto-ley, el capítulo 2.4, sobre el procedimiento legislativo.

12 · La solución sin puerta. Anunciar una cobertura sin comprobar que llega. El ingreso mínimo no llega a la mitad de los hogares con derecho a él. El Gobierno dice haber movilizado 16.600 millones por la riada de Valencia, y a 5 de octubre de 2026 había empleado unos 9.890 (abonados, avalados y ejecutados en actuaciones directas).¹⁶ Una prestación es lo que llega, no lo que se aprueba. La pregunta: cómo se pide y cuántos lo han conseguido. Lo cuenta, para el ingreso mínimo, el capítulo 7.5, sobre la pobreza.

Las doce esquivan una pregunta. Otras tres esquivan la discusión entera, y se oyen cada semana en el Congreso y en las tertulias:

• El «y tú más». Contestar a una crítica con un defecto del que critica. Puede ser cierto, y no responde a nada.
• El ataque a la persona. Dar por falso lo que alguien dice por quién es o a quién vota.
• El hombre de paja. Rebatir una versión deformada de la postura contraria, más fácil de tumbar que la real.

El antídoto es el mismo para las tres. Hay que reformular la postura contraria hasta que quien la defiende la reconozca, y solo entonces rebatirla.

Comprobar algo en cinco minutos

Afirmar no cuesta nada y comprobar cuesta algo. Pero ese algo es, hoy y en España, poco. Cinco comprobaciones cubren lo básico y ninguna necesita más que un navegador.

La primera es la norma. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la legislación consolidada, es decir, cada ley con todas sus modificaciones incorporadas. En ella se puede leer el artículo que se está discutiendo y la disposición final que dice cuándo entra en vigor. Y se puede leer la que dice, o no dice, con qué dinero. Una afirmación sobre lo que «la ley dice» se comprueba en el texto y no en el titular (capítulo 2.1, sobre la jerarquía de las normas).

La segunda es la competencia. Los artículos 148 y 149 de la Constitución y el estatuto de la comunidad correspondiente dicen quién puede hacer qué. En la duda, basta buscar la materia en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Resuelve conflictos de competencia desde hace más de cuarenta años.

La tercera es la cifra, con su denominador. Cada cifra tiene su fuente oficial:

• Instituto Nacional de Estadística (INE). Da la población, el empleo y los precios.
• Eurostat. Sirve para cualquier comparación europea.
• Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Cuenta el gasto público ejecutado.
• Seguridad Social. Publica los afiliados y las pensiones.
• Tesoro. Da los datos de la deuda.

Cuando el dato oficial y el que circula no coinciden, la diferencia suele estar en el denominador o en el año.

La cuarta es la evaluación. La AIReF publica informes y opiniones sobre las cuentas públicas y sobre algunos programas de gasto. La Comisión Europea, un informe anual por país sobre la economía y otro sobre el Estado de derecho. El Tribunal de Cuentas publica sus fiscalizaciones. A veces no aparece ninguna evaluación de una medida. Entonces decir que «funciona» o que «ha fracasado» es, hasta que alguien la haga, una opinión.

La quinta es el precedente. La web del Congreso guarda cada iniciativa, con su texto, sus enmiendas y su votación. El Diario de Sesiones recoge quién dijo qué. Una propuesta de hoy suele tener un precedente, y saber qué pasó entonces cuesta una búsqueda.

Cinco minutos no bastan para el contrafactual, que exige un estudio. Pero bastan para distinguir una afirmación comprobable de una que no lo es. Desde 2021 el Congreso tiene, además, una oficina de ciencia y tecnología.¹⁷ Prepara para los diputados informes sobre la evidencia disponible. Y en octubre de 2026 seis verificadores españoles estaban adheridos al código internacional de la profesión, el de la International Fact-Checking Network (IFCN).

Cinco rasgos del país ayudan a explicar que el debate público confunda hechos y valores y esquive las once preguntas. El primero es estructural. Con cinco niveles de gobierno que dictan normas y, salvo la Unión, cobran, culpar a otro nivel es siempre posible y a menudo creíble. Esa posibilidad deja sin respuesta la primera pregunta, la de qué artículo atribuye la materia.

El segundo es el sistema de medios del capítulo 1.8, sobre sus dueños y sus audiencias. Los medios tienen anunciantes, accionistas y acreedores. Comprobar un dato que incomoda a uno de ellos puede costar más que repetir una afirmación que lo halaga.

El tercero es la disciplina de partido que cuenta el capítulo 2.3, sobre las Cortes. Con listas cerradas y grupos que votan en bloque, el diputado depende del partido para figurar en la siguiente lista. Hacer en público la pregunta del coste a su propio gobierno puede salirle caro.

El cuarto es más reciente y más fácil de corregir. La infraestructura para comprobar es joven y llega a trompicones. La ley de la función estadística pública es de 1989 y la autoridad fiscal independiente funciona desde 2014. La agencia que debe evaluar las políticas del Estado la previó una ley de 2022 y no se constituyó hasta 2026. El registro de grupos de interés llegó en agosto de 2026 por decreto-ley, y el Congreso derogó el decreto tres semanas después (capítulo 1.6, sobre la participación no electoral).¹⁸

Un ejemplo es el coste de los programas electorales. Los Países Bajos lo calculan desde hace cuarenta años, y no consta que lo haya calculado ningún organismo público independiente en España. La propuesta de encargárselo a la AIReF llegó al Congreso en dos proposiciones de ley de la legislatura de 2019 a 2023.¹⁹ Decayeron con ella.

El quinto es lo que puede llamarse consenso por omisión: decisiones que se mantienen sin que nadie las tome de nuevo.

• Las leyes que fueron por delante de una parte del país y que el partido que se opuso no derogó cuando gobernó, como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la ley de plazos, que solo retocó.
• El mapa municipal, que desde los incentivos de 2013 solo ha cambiado con una fusión (capítulo 3.3, sobre municipios y provincias).
• La ley electoral, que votan sus beneficiarios (capítulo 1.4, sobre el voto).

En todos esos casos la decisión se renueva cada día por no tomarse otra. El debate público necesita conflicto, y trata a veces como abierto lo que la práctica ha cerrado. Reconocer qué está cerrado por omisión permite dedicar el debate a lo que de verdad se puede mover.