Empresas, autónomos y economía sumergida
España no tiene más empresas diminutas que la Unión: le faltan las medianas y grandes que sí tiene Alemania, y a las que tiene les cuesta crecer. Y entre los autónomos, un mismo régimen junta a empresarios con asalariados disfrazados y los protege peor que a un asalariado.
Dos autónomos, un lunes
En una gestoría, un lunes de fin de mes, dos personas esperan turno. Una lleva un bar con dos empleados. Viene a preguntar por qué la cuota de la Seguridad Social de este mes es distinta de la del anterior. La otra es programadora, trabaja para una única empresa desde hace tres años y factura cada mes la misma cantidad. Viene a preguntar si puede pedir el paro si esa empresa deja de contratarla.
La Seguridad Social las encuadra en el mismo régimen, el de autónomos, y sin embargo sus situaciones pueden ser opuestas. La del bar es una empresaria: asume riesgo, contrata, decide. La programadora parece una asalariada: un solo cliente, la misma factura cada mes. Si se prueba que sigue las instrucciones de la empresa, lo es, y así la empresa se ahorra las cotizaciones y la indemnización por despido. Si no, es una autónoma económicamente dependiente.
En septiembre de 2026 cotizaban como autónomos 3,48 millones de personas. Entre ellas caben la dueña del bar, la programadora, el agricultor y el abogado con despacho. También el socio que administra su sociedad limitada, el repartidor de plataforma y la cuidadora que factura por horas. Solo unas 490.000 (dato de junio) tienen algún asalariado a su cargo: catorce de cada cien.1
Un país de empresas sin empleados, y por qué no crecen
España tenía 3,3 millones de empresas el 1 de enero de 2025, y el 54,4% no tenía ningún asalariado. Las de doscientos cincuenta asalariados o más son el 0,2% del total. En 2024 daban empleo a un tercio de los ocupados en las empresas, algo más que todas las de menos de diez juntas. Empresas pequeñas hay en todas partes; la pregunta útil es por qué en España tan pocas dejan de serlo. Se han propuesto cuatro causas.2 Las tres primeras tienen estudios detrás; la de la estructura familiar es una hipótesis sin medición en este capítulo.
- Los umbrales regulatorios. Las obligaciones de la ley dependen del tamaño: al pasar de diez, de cincuenta o de doscientos cincuenta trabajadores cambian (figura 76). Con la facturación pasa otra cosa: en España las empresas se acumulan justo por debajo del umbral a partir del cual Hacienda las vigila más de cerca.3 Los autores del estudio lo leen como un modo de evitar esa vigilancia más estricta, y lo que miden es el cumplimiento fiscal, no el crecimiento de la plantilla.
- La financiación. El banco presta contra garantías, y las de una empresa pequeña suelen ser el patrimonio de su dueño, que firma un aval: se compromete a pagar con sus bienes si la empresa no puede. Si no entra capital de fuera, cada salto de tamaño se paga con lo que tiene una familia.
- La estructura familiar. Para crecer hacen falta socios o deuda, y con los dos el dueño manda menos. Una empresa familiar puede preferir seguir mandando en algo pequeño.
- La fragmentación del mercado interior. Una empresa que vende en varias comunidades puede encontrar en cada una una norma distinta sobre la misma materia. Adaptarse es un coste fijo que pesa más cuanto más pequeña es. Donde hay más normas autonómicas hay menos empresas, y más pequeñas.4
La estructura familiar, por sí sola, no basta para frenar a una empresa. El Mittelstand alemán, el tejido de empresas medianas de ese país, también es familiar y crece.
Empresas nacen muchas. En 2023 nacieron unas 320.000 y murieron unas 275.000. Lo que cuesta es seguir: de las nacidas en 2018, menos de la mitad seguía viva a los cinco años.5 En la serie armonizada de Eurostat, de las nacidas en 2015 seguía viva a los cinco años el 45% en España y el 46% en la Unión.6
Cada obligación se exige a partir de cierto tamaño, y cada umbral puede acabar siendo un precio por crecer.
Ninguna obligación es absurda por separado. La suma dibuja tres fronteras, y en Francia está medido que las empresas se acumulan justo por debajo de la de cincuenta.
Montar la empresa: el trámite rápido y el que no lo es
Nacer es lo fácil para una empresa española. La queja de que abrir un negocio es una carrera de obstáculos apunta al trámite equivocado. La primera decisión es la forma jurídica.
Un autónomo es la persona misma, dada de alta en Hacienda y en la Seguridad Social antes de empezar. No hay escritura ni registro. Responde de las deudas del negocio con todo lo que tiene. Cada mes paga a la Seguridad Social una cuota. Es reducida el primer año, y otro más si lo que prevé ganar no llega al salario mínimo. La ley fijó esa cuota reducida en ochenta euros al mes para 2023-2025. Desde 2026 le toca fijarla a la ley de presupuestos, y los presupuestos están prorrogados.7
Una sociedad limitada es otra persona, separada de quien la funda. Responde de las deudas con su patrimonio y, en principio, no con el del socio, y eso es lo que se compra. Desde 2022 basta un euro de capital, lo que ponen los socios al fundarla, en lugar de tres mil. A cambio, hay que reservar al menos una quinta parte de cada beneficio hasta que capital y reserva sumen esos tres mil.8 Y si al liquidar la sociedad el patrimonio no cubre las deudas, los socios responden de la diferencia entre esos tres mil euros y el capital suscrito. Los estatutos tipo son modelos ya redactados. Con ellos y por la ventanilla electrónica del Estado, el notario cobra sesenta euros, el Registro Mercantil cuarenta y la sociedad existe en uno o dos días.
Lo que el euro no compra es el crédito. El banco que presta a una sociedad de un euro suele pedir el aval personal del socio. Con el aval vuelve la responsabilidad que la sociedad limitaba. La figura del emprendedor de responsabilidad limitada, creada en 2013 para dejar la vivienda del autónomo fuera del alcance de sus deudas, tropieza con lo mismo. Protege frente al acreedor que no pidió aval, y el banco suele pedirlo.
El trámite lento está en otro sitio. Es municipal, y es la licencia de actividad: la comprobación de que el local cumple lo que exige el uso que se le va a dar. Para el comercio y los servicios que enumera la ley, se sustituyó en 2012 por una declaración responsable; desde 2013, en locales de hasta setecientos cincuenta metros cuadrados.9 El titular afirma que cumple, abre el mismo día y el ayuntamiento lo inspecciona después.
Quedan fuera de esa regla las actividades con impacto: hostelería con cocina, talleres, todo lo que hace ruido o vierte. Ahí la licencia sigue, con plazos que dependen del ayuntamiento y pueden alargarse muchos meses. Si el ayuntamiento no contesta a tiempo, la regla general es el silencio positivo. Pero la ley lo hace negativo para las actividades que pueden dañar el medio ambiente (capítulo 5.6, sobre el recurso administrativo).10 En esas, la Administración calla y el que espera es el que ya ha firmado el alquiler.
Queda una barrera que no es un trámite ni un plazo: la reserva de actividad. Son los oficios que una ley reserva a un título o a un colegio profesional. Solo un farmacéutico puede ser dueño de una farmacia, y la reserva deja fuera a la cadena que querría abrir farmacias. Cuántas se abren lo limita otra barrera distinta, la planificación de cada comunidad por población y distancias.11 La justificación es garantizar la competencia técnica de quien firma. A cambio, toda reserva limita la competencia, y la pregunta es si el riesgo que evita compensa lo que elimina.
Los autónomos: cuántos, cuáles y cómo cotizan
En el régimen de autónomos caben grupos muy distintos, y la estadística de afiliación separa unos y no otros. Distingue a quien cotiza como persona física de los socios que administran su sociedad, los familiares que colaboran en el negocio y los cooperativistas.
Entre las personas físicas, no distingue bien a quien tiene negocio propio de quien depende de un solo cliente. Es la diferencia entre la dueña del bar y la programadora. Es justo la frontera con el falso autónomo, y por eso la estadística no puede decir cuántos hay al otro lado.
Entre los dos extremos la ley de 2007 creó una figura intermedia: el autónomo económicamente dependiente. Es el que cobra de un cliente al menos el 75% de sus ingresos y no tiene asalariados. Su contrato va por escrito y se registra. Tiene dieciocho días hábiles de descanso al año, indemnización si el cliente rompe sin causa justificada y el juzgado de lo social para sus pleitos. Si la programadora es de verdad autónoma, es su sitio.12
Hasta 2022 el autónomo elegía su base de cotización. Es la cifra sobre la que se calculan la cuota mensual y, con los años, la pensión. Desde 2023 la base sale de los rendimientos netos, lo que se factura menos los gastos del negocio. Se suma la propia cuota y se aplica una deducción por gastos genéricos del 7% (del 3% para el socio que controla su sociedad).13 Los rendimientos se agrupan en tramos de ingresos reales, en un sistema de cotización que se despliega hasta 2032. En 2026 hay quince tramos. La cuota mínima va de unos 200 euros al mes para los rendimientos más bajos a unos 600 para los más altos.
El nuevo sistema acerca la cotización del autónomo a la del asalariado y, en los tramos bajos, la reduce. La cuota ya no la elige el autónomo a su gusto: depende de los ingresos que prevé y se ajusta al año siguiente según los que declara.
La protección sigue siendo menor que la del asalariado. El paro de los autónomos, la prestación por cese de actividad, solo se cobra si se da uno de los motivos que enumera la ley. Entre ellos están las pérdidas continuadas, una ejecución judicial, fuerza mayor o la pérdida de la licencia. Para quien depende económicamente de un cliente principal, también que este rompa el contrato. En 2024, según las cifras que difundieron las organizaciones de autónomos, la pidieron unos 24.000, menos de uno de cada cien afiliados.14 Esa proporción es sobre todos los afiliados, no sobre quienes cesan, y de esa cifra no se ha encontrado un dato oficial.
Para la programadora de la gestoría hay otra vía de protección. Si en realidad trabaja como asalariada, puede reclamar que se declare laboral la relación y tener la protección de una asalariada.
El falso autónomo y las plataformas
El falso autónomo es un asalariado disfrazado: trabaja para una empresa, con su horario y sus instrucciones, pero factura como autónomo. Cuando se hace para ahorrar cotizaciones, es un fraude. Los tribunales llevan años declarando laborales relaciones presentadas como mercantiles, es decir, entre dos empresarios.
Las plataformas de reparto, que asignan los pedidos por aplicación, llevaron el problema a su versión más visible. En 2020 el Supremo declaró asalariados a los repartidores de una plataforma. En 2021 llegó la «ley rider», por los repartidores, los riders. Esa ley presume laboral, salvo prueba en contrario, la relación de quien reparte a través de una aplicación que organiza el trabajo con algoritmos.
La ley rider está en vigor, y la aplican la Inspección de Trabajo y los tribunales. Es la distancia entre una norma vigente y una aplicable de verdad (capítulo 2.1, sobre la jerarquía de las normas).
Lo que viene llega más lejos que la ley rider. La directiva europea de trabajo en plataformas, de octubre de 2024, es una norma que cada país debe incorporar a su ley. Obliga a los Estados a presumir por ley que la relación es laboral cuando haya indicios de control. También, a regular la gestión algorítmica: qué decide el algoritmo, con qué datos y con qué revisión humana. Los Estados tienen de plazo para incorporarla hasta el 2 de diciembre de 2026.15
La directiva alcanza a cualquiera que preste un servicio a través de una plataforma digital. La ley rider solo cubre el reparto, y la directiva obliga a ampliar la presunción a toda plataforma antes de esa fecha.
La economía sumergida: un abanico de estimaciones
El mismo tejido de operadores pequeños, en sectores con mucha mano de obra y mucho efectivo, es el terreno de la actividad que no se declara. Cuánta hay no se puede medir directamente: por definición, no está en ningún registro. Lo que hay son estimaciones indirectas, y las que circulan en España van del 11,2% al 24,6% del producto interior bruto (PIB). Entre la más baja y la más alta hay más de trece puntos del PIB, pero son estimaciones de años y métodos distintos.16
Difieren porque cada una sigue un rastro distinto. El método más usado en las comparaciones europeas sigue el efectivo: combina en un modelo las causas y los indicadores de la actividad oculta. Lo calibra con los billetes que se demandan, porque quien no declara cobra en mano. Otro sigue el impuesto sobre el valor añadido (IVA): compara lo que se recauda con lo que debería dejar el consumo que recogen las encuestas. Lo que falta se atribuye a ventas sin factura. Con el del IVA se ha visto además que la economía sumergida crece en las recesiones y se encoge en las expansiones.17 La figura 77 pone cinco estimaciones en la misma escala, cada una con su autor. La más baja es la de un estudio que recogió la Agencia Tributaria. La más alta es la de un estudio de Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda, que la situó en el 24,6% en 2012.
Ni siquiera la posición de España en Europa es segura. Con la medida del IVA, España está entre las más altas de la Unión, junto a Grecia e Italia. Con la del efectivo, queda por debajo de la media europea. Las dos no miden lo mismo ni cubren el mismo periodo.
Lo que sí se sabe es dónde suele estar:
- la hostelería;
- la construcción;
- el servicio doméstico;
- el campo;
- el pequeño comercio;
- el alquiler no declarado;
- los pagos en efectivo entre particulares.
Y se saben sus efectos, que son tres: el Estado recauda menos, hay trabajadores sin protección y se falsea la competencia. Quien declara compite con quien no. Algunos países la han atacado con la inspección y con incentivos: pagos electrónicos, deducciones por facturas de servicios domésticos —el modelo sueco— y simplificación de la cotización de los pequeños.
En el impuesto sobre la renta, el autónomo tributa por lo que gana, ingresos menos gastos. En ciertas actividades y por debajo de unos límites, tributa por módulos: una cuota calculada con signos como el personal, la superficie o los activos, sin mirar lo facturado. La forma de tributar cambia el incentivo a facturar. A quien tributa así, una factura de más o de menos no le cambia ese impuesto. El IVA, en cambio, se debe al vender, se cobre o no. Quien cobra a sesenta días, el máximo legal entre empresas, lo adelanta. Puede evitarlo si elige el régimen de criterio de caja, que lo retrasa al cobro.18
En 2027 se añade una pieza de control. El sistema Verifactu, aplazado dos veces, obliga a que los programas de facturación registren cada factura de forma que no pueda borrarse ni alterarse sin dejar rastro.19 No alcanza a quien factura a mano. Tampoco a quien ya envía sus libros de IVA a Hacienda casi en tiempo real, como las grandes empresas, ni a quien tiene el domicilio fiscal en el País Vasco o Navarra, donde rige su propia normativa foral.20 Cierra la vía de emitir una factura y maquillarla después, pero no la venta sin factura ni el cobro en efectivo.
Entre la estimación más baja y la más alta hay más de trece puntos de PIB: más de doscientos mil millones de euros. Con el método de Schneider, la media europea de 2022 fue del 17,3% y España queda por debajo; con el de Pappadà y Rogoff, está entre las más altas de la Unión, junto a Grecia e Italia.
Quebrar y volver a empezar
Como se ha visto, más de la mitad de las empresas nuevas no llega a los cinco años, en España y en la Unión.
En un tejido así, importa cómo se quiebra. El camino formal es el concurso de acreedores, el procedimiento judicial en el que se reparte lo que tiene un deudor que no puede pagar. Según un estudio de 2012 de economistas del Banco de España, España tenía una de las tasas de concursos empresariales más bajas del mundo. El estudio da una razón. El concurso era más caro y lento que la ejecución hipotecaria, la vía alternativa: el banco cobra sobre el bien hipotecado.21
La reforma concursal de 2022, exigida por una directiva europea, cambió tres cosas.
- Creó un procedimiento rápido para microempresas.
- Permitió aprobar planes de reestructuración con las mayorías que fija la ley por clases de acreedores, aunque alguno no los apoye.
- Reforzó la segunda oportunidad, creada en 2015, para las personas físicas, autónomos incluidos: la exoneración, que permite cancelar, con límites, las deudas que no se pueden pagar.
Ha cambiado quién usa el concurso. En 2025 entraron en los juzgados casi 75.000 concursos, y casi nueve de cada diez eran de particulares sin actividad empresarial. Los de sociedades y los de autónomos bajaron respecto al año anterior.22
Quedaba por resolver el crédito público: lo que se debe a Hacienda, a la Seguridad Social o a un ayuntamiento. La ley concursal de 2022 solo deja perdonar hasta 10.000 euros de deuda con Hacienda y otros 10.000 con la Seguridad Social.23 Los primeros 5.000 se perdonan enteros; del resto, la mitad. Lo que pasa de ese tope se sigue debiendo. Y deja fuera a quien tenga firme una derivación de responsabilidad sin haberla pagado. La derivación es la decisión con la que la Administración reclama al administrador lo que la sociedad no pagó.
El 18 de febrero de 2026, en seis sentencias del mismo día, el Tribunal Supremo fijó doctrina sobre la exoneración. Dos son las primeras que interpretan el límite del crédito público. El tope de 10.000 euros se mantiene, pero se aplica a cada acreedor público por separado, y la exoneración alcanza también a lo que se debe a comunidades y ayuntamientos, no solo al Estado. Los recargos y los intereses, que la ley trata como créditos subordinados, quedan fuera del tope y se perdonan enteros. Y la derivación de responsabilidad deja de excluir automáticamente del beneficio, salvo que se pruebe una conducta gravemente fraudulenta.24 A cambio, el Supremo aprieta en la buena fe y en la transparencia del deudor.
La reforma concursal facilita volver a empezar. Si funciona bien, todavía no se sabe. Ni el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, ni los registradores dicen en sus notas cuántas exoneraciones se conceden. Sin ese dato no se puede hacer balance.
Los umbrales de plantilla tienen fechas. Las obligaciones de cincuenta trabajadores de la figura 76 llegaron de una en una. El comité de empresa llegó en 1980, la reserva del 2% para personas con discapacidad en 1982, el plan de igualdad en 2019 (exigible desde 2022) y el canal interno de denuncias en 2023.25 Cada una se aplicó «a partir de» un tamaño, y así las pequeñas quedaron fuera de ella.
El régimen de autónomos nació en 1970 con una cuota que no dependía de los ingresos. Hasta 2022 cada autónomo eligió su base. Según el preámbulo de la reforma de la cotización de 2022, alrededor del 80% eligió la mínima: una cuota baja y conocida a cambio de una protección y una pensión también bajas.26 Es la costumbre de medio siglo que la cotización por ingresos reales tarda hasta 2032 en deshacer.
La economía sumergida vive en ese mismo tejido y se mueve con el ciclo económico. En el panel de países de Pappadà y Rogoff, con la estimación basada en el IVA, cada punto de crecimiento del PIB va con unas seis décimas menos de informalidad.
| Empresas | 3.310.824 | 1 de enero de 2025; el 54,4%, sin asalariados |
| Empresas con 250 o más asalariados | 0,2% del total | Directorio Central de Empresas, 1 de enero de 2025. Emplean al 35,5% de los ocupados en las empresas (Eurostat, 2024) |
| Empleo en empresas de menos de 10 | 31,4% de los ocupados en las empresas | Eurostat, 2024. Menos que las de 250 o más, que emplean al 35,5% |
| Autónomos | 3.483.645 | Septiembre de 2026; en junio, unos 490.000 tenían asalariados (UPTA, con datos de la Seguridad Social) |
| Cuota de autónomos en 2026 | De unos 206 a unos 607 € al mes | Cuota mínima de cada tramo; quince tramos por rendimientos reales, con las bases de 2025 |
| Cuota reducida del primer año | 80 € al mes en 2023-2025 | Desde 2026 la fija la ley de presupuestos, que sigue prorrogada; prorrogable otros doce meses si no se llega al salario mínimo |
| Sociedades constituidas | 127.533 en 2025 | Un 7,9% más que en 2024; son solo una parte de las empresas que nacen |
| Empresas vivas a los cinco años | 41,9% | Nacidas en 2018; al primer año sobrevivía el 76,9% |
| Economía sumergida estimada | Del 11,2% al 24,6% del PIB | Según el método; el abanico es el dato. El 24,6% es de Gestha, para 2012; el 11,2%, de un estudio que recogió la Agencia Tributaria en su plan de 2020-2023, sin año |
| Concursos de acreedores en 2025 | 74.739 | 66.571, de particulares sin actividad empresarial |
| Plazo para incorporar la directiva de plataformas | 2 de diciembre de 2026 | Presunción de laboralidad en toda la Unión |
La empresa española media ocupa a 4,6 personas; la de la Unión, a 4,8, y la alemana, a 12,1, con datos de Eurostat de 2024.27 La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), una organización empresarial, da 5,9 como media europea, pero es el promedio de quince países, con datos de 2022, y no la media de la Unión. Alemania tiene el Mittelstand, un tejido de empresas medianas, familiares y exportadoras. Francia tiene un umbral muy estudiado, el de los cincuenta trabajadores, y allí la acumulación de empresas justo por debajo está medida.
En autónomos, España no está en el grupo alto. En 2025, con las cuentas nacionales de Eurostat, eran el 14,2% del empleo en España y en la Unión.28 Las proporciones más altas eran las de Grecia (24,8%), Bulgaria (24,6%) e Italia, por encima del 22%.
En economía sumergida el lugar de España depende de la estimación, y las dos que hay no cubren el mismo periodo. La que sigue el efectivo la sitúa en el 15,8% del PIB en 2022, por debajo de una media europea del 17,3% (la Unión y el Reino Unido). La del IVA, con datos de 1999 a 2020, la lleva al 24%, por detrás de Grecia, con el 36%, e Italia, con el 31%.29
En segunda oportunidad, España llegó tarde: su ley es de 2015 y la reforma que la puso en uso, de 2022. Alemania perdona las deudas restantes a las personas físicas desde 1999.30
¿Hay que quitar umbrales para que las empresas crezcan?
Donde se ha medido, las empresas se acumulan justo por debajo de los umbrales. En Francia, bajo el de cincuenta trabajadores, y eso indica que disuade de crecer. En España la acumulación documentada es bajo el umbral de facturación que activa la vigilancia de la Agencia Tributaria, y el estudio la lee como un ajuste para evitar el control, no como un freno al tamaño. Los partidarios de quitar umbrales creen que suavizarlos o escalonarlos liberaría empleo y productividad.
Detrás de cada umbral hay un derecho, como el comité de empresa, la reserva de empleo para personas con discapacidad o el plan de igualdad. Quitar un umbral para que las empresas crezcan rebaja esa protección. Además, el efecto sobre el conjunto de la economía sería pequeño. Según una estimación para Francia, suprimir el umbral francés de cincuenta trabajadores movería el producto solo unas décimas.31
¿Está bien diseñado el régimen de autónomos?
Quien defiende el régimen dice que cotizar por ingresos reales acerca al autónomo al asalariado. Protege a los de renta baja y mejora las pensiones futuras. Antes, según el Gobierno, alrededor del 80% elegía la base mínima y se jubilaba con una pensión baja. Ahora quien gana más cotiza más, y los tramos bajos pagan menos que antes.
Sigue habiendo una cuota mínima que se paga aunque ese mes no se haya facturado nada. Y el paro del autónomo solo se cobra por los motivos que enumera la ley y se pide poco: menos de uno de cada cien afiliados en 2024. Además, el régimen trata igual a un empresario con empleados y a un falso autónomo.
«Las pymes son el motor de la economía.»
Tamaño y fuerzaLas pequeñas y medianas empresas son el 99,8% de las empresas y dan dos tercios del empleo. Lo que escasea en España son las medianas. Y la productividad crece con el tamaño, como cuenta el capítulo 6.1, sobre de qué vive España. Ser muchas no es lo mismo que ser fuertes.
«Crear una empresa en España es una odisea burocrática.»
Qué trámiteCrearla es rápido y barato: una sociedad limitada con estatutos tipo existe en uno o dos días. Lo que tarda es la licencia municipal cuando hay cocina, ruido o vertidos. Lo que cuesta después es crecer: cada umbral de plantilla trae obligaciones nuevas.
«Los autónomos pagan la cuota más alta de Europa.»
Comparar bienPagan una cuota mínima aunque ese mes no hayan facturado nada. Y con ingresos altos pueden cotizar menos que un asalariado que gane lo mismo. En el tramo más alto pueden quedarse en la base mínima de ese tramo. Para decir que es la más alta de Europa hay que comparar bases y prestaciones de cada país, y la frase no trae esa cuenta.
«Los riders quieren ser autónomos.» / «Los riders son esclavos de la plataforma.»
Quién organizaLa ley no pregunta por las preferencias de nadie. Pregunta quién organiza el trabajo. Si lo organiza la plataforma con su algoritmo, la ley presume que la relación es laboral, lo prefiera o no el repartidor.
«La economía sumergida es del 25%.»
PreguntaEl 25% del PIB supera las cinco estimaciones del capítulo, y la más baja da menos de la mitad. Tampoco vale decir que al menos la posición de España en Europa es segura. Según la estimación que se tome, el país está por encima o por debajo de la media europea.
«La reforma concursal ha funcionado: hay muchas más segundas oportunidades.»
La defensa acríticaLos concursos de particulares sin negocio subieron un 36% en 2025. Desde febrero de 2026 hay doctrina del Supremo sobre qué deuda pública se perdona. No se sabe cuántas exoneraciones se conceden. Las notas del Consejo General del Poder Judicial cuentan los concursos que entran, y las tasas de éxito que circulan las dan los despachos que los tramitan. Tampoco se sabe cuántas de esas personas vuelven a la actividad ni cuántos acreedores dejan de cobrar. Un procedimiento muy usado puede seguir funcionando mal.
Quien trabaja como autónomo para un solo cliente, con horario y medios de ese cliente, puede estar en una relación laboral sin saberlo. Lo que decide es quién organiza el trabajo, no el papel con que se factura. Esa pregunta la resuelven la Inspección de Trabajo y los juzgados de lo social.
La cuota de autónomos depende del rendimiento neto, y se ajusta al año siguiente con lo que el autónomo declara.
Quien no puede pagar sus deudas tiene derecho a una segunda oportunidad, que cancela, con límites, lo que no pueda pagar. De lo que se debe a cada acreedor público se perdonan los primeros 5.000 euros y la mitad del resto, hasta 10.000 con cada uno. Los recargos y los intereses se perdonan enteros.
- La asociación de autónomos UPTA, con la estadística oficial de trabajadores por cuenta propia afiliados a la Seguridad Social, da para junio de 2026 489.396 autónomos con asalariados sobre 3.490.048 afiliados por cuenta propia: el 14,0% (nota de UPTA, agosto de 2026). Es una cifra de una organización de autónomos sobre datos oficiales; la nota de septiembre de la Seguridad Social, que da los 3.483.645 autónomos, no desglosa los que tienen asalariados. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Banco de España, Informe Anual 2015, cap. 4, «La dinámica empresarial en España: características, determinantes e implicaciones»; Emilio Huerta y Vicente Salas, Tamaño y productividad de la empresa española, EuropeG, Policy Brief n.º 12, 2017; Miguel Almunia y David López-Rodríguez, American Economic Journal: Economic Policy, 10(1), 2018. ↩
- Miguel Almunia y David López-Rodríguez, «Under the Radar: The Effects of Monitoring Firms on Tax Compliance», American Economic Journal: Economic Policy, 10(1), 2018: con datos de la Agencia Tributaria documentan la acumulación de empresas justo por debajo del umbral de facturación a partir del cual pasan a la Unidad de Grandes Contribuyentes, que las vigila más de cerca. Es un umbral de facturación, no de plantilla. Para el umbral francés de cincuenta trabajadores, Luis Garicano, Claire Lelarge y John Van Reenen, American Economic Review, 106(11), 2016, y François Gourio y Nicolas Roys, «Size-dependent regulations, firm size distribution, and reallocation», Quantitative Economics, 5(2), 2014. ↩
- Juan S. Mora-Sanguinetti y Ricardo Pérez-Valls, «How does regulatory complexity affect business demography? Evidence from Spain», European Journal of Law and Economics, 2021, y Juan S. Mora-Sanguinetti e Isabel Soler, La regulación sectorial en España. Resultados cuantitativos, Banco de España, Documentos Ocasionales: construyen una base de más de doscientas mil normas y encuentran que el volumen y la fragmentación regulatoria autonómica se asocian negativamente con el número y el tamaño de las empresas. ↩
- Instituto Nacional de Estadística (INE), Demografía Armonizada de Empresas, año 2023: 319.085 nacimientos y 273.451 muertes de empresas, y una tasa de supervivencia a los cinco años del 41,9% para las nacidas en 2018, con la mayor mortalidad en el primer año (sobrevivió el 76,9%). INE, Estadística de Sociedades Mercantiles, año 2025, datos provisionales: 127.533 sociedades constituidas, un 7,9% más que en 2024. Las sociedades mercantiles son solo una parte de las empresas: la demografía empresarial cuenta también a las personas físicas con actividad. ↩
- Eurostat, Business demography by size class and NACE Rev. 2 activity (bd_9bd_sz_cl_r2, indicador V97045, economía empresarial sin sociedades de cartera, actualizada en enero de 2024), tasa de supervivencia a cinco años en 2020 de las empresas nacidas en 2015: España 45,2%, Unión Europea 46,1%, Italia 45,8%, Francia 50,8%, Alemania 37,3%, Portugal 33,4% y Países Bajos 61,9%. Es la última cohorte que publica esa serie y no coincide con la del INE (cohorte de 2018), que tiene otra cobertura. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo, art. 38 ter: cuota reducida durante los doce primeros meses naturales del alta inicial, prorrogable otros doce si los rendimientos netos previstos no superan el salario mínimo interprofesional; la cuantía la fija la ley de presupuestos. Los 80 euros mensuales son los que fija para 2023-2025 la disposición transitoria quinta del Real Decreto-ley 13/2022, en la redacción del Real Decreto-ley 14/2022, que remite a la ley de presupuestos «a partir del año 2026». Ni el Real Decreto-ley 3/2026 ni la Orden PJC/297/2026 mencionan la cuota reducida, y la web de la Seguridad Social, con las tablas de 2026, sigue hablando de «2023-2025»; no se ha visto ninguna norma que fije la cuantía de 2026. El Real Decreto-ley 16/2025 prorroga para 2026 las tablas generales de cotización de 2025 (disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 13/2022), pero no habla de la cuota reducida, y la web de la Seguridad Social dice que su importe anual lo fija la ley de presupuestos de cada año. El modelo 037 lo suprimió la Orden HAC/1526/2024, con efectos desde el 3 de febrero de 2025. ↩
- Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, art. 2, que da nueva redacción al art. 4 de la Ley de Sociedades de Capital: capital mínimo de un euro y, mientras el capital no alcance los 3.000 euros, dotación a la reserva legal de al menos el 20% del beneficio hasta que la suma de ambos llegue a esa cifra. Los aranceles fijos de 60 euros para el notario y 40 para el registrador con estatutos tipo y capital de hasta 3.100 euros vienen del Real Decreto-ley 13/2010, art. 5, y del Real Decreto 421/2015. La figura del emprendedor de responsabilidad limitada: Ley 14/2013, arts. 7 a 11 (vivienda habitual de hasta 300.000 euros, 450.000 en ciudades de más de un millón de habitantes, inscrita en el Registro Mercantil). Mientras el capital sea inferior a 3.000 euros, si en la liquidación el patrimonio no alcanza para las deudas, los socios responden solidariamente de la diferencia entre 3.000 euros y el capital suscrito (art. 4.1 de la Ley de Sociedades de Capital). ↩
- Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, arts. 2 a 4: inexigibilidad de licencia previa para las actividades comerciales y de servicios de su anexo en establecimientos de hasta 750 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta, sustituida por declaración responsable o comunicación previa con comprobación posterior. El umbral inicial era de 300 metros y se elevó en las reformas de 2013. ↩
- Artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común: el silencio es estimatorio salvo que una ley o el derecho de la Unión digan lo contrario, y tiene efecto desestimatorio, entre otros, en los procedimientos cuya estimación implique «el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente». Las leyes autonómicas de actividades concretan qué licencias quedan en cada caso. ↩
- Solo los farmacéuticos pueden ser propietarios y titulares de las oficinas de farmacia (artículo 103.4 de la Ley 14/1986, General de Sanidad), y una farmacia solo puede transmitirse a otro farmacéutico (artículo 4 de la Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia). El número lo limita el artículo 2 de esa misma ley: las comunidades autónomas planifican las autorizaciones «por módulos de población y distancias entre oficinas de farmacia». ↩
- Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo: artículo 11 (al menos el 75% de los ingresos de un cliente y sin trabajadores por cuenta ajena, salvo excepciones tasadas), artículo 12 (contrato por escrito y registrado en la oficina pública), artículo 14 (interrupción anual de dieciocho días hábiles), artículo 15 (indemnización cuando el cliente extingue el contrato sin causa justificada) y artículo 17 (jurisdicción social). La condición de dependiente solo puede tenerse respecto de un único cliente. ↩
- Artículo 308.1.a) del Real Decreto Legislativo 8/2015, texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción del Real Decreto-ley 13/2022: en estimación directa, el rendimiento computable es el rendimiento neto «incrementado en el importe de las cuotas de la Seguridad Social», y a él se aplica una deducción por gastos genéricos del 7%, que es del 3% para quienes están en el régimen por el artículo 305.2.b) y e), como el consejero o administrador que controla una sociedad de capital. ↩
- Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015), art. 331: la situación legal de cese de actividad se da por motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos (entre ellos, pérdidas continuadas o ejecuciones judiciales que comprometan la actividad), por fuerza mayor, por la pérdida de la licencia administrativa, por violencia de género y, en el trabajador autónomo económicamente dependiente, por la extinción del contrato con su cliente principal; cada causa se acredita con documentos. Las solicitudes de 2024, en torno a 24.000, son datos de la Seguridad Social que difundieron las organizaciones de autónomos y la prensa especializada, sin una estadística oficial publicada que se haya podido ver; las cifras que circulan varían en un centenar. Frente a unos 3,4 millones de afiliados al régimen de autónomos, son menos del 1%. ↩
- Directiva (UE) 2024/2831, de 23 de octubre de 2024, relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas. Obliga a los Estados a establecer una presunción legal de relación laboral cuando concurran indicios de control y dirección, a regular la gestión algorítmica —información sobre los sistemas automatizados, supervisión humana de las decisiones que afecten a las condiciones de trabajo y límites al tratamiento de datos— y a que la carga de la prueba recaiga en la plataforma. Se publicó en el Diario Oficial el 11 de noviembre de 2024, entró en vigor el 1 de diciembre de 2024, a los veinte días, y el plazo de transposición termina el 2 de diciembre de 2026 (EUR-Lex, Directiva (UE) 2024/2831). ↩
- Las estimaciones no se parecen entre sí. El estudio que la Agencia Tributaria recogió en su plan estratégico de 2020-2023 sitúa la economía sumergida española en el 11,2% del PIB. Friedrich Schneider y Andreas Asllani la sitúan en el 15,8% en 2022, frente a una media de los veintisiete Estados de la Unión más el Reino Unido del 17,3%, que bajó desde el 22,6% de 2003; el método de Schneider combina las causas y los indicadores de la actividad oculta en un modelo estadístico y lo calibra con la demanda de efectivo. Una revisión de Funcas encontró estudios entre el 18,5% y el 24,5%. Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, presentó en 2014 un estudio, dirigido por Jordi Sardà, que la situaba en el 24,6% del PIB al cierre de 2012 (Gestha, nota de prensa de 29 de enero de 2014); en 2025 difundía el 24% de Pappadà y Rogoff (Gestha, 29 de mayo de 2025). Y Francesco Pappadà y Kenneth Rogoff, con una medida construida sobre el cumplimiento del IVA entre 1999 y 2020, llegan al 24%; su método se describe en la nota siguiente. La serie más citada en las comparaciones internacionales sigue siendo la de Leandro Medina y Friedrich Schneider, Shadow Economies Around the World, IMF Working Paper 18/17, 2018, con datos hasta 2015, que es de donde vienen los ordenamientos de países que circulan como si fueran definitivos. Entre el 11,2% y el 24,6% hay 13,4 puntos. No se traducen a euros porque las dos cifras son de años distintos (la del 24,6%, de 2012) y la de 11,2% no lleva año ni autor en la fuente que la recoge. ↩
- Francesco Pappadà y Kenneth S. Rogoff, «Rethinking the Informal Economy and the Hugo Effect», Journal of the European Economic Association, vol. 23, n.º 5 (2025). Proponen una medida nueva, EVADE —evading value added duty economy—, construida sobre el grado de cumplimiento del IVA entre 1999 y 2020: compara el IVA recaudado con el que corresponde al consumo que recogen las encuestas y la contabilidad nacional, según los tipos de cada país. Es más simple y más transparente que las anteriores. Da más variación entre países de la que daban los métodos previos, con informalidad notablemente mayor en Grecia, Italia y España: 36%, 31% y 24% del PIB respectivamente. El «efecto Hugo» del título —por el pasaje de Los miserables en que Victor Hugo observa que cuando falta trabajo el contribuyente se resiste al impuesto y cuando abunda lo paga sin esfuerzo— es el hallazgo de que la economía sumergida crece en las recesiones y se encoge en las expansiones, con un punto de crecimiento del PIB asociado a unas seis décimas menos de informalidad: en la versión de trabajo, «a 1% increase in the growth rate of GDP, instrumented by the global financial cycle, produces a drop in the size of the informal economy of about 0.60 basis points», con la informalidad medida en porcentaje del PIB: aunque el texto dice «basis points», por el contexto se refiere a puntos porcentuales del PIB. ↩
- Estimación objetiva: artículo 31 de la Ley 35/2006, del IRPF, que fija su ámbito por la naturaleza de la actividad o por «módulos objetivos como el volumen de operaciones, el número de trabajadores, el importe de las compras, la superficie de las explotaciones o los activos fijos utilizados», con límites de rendimientos íntegros y de compras que la propia ley y la orden anual de módulos concretan. Plazo de pago: artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de lucha contra la morosidad, treinta días que el contrato puede ampliar sin pasar en ningún caso de sesenta. Criterio de caja: artículos 163 decies y 163 terdecies de la Ley 37/1992, del IVA, para quien no facturó más de dos millones de euros el año anterior; el impuesto se devenga al cobrar o, como tarde, el 31 de diciembre del año siguiente. ↩
- Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, que aprueba el reglamento de los sistemas informáticos de facturación (Verifactu), en desarrollo del art. 29.2.j de la Ley 58/2003. El Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, fijó su aplicación obligatoria el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto, tras un primer aplazamiento desde 2025. ↩
- Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre: se aplica a quienes «utilicen sistemas informáticos de facturación» (artículo 3.1), no a quienes llevan los libros registro por el Suministro Inmediato de Información del artículo 62.6 del Reglamento del IVA (artículo 3.3), obligatorio para quienes liquidan el IVA cada mes, entre ellos los que facturaron más de 6.010.121,04 euros el año anterior (artículos 62.6 y 71.3 del Real Decreto 1624/1992), y en el País Vasco y Navarra solo a quienes tienen el domicilio fiscal en territorio común (artículo 1.3). ↩
- Miguel García-Posada y Juan S. Mora-Sanguinetti, «Why do Spanish firms rarely use the bankruptcy system? The role of the mortgage institution», Banco de España, Documento de Trabajo 1234, 2012: con datos de más de un millón de empresas de España, Francia y el Reino Unido, España tenía una de las tasas de concurso empresarial más bajas del mundo, también durante la crisis y después de descontar las salidas del mercado. Lo atribuyen a que el concurso era más caro y lento que la ejecución hipotecaria, la alternativa, y a que la ley concursal ofrecía poco al deudor persona física. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Consejo General del Poder Judicial, «Las ejecuciones hipotecarias y los concursos registrados en los órganos judiciales crecieron en 2025 un 30 % respecto al año anterior»: 74.739 concursos presentados en 2025, un 30% más que en 2024; 66.571 de personas naturales sin actividad empresarial, el 89% del total, con un aumento del 36,3%; 5.472 de personas jurídicas, un 1,7% menos, y 2.696 de personas naturales empresarias, un 12,6% menos. La cifra de 18.017 que circula como total del año corresponde solo al primer trimestre. La estadística de los registradores cuenta otra cosa, deudores concursados, y da 17.632 en el cuarto trimestre de 2025, el 90,9% personas físicas (Colegio de Registradores, Estadística del Procedimiento Concursal, 4.º trimestre de 2025). Ninguna de las dos publica en sus notas cuántas exoneraciones se conceden. ↩
- Texto refundido de la Ley Concursal, Real Decreto Legislativo 1/2020, en la redacción de la Ley 16/2022: el art. 489.1.5.º deja fuera de la exoneración los créditos de derecho público, salvo los que recauda la Agencia Tributaria, que pueden exonerarse hasta 10.000 euros por deudor —íntegramente los primeros 5.000 y en un 50% a partir de ahí, hasta ese máximo—, y los de la Seguridad Social, por el mismo importe y en las mismas condiciones. El art. 487.1.2.º excluye de la exoneración a quien haya sido objeto de un acuerdo firme de derivación de responsabilidad, salvo que la haya satisfecho íntegramente. ↩
- Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, 254/2026 y 259/2026 a 263/2026, de 18 de febrero de 2026. Las 254 y 260/2026 examinan «por primera vez» la limitación del art. 489.1.5.º del texto refundido: «los créditos públicos que merecen la consideración de crédito subordinado están afectados por la exoneración, y solo respecto del resto se aplican las limitaciones»; la exclusión parcial alcanza a «toda clase de crédito de Derecho público, al margen de a quién se encomiende su recaudación», y las limitaciones se aplican «a cada uno de los acreedores titulares de créditos de Derecho público»: «exoneración íntegra para los primeros 5.000 euros de su crédito, y a partir de esta cifra la exoneración alcanzará el 50% hasta el máximo de 10.000 euros». Los recargos e intereses son créditos subordinados (art. 281.1.3.º del texto refundido de la Ley Concursal). Las 259, 261, 262 y 263/2026 tratan de la buena fe y del art. 487.1.2.º: la sanción tributaria muy grave justifica la exclusión, y la derivación de responsabilidad solo si «trae causa de una conducta fraudulenta del administrador equiparable a aquellas merecedoras de sanción por infracción muy grave»; el deudor debe aportar la información necesaria y el juez, verificar de oficio los requisitos. Consejo General del Poder Judicial, «El Tribunal Supremo establece los criterios sobre limitaciones y exclusión a la exoneración de pasivo insatisfecho en la Ley Concursal», 20 de febrero de 2026, con las dos notas del Gabinete Técnico de la Sala Civil (crédito público y sanción tributaria y derivación). ↩
- El comité de empresa en los centros de cincuenta o más trabajadores lo fija el artículo 63.1 del Estatuto de los Trabajadores desde su primera versión, la Ley 8/1980, de 10 de marzo. La reserva del 2% de la plantilla para personas con discapacidad en las empresas de más de cincuenta trabajadores es del artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, hoy artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013. El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, extendió el plan de igualdad del artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, que hasta entonces obligaba a las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, a las de cincuenta o más; las de cincuenta a cien tuvieron tres años, contados desde su publicación el 7 de marzo de 2019, para aprobarlo (disposición transitoria duodécima de la Ley Orgánica 3/2007). El sistema interno de información lo exige el artículo 10.1.a) de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, a las empresas de cincuenta o más trabajadores. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Real Decreto-ley 13/2022, preámbulo: «actualmente alrededor de un 80 por ciento de los trabajadores encuadrados en dicho régimen opten por la base mínima de cotización» al margen de sus rendimientos reales. ↩
- Eurostat, estadística estructural de empresas por tamaño (sbs_sc_ovw), industria, construcción y servicios de mercado, 2024: 16.246.767 ocupados en 3.516.793 empresas en España (4,6 por empresa), 39.312.214 en 3.236.281 en Alemania (12,1) y 164.521.796 en 33.978.235 en la Unión (4,8). Cepyme, la confederación empresarial de la pequeña y mediana empresa, en Crecimiento empresarial. Situación de las pymes en España, enero de 2025, da a partir de Eurostat, con datos de 2022 del sector privado no financiero ni agrícola, 4,8 en España y 11,9 en Alemania, cerca de las cifras de Eurostat de 2024, y 5,9 para «Europa», que es el «promedio de los 15 países analizados», Reino Unido incluido, y no la media de la Unión. ↩
- Pilar García Perea y Concepción Román, artículo analítico del Banco de España sobre el trabajo por cuenta propia en España y en la zona del euro, Boletín Económico 2/2019, con datos de Eurostat de 2017: solo Grecia e Italia tenían tasas de empleo por cuenta propia superiores al 20%, y España, Portugal, los Países Bajos e Irlanda estaban en torno al 15%, la media de la zona del euro. Con las cuentas nacionales de Eurostat de 2025 (nama_10_a10_e, trabajadores por cuenta propia sobre el empleo total, concepto interior), los autónomos eran el 14,2% del empleo en España (3.234.500 de 22.702.000) y el 14,2% en la Unión, y las proporciones más altas seguían siendo las de Grecia (24,8%), Bulgaria (24,6%) e Italia (23,2%) (Eurostat, Employment statistics within national accounts). Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Las dos estimaciones son de Friedrich Schneider y Andreas Asllani, para 2022, frente a la media de los veintisiete Estados de la Unión más el Reino Unido; y Francesco Pappadà y Kenneth S. Rogoff, «Rethinking the Informal Economy and the Hugo Effect», Journal of the European Economic Association, 2025, con su medida sobre el cumplimiento del IVA entre 1999 y 2020. Las dos no miden lo mismo, y por eso sitúan a España a un lado y a otro de la media. ↩
- Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social; la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, reformó el texto refundido de la Ley Concursal y está en vigor desde el 26 de septiembre de 2022. En Alemania, la Restschuldbefreiung forma parte de la Insolvenzordnung desde su entrada en vigor el 1 de enero de 1999 (Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung, art. 110; Ministerio Federal de Justicia). ↩
- François Gourio y Nicolas Roys, «Size-dependent regulations, firm size distribution, and reallocation», Quantitative Economics, 5(2), 2014, estiman que el umbral francés de cincuenta trabajadores equivale a un coste de en torno a un año de salario medio y que suprimirlo movería el producto agregado solo unas décimas. Garicano, Lelarge y Van Reenen, 2016, obtienen costes algo mayores pero también acotados. ↩
- Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo (art. 38 ter, cuota reducida); Real Decreto-ley 13/2022 (cotización por ingresos reales); Real Decreto Legislativo 8/2015, Ley General de la Seguridad Social, art. 331 (cese de actividad); Ley 12/2021 («ley rider»); STS 805/2020, de 25 de septiembre.
- Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas (capital de un euro); Real Decreto Legislativo 1/2010, Ley de Sociedades de Capital, art. 4; Real Decreto-ley 13/2010, art. 5 (aranceles fijos con estatutos tipo); Ley 14/2013, arts. 7-11 (emprendedor de responsabilidad limitada); Ley 12/2012, de liberalización del comercio, arts. 2-4; Real Decreto 1007/2023 y Real Decreto-ley 15/2025 (Verifactu); Orden HAC/1526/2024 (supresión del modelo 037).
- Real Decreto Legislativo 1/2020, Ley Concursal, reformado por la Ley 16/2022 (segunda oportunidad, arts. 486-502, con el crédito público en el art. 489; microempresas, arts. 685-720).
- INE, Directorio Central de Empresas y Estadística del procedimiento concursal; Seguridad Social, afiliación al RETA; Eurostat, Structural Business Statistics; Banco de España, artículos sobre umbrales de tamaño.
- Miguel Almunia y David López-Rodríguez Under the Radar: The Effects of Monitoring Firms on Tax Compliance American Economic Journal, 2018
Un artículo de revista sobre cómo las empresas españolas se acumulan bajo el umbral de facturación que activa la vigilancia fiscal, con datos de la Agencia Tributaria. - Círculo de Empresarios La empresa mediana española informes anuales
El diagnóstico desde las propias empresas, con las cifras por tamaño. - Friedrich Schneider y Dominik Enste The Shadow Economy: An International Survey Cambridge University Press, 2.ª ed., 2013
Una revisión de cómo se mide la economía sumergida, con sus métodos y sus límites explicados. - Mariana Mazzucato El Estado emprendedor RBA, 2014
Otra visión del papel público, centrada en la innovación y no en el tamaño de las empresas.
16 de octubre de 2026 · fecha de corte de los datos: octubre de 2026