España: Manual del ciudadano

La misma herencia en Madrid y en Barcelona

Una mujer viuda con dos hijos y un patrimonio de trescientos mil euros quiere dejarle la mayor parte a la amiga que la ha cuidado los últimos diez años. Si tiene vecindad civil común —la que rige en Madrid, en Sevilla, en Valladolid—, el Código Civil le reserva a sus hijos dos tercios de lo que tiene. Son doscientos mil euros como mínimo para los dos. A la amiga solo puede dejarle los cien mil restantes, el tercio del que dispone libremente.

Si quien la cuidó hubiera sido una de sus hijas, el margen sería mucho mayor. De los dos tercios reservados, uno se reparte por igual y el otro, el de mejora, puede ir entero a un solo hijo. La hija cuidadora podría recibir doscientos cincuenta mil euros, y el otro hijo, cincuenta mil. El Código Civil es rígido sobre todo con quien no es de la familia.

Si la misma mujer tiene vecindad civil catalana, porque la heredó de sus padres y vive en Barcelona, la reserva es de una cuarta parte para los hijos juntos, setenta y cinco mil euros. La amiga puede recibir el resto, doscientos veinticinco mil.

Si tiene vecindad navarra, no le debe a sus hijos nada más que una mención en el testamento. Puede dejárselo todo a la amiga. Si es aragonesa, la mitad es para los hijos y nietos, y la otra mitad, ciento cincuenta mil, puede ir a la amiga. Y si es vasca, un tercio es de los hijos y doscientos mil pueden ir a la amiga.

La misma mujer, el mismo patrimonio, los mismos hijos, la misma Constitución. Cinco respuestas sobre a quién pertenece lo que ha ganado en su vida. Y la diferencia alcanza a mucha gente. Los seis territorios con derecho civil propio suman unos 16,6 millones de habitantes, uno de cada tres del país.¹

El ejemplo recorre cinco derechos. Con Galicia y Baleares son siete, el común y seis forales, y la figura 111 los pone en una tabla. Cuál se aplica depende de la vecindad civil, que no es el lugar donde se vive. Se hereda de los padres al nacer. Se gana con diez años de vivir en otro territorio sin declarar lo contrario, o con dos si se declara. Dos vecinos del mismo rellano en Barcelona pueden repartir su herencia con reglas distintas. Basta que uno, hijo de gaditanos, lleve menos de diez años en Barcelona y no haya declarado nada.

Los siete derechos civiles se cruzan con el mapa del impuesto de sucesiones del capítulo 4.1, sobre los ingresos del Estado. El impuesto mira el parentesco, y el derecho civil decide cuánto puede llegar a quien no es pariente. La figura 112 hace las cuentas para la amiga del ejemplo.

El caso muestra además que España no tiene un solo derecho privado, y nunca lo ha tenido. La Constitución dejó que los territorios forales conservaran el suyo.

Cuánto puedes dejarle a quien te cuidó lo decide la vecindad civil, una etiqueta que heredaste de tus padres y que no figura en tu documento de identidad.

El Registro Civil: para qué necesita el Estado saber quién es cada uno

Todo empieza en un registro. El Registro Civil inscribe los hechos que definen a una persona ante el Estado: nacimiento, filiación, nombre, sexo, nacionalidad, matrimonio, medidas de apoyo a personas con discapacidad, muerte.² Sin esa inscripción los hechos existen pero no cuentan. Sin partida de nacimiento no hay documento de identidad, y sin documento cuesta abrir una cuenta, firmar un contrato o votar.

El Estado necesita saber quién es cada persona para darle derechos y exigirle deberes, y lo sabe por ese registro. La reforma de 2011 tardó diez años en entrar en vigor del todo.³ Lo llevó de los libros de cada juzgado a una base de datos única, con un código personal desde el nacimiento, que se ha ido implantando oficina por oficina desde 2021.

Con la inscripción de nacimiento se expide el documento nacional de identidad, que es obligatorio tener desde los catorce años.⁴ Obligatorio es tenerlo, no llevarlo encima. La policía puede pedirlo, y no llevarlo no es una infracción. Lo que la ley castiga es negarse a identificarse. Y no poder hacerlo sí puede acabar en una comisaría, como explica el capítulo 5.4, sobre policía.

La primera inscripción es la de nacimiento, y con ella la filiación. La madre es la que da a luz, y el marido de la madre se presume padre. En la reproducción asistida con donante, el marido que consintió no puede negar después la paternidad. Y la esposa de la madre puede declarar ante el registro que consiente en ser la otra madre. El contrato de gestación por sustitución es nulo en España: la filiación la fija el parto. Los apellidos los ordenan los padres de común acuerdo, sin preferencia por el del padre. Si no se ponen de acuerdo, decide el encargado del registro según el interés del menor.⁵

Cambiar lo inscrito —el nombre, el sexo, la filiación— es un trámite con reglas propias. Varias leyes de familia y del cuerpo son, en su forma, reglas sobre qué consta en el registro y cómo se cambia. Dicen quién puede casarse con quién, cómo se deshace un matrimonio, qué sexo figura en la inscripción.

Casarse, no casarse: el régimen que se aplica sin firmar

El matrimonio es el mismo en toda España: entre dos personas de cualquier sexo desde 2005, con los mismos derechos y deberes.⁶ Se celebra ante un alcalde o concejal, un notario o un letrado de la Administración de Justicia, o en una de las formas religiosas que prevé la ley. Luego se inscribe en el Registro Civil. Lo que cambia entre territorios es el régimen económico. En el derecho común, si no se pacta otra cosa, rige la sociedad de gananciales: lo ganado durante el matrimonio es de los dos por mitad.

En Cataluña y Baleares rige por defecto la separación de bienes, en la que cada uno conserva lo suyo. En Aragón rige el consorcio conyugal y en Navarra las conquistas, dos regímenes parecidos a los gananciales con reglas propias.

En el País Vasco rigen los gananciales del Código Civil, salvo entre vecinos de la tierra llana de Bizkaia, Aramaio y Llodio.⁷ Entre ellos sigue la comunicación foral. Son comunes los bienes de los dos, también los que cada uno llevó al matrimonio. Algo parecido hace el fuero del Baylío en una franja de Extremadura. El régimen de cada territorio está en la figura 111.

La Comunidad Valenciana también tuvo la separación de bienes, por una ley de 2007. El Constitucional la anuló en 2016 por falta de competencia, y anuló o recortó otras dos leyes civiles valencianas.⁸ La Constitución solo deja conservar, modificar y desarrollar los derechos forales «allí donde existan». El valenciano se había abolido en 1707. Las bodas celebradas mientras estuvo en vigor la conservan si no pactaron otra cosa.⁹ Las posteriores quedan en gananciales, como en el derecho común.

El régimen económico se aplica por defecto. No hay que elegirlo ni firmar nada para quedar sujeto a él. Y en un divorcio o en una herencia la diferencia es grande. Un matrimonio en Madrid y otro en Barcelona, con los mismos sueldos, salen del divorcio con repartos distintos.

Los bienes se reparten con dos etiquetas. En gananciales es común lo que entra durante el matrimonio por el trabajo de cualquiera de los dos. Lo son el sueldo, el negocio, el piso comprado con ese sueldo, los intereses de la cuenta. Es privativo lo que cada uno tenía antes de casarse. También lo es lo que recibe después por herencia o donación, aunque lo reciba casado. El piso heredado de una abuela sigue siendo de uno solo; el alquiler que produce, de los dos.¹⁰

Las deudas del matrimonio siguen la misma lógica. De lo que un cónyuge debe por el ejercicio de su profesión responden los bienes gananciales, no solo los suyos.¹¹ Un autónomo en gananciales arriesga con sus deudas profesionales los ahorros comunes, incluido lo que ha ganado su pareja (capítulo 6.3, sobre empresas y autónomos). Por eso quien monta una empresa puede firmar capitulaciones. Es el contrato ante notario con el que un matrimonio elige su régimen, y en él se puede pactar la separación de bienes.

La sociedad de gananciales se liquida cuando acaba, en el divorcio o en la muerte. Esa liquidación va antes que cualquier reparto. Por ahí empieza también la herencia.

Las parejas de hecho son el caso contrario. Ninguna ley estatal las regula con carácter general. Lo hacen leyes y registros autonómicos, con requisitos distintos de convivencia e inscripción. Lo que tiene reconocido una pareja registrada depende de la ley que se mire. Para la pensión de viudedad, la Seguridad Social exige inscripción o documento público con dos años de antelación y, salvo que haya hijos en común, cinco de convivencia.¹² No la da a quien no cumplió el trámite aunque llevara treinta años juntos. El Constitucional ha dado por válido ese requisito.

En el derecho común, la pareja de hecho no hereda nada por ley. Sí hereda, en distinta medida, en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia y en Baleares. Para los impuestos, unas comunidades la equiparan al matrimonio y otras no.

Cuando se rompe: qué decide un juez

Desde 2005 el divorcio no requiere causa ni separación previa. Basta que uno de los dos lo pida pasados tres meses de la boda. Si hay acuerdo y no hay hijos menores ni mayores con apoyos judiciales, se puede hacer ante notario. Lo que un juez decide, cuando no hay acuerdo, son cuatro cosas:

• con quién viven los hijos;
• cuánto paga el otro para mantenerlos;
• quién se queda en la casa, que, sin acuerdo, es para los hijos menores y el progenitor con quien viven, hasta que todos sean mayores de edad;
• y si uno de los dos debe al otro una compensación por el desequilibrio que el divorcio le causa.¹³

La patria potestad, que es decidir sobre el colegio, la salud o el pasaporte, la siguen ejerciendo los dos aunque los hijos vivan con uno.¹⁴ Para decidir el resto la ley mira una sola cosa: el interés del menor. La reforma del Código Civil de 2005 solo preveía la custodia compartida si los padres la pedían o, como excepción, si la pedía uno. Desde una sentencia del Supremo de 2013, es lo que «habrá de considerarse normal e incluso deseable».¹⁵

La custodia compartida pasó de menos del 10% de los divorcios con hijos menores en 2007 a algo más de la mitad en 2025. Esa cifra incluye los convenios de los padres, que el juez solo aprueba. La compartida supera a la materna desde 2023.¹⁶ Es más frecuente en Cataluña, La Rioja, el País Vasco, Baleares y Aragón, y menos en Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Para fijar la pensión de alimentos, los jueces tienen unas tablas de guía del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Las tablas no obligan. Pero dejar de pagar lo que fija la sentencia dos meses seguidos o cuatro alternos es delito.¹⁷ La pensión compensatoria es para el cónyuge al que el divorcio deja en peor situación económica, por ejemplo por haber dejado de trabajar por la familia.

En 2025 hubo unos ochenta mil divorcios, y ocho de cada diez se resolvieron sin pleito.¹⁸ Hay una cuenta rápida para saber cuántos matrimonios se rompen. Se dividen los divorcios de un año entre las bodas de ese año y sale que se rompe la mitad. No mide lo que parece. Los divorcios de 2025 salen de bodas celebradas a lo largo de décadas, y las bodas de 2025 todavía no han tenido ocasión de romperse.

El juez decide, entonces, solo en la minoría de divorcios con conflicto. En ella, la ley excluye la custodia compartida si un progenitor está incurso en un proceso penal por atentar contra el otro o contra los hijos. También la excluye si hay indicios fundados de violencia doméstica o de género. Una parte del debate sobre la custodia es un debate sobre cómo se prueba esa violencia.

Desde 2022 el juez decide también sobre los animales de compañía. El Código Civil los define como «seres vivos dotados de sensibilidad». Las reglas de las cosas solo les valen en lo que encaje con su naturaleza. En un divorcio el juez confía el perro a uno o a los dos cónyuges según el interés de la familia y el bienestar del animal.¹⁹

Heredar: la legítima y los siete derechos

Cuando alguien muere, sus bienes van a quien dijo en su testamento. Si no lo hizo, van a quien dice la ley: hijos, padres, cónyuge, hermanos y sobrinos, los demás parientes hasta el cuarto grado, como los primos, y al final el Estado o, en Cataluña, Aragón, Navarra, el País Vasco y Galicia, la comunidad autónoma, y en Baleares los consejos insulares y los ayuntamientos.²⁰ En el derecho común el testamento no es libre. La legítima reserva a los hijos dos tercios de la herencia y, si no hay hijos, la mitad a los padres, o un tercio si concurren con el viudo.²¹

Solo se puede desheredar por las causas tasadas en el Código. Una de ellas es el «maltrato de obra», y desde 2014 el Supremo cuenta ahí el maltrato psicológico de los hijos a los padres. El derecho catalán añadió en 2008 la falta de relación familiar manifiesta y continuada imputable al hijo.²²

Al viudo le reserva el usufructo, que es el derecho a usar los bienes y cobrar sus rentas de por vida sin ser su dueño. Si hay hijos, es el del tercio de mejora; si solo hay padres, el de la mitad.

La del Código Civil es una de las que menos libertad de testar dejan en Europa occidental, con la francesa, la italiana y la portuguesa.²³ Viene del derecho castellano.

Los seis derechos forales dan más peso a la libertad de testar. Navarra la lleva hasta dejar una legítima solo formal, y cada uno la gradúa a su manera (figura 111):

• Cataluña. Reserva un cuarto de la herencia, y su legítima es un crédito en dinero: el heredero se queda los bienes y paga a cada hijo lo que vale su parte.
• Aragón. Reserva la mitad a los descendientes en conjunto, pero deja darla a uno solo. Al viudo le da el usufructo de todos los bienes, que nace al casarse y le deja la casa y las rentas aunque los hijos sean ya los dueños. Salvo pacto, lo pierde si se vuelve a casar o vive en pareja.
• País Vasco. Unificó en 2015 sus sistemas en una legítima de un tercio, también colectiva, salvo en el valle de Ayala, que conserva la libertad de testar.²⁴
• Galicia. Reserva un cuarto de la herencia.
• Baleares. Reserva un tercio o la mitad según el número de hijos; Ibiza y Formentera tienen además reglas propias en otras materias, como los pactos sucesorios.

Para saber cuál de los siete derechos ordena una herencia hay que mirar la vecindad civil, que se hereda de los padres y se gana con la residencia.

Los derechos forales también se reforman. En septiembre de 2026 la Xunta presentó las bases de una reforma del derecho civil gallego.²⁵ Toca las sucesiones, las parejas de hecho, el patrimonio digital y el contrato de vitalicio. El Código Civil del Estado mantiene sus dos tercios. Mientras, varias de las seis leyes que conviven con él se han reformado.

Lo que se hereda no es lo que había

Cuando muere una persona casada en gananciales, lo primero no es repartir su herencia sino separar lo que era de su cónyuge. La mitad de los bienes comunes es del viudo por derecho propio, porque ya era suya. No pasa por la herencia ni por el impuesto de sucesiones.²⁶ Solo la otra mitad, más lo privativo del muerto, forma la masa que se reparte según el testamento y la legítima. Si la viuda de la apertura estuvo casada en gananciales, parte de sus trescientos mil euros ya eran suyos cuando murió su marido, sin pasar por su herencia.

Antes de repartir una herencia, el sistema comprueba tres cosas. Una es si hay testamento, que consta en un registro estatal de últimas voluntades. Otra es qué parte de los bienes ya era del cónyuge viudo. La tercera es qué impuestos devenga la herencia: el de sucesiones y, si hay inmuebles, la plusvalía municipal, el impuesto del ayuntamiento sobre la subida de valor del suelo. Si no hay testamento, la ley dice quiénes heredan, y desde 2015 lo declara un notario también para colaterales como hermanos y sobrinos.²⁷ Antes iban al juez.

Mientras ningún heredero la acepta, la herencia está yacente. Aceptada, queda en común entre los herederos hasta que se reparte.²⁸ Hasta que se acredita quiénes son los herederos, el banco no entrega el saldo y el piso no puede venderse.

Y aceptar una herencia no siempre sale a cuenta. Según la estadística de los notarios, las renuncias a herencias han crecido casi un 50% en diez años, hasta unas cincuenta y seis mil en 2025.²⁹ La causa más frecuente de renunciar es que las deudas superan lo heredado.

Entre aceptar y renunciar hay una tercera salida, que el Código Civil hizo más fácil en 2015.³⁰ Aceptar «a beneficio de inventario» es responder de las deudas solo con lo heredado, sin poner en riesgo lo propio. En 2025 hubo menos de dos mil aceptaciones así, unas treinta veces menos que renuncias.³¹

Heredar en vida: lo que el Código Civil prohíbe y los forales permiten

Hay otra diferencia entre el derecho común y los forales. El Código Civil prohíbe, salvo contadas excepciones, pactar sobre la herencia de una persona viva.³² El testamento se puede cambiar hasta el último día, y ningún acuerdo con los hijos lo ata. Los derechos forales permiten lo contrario, el pacto sucesorio. Es un contrato por el que se pasa en vida lo que se habría heredado, con renuncia a la legítima o sin ella. En Galicia se llama apartación o mejora; en Cataluña, heredamiento. Aragón, el País Vasco, Navarra y Baleares tienen los suyos.

El interés del pacto sucesorio está en el impuesto. Lo que se recibe por pacto sucesorio tributa en sucesiones como herencia y no como donación. En las comunidades que bonifican sucesiones, eso puede querer decir pasar un piso en vida casi sin impuesto. El pacto abría además un atajo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), que el Supremo admitió en 2016 para una apartación gallega. Al heredar, el bien entra con su valor del día, y por la ganancia que acumuló quien muere no se paga IRPF.

El pacto permitía aprovechar esa regla en vida. Un padre daba a su hijo un piso comprado por 30.000 euros, el hijo lo vendía por 200.000 y la diferencia no tributaba.

En 2021 el Estado lo cerró. Si el hijo vende antes de cinco años, tributa en el IRPF como si vendiera el padre, desde su precio de compra antiguo.³³ La Xunta de Galicia recurrió la regla y el Constitucional la avaló. Es la versión hereditaria del mapa fiscal del capítulo 4.1, sobre los ingresos del Estado. Una diferencia civil se vuelve fiscal, una comunidad la defiende y el Estado la acota.

El cuerpo: quién decide y dónde se atasca

Las leyes sobre el cuerpo son la otra mitad de lo que el Estado regula de la intimidad. Como las de familia, deciden cómo cuenta lo que cada uno hace. Dicen qué sexo consta en la inscripción. Dicen quién puede pedir a la sanidad pública que ponga fin a un embarazo o a una vida, y qué se presume de un muerto que no dijo nada sobre sus órganos.

Aborto. Quién decide depende de la semana, y la ley de 2010 tiene tres tramos:

• Hasta la semana catorce. Decide la mujer, previa información.
• Hasta la veintidós. Cabe si hay grave riesgo para la vida o la salud de la mujer o anomalías fetales graves, con dictamen médico.
• Sin plazo. Cabe si la anomalía es incompatible con la vida, con dictamen de un especialista, o si la enfermedad del feto es extremadamente grave e incurable, con confirmación de un comité clínico.

La reforma de 2023 de esa ley quitó los tres días de reflexión. Dejó decidir sin sus padres a las menores de dieciséis y diecisiete años y creó un registro de objetores. El Constitucional avaló la ley y su reforma.³⁴

Donde se atasca es en la prestación pública del aborto. La mayoría de los abortos son de las primeras semanas y se hacen en clínicas privadas. El capítulo 7.2, sobre sanidad, cuenta cuánto pesa la objeción de los médicos de la sanidad pública y por qué ese reparto separa esta prestación de la eutanasia. El derecho al aborto existe en toda España, pero la prestación pública no llega igual a todas partes.

En abril de 2026 el Gobierno propuso reformar el artículo 43 de la Constitución para que obligue a los poderes públicos a garantizar el aborto «con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios». La reforma necesitaba tres quintos del Congreso y del Senado. Superó las enmiendas de totalidad el 30 de abril. Seguía en la Comisión Constitucional, en plazo de enmiendas, cuando las Cortes se disolvieron el 6 de octubre. Con la disolución, la reforma caducó. El Gobierno que salga de las elecciones del 29 de noviembre tendría que presentarla de nuevo.³⁵

Identidad de género. Lo que cuenta es el sexo inscrito, y desde 2023 lo decide la persona. Hasta entonces el cambio exigía un diagnóstico de disforia de género —el malestar persistente con el sexo inscrito al nacer— y dos años de tratamiento.³⁶ La ley de 2023 lo cambió por una declaración ante el registro, que se confirma a los tres meses. El cambio es libre desde los dieciséis años. Entre los catorce y los dieciséis hace falta la ayuda de los padres, y entre los doce y los catorce, el permiso de un juez.

La ley de 2023 no exige informes médicos y, pasados seis meses, permite volver atrás. La ley de violencia de género sigue aplicándose con el régimen que la persona tenía antes de inscribir el cambio. Vox y el Partido Popular recurrieron la ley de 2023 al Constitucional.³⁷ Se discuten los menores, que tocan los dos recursos, y lo que supone para las leyes que protegen a las mujeres como sexo, que plantea el de Vox. Los cambios de sexo registral son pocos: algo más de cinco mil rectificaciones al año, una por cada diez mil habitantes.³⁸

Eutanasia. La pide el paciente y la autorizan otros. Desde 2021 es un derecho y una prestación del sistema sanitario para una persona con una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Exige dos solicitudes separadas por quince días y dos médicos. Y necesita el visto bueno previo de una comisión de garantía por comunidad. El Constitucional la avaló en 2023, y las cifras de la prestación las da el capítulo 7.2, sobre sanidad.³⁹ Lo que varía es el uso por territorios. En 2025, Cataluña registró más del doble de solicitudes por habitante que la media española.⁴⁰

Órganos. La ley de 1979 presume que todo el mundo es donante salvo que haya dicho lo contrario en vida.⁴¹ En la práctica decide la familia. Los coordinadores le preguntan y no extraen sin su acuerdo. España lleva más de treinta años en cabeza del mundo en donantes por habitante. Según el Gobierno, con datos del Observatorio Mundial de Donación y Trasplante, en 2025 aportó el 23% de las donaciones notificadas en la Unión Europea y el 5% de las del mundo, con el 11% de la población europea y el 0,7% de la mundial.⁴²

Lo que limita la donación cabe en una comparación. En una encuesta difundida por Sanidad en 2026, el 90% daría permiso para donar los órganos de un familiar que quería donar; si no supiera lo que quería, solo el 55%.⁴³ La Organización Nacional de Trasplantes coordina la donación. Para ella, el obstáculo no es el rechazo a donar, sino que la voluntad no se haya hablado en casa. El coordinador sostiene esa conversación en el peor momento posible. La ley sola no basta: el consentimiento presunto existe en buena parte de Europa y el resultado no es el mismo.⁴⁴

Y ahí está el problema. La negativa familiar a donar llegó al 22% en 2025 y, en Cataluña, al 28%, cuando diez años antes era del 15%.⁴⁵

El departamento de Salud catalán lo atribuye a «diferentes factores sociales», y la organización catalana de trasplantes ve más negativas en los entornos urbanos. En 2025 la tasa de donantes bajó de su máximo histórico del año anterior, la primera caída desde la pandemia.⁴⁶ Las fuentes de este capítulo no dicen si una cosa explica la otra. Un modelo que descansa en una conversación depende de cómo salga esa conversación.

Que haya varios derechos civiles es más antiguo que el Código Civil. Castilla, Aragón, Cataluña, Navarra, Vizcaya, Mallorca tenían cada uno su derecho privado antes de 1700. El Código Civil de 1889 —ochenta y cinco años después del francés— dejó que los territorios forales conservaran el suyo «por ahora». El «por ahora» duró. Las compilaciones forales del siglo XX lo fijaron por escrito. La Constitución de 1978 dio a las comunidades con derecho civil propio la competencia para conservarlo, modificarlo y desarrollarlo.

Cataluña ha reunido su derecho civil en un código propio, y las demás comunidades han puesto al día el suyo. En familia y herencias es donde se ve que España tiene varias leyes civiles. Las tiene porque nunca dejó de tenerlas.

Las leyes sobre el cuerpo son mucho más recientes. El divorcio llegó en 1981 y el aborto, despenalizado en tres supuestos, en 1985.⁴⁷ Después llegaron el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2005, el aborto de plazos en 2010, la eutanasia en 2021 y la identidad de género en 2023. Todas, salvo la del divorcio, se recurrieron al Constitucional.

La pauta se repite, con esperas muy distintas hasta la sentencia. La ley va por delante de una parte del país y por detrás de otra. Alguien la recurre y el Constitucional la avala, la de 1985 con condiciones, unas veces en poco más de un año y otras al cabo de trece (figura 113). La única recurrida que no ha completado el recorrido es la de identidad de género. Sigue sin sentencia tras una deliberación sin acuerdo, más de tres años después de admitirse el recurso.⁴⁸

Ninguna de esas leyes se ha derogado para volver atrás: la de 1985 dejó paso en 2010 a la ley de plazos. El Partido Popular, que recurrió varias de ellas, gobernó de 2011 a 2018. Mantuvo el matrimonio entre personas del mismo sexo y la ley de plazos, con retoques. Su Gobierno retiró en 2014 la reforma con la que volvía a un aborto por supuestos. En 2015 su mayoría exigió el permiso de los padres a las menores de dieciséis y diecisiete años.⁴⁹ La reforma de 2023 lo deshizo. La eutanasia y la ley de identidad de género son posteriores y aún no han tenido un gobierno contrario.

Que una ley siga en vigor no basta para que se aplique igual en todas partes. Lo muestra la prestación pública del aborto. Derogar una ley es distinto de matarla sin derogarla, como describe el capítulo 2.1, sobre la jerarquía de las normas.

Y lo que distingue a España en donación de órganos es una decisión de 1989 sobre cómo organizarse, más que la ley de 1979. Se creó una organización con un profesional responsable en cada hospital, formado para hablar con la familia en el peor momento. La presunción es común en Europa. Lo propio de España es que alguien la aplica.