España: Manual del ciudadano

Una sentencia ganada y no cobrada

Una autónoma hace una reforma para un cliente que no le paga los últimos ocho mil euros. Reclama en 2019. En 2021, la sentencia de primera instancia, la del primer juez que ve el caso, le da la razón entera.

El cliente sigue sin pagar y empieza la ejecución, el procedimiento para cobrar la sentencia. El juzgado busca los bienes del deudor y embarga una cuenta vacía y un coche que ya no está. En 2023 archiva la ejecución sin cobro por no haber bienes conocidos. En 2025 la deuda sigue sin cobrar. La sentencia es firme, ya sin recurso posible, y el deudor tiene un negocio a nombre de otro.

El caso sirve de ejemplo. Para quien lo vive, el resultado es cero. Ha pagado a un abogado y a un procurador (el profesional que la representa ante el juzgado). Y ha esperado dos años a que un juez dijera lo que ya sabía. Ha descubierto que el Estado, que a ella le cobra los impuestos embargando sin juez, no consigue que le paguen lo que le deben.

En las estadísticas, sin embargo, el asunto figura como resuelto. Esa es la justicia que no llega. Es la que llega tarde, la que cuesta más de lo que se reclama, la que no se puede pagar y la que se gana y no se cobra.

Ganar y no cobrar

Una sentencia condena a pagar, pero cobrarla es otro procedimiento: la ejecución, que empieza con una nueva demanda y depende de encontrar bienes. El juzgado tiene acceso a las bases de datos de Hacienda, la Seguridad Social, Tráfico y los registros, y embarga lo que encuentra. Buena parte de ese trabajo lo impulsa desde 2010 el letrado de la Administración de Justicia, el antiguo secretario judicial, que no es juez: el juez despacha la ejecución y el letrado acuerda las medidas concretas, como el embargo.¹ Lo que el juzgado no encuentra —el efectivo, la actividad a nombre de otro, el patrimonio movido a tiempo— no lo cobra nadie.

Y de lo que encuentra, la ley protege una parte. El sueldo o la pensión no se pueden embargar hasta la cuantía del salario mínimo. Lo que pasa de ahí se embarga por tramos, del 30% al 90%. Contra un deudor con un sueldo bajo, la ejecución cobra poco aunque fuera rápida.²

Al deudor, además, esperar le cuesta poco. Desde la sentencia de primera instancia, la deuda devenga el interés legal del dinero más dos puntos. Si ese recargo es menor que lo que le costaría un préstamo, dejarse demandar y no pagar le sale más barato. El juzgado lento le hace de financiación.³

Cuánto tarda la ejecución lo estima el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Lo difunden los procuradores, que son parte interesada porque la ejecución forma parte de su trabajo. Según la estimación de 2025, una ejecución civil dura de media 43,7 meses: más de tres años y medio, unas cinco veces lo que tarda la primera instancia.⁴ La cifra estima cuánto sigue abierta una ejecución en el juzgado, no cuánto tarda el acreedor en cobrar.⁵ En la Comunidad de Madrid, la media de las ejecuciones de títulos que no son sentencias llegó a 84 meses en 2025, siete años, y la de las ejecuciones de sentencias, a 46,9.

Y las ejecuciones pendientes van a más, al menos en Andalucía: allí aumentaron un 8% en 2025, y más de cuatro de cada cinco eran civiles.⁶

Cuánto se queda sin cobrar es más difícil de saber. Un estudio encargado por los mismos procuradores da una aproximación con datos de 2019. De los casi 14.500 millones de euros de las sentencias de condena a pagar que estaban en trámite ese año, unos once mil millones, tres de cada cuatro euros, seguían sin ejecutar al cerrar el año.⁷ Mide lo pendiente a fin de año, no lo que nunca llegó a cobrarse. La estadística judicial publicada, además, no separa las ejecuciones que terminan con el crédito cobrado de las archivadas por no haber bienes, y ese hueco es parte del problema.⁸

El primer contraste con la ejecución ordinaria es la Administración. Hacienda y la Seguridad Social cobran sus deudas por la vía de apremio, su propio procedimiento de cobro forzoso. Lo hacen sin juez, con una providencia de apremio que vale como sentencia y embargo de cuentas y nóminas en semanas. Un particular con una sentencia firme de un tribunal del mismo Estado necesita años para conseguir menos. El Estado tiene un sistema que cobra deprisa lo que se le debe a él, y no tiene otro igual para las sentencias de sus propios tribunales.

El segundo contraste está dentro del propio juzgado: la ejecución hipotecaria, la de un banco que prestó con una hipoteca, va por un cauce más simple. El banco no tiene que buscar bienes. La hipoteca ata la deuda a un bien concreto desde el día de la firma, inscrita en el Registro de la Propiedad.

La Ley de Enjuiciamiento Civil da a la ejecución hipotecaria un procedimiento propio, dirigido contra el bien hipotecado. Limita las razones por las que el deudor puede oponerse. Entre ellas están que la deuda o la garantía se hayan extinguido, que la cantidad exigida esté mal calculada (si la deuda es el saldo de una cuenta) o que una cláusula del contrato sea abusiva. Lo que en la ejecución ordinaria hay que averiguar, qué responde de la deuda, aquí está resuelto antes de que haya deuda.⁹

Más simple no quiere decir más rápido. Según la misma estimación del Consejo, una ejecución hipotecaria duró de media 42,6 meses en 2025, casi lo mismo que el conjunto de las ejecuciones civiles. La ventaja del banco es saber de antemano con qué bien cobra.¹⁰

Quién cobra se ordena en tres escalones. Si el deudor no tiene bienes, no cobra nadie. Si los tiene, cobra con ventaja quien se aseguró uno al prestar con una garantía real, como la hipoteca. Y quien no se aseguró ninguno depende de la ejecución ordinaria, que tarda años. Es la fila de abajo de la figura 68, y es donde estaba la autónoma de la apertura.

Cobra con ventaja quien tiene otra vía que la ejecución ordinaria: Hacienda, que embarga sin juez, y el banco, que no tiene que buscar bienes porque eligió uno al prestar.

Cuánto tarda llegar a la sentencia

En 2025, contando todos los tipos de pleito, la media nacional de una primera instancia fue de 8,1 meses, y la de una apelación, de 7,2.¹¹ La primera instancia civil tarda unos nueve meses, de menos de cinco en Asturias a casi quince en Murcia. El orden social, que resuelve despidos e incapacidades, tarda más: 12,2 meses de media en su primera instancia.

Con apelación, el recurso ante la Audiencia Provincial, las dos instancias civiles suman de media unos dos años (9,2 meses la primera y 15,3 la apelación). Sumarles la media de la ejecución da más de cinco años, pero es solo un orden de magnitud. No todas las sentencias se apelan ni se ejecutan. La condena a pagar de primera instancia se puede ejecutar de forma provisional, sin fianza, mientras se resuelve la apelación.¹² Cuando hace falta ejecutar, cobrar tarda más que obtener la sentencia.

La lentitud de los juzgados coincide con dos rasgos del sistema. España tiene menos jueces por habitante que la media europea (la de los países que evalúa el Consejo de Europa).¹³ Y tiene una litigiosidad, el número de pleitos por habitante, de las más altas de Europa occidental según el Consejo de Europa. La pendencia, lo que queda sin resolver, se arrastra de un año al siguiente.

Quién paga la justicia

El gasto público en justicia en España está por encima de la media europea por habitante: 96,8 euros en 2022.¹⁴ Con ese gasto, sin embargo, hay pocos jueces: 11,92 por cada cien mil habitantes frente a una media de 22 ese mismo año.

Quién paga cada cosa depende de la comunidad. Los jueces, los fiscales y los letrados de la Administración de Justicia los paga el Estado. Los medios materiales y el personal no judicial de los juzgados —gestión, tramitación y auxilio judicial— los pagan en doce comunidades los gobiernos autonómicos. En las cinco restantes, y en Ceuta y Melilla, los paga el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.¹⁵ Por eso el gasto total dice poco de cuántos jueces hay. Las plazas las decide y las paga el Estado, y el Consejo General del Poder Judicial no decide cuánto se gasta en los juzgados.

El reparto de la gestión entre Estado y comunidades tiene otra consecuencia: hay varios sistemas informáticos judiciales distintos. Es el ejemplo con que se abre la introducción del libro: uno legisla y otro gestiona. En su versión judicial, el Estado fija el procedimiento y las comunidades ponen los ordenadores.

Cuánto cuesta pleitear

El primer gasto de pleitear es el abogado y el procurador. En el civil los dos son obligatorios salvo en las reclamaciones de hasta 2.000 euros y al pedir un monitorio, el cauce rápido para reclamar deudas de dinero documentadas. Las tasas judiciales, lo que se paga al Estado por pleitear, ya no las paga ningún particular: se suprimieron para las personas físicas en 2015.¹⁶ A las empresas, el Tribunal Constitucional les anuló en 2016 la parte variable de la tasa, las cuotas del contencioso-administrativo, la jurisdicción que juzga a la Administración, y las de los recursos. Pero siguen pagando una cuota fija al demandar en primera instancia civil: 150 euros en el juicio verbal, 300 en el ordinario, 100 en el monitorio y 200 en la ejecución extrajudicial, con exención en el monitorio y el verbal que reclaman hasta 2.000 euros. Queda además el depósito para recurrir, de 25 a 50 euros según el recurso. Se pierde si el recurso no prospera, y no lo paga quien tiene justicia gratuita.¹⁷

Lo que más puede costar son las costas. En el civil rige el criterio del vencimiento: quien pierde paga las costas del que gana: sobre todo los honorarios del abogado y los peritos, y también los derechos del procurador. Por eso reclamar es un riesgo. El límite de los honorarios del abogado y de los peritos del contrario es un tercio de la cuantía, la cantidad que se reclama, salvo que el juez declare que litigó con temeridad, es decir, sin fundamento y a sabiendas.¹⁸ Los derechos del procurador, que tiene arancel, quedan fuera de ese tope. El juez puede además no imponerlas si el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

La justicia gratuita cubre a quien no tiene patrimonio suficiente y no supera cierto umbral de ingresos. Para quien vive solo, el umbral de ingresos es dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples. Es la cantidad de referencia que usa el Estado para conceder ayudas. En 2026 eso da entre 14.400 y 16.800 euros brutos al año, según se cuenten o no las pagas extraordinarias, por debajo del salario mínimo de ese año.¹⁹ Hay quien la tiene sin mirar los ingresos: las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata, en los procesos que se derivan de ello, y los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social en el orden social. La justicia gratuita da abogado y procurador de oficio, y quien pierde no paga las costas salvo que mejore de fortuna en los tres años siguientes. Quien gana sin que condenen en costas al contrario paga a su abogado y a su procurador, con un tope de un tercio de lo que obtenga.²⁰

Con datos de 2020 del Consejo de Europa, España era el país europeo que más asuntos de justicia gratuita atendía: casi cinco veces la media por habitante. Con los de 2022 seguía en cabeza, y era de los que menos pagaban por cada uno: 167 euros frente a una media de 631, poco más de la cuarta parte, y una mediana de 320, la mitad (figura 69).²¹

Esa gratuidad se sostiene sobre el turno de oficio, que atiende muchos asuntos a poco precio. Según el Consejo General de la Abogacía, en 2025 se presentaron 1,15 millones de solicitudes de justicia gratuita, y los abogados inscritos en el turno bajaron de 45.275 en 2020 a 38.871.²²

Entre quien tiene justicia gratuita y quien puede pagar un pleito queda una franja de renta que no tiene ni lo uno ni lo otro. Quien vive solo y cobra el salario mínimo de 2026, 17.094 euros al año, ya supera el umbral de la justicia gratuita. Si reclama tres mil euros y va a juicio, necesita abogado y procurador propios. Y si pierde, paga además hasta mil euros por el abogado y los peritos del contrario, un tercio de lo que reclamaba. Ahí es donde la justicia no llega por dinero.

El intento previo de acuerdo: la reforma de 2025

Desde 2025, para demandar en un asunto civil hay que acreditar antes un intento de solución extrajudicial, salvo en las excepciones que fija la ley. La ley llama a esas vías medios adecuados de solución de controversias, MASC por sus siglas. Entre ellos están:

• la negociación entre las partes;
• la mediación;
• la conciliación;
• la oferta vinculante, que obliga a quien la hace si la otra parte la acepta.

La idea de la reforma es que el juez sea el último recurso.

La reforma admite dos lecturas. Según sus defensores, donde la mediación previa funciona, la litigiosidad baja.²³ Según sus críticos, exigir un intento previo a quien ya sabe que la otra parte no va a negociar añade un mes y un coste a un pleito que iba a ocurrir igual.²⁴

Ya hay un primer dato. El requisito entró en vigor el 3 de abril de 2025. En 2025, según el Consejo General del Poder Judicial, las demandas de divorcio sin acuerdo entre los cónyuges cayeron un 24,7% y las de guarda y custodia de hijos no matrimoniales, un 21,8%. La Asociación Española de Abogados de Familia atribuye la caída al requisito y la llama un desplome «nunca visto».²⁵

Si los pleitos se estuvieran convirtiendo en pactos, crecerían los acuerdos, y las demandas de mutuo acuerdo presentadas en los juzgados no crecieron: los divorcios de mutuo acuerdo bajaron un 3% y las custodias pactadas subieron un 0,8%.²⁶ Los acuerdos alcanzados fuera del juzgado no los recoge la estadística judicial.

En el primer trimestre de 2026, las demandas sin acuerdo seguían un 26,9% por debajo de un año antes, aunque la asociación ve una vuelta gradual a los niveles anteriores. Las de mutuo acuerdo bajaron un 5,5%.

Estos datos tienen tres límites: cubren un año, tratan una sola materia y la causa la atribuye una asociación de parte. Lo que describen es un embudo: el trámite previo retiene demandas antes de que lleguen al juzgado. Si además hay acuerdos donde antes había pleitos, todavía no se sabe.

Cuando la lentitud vulnera un derecho

La Constitución garantiza un proceso «sin dilaciones indebidas» (artículo 24.2). La doctrina del Tribunal Constitucional sobre ese derecho se remonta a 1981. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por vulnerarlo, y en 1989 rechazó que la sobrecarga estructural de un órgano exonere al Estado.²⁷

El ordenamiento prevé dos consecuencias para esa lentitud. En lo penal, una atenuante de dilaciones indebidas rebaja la pena, como cuenta el capítulo 5.3, sobre delito y castigo. En lo civil y contencioso, quien demuestre el daño puede reclamar una indemnización por funcionamiento anormal de la justicia (artículo 121). Las dos vías compensan la lentitud cuando ya se ha producido; ninguna la evita.

La ejecución quedó como un apéndice del pleito. El proceso civil español, heredero de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, gira en torno a declarar quién tiene razón. Cobrar es un trámite posterior del mismo juzgado. La ley de 2000 reformó la ejecución, pero la dejó en ese juzgado.

Hacienda tiene una vía propia. La Constitución da a juzgados y tribunales la potestad jurisdiccional, «juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado» (artículo 117.3). Pero la Ley General Tributaria declara el apremio de Hacienda «exclusivamente administrativo» (artículo 163), y por eso embarga sin pasar por un juez.²⁸ Un particular no tiene ese atajo: su sentencia la ejecuta el juzgado que la dictó.

Y ese juzgado tampoco controla sus medios. La transferencia de medios a las comunidades, escalonada entre finales de los ochenta y 2011, dejó sus ordenadores y su personal de tramitación en manos de los gobiernos autonómicos que la recibieron. De ahí que haya varias justicias digitales.