La Unión Europea
La Unión Europea es un nivel de gobierno del que España forma parte: sus leyes las aprueban el Parlamento Europeo y el Consejo, donde vota un ministro español, aunque pueda quedar en minoría.
La frase final
Al final de cada reglamento de la Unión Europea, antes de las firmas, hay una frase que se repite casi siempre igual. El reglamento es la clase de norma europea que se aplica tal cual en cada país:
«El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.»
Dice que ese texto, aprobado en Bruselas y Estrasburgo, rige en Cáceres desde la fecha que indica. Las Cortes (el Congreso y el Senado) no lo votan, y su única publicación es la del Diario Oficial de la Unión. Las leyes españolas las sanciona el Rey. Este texto no lo sanciona nadie en España, y obliga igual que una ley.
La fórmula no dice qué pasa si el reglamento choca con una ley española. Lo decide la primacía, una regla que fijó el Tribunal de Justicia de la Unión en 1964. La ley no se anula y sigue en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pero un juez de Cáceres debe dejarla sin aplicar en lo que choque, sin esperar a que otro tribunal lo decida.1
Los reglamentos legislativos, como el de las compensaciones por retraso aéreo, los propone la Comisión Europea. Los aprueban el Parlamento Europeo y el Consejo, donde vota un ministro español.
Quién decide qué
El artículo 13 del Tratado de la Unión enumera siete instituciones. La séptima, el Tribunal de Cuentas, solo revisa cómo se gasta el dinero. Las otras seis se reparten el poder así:
- La Comisión Europea tiene veintisiete comisarios, uno por Estado. Casi ninguna norma existe si la Comisión no la propone (es el monopolio de la iniciativa), y además vigila que los Estados cumplan. No aprueba las leyes. Cuando una ley la habilita, dicta las normas técnicas que la desarrollan, pero no por su cuenta: los actos de ejecución pasan por comités de funcionarios de los Estados, y los delegados los pueden vetar el Parlamento o el Consejo. Decide sobre la competencia entre empresas, con multas incluidas.2
- El Consejo de la Unión Europea reúne a los ministros de los Estados, por materias. Es donde está el voto español. Casi todo se aprueba por mayoría cualificada: el 55% de los Estados, que han de representar el 65% de la población. Un Estado puede quedar en minoría y obligado igual, y para bloquear hacen falta al menos cuatro Estados. En impuestos, parte de la seguridad social, política exterior, ampliaciones y el marco presupuestario de siete años se exige unanimidad, y ahí cada Estado tiene veto.3
- El Parlamento Europeo se elige directamente. España tiene sesenta y un diputados de setecientos veinte, y en la mayoría de las materias legisla a la par con el Consejo.4
- El Consejo Europeo reúne a los jefes de Estado o de Gobierno, con su presidente y quien preside la Comisión; participa también el Alto Representante para Asuntos Exteriores.5 No legisla; fija orientaciones. Es la cumbre que sale en las noticias.
- El Tribunal de Justicia, en Luxemburgo, interpreta el derecho de la Unión para todos los Estados, y sus sentencias obligan a los jueces españoles. No hay que confundirlo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que está en Estrasburgo, pertenece al Consejo de Europa (una organización más amplia que la Unión) y no anula normas. La figura 47 los compara.
- El Banco Central Europeo, en Fráncfort, fija los tipos de interés del euro sin instrucciones de ningún gobierno.6 En su Consejo de Gobierno se sientan los seis miembros de su dirección y los gobernadores de los bancos centrales de los países del euro, entre ellos el del Banco de España.7
Esa lista no dice con qué frecuencia se vota en contra en el Consejo. Entre 2010 y 2023, más del 80% de las votaciones públicas del Consejo terminaron sin ningún voto en contra. En el curso que va de julio de 2025 a julio de 2026, España votó en contra cinco veces. Solo Hungría lo hizo más, y Suecia votó en contra las mismas cinco veces.8
Casi todo sale sin votos en contra por el sitio donde se negocia. Lo que vota el ministro llega casi siempre cerrado. Primero lo trabajan los funcionarios de los ministerios en los grupos de trabajo del Consejo. Después pasa al Comité de Representantes Permanentes, donde se sientan los embajadores de cada Estado ante la Unión. Con el Parlamento, el texto se pacta en trílogos, reuniones informales de las tres instituciones. En la legislatura europea de 2019 a 2024 hubo 973, y el 86% de las propuestas se aprobó en primera lectura.9
- 1Comisión: proponeConsultas, evaluación de impacto. Influye la embajada española ante la Unión
- 2Parlamento EuropeoVotan 61 eurodiputados españoles
- 2ConsejoVota el ministro español del ramo. Parlamento y Consejo negocian hasta un texto común
- 3Diario OficialReglamento: rige tal cual · Directiva: plazo para trasponer
Qué decide Europa y qué no
Los tratados reparten las materias, las llamadas competencias, entre la Unión y los Estados en tres clases. De la clase depende quién pone la regla que rige en España:
- Las exclusivas. Cubren pocas materias, y muy grandes: aduanas, comercio exterior, competencia, política monetaria para el euro y conservación de los recursos biológicos marinos. En ellas legisla solo la Unión.
- Las compartidas. Abarcan el mercado interior, el medio ambiente, la agricultura, el transporte, la energía, el consumo y la justicia e interior. Los Estados legislan en lo que la Unión no ha regulado.
- Las de apoyo. En sanidad, educación, cultura o industria la Unión solo puede apoyar y coordinar lo que hacen los Estados.
La Unión, además, casi no tiene aparato propio. Apenas gestiona servicios y no recauda impuestos directos. Su único cuerpo uniformado es el de guardias de fronteras de Frontex, desde 2021. Hay excepciones recientes, como la Fiscalía Europea, que desde junio de 2021 persigue en España los delitos contra los intereses financieros de la Unión, como el fraude con sus fondos y el fraude grave del impuesto sobre el valor añadido (IVA).10
La Unión regula; los Estados ejecutan y pagan. Fija el estándar de los alimentos, las emisiones de los coches, los derechos de los pasajeros y la privacidad de los datos. Todo eso lo aplica un funcionario español. El ciudadano ve al funcionario que aplica la norma, no a la Unión que la dictó.
La norma europea llega por uno de dos caminos (figura 45). El reglamento rige tal cual, como el de las compensaciones aéreas. La directiva fija un resultado, y cada Estado tiene un plazo para convertirla en una norma propia, una ley o un real decreto, lo que se llama trasponer. Algunas dejan margen para ir más allá y otras lo prohíben, según lo diga cada una. La de compraventa de bienes no permite al Estado proteger más ni menos al consumidor, salvo donde ella lo autoriza. Una de esas excepciones es el plazo. La directiva fija en dos años la garantía legal de los bienes que se compran, y España la alargó a tres.11
El Parlamento Europeo, y qué hace un eurodiputado español
Los 61 eurodiputados españoles se eligen en una sola circunscripción para todo el país. No hay barrera legal, es decir, un mínimo de votos para obtener escaño. Eso hace del sistema de las europeas el más proporcional de los cinco que rigen en España, como cuenta el capítulo 1.4, sobre el voto. En la cámara los diputados se sientan por grupos políticos europeos, no por países.
El Parlamento tiene tres poderes:
- Legislar. En la mayoría de las materias, una norma europea necesita su voto y el del Consejo en pie de igualdad, en el llamado procedimiento legislativo ordinario. No puede proponer leyes: la iniciativa es de la Comisión.
- Decidir el presupuesto, también a partes iguales con el Consejo.
- Controlar a la Comisión. Elige a quien la preside, a propuesta del Consejo Europeo y teniendo en cuenta las elecciones, aprueba después el colegio de comisarios entero y puede obligarlo a dimitir con una moción de censura.12
Esa moción es muy difícil: exige dos tercios de los votos emitidos que sean, además, mayoría de los miembros de la cámara. Ninguna ha prosperado. La más cercana fue la de 1999. La Comisión que presidía Jacques Santer la superó, pero acabó dimitiendo en bloque ese mismo año por los casos de fraude e irregularidades que la habían motivado.13
Para un votante español, esos tres poderes significan algo concreto. Su voto en las europeas decide una cámara que no gobierna, pero sin la que no se aprueba casi nada. Y esa cámara elige a la Comisión, que es quien propone las normas.
El dinero: cuánto se pone y cuánto vuelve
El presupuesto de la Unión es pequeño para lo que regula. Se aprueba en marcos de siete años. El de 2021-2027 ronda el 1,1% de la renta nacional bruta (RNB), la renta total de los veintisiete. El gasto público español, en cambio, supera el 45% del producto interior bruto (PIB) de 2025.14 La Unión se financia con lo que los tratados llaman recursos propios. Son los aranceles de las aduanas, una parte del impuesto sobre el valor añadido (IVA), desde 2021 una contribución por los envases de plástico no reciclados y, sobre todo, una cuota de cada Estado según su renta.
Para ver lo que España gana o pierde se cuenta el presupuesto ordinario. Queda fuera el plan de recuperación posterior a la pandemia, que se financia aparte, con deuda común. En 2022 España recibió 454 millones más de lo que aportó, menos de diez euros por habitante. Desde 2023 aporta más de lo que recibe. En 2025, el último año publicado, la diferencia fue de 3.670 millones, unos setenta y cinco euros por habitante.15
El dinero vuelve por tres cauces, dos ordinarios y uno excepcional.
La política de cohesión paga infraestructuras y programas en las regiones menos ricas. Se reparte por renta. La ayuda más intensa va a las regiones por debajo del 75% del PIB por habitante medio de la Unión. El Fondo de Cohesión va solo a los Estados por debajo del 90% de la renta media. España ha recibido, según la Comisión Europea, más de 150.000 millones de euros desde 1986 por la política de cohesión en conjunto. Con parte de ese dinero se pagaron obras que hoy se dan por hechas, entre ellas tramos de la alta velocidad.16
La ampliación de 2004 bajó la renta media de la Unión. Varias regiones españolas quedaron por encima del umbral del 75%, algunas solo por ese cambio de la media. Desde el marco 2014-2020, además, España ya no recibe el Fondo de Cohesión.17 Por eso el saldo a su favor bajó desde el marco 2007-2013 y quedó cerca del equilibrio desde 2014. De 2023 a 2025 fue negativo y pequeño, como muestra la figura 46.
La política agrícola común paga ayudas directas a los agricultores y desarrollo rural. En el marco 2021-2027 trae a España más que la cohesión, unos 48.000 millones frente a unos 37.000, aunque 13.700 de los 48.000 son de los dos años de transición, 2021 y 2022.18
El plan de recuperación posterior a la pandemia, el cauce excepcional, funciona de otra manera. Una parte llega en transferencias, que no se devuelven, y otra en préstamos. La Comisión paga por resultados. España se compromete a reformas e inversiones con hitos, y la Comisión los verifica. Cada pago llega solo por los que se acreditan. Así, el sexto pago del plan llegó recortado por tres objetivos pendientes, que pasaron al séptimo y último.
En diciembre de 2025 el Gobierno renunció a la mayor parte de los préstamos, que ya no salían más baratos que la deuda del Tesoro. El plan quedó en torno a 102.000 millones: unos 80.000 en transferencias y 22.800 en préstamos, cifras redondeadas. El Gobierno cuenta 101.300 asignados con la última solicitud, porque cada pago descuenta la prefinanciación. Hasta agosto de 2026 España había cobrado unas tres cuartas partes del plan.19 El 30 de septiembre, último día del plazo de solicitud, pidió el séptimo y último pago, de 25.861 millones. La Comisión tiene hasta el 31 de diciembre para pagarlo.20
El marco siguiente, el de 2028-2034, está en negociación. La propuesta de la Comisión recorta la agricultura en términos reales y reserva dinero para empezar a devolver la deuda del plan de recuperación. España firmó en mayo de 2026, con quince Estados más, una declaración contra los recortes a la cohesión y a la agricultura. Como el marco exige unanimidad, esa decisión no puede aprobarse sin su voto.
En junio de 2026 la presidencia chipriota del Consejo presentó una primera propuesta de marco con cifras, un 2% por debajo de la de la Comisión. La presidencia irlandesa prepara otra para el Consejo Europeo de octubre.21
Con el dinero de la primera etapa se construyó buena parte de las autovías y de la alta velocidad que hoy se dan por hechas. Las barras miden la duración de cada etapa; en la tercera hubo años de saldo negativo, como 2017, 2019 y los de 2023 a 2025. Saldo de un solo año, 2025: −3.670 millones €, sin el plan de recuperación. Del plan, que va aparte, 78.000 millones € cobrados en cinco años, hasta agosto de 2026.
Lo que la Unión hace por el ciudadano
Buena parte de lo que un español da por hecho tiene origen europeo, como dos derechos de quien viaja.
El primero empieza en una puerta de embarque. Un pasajero llega a su destino cuatro horas más tarde de lo previsto. Si el retraso no se debe a circunstancias extraordinarias, como una tormenta o un cierre del espacio aéreo, la compañía le debe una compensación fija. Depende sobre todo de la distancia:
- 250 euros hasta 1.500 kilómetros.
- 400 euros entre 1.500 y 3.500 kilómetros, y en cualquier vuelo de más de 1.500 kilómetros dentro de la Unión.
- 600 euros en los demás vuelos largos.
El reglamento de 2004 solo preveía esa compensación para cancelaciones y denegaciones de embarque. En 2009, el Tribunal de Justicia decidió que un retraso de tres horas o más a la llegada equivale a una cancelación a esos efectos.22 El derecho se exige a la compañía, y la autoridad aérea nacional y los tribunales lo hacen cumplir.
La reforma del reglamento, publicada en octubre de 2026 y aplicable desde octubre de 2027, mantiene las tres horas de retraso y las tres cuantías.23 La compensación por retraso es un derecho que no votó ningún parlamento español. Lo amplió un tribunal de Luxemburgo. Ahora lo recoge un reglamento pactado por el Parlamento Europeo y el Consejo, donde vota un ministro español.
El segundo se nota al cruzar una frontera con el móvil. Desde el 15 de junio de 2017, llamar, mandar mensajes o usar datos en otro país de la Unión cuesta lo mismo que en casa. En 2022 la regla se prorrogó hasta 2032.24
El resto de lo que la Unión hace por el ciudadano es igual de invisible:
- Los datos personales. Cualquiera puede pedir los que una empresa guarda sobre él, y, con las excepciones del artículo 17 del Reglamento general de protección de datos, que los borre.
- La tarjeta sanitaria europea. Da derecho, durante una estancia temporal en otro Estado, a la asistencia de su sanidad pública que no puede esperar a la vuelta, en las condiciones de sus asegurados. No sirve para ir a tratarse fuera.25
- La libre circulación. Un español puede residir y trabajar en cualquiera de los otros veintiséis Estados; para residir más de tres meses sin trabajar, el artículo 7 de la Directiva 2004/38 pide recursos suficientes y seguro de enfermedad.
La mayor parte de lo que hace la Unión es regulación de detalle cuyo origen europeo no se nota.
La Unión es lo que es por una decisión de origen: integrar por la economía porque no había acuerdo para integrar por la política. Los fundadores de los años cincuenta querían impedir otra guerra y no podían crear un Estado europeo. Así que crearon un mercado. Pensaban que la interdependencia haría la guerra imposible y la integración política, con el tiempo, inevitable.
El mercado funcionó; la integración política, solo en parte. La Unión tiene un mercado único, aunque sin completar, y un derecho que prevalece sobre el nacional. Tiene también una moneda para veintiún Estados.26 No tiene un gobierno, ni un presupuesto significativo, ni una política exterior única. Es un poder normativo sin un poder ejecutivo a su altura.
Ese desequilibrio se ve en las crisis. La Unión tuvo moneda común sin un presupuesto para sostener a un Estado en apuros. Ha tenido que improvisar el instrumento en cada una, de los fondos de rescate de 2010 y 2012 al plan de recuperación de 2020.
España entró en 1986 con dos motivos claros. Para la democracia recién nacida, pertenecer a Europa era una garantía de que no habría vuelta atrás y una fuente de dinero para modernizarse. Las dos cosas se cumplieron, y el apoyo español a la pertenencia está por encima de la media. En la primavera de 2026, el 79% de los españoles la consideraba beneficiosa, frente al 74% en el conjunto de la Unión.27
| Tribunal de Justicia de la UE | Tribunal Europeo de Derechos Humanos | |
|---|---|---|
| Sede | Luxemburgo | Estrasburgo |
| Organización | Unión Europea · 27 Estados | Consejo de Europa · 46 Estados |
| Qué aplica | El derecho de la Unión | El Convenio Europeo de Derechos Humanos |
| Quién acude | Jueces nacionales (cuestión prejudicial), Comisión, Estados | Cualquier persona, tras agotar la vía interna |
| Efecto de su sentencia | Obliga a inaplicar la norma española contraria | Obliga a reparar; no anula la norma |
| Estados miembros | 27 | 21 de ellos en el euro desde 2026 |
| Eurodiputados españoles | 61 | De 720 en la legislatura 2024-2029 |
| Compensación por un retraso de tres horas o más | 250 a 600 € | Según la distancia del vuelo |
| Mayoría cualificada en el Consejo | 55% Estados · 65% población | Un Estado puede quedar en minoría y obligado |
| Presupuesto de la Unión | ~1,1% de la RNB | Marco 2021-2027; el gasto público español supera el 45% del PIB |
| Aportación española al presupuesto europeo | 15.182 M€ en 2025 | Recibió 11.511; saldo de −3.670, sin el plan de recuperación |
| Año de adhesión de España a la Unión | 1986 | Al euro, en 1999 |
| Fondos de recuperación asignados a España | ~102.000 M€ | Unos 80.000 en transferencias y 22.800 en préstamos (cifras redondeadas), tras renunciar a más de 60.000 de crédito en diciembre de 2025 |
| Recibido del plan de recuperación | 78.000 M€ hasta agosto de 2026 | El 76,5% del plan, entre anticipos y seis pagos; el séptimo y último pago, de 25.861 brutos, pedido el 30 de septiembre de 2026 |
| Propuesta de marco 2028-2034 | 1,76 billones € | A precios de 2025; 1,26% de la RNB; 149.300 millones para devolver la deuda del plan; la agricultura, en torno a un 9% menos |
| Expedientes de infracción del mercado único pendientes contra España | 48 en 2025 | El mayor número de la Unión; Italia, 44 |
| Estados del Consejo de Europa (TEDH) | 46 | No es la Unión Europea |
Los Estados difieren en cuánto condicionan al ministro que va a votar en el Consejo:
- Alemania. El Gobierno tiene que tener en cuenta la posición del Bundesrat, la cámara de los Länder (los estados federados), cuando la norma europea toca competencias de estos; en educación escolar, cultura y radiotelevisión cede la negociación a un representante que nombra el Bundesrat (artículo 23 de la Ley Fundamental). - Dinamarca. Exige a sus ministros, por una práctica que viene de 1973, un mandato de una comisión parlamentaria antes de votar en el Consejo.28 - Austria. Fija ese control en su Constitución: si el Consejo Nacional, la cámara baja, se pronuncia sobre una propuesta legislativa europea, el ministro queda vinculado al negociar y al votar, salvo por razones imperiosas de integración y de política exterior (artículo 23e).29 - España. Tiene una comisión mixta Congreso-Senado cuyo control es posterior y débil.30
Las comunidades autónomas tienen un consejero en la delegación española en cinco formaciones del Consejo (sus reuniones por materias), en cuatro de ellas desde 2004. Tienen también una consejería propia en la representación permanente, que es la embajada de España ante la Unión. No tienen voto: la posición es una y la fija el Gobierno.31 El Gobierno negocia en Bruselas con más libertad que el danés o el austriaco, y rinde cuentas después. Tras cada Consejo Europeo, la Ley 8/1994 lo obliga a comparecer ante el Pleno del Congreso (artículo 4).32
Falta mirar el otro lado: cómo cumple España lo que la Unión le exige. El marcador del mercado único de 2025 la sitúa entre los nueve Estados con un déficit alto de directivas sin trasponer y otro de directivas mal traspuestas. Además encabeza la lista de expedientes de infracción del mercado único pendientes, con 48, por delante de Italia, con 44.33
El coste de no cumplir es doble. Por un lado están las multas. En 2021 el Tribunal de Justicia impuso quince millones más 89.000 euros al día por una directiva de datos con casi tres años de retraso.34 Por otro, hay ciudadanos que esperan derechos que ya deberían tener.
Ante Bruselas responde siempre el Estado, aunque quien incumpla sea una comunidad o un ayuntamiento. La depuración de aguas residuales es competencia propia de los ayuntamientos. En 2018 le costó a España una multa de 12 millones más 10,95 millones por cada semestre de retraso.35 Desde 2011, y hoy por la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2012, el Estado puede repercutir la multa a la administración que incumplió y descontársela de lo que le transfiere.36
¿Ha cedido España demasiada soberanía?
Decisiones sobre moneda, presupuesto, fronteras y regulación económica se toman en un nivel donde España es un voto entre veintisiete. El Parlamento queda lejos, y a la Comisión el votante solo la elige de forma indirecta. El ciudadano no puede cambiar con su voto la política monetaria que fija el coste de su hipoteca. Y las elecciones europeas no echan a un gobierno como las generales.
La soberanía formal sobre la moneda o el comercio era, para un país del tamaño de España, ilusoria frente a los mercados. Compartirla le ha dado una influencia y una estabilidad que sola no tendría. Y todo lo cedido lo ha sido por tratados ratificados por las Cortes.
¿Debe la deuda común convertirse en un instrumento ordinario?
Un bono de la Unión, el título con el que se pide prestado, puede pagar menos intereses que el de cada Estado por separado. Y da a la Unión un instrumento para las crisis que hoy tiene que improvisar en cada una. La Unión ya lo ha usado para el plan de recuperación, para los préstamos contra el paro de la pandemia, para los de defensa y para el de Ucrania.37 España propuso en julio de 2026 hacer ordinaria la deuda común. La Comisión emitiría, por cuenta de los Estados que se sumen, parte de lo que hoy emite cada uno, sin aumentar la deuda total. El Gobierno supone que esos bonos pagarían lo mismo que los alemanes. Con eso calcula para el conjunto un ahorro de intereses de más de 25.000 millones al año al cabo de cinco años.38
Los Estados llamados «frugales», los más reacios a ampliar el gasto común, recuerdan que el plan de recuperación fue excepcional por tratado. Su deuda hay que devolverla desde 2028 con cargo al presupuesto común, es decir, con dinero que dejará de ir a otras políticas. Y recuerdan que la evaluación intermedia del plan, en 2024, encontró sin terminar la mayoría de sus medidas. Eso, dicen, pesa contra hacer ordinario un instrumento cuyo impacto la evaluación dejó para 2028.
«Nos lo impone Bruselas.»
Cómo votóDepende de cómo votó el ministro español en el Consejo. Si votó en contra y perdió, la norma lo obliga igual. Si votó a favor, no se la impusieron: la negoció y la aceptó, a veces porque no podía frenarla. La pregunta útil es qué obtuvo a cambio. El Congreso no le fija la posición antes. Así, el ministro puede culpar después a Bruselas, como en las trasposiciones que cuenta el capítulo 2.1, sobre la jerarquía de las normas.
«Europa nos da mucho dinero.» / «España es contribuyente neto y no recibe nada.»
Con datosLa segunda es falsa: España recibe del presupuesto europeo unos 12.000 millones al año de media entre 2023 y 2025. Cuando ha aportado más de lo que recibía, como de 2023 a 2025, la diferencia no ha pasado del 0,22% de su renta. La primera vale sobre todo para las dos primeras décadas. El saldo bajó desde 2007 y quedó cerca del equilibrio desde 2014, como muestra la figura 46. El plan de recuperación va aparte y esa cuenta no lo incluye.
«El 80% de nuestras leyes vienen de Europa.» / «Solo el 15%.»
Qué se cuentaLas dos dependen de si se cuentan leyes, reglamentos, materias o páginas. Hay estudios reunidos en 2012 sobre nueve países, ocho de ellos de la Unión, que miden la legislación nacional de origen europeo. Dan entre el 10% y el 30%, según el país y el método.40 Esa cuenta mide la legislación nacional de origen europeo y no incluye los reglamentos, que se aplican sin ley nacional. Una cifra sin su método se elige por su efecto. Lo honesto es decir que en unas materias casi todo es europeo y en otras casi nada.
«El Tribunal Europeo ha condenado a España.»
Cuál de los dosHay dos tribunales europeos. El de Luxemburgo obliga a dejar sin aplicar normas españolas; el de Estrasburgo obliga a reparar, no a anular. El titular que no dice cuál de los dos es esconde lo que cambia la condena.
«Europa es la garantía de que en España se respetan las reglas.»
La defensa acríticaLa Unión tiene instrumentos para exigir que se respeten las reglas. Solo actúan si alguien los pone en marcha. Desde 2021 puede congelar fondos al país que vulnere el Estado de derecho. En diciembre de 2022 el Consejo suspendió unos 6.300 millones de los fondos de cohesión de Hungría.41 En España, la renovación del Consejo General del Poder Judicial estaba bloqueada desde 2018. Se pactó en 2024 ante la Comisión, como cuenta el capítulo 5.2, sobre el gobierno de los jueces.
Ante un juez español puedes invocar el derecho de la Unión, y el juez debe dejar sin aplicar la ley española contraria. Una administración puede negarte un derecho europeo al moverte entre países, como la residencia o el reconocimiento de un título. Para esos casos existe SOLVIT, una red de funcionarios nacionales que los trata sin coste mientras no estén en un tribunal. La queja a la Comisión puede abrir un expediente contra España, pero no resuelve el caso propio. El voto de cada Estado en el Consejo sobre los actos legislativos es público y está en la web del Consejo.
- Artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que da al reglamento la fórmula de la apertura, y que cada reglamento repite al final como «El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro» (por ejemplo, el Reglamento (UE) 2021/241), y artículo 297, que ordena publicarlo en el Diario Oficial de la Unión Europea. La primacía la formuló el Tribunal de Justicia en la sentencia Costa/ENEL (asunto 6/64, de 15 de julio de 1964), y el deber de todo juez nacional de dejar sin aplicar la ley interna contraria, sin esperar a que otro órgano la anule, en la sentencia Simmenthal (asunto 106/77, de 9 de marzo de 1978). Cómo la aceptó el Tribunal Constitucional lo cuenta el capítulo 2.1, sobre la jerarquía de las normas. ↩
- Artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: la Comisión adopta actos delegados, que completan o modifican elementos no esenciales de una ley cuando esta la habilita, que el Parlamento Europeo, por mayoría de sus miembros, o el Consejo, por mayoría cualificada, pueden vetar formulando objeciones o revocar la delegación (art. 290.2), y actos de ejecución, cuyo control por los Estados regula un reglamento (art. 291.3): el Reglamento (UE) 182/2011, según el cual la Comisión «estará asistida por un comité compuesto por representantes de los Estados miembros» (art. 3.2). En competencia, el Reglamento (CE) n.º 1/2003 le permite declarar infracciones e imponer multas de hasta el 10% del volumen de negocios de la empresa (artículo 23). ↩
- Artículo 16.4 del Tratado de la Unión Europea: mayoría cualificada es el 55% de los Estados miembros —quince de los veintisiete— que reúnan al menos el 65% de la población de la Unión. La minoría de bloqueo debe incluir al menos cuatro Estados, regla que impide que tres países grandes bloqueen por sí solos. Las materias que exigen unanimidad están tasadas en los tratados: fiscalidad, parte de la seguridad social, política exterior y de seguridad común, ampliación y el propio marco financiero plurianual. En seguridad social, la coordinación de los sistemas para los trabajadores que se desplazan se aprueba por el procedimiento legislativo ordinario, con un freno que permite a un Estado llevar el asunto al Consejo Europeo (artículo 48 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea); la unanimidad rige en la seguridad social y la protección social de los trabajadores del artículo 153.1.c) (Consejo de la Unión Europea, cómo vota el Consejo). ↩
- El Parlamento Europeo pasó de 705 a 720 escaños para la legislatura 2024-2029; de los quince añadidos, dos correspondieron a España, que pasó de 59 a 61 (resultados oficiales). La circunscripción española es única para todo el país y no hay barrera legal, como explica el capítulo 1.4, sobre el voto. ↩
- Artículo 15.2 del Tratado de la Unión Europea: «El Consejo Europeo estará compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su Presidente y por el Presidente de la Comisión». Participa en sus trabajos el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. ↩
- Artículo 130 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: ni el Banco Central Europeo ni los bancos centrales nacionales pueden recibir instrucciones de las instituciones de la Unión ni de los gobiernos. Cómo llegan sus tipos a la hipoteca lo cuenta el capítulo 4.3, sobre deuda, déficit y reglas fiscales. ↩
- Banco Central Europeo, Consejo de Gobierno: lo forman los seis miembros del Comité Ejecutivo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los países del euro. Entre ellos figura el gobernador del Banco de España. ↩
- Stiftung Wissenschaft und Politik, The State of Consensus in the EU, abril de 2024: en las más de 1.300 votaciones públicas del Consejo entre 2010 y septiembre de 2023, los Estados llegaron a un consenso, sin votos en contra aunque a veces con abstenciones, en casi el 83%. Para el curso 2025-2026, el recuento de Der (europäische) Föderalist, Council votes 2025/26, agosto de 2026: entre julio de 2025 y julio de 2026 hubo 97 votaciones públicas, 52 por unanimidad y 19 solo con abstenciones; España votó en contra cinco veces, las mismas que Suecia y solo por detrás de Hungría. Quedar en minoría, que suma votos en contra y abstenciones, le ocurrió a Hungría catorce veces y a Alemania siete; aun así, Hungría votó con el resto en el 84% de las votaciones. El voto de cada Estado en los actos legislativos es público (registro del Consejo). ↩
- Artículo 16.7 del Tratado de la Unión Europea: «Un Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros se encargará de preparar los trabajos del Consejo» (y art. 240 del Tratado de Funcionamiento). Micaela Del Monte, «Understanding trilogue: Parliament's rules and practices for reaching provisional agreement on legislation», Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, abril de 2025, con datos del informe de actividad de la legislatura: «973 trilogue meetings taking place during the term» y, en la novena legislatura (2019-2024), «86 % of proposals adopted at first reading»; 118 de los 415 expedientes del procedimiento ordinario se cerraron sin trílogo. ↩
- El cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, creado por el Reglamento (UE) 2019/1896, empezó a desplegarse en enero de 2021, y Frontex lo presenta como el primer y único servicio uniformado de la Unión (Frontex, Standing Corps). La Fiscalía Europea, creada por el Reglamento (UE) 2017/1939 en cooperación reforzada, investiga y lleva a juicio ante los tribunales nacionales los delitos que perjudican a los intereses financieros de la Unión, los de la Directiva (UE) 2017/1371 (artículo 22 del reglamento), con el fraude del IVA solo si es transfronterizo y de al menos 10 millones; empezó a actuar el 1 de junio de 2021, y España es uno de los Estados que participan. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- El mínimo europeo de dos años está en la Directiva (UE) 2019/771, sobre compraventa de bienes. Su artículo 4, «Nivel de armonización», prohíbe a los Estados mantener o introducir «disposiciones más o menos estrictas para garantizar un diferente nivel de protección de los consumidores, salvo que se disponga de otro modo en la presente Directiva», y su artículo 10.3 es una de esas excepciones: «los Estados miembros podrán mantener o adoptar plazos más largos». En España el plazo es mayor: el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, que traspuso la directiva, amplió la garantía legal de los bienes a tres años para las compras posteriores al 1 de enero de 2022, y elevó a dos años el plazo en que se presume que la falta de conformidad ya existía en la entrega. Para contenidos y servicios digitales el plazo sigue siendo de dos años. Otras normas europeas de uso diario: Reglamento (CE) 261/2004 (compensación por retrasos y cancelaciones aéreas), Reglamento (UE) 2022/612 (itinerancia) y Reglamento (UE) 2016/679 (protección de datos). ↩
- Parlamento Europeo, El Parlamento Europeo: competencias, fichas temáticas sobre la Unión: procedimiento legislativo ordinario con el Consejo en pie de igualdad, codecisión presupuestaria, elección del presidente de la Comisión teniendo en cuenta el resultado de las elecciones, aprobación colegiada de la Comisión tras las audiencias y moción de censura. El artículo 234 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea exige para esta última la mayoría de dos tercios de los votos emitidos que represente la mayoría de los miembros del Parlamento. ↩
- Artículo 234 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: la moción de censura contra la Comisión exige una mayoría de dos tercios de los votos emitidos que represente, además, la mayoría de los miembros del Parlamento. Parlamento Europeo, History: Fall of the Santer Commission. La Comisión Santer superó la moción de censura presentada a comienzos de 1999 y dimitió colectivamente en marzo de ese año. ↩
- El marco financiero plurianual 2021-2027 se sitúa en torno al 1,1% de la renta nacional bruta de la Unión —el 1,13% en su importe inicial, según la ficha temática del Parlamento Europeo sobre el marco financiero plurianual—, techo al que se sumó de forma temporal y extrapresupuestaria el instrumento NextGenerationEU. Frente a ese 1,1%, el gasto público español fue el 45,3% del PIB en 2025, según el capítulo «Un ejemplo: ¿De quién depende?», en la introducción. ↩
- Ministerio de Hacienda, Relaciones financieras entre España y la Unión Europea 2023, con los datos de 2022: aportación de 13.794 millones y retornos de 14.248,4, saldo de 454,4 a favor de España. La edición de 2024, la última consultada, da para 2023 una aportación de 13.585,3 millones y transferencias de 12.122,1, un saldo de −1.463,2 millones, el −0,10% de la renta nacional bruta (Relaciones financieras entre España y la Unión Europea 2024, con datos de los informes financieros de la Comisión). La Comisión, en sus datos de gasto e ingresos del presupuesto de 2000 a 2025, da las mismas cifras de 2022 y 2023 y, para España, una aportación de 13.255,5 millones y un gasto de 12.610,3 en 2024, un saldo de −645,2, y de 15.181,6 y 11.511,4 en 2025, un saldo de −3.670,2 millones, el −0,22% de la renta nacional bruta. En la serie de Hacienda, el saldo operativo, sin el gasto administrativo, también fue negativo en 2017 (−69 millones) y en 2019 (−664). Los recursos propios son los aranceles de la unión aduanera, un porcentaje de la base del IVA, desde 2021 una contribución por los envases de plástico no reciclados y, sobre todo, la cuota en proporción a la renta nacional bruta, que cubre lo que falta. ↩
- Comisión Europea, 40 años juntos: España: habla de más de 150.000 millones de euros en fondos de cohesión desde 1986, sin desglosar qué instrumentos suma la cifra, de «fuertes inversiones en infraestructuras locales» y de casi 384 millones de euros invertidos entre 2007 y 2013 en tramos ferroviarios importantes, como la línea Madrid-Galicia. ↩
- El Fondo de Cohesión se reserva a los Estados cuya renta nacional bruta por habitante no llega al 90% de la media de la Unión, y en el marco 2014-2020 España ya no estaba entre ellos (Ministerio de Hacienda, Relaciones financieras entre España y la Unión Europea 2024, pág. 40, para el umbral del 90% de la renta nacional bruta por habitante en paridades de poder adquisitivo). Tras la ampliación de 2004, las regiones que no llegaban al 75% del PIB por habitante medio de la Unión de quince, pero sí al de la Unión de veinticinco, pasaron a una ayuda transitoria de salida por el llamado efecto estadístico (Ministerio de Hacienda, Dirección General de Fondos Europeos). Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Comisión Europea, 40 años juntos: España: más de 150.000 millones de euros en fondos de cohesión desde 1986, sin desglosar qué instrumentos suma la cifra (no es solo el Fondo de Cohesión, que el capítulo define aparte). Para 2021-2027, el Acuerdo de Asociación aprobado por la Comisión en noviembre de 2022 asigna a España 36.682 millones entre el FEDER, el FSE+, el Fondo de Transición Justa y el FEMPA. Para la política agrícola común, el Ministerio de Agricultura da 47.724 millones de fondos europeos para 2021-2027: 13.730 de los dos años de transición, 2021 y 2022, y el resto para 2023-2027, el periodo del Plan Estratégico de la PAC, que la Comisión aprobó el 31 de agosto de 2022. El titular del Ministerio atribuye la cifra entera al Plan, pero incluye los dos años de transición. ↩
- Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la adenda aprobada por la Comisión en octubre de 2023: 163.000 millones, 80.000 en transferencias y 83.000 en préstamos. La adenda de simplificación que aprobó el Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2025 mantuvo el 100% de las transferencias, en torno a 80.000 millones, y bajó los préstamos a unos 22.800: según el Gobierno, cuando se puso en marcha el plan esos préstamos eran más baratos que financiarse a través del Tesoro, y ya apenas había diferencia. Con el sexto desembolso, de 6.234 millones en agosto de 2026 (5.226 en transferencias y 1.008 en préstamos), España había recibido 78.000 millones, el 76,5% del plan vigente (Ministerio de Hacienda, 11 de agosto de 2026; la Comisión Europea redondea el desembolso en 6.230). La sexta solicitud la aprobó la Comisión solo en parte, por 5.700 millones: dio por cumplidos 51 hitos y 22 de sus 25 objetivos, y los tres pendientes se reformularon en una adenda técnica para incorporarlos al séptimo pago. La última solicitud, con plazo hasta el 30 de septiembre de 2026, debía acreditar 148 hitos y objetivos para pedir 21.462 millones en transferencias y 4.400 en préstamos. Son importes brutos: el artículo 13 del Reglamento (UE) 2021/241 descuenta de cada pago la parte proporcional de la prefinanciación, y por eso lo ya cobrado más esa solicitud supera el plan. Con ese último pago, según Hacienda, lo recibido pasaría de 100.000 millones antes de que acabe 2026. Las cifras del plan difieren según el criterio: 80.000 y 22.800 suman 102.800; el 76,5% que da Hacienda equivale a unos 102.000; y La Moncloa (30 de septiembre de 2026) dice que con la última solicitud «los fondos asignados en el PRTR alcanzarían los 101.300 millones», porque cada pago se calcula descontando la prefinanciación recibida al inicio. El libro usa «en torno a 102.000». ↩
- La Moncloa, «España culmina el Plan de Recuperación y presenta la última solicitud de pago por importe de 25.861 millones de euros», 30 de septiembre de 2026: 21.463 millones en transferencias y 4.398 en préstamos, brutos, por 148 hitos y objetivos, el 30% de los del plan; el calendario de cierre del Mecanismo fijaba el 31 de agosto de 2026 para cumplirlos, el 30 de septiembre para pedir el pago y el 31 de diciembre de 2026 para que la Comisión lo desembolse. Con este pago lo asignado en el plan llegaría a 101.300 millones. ↩
- Comisión Europea, propuesta de marco financiero plurianual 2028-2034, 16 de julio de 2025: 1,76 billones de euros a precios de 2025, el 1,26% de la renta nacional bruta, de los que 149.300 millones, el 8,5% del marco y el 0,11% de la RNB, se destinan a devolver la deuda de NextGenerationEU (Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, resumen de la propuesta; otro informe del mismo servicio). El recorte, «una reducción aproximada del 9% en la PAC y del 12% en la política de cohesión», lo calcula el Real Instituto Elcano (análisis). La declaración de los Amigos de la Cohesión, de 26 de mayo de 2026, la firman dieciséis Estados y dice que la cohesión, la agricultura y la pesca son las únicas políticas que se enfrentan a recortes en términos reales. El Consejo informal de Asuntos Generales de Dublín, el 3 y el 4 de septiembre de 2026, no avanzó, y la presidencia irlandesa anunció su versión de la «caja de negociación» para octubre (Agence Europe). La primera con cifras la había presentado la presidencia chipriota el 11 de junio de 2026: 1,73 billones de euros a precios constantes, «approximately 2%» menos que la propuesta de la Comisión; la irlandesa se ha comprometido a entregar una revisada antes del Consejo Europeo de octubre (nota de la Presidencia al Comité de Representantes Permanentes, documento 12922/26, de 14 de septiembre de 2026). Consultado en octubre de 2026. El marco se aprueba por unanimidad del Consejo, previa aprobación del Parlamento, según el artículo 312 del Tratado de Funcionamiento. ↩
- Reglamento (CE) n.º 261/2004, art. 7: compensación de 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros, 400 para los intracomunitarios de más de 1.500 y para los demás entre 1.500 y 3.500, y 600 para el resto. La sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 2009, asuntos acumulados C-402/07 y C-432/07 (Sturgeon), extendió el derecho a compensación a los retrasos de tres horas o más a la llegada. La Comisión recogió esa doctrina en sus directrices interpretativas del reglamento. ↩
- El Parlamento Europeo y el Consejo acordaron la reforma el 15 de junio de 2026, y el Consejo le dio su aprobación final el 13 de julio. La reforma modifica los Reglamentos (CE) 261/2004 y 2027/97: mantiene la compensación por cancelación o por un retraso de tres horas, con 250, 400 y 600 euros según la distancia, precisa qué son circunstancias extraordinarias y endurece las obligaciones de información y los plazos para contestar las reclamaciones. Se publicó en el Diario Oficial el 2 de octubre de 2026 como Reglamento (UE) 2026/2202: entra en vigor el 22 de octubre de 2026 y se aplica desde el 23 de octubre de 2027. ↩
- Reglamento (UE) 2022/612, que prorrogó hasta 2032 la itinerancia sin recargo en vigor desde el 15 de junio de 2017. Véanse el Parlamento Europeo y la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, Itinerancia como en casa: preguntas frecuentes. ↩
- Comisión Europea, Tu Europa, «Asistencia sanitaria durante una estancia temporal»: con la tarjeta sanitaria europea, «tienes derecho a las prestaciones sanitarias que no puedan esperar hasta que regreses a tu país», con «los mismos derechos a la asistencia sanitaria que los ciudadanos asegurados en ese país», y solo con proveedores del sistema público; «la TSE no cubre los tratamientos programados en otro país de la UE», que tienen su propio cauce en la Directiva 2011/24/UE. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Bulgaria adoptó el euro el 1 de enero de 2026, en virtud de la Decisión (UE) 2025/1407 del Consejo, de 8 de julio de 2025, con un tipo de conversión de 1,95583 levas por euro; es el vigesimoprimer Estado de la zona euro (Consejo de la Unión Europea). ↩
- Eurobarómetro del Parlamento Europeo de la primavera de 2026 (oficina del Parlamento en Barcelona, julio de 2026): el 79% de los españoles considera beneficiosa la pertenencia, frente al 74% del conjunto de la Unión, que iguala el máximo de enero y febrero de 2025. En el Eurobarómetro estándar 105, de la Comisión, con trabajo de campo del 12 de marzo al 5 de abril de 2026, casi tres cuartos de los europeos creen que su país se ha beneficiado (Representación de la Comisión en Chipre, 8 de mayo de 2026); para España, el 65% es optimista sobre el futuro de la Unión, seis puntos más que la media, y la imagen positiva de las instituciones se queda en el 50%, dos puntos por debajo de la media. ↩
- La Comisión de Asuntos Europeos del Folketing danés otorga a los ministros un mandato negociador antes de cada Consejo, práctica establecida desde la adhesión de 1973. Para la descripción comparada, Katrin Auel, Olivier Rozenberg y Angela Tacea, «To Scrutinise or Not to Scrutinise? Explaining Variation in EU-Related Activities in National Parliaments», West European Politics, 38(2), 2015, págs. 282-304. ↩
- Austria, Ley Constitucional Federal (Bundes-Verfassungsgesetz), artículo 23e, apartado 3: si el Consejo Nacional ha emitido un dictamen sobre una propuesta de acto vinculante de la Unión que afecte a materias de ley federal, el ministro competente solo puede apartarse de él al negociar y al votar por razones imperiosas de política de integración y exterior; si quiere apartarse, tiene que volver a consultar al Consejo Nacional, y después de la votación le informa y le explica los motivos. Alemania: Ley Fundamental, artículo 23, apartados 5 y 6. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Katrin Auel, Olivier Rozenberg y Angela Tacea, «To Scrutinise or Not to Scrutinise?», West European Politics, 38(2), 2015: primera base de datos comparativa de la actividad europea de los parlamentos nacionales, en la que la Comisión Mixta para la Unión Europea española aparece en el grupo de menor intensidad de escrutinio. Marco legal: Ley 8/1994, modificada por la Ley 24/2009, de adaptación al Tratado de Lisboa, y por la Ley 38/2010. ↩
- Acuerdos de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas de 9 de diciembre de 2004, publicados por Resolución de 28 de febrero de 2005: una Consejería para Asuntos Autonómicos en la Representación Permanente y un consejero autonómico en la delegación española en cuatro formaciones del Consejo (Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores; Agricultura y Pesca; Medio Ambiente; Educación, Juventud y Cultura), ampliadas en 2009 a Competitividad, en materia de consumo, y en 2010 al juego (Ministerio de Política Territorial). El consejero habla en nombre de todas las comunidades y por turno; el voto es del ministro. ↩
- Artículo 4 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea: el Gobierno comparece ante el Pleno del Congreso de los Diputados después de cada Consejo Europeo, ordinario o extraordinario, para informar de lo decidido y debatirlo con los grupos parlamentarios. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Comisión Europea, Single Market and Competitiveness Scoreboard, periodo de diciembre de 2024 a noviembre de 2025: la media de la Unión de directivas del mercado único sin trasponer en plazo es del 1,1%, por encima del objetivo del 1%; Bulgaria, Alemania, España, Francia, Italia, Hungría, Países Bajos, Austria y Polonia combinan un déficit alto de trasposición con otro de conformidad, y España encabeza los expedientes de infracción del mercado único pendientes, con 48, seguida de Italia (44), Hungría (41) y Polonia (38). ↩
- Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de febrero de 2021, Comisión/España (C-658/19): 15 millones de euros a tanto alzado y 89.000 euros por día de retraso por no haber traspuesto la Directiva (UE) 2016/680, sobre datos personales en el ámbito penal, cuyo plazo venció el 6 de mayo de 2018: a la fecha de la sentencia, el retraso era de casi tres años. ↩
- Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2018, Comisión/España (C-205/17), sobre recogida y tratamiento de las aguas residuales urbanas (Directiva 91/271/CEE): una suma a tanto alzado de 12 millones de euros y una multa coercitiva de 10.950.000 euros por cada semestre de retraso en cumplir la sentencia de 2011 que ya había declarado el incumplimiento. La evacuación y el tratamiento de aguas residuales es competencia propia de los municipios (art. 25.2.c de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local). ↩
- Desde 2011 lo preveía la disposición adicional primera de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que generalizaba, según su preámbulo, «la regulación ya presente en parte de la normativa sectorial»; la derogó el Real Decreto-ley 7/2013, y hoy lo recoge la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: las administraciones que, en el ejercicio de sus competencias, incumplan el derecho de la Unión «dando lugar a que el Reino de España sea sancionado» asumirán «en la parte que les sea imputable» esas responsabilidades; el Consejo de Ministros, previa audiencia, las declara y puede acordar «la compensación o retención de dichas deudas con las cantidades que deba transferir el Estado». El procedimiento lo desarrolla el Real Decreto 515/2013, de 5 de julio. ↩
- La Comisión emitió deuda de la Unión para SURE, el instrumento de hasta 100.000 millones en préstamos para sostener el empleo durante la pandemia: con el último desembolso, el 14 de diciembre de 2022, había prestado 98.400 millones a diecinueve Estados, 21.300 de ellos a España. El Consejo adoptó el 27 de mayo de 2025 el reglamento de SAFE, hasta 150.000 millones en préstamos a largo plazo para compras conjuntas de defensa, financiados con bonos de la Unión. El 23 de abril de 2026 cerró el préstamo de 90.000 millones a Ucrania para 2026 y 2027, financiado con deuda de la Unión en los mercados y respaldado por su presupuesto. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Propuesta del Gobierno al Eurogrupo de julio de 2026: la Comisión centralizaría parte de las emisiones de deuda de los Estados que quieran participar, colocaría bonos de la Unión y les prestaría lo obtenido, sin aumentar la deuda agregada. Con los veintisiete y las emisiones del Mecanismo Europeo de Estabilidad, llegarían a 850.000 millones al año y a cinco billones en cinco años. Si esos bonos pagaran lo mismo que los alemanes, el Gobierno estima un ahorro de unos 5.000 millones al año al principio, que pasaría de 25.000 al alcanzar ese volumen (Euronews, 8 de julio de 2026; SWI swissinfo.ch, «España propone al Eurogrupo emitir deuda común europea por hasta 850.000 millones al año» y «Cuerpo destaca el ahorro en costes que supone su propuesta para emitir nueva deuda común»). El presidente del Eurogrupo dijo no ver consenso para la propuesta (SWI swissinfo.ch). ↩
- Reglamento (UE) 2021/241, artículo 32: evaluación intermedia independiente en febrero de 2024 y evaluación ex post antes del 31 de diciembre de 2028. La evaluación intermedia remitió el análisis de impacto a 2028 porque la mayoría de las medidas no estaban terminadas. ↩
- Sylvain Brouard, Olivier Costa y Thomas König (eds.), The Europeanization of Domestic Legislatures, Springer, 2012: midiendo la legislación nacional de origen europeo en nueve países, ocho Estados miembros y Suiza (ficha del libro en la Universidad de Mannheim), la proporción se sitúa entre el 10% y el 30% según el país y el método, lejos del 80% atribuido a Jacques Delors. Sobre por qué el resultado depende de qué se cuente, Annette Elisabeth Töller, «Measuring and Comparing the Europeanization of National Legislation», Journal of Common Market Studies, 48(2), 2010. ↩
- El instrumento es el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión, aplicable desde el 1 de enero de 2021. La suspensión es la Decisión de Ejecución (UE) 2022/2506 del Consejo, de 15 de diciembre de 2022: el 55% de los compromisos de los programas de la política de cohesión, unos 6.300 millones de euros, por deficiencias en la contratación pública, en la acción de la fiscalía y en la lucha contra la corrupción (nota de prensa del Consejo de 12 de diciembre de 2022; consultado en septiembre de 2026). ↩
- Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento, en especial arts. 15 y 16 TUE y 2-6, 48, 153, 238, 240, 288, 290, 291 y 294 TFUE. Reglamento (UE) 182/2011 (comitología). Ley Orgánica 2/2012, disposición adicional segunda, y Real Decreto 515/2013 (repercusión de multas). Acta de Adhesión de España (1985). Convenio Europeo de Derechos Humanos. Reglamento (UE) 2021/241, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
- Ley 8/1994, de la Comisión Mixta para la Unión Europea, modificada por las Leyes 24/2009 y 38/2010. Acuerdos de la CARUE de 9 de diciembre de 2004 sobre la participación autonómica en el Consejo.
- Ministerio de Hacienda, Relaciones financieras entre España y la Unión Europea (anual). Comisión Europea, Single Market and Competitiveness Scoreboard y propuesta de marco financiero 2028-2034. Stiftung Wissenschaft und Politik, The State of Consensus in the EU. Eurobarómetro estándar 105, primavera de 2026.
- Araceli Mangas y Diego Liñán Instituciones y derecho de la Unión Europea Tecnos, ediciones periódicas
El manual universitario de referencia en castellano. - Luuk van Middelaar El paso hacia Europa Galaxia Gutenberg, 2013
Cómo un mercado se convirtió en algo que cuesta nombrar, contado desde dentro de las instituciones. - Tony Judt Postguerra Taurus, 2006
La historia de Europa desde 1945; imprescindible para entender por qué la Unión es como es.
16 de octubre de 2026 · fecha de corte de los datos: octubre de 2026