Protección frente a la pobreza
España protege frente a la falta de ingresos sobre todo a quien ha cotizado, y poco a quien no tiene nada. Más de la mitad de los hogares con derecho al ingreso mínimo vital no lo cobra, y la renta que garantiza esa prestación queda por debajo del umbral de pobreza.
La misma familia, diecisiete cantidades
Si en 2019 pedía ayuda al sistema público una mujer con dos hijos, sin ingresos ni patrimonio, la cantidad dependía de la comunidad. En el País Vasco recibía en torno a mil euros al mes, y en Navarra, algo menos. En Andalucía, en Madrid o en Murcia le daban algo menos de seiscientos.1
En algunas comunidades, como Canarias o Castilla-La Mancha en 2019, la ayuda era una partida presupuestaria y no un derecho exigible. La misma familia, con la misma situación y la misma Constitución, tenía diecisiete respuestas distintas.2
En 2020 el Estado creó una prestación nacional, el ingreso mínimo vital (IMV), con el mismo suelo en todo el país.3 No igualó las cantidades. Las rentas autonómicas siguen existiendo, unas como complemento y otras como alternativa, y la misma familia sigue recibiendo cantidades distintas según dónde viva.
Lo que ha cambiado es la pregunta. Antes era cuánto daba cada comunidad; ahora es cuánta gente con derecho al suelo nacional lo recibe de verdad, y si ese suelo basta. En 2025 lo cobraban algo más de cuatro de cada diez hogares con derecho. Y la renta que garantiza el ingreso mínimo queda por debajo del umbral de pobreza. Mientras tanto, España tiene la tasa de riesgo de pobreza infantil más alta de la Unión Europea (UE). La pobreza de los mayores está cerca de la media.
Qué mide la tasa de pobreza
La cifra de pobreza que sale en los titulares es la AROPE, siglas inglesas de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social. Es un indicador europeo que cuenta a quien cumple al menos una de tres condiciones:
- estar en riesgo de pobreza, que es vivir en un hogar con menos del 60% de la renta mediana (la que deja a la mitad de la población por encima y a la otra mitad por debajo); ese umbral son unos doce mil euros al año para una persona sola;
- sufrir carencia material y social severa, que es no poder permitirse al menos siete de una lista de trece cosas, desde calentar la casa hasta comer carne o pescado cada dos días;
- vivir, si se tiene menos de sesenta y cinco años, en un hogar con baja intensidad de empleo, en el que los adultos en edad de trabajar trabajaron el 20% o menos del tiempo que podían.
Las tres condiciones se solapan. Quien cumple varias cuenta una sola vez. En 2025 cumplía al menos una el 25,7% de la población, en torno a doce millones y medio de personas.4 Es el mínimo de la década. Aun así es la quinta tasa más alta de la Unión, por detrás de Bulgaria, Grecia, Rumanía y Lituania. Supera en casi cinco puntos la media europea.
La encuesta lleva el año en que se hace, pero pregunta por la renta del año anterior.5 Las tasas de pobreza «de 2025» miden los ingresos de 2024, y las condiciones de vida, las de 2025.
La tasa de pobreza es una medida relativa. Sube y baja con la mediana y no con el hambre. Si en una crisis todos empobrecen a la vez, la mediana cae y la tasa apenas se mueve.
La pobreza se reparte además de forma muy desigual por el territorio. Entre las comunidades, la tasa AROPE va del 14,7% del País Vasco al 34,7% de Andalucía, más del doble, y en Ceuta y Melilla pasa del 40%. El orden se parece al de renta y empleo que dibuja el capítulo 6.1, sobre de qué vive España.
Tres capas
La protección frente a la falta de ingresos tiene en España tres capas, de la más contributiva a la menos. La primera es el seguro de desempleo. Quien ha cotizado al menos un año y pierde el trabajo sin quererlo cobra una parte de su sueldo, con un mínimo y un máximo. Es el 70% los seis primeros meses y el 60% después, durante hasta dos años según lo cotizado.6 Lo cobraban algo más de un millón de personas en agosto de 2026.
La segunda es el subsidio de desempleo, una cantidad ligada al indicador público de renta de efectos múltiples, de entre 480 y 570 euros al mes según los meses cobrados. Lo cobran durante un tiempo limitado quienes agotan la prestación y quienes no llegaron a cotizar un año, si cotizaron al menos noventa días.7 Los mayores de cincuenta y dos años lo mantienen hasta jubilarse. Hasta la reforma de 2024, quien agotaba la prestación sin cargas familiares y era menor de cuarenta y cinco años se quedaba sin subsidio.8 La reforma permitió además compatibilizarlo con un empleo durante unos meses. Y suprimió la renta activa de inserción, el programa que existía desde 2000 para parados de larga duración con dificultades para encontrar empleo. Quien ya la cobraba la mantiene hasta agotarla.9 El subsidio lo cobraban unas 750.000 personas en agosto de 2026.
En Andalucía y Extremadura, los eventuales del campo tienen además un subsidio y una renta agraria propios, que se ganan con jornadas reales cotizadas.10
Sumadas las dos capas, algo menos de dos millones de personas cobran alguna prestación por desempleo. La tasa de cobertura oficial compara a quienes cobran con los parados apuntados en las oficinas de empleo que ya habían trabajado antes. Fue del 87% en agosto de 2026, la más alta de la serie salvo en la pandemia.11 La encuesta de población activa cuenta además como parado a quien busca empleo sin estar apuntado o sin haber trabajado nunca. Sobre esos parados, la proporción que cobra es menor. La diferencia está en quién entra en cada denominador.
La tercera es la garantía de ingresos: una cantidad para quien no tiene nada, con independencia de si ha trabajado. Hasta 2020, fuera de las pensiones para mayores y personas con discapacidad, la daban solo las comunidades, con sus rentas mínimas. Desde 2020 la da también el Estado, con el ingreso mínimo vital.
A esta capa pertenecen también las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad, que el Estado creó en 1990.12 En 2026 son unos seiscientos treinta euros al mes en catorce pagas, la misma cantidad al año que el ingreso mínimo de una persona sola. Las cobraban en torno a 469.000 personas en julio de 2026, de sesenta y cinco años o más, o con una discapacidad del 65% o más. No dependen de lo cotizado. Exigen carecer de rentas, contando las del hogar, y haber residido en España diez años para la de jubilación y cinco para la de incapacidad.13
El ingreso mínimo vital: el diseño y la puerta
El ingreso mínimo vital garantiza a cada hogar una renta mínima y paga la diferencia entre esa renta y lo que el hogar ingresa. Para una persona sola son 733,6 euros al mes en 2026, un 11,4% más que el año anterior. Cada miembro adicional suma un 30%, las familias monoparentales tienen un complemento y el máximo, sin complementos, ronda los mil seiscientos euros.
El ingreso mínimo exige residencia legal de un año, con excepciones como las víctimas de violencia de género. Exige también un hogar constituido desde hace seis meses y un patrimonio por debajo de un límite. Y exige unos ingresos del año anterior por debajo de esa renta garantizada, comprobados con datos de Hacienda. Quien se empobrece durante el año en curso puede pedirlo con los ingresos de ese año.14
La renta que garantiza queda por debajo del umbral de pobreza, que para una persona sola supera los mil euros al mes. Una persona sola que solo tenga el ingreso mínimo sigue siendo pobre, y lo seguiría siendo aunque la prestación llegara a todos. Ese es el límite del diseño.
El ingreso mínimo lo gestiona el Instituto Nacional de la Seguridad Social, no los servicios sociales. Las excepciones son el País Vasco y Navarra, que asumieron su gestión en 2022.15 En agosto de 2026 lo cobraban casi 894.000 hogares.16 En ellos vivían más de 2,7 millones de personas, más de un millón de ellas menores.
Desde 2022 la prestación incluye un complemento por cada hijo menor.17 Son 115 euros al mes por menor de tres años, 80,50 de tres a cinco y 57,50 desde los seis. España tenía desde 1990 una asignación por hijo a cargo para los hogares de renta muy baja, de unas decenas de euros al mes. El ingreso mínimo la fue absorbiendo desde 2020. El complemento multiplica esa cantidad, aunque solo llega a hogares de renta baja.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que lo evaluó cada año entre 2022 y 2026, ha medido la puerta. En 2025, el 52% de los hogares que cumplían los requisitos no lo pidió, y lo cobraba el 44,2% (figura 100).18 Ese 44,2% se calcula sobre los hogares que la AIReF estima con derecho en el territorio fiscal común, a finales de 2025, y no sobre los perceptores de agosto de 2026.
Entre las razones de no pedir el ingreso mínimo están desconocer que existe, creer que no corresponde y no poder reunir los documentos que exige la solicitud. Y entre quienes lo piden también hay denegaciones. Según la AIReF, las solicitudes que no se admiten fallan sobre todo por la renta, y las que se deniegan, por el empadronamiento o la composición del hogar.
La no solicitud de una ayuda a la que se tiene derecho tiene nombre técnico, non take-up. Es un fallo de acceso, no de cuantía. Su consecuencia es que una prestación pensada como suelo para todos deja fuera a más de la mitad de quienes deberían estar encima.
Debajo del ingreso mínimo queda una última red, para quien no lo pide o no cumple los requisitos. La ley encarga a los ayuntamientos la atención inmediata a las personas en riesgo de exclusión social. Sus servicios sociales la prestan con su propio presupuesto. Y la Unión Europea paga la ayuda material básica: 565 millones de euros del Fondo Social Europeo Plus para 2021-2027. En 2024 el reparto de alimentos dejó paso a tarjetas monedero para comprar comida y productos básicos, que ese año gestionó Cruz Roja.19
AIReF, 5.ª opinión sobre el ingreso mínimo vital (2026), con datos de 2025. En Europa, la no solicitud de las rentas mínimas va del 30% al 50% (Comisión Europea, 2022).
Las rentas mínimas autonómicas
Las comunidades fueron creando sus rentas mínimas desde 1989.20 Empezó el País Vasco. Ceuta y Melilla tienen la suya, regulada por reglamento. Los diseños son distintos en casi todo:
- la cuantía para una persona sola, que en 2019 iba de 300 euros al mes en Ceuta y 400 en Madrid a 667 en el País Vasco, donde en 2026 son 874,61;
- si es un derecho exigible o depende de que haya presupuesto;
- los años de residencia que se exigen, de uno a tres;
- si obliga a un itinerario de inserción, un plan obligatorio de empleo o formación;
- y la relación con el ingreso mínimo estatal, que unas comunidades complementan, otras sustituyen y otras han dejado de pagar a quien lo cobra.21
Lo que las transferencias hacen y lo que no
En España los impuestos redistribuyen poco, como cuenta el capítulo 4.4, sobre la factura fiscal. La redistribución la hace el gasto y, dentro del gasto, las pensiones. Sin contar las pensiones, el resto de las transferencias (desempleo, incapacidad, familia, vivienda y garantía de ingresos) reduce la tasa de pobreza española en casi una cuarta parte en 2025, del 25,4% al 19,5%. La media de la Unión la reduce en un tercio, y Dinamarca, en la mitad.22 Si las pensiones se cuentan como transferencias, la tasa española baja del 41,9% al 19,5%, y la de la Unión, del 42,8% al 16,3%.
La figura 101 lo enseña país a país. Antes de transferencias, con las pensiones ya contadas como renta, los seis países y la media de la Unión que compara parten de entre el 24% y el 27%. Después, las transferencias españolas quitan seis puntos; las danesas, trece, y las finlandesas, once.
España gastó en familia e hijos el 1,4% del producto interior bruto (PIB) en 2023, unas tres quintas partes del 2,3% de la media europea.23 En pensiones, que van sobre todo a los mayores, gasta en torno al 13% (capítulo 7.1, sobre pensiones).
Una parte de lo que va a las familias son beneficios fiscales. Algunos solo los aprovecha quien paga el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Es el caso del mínimo por descendientes, la parte de la renta que no tributa por cada hijo. Otros, como las deducciones por maternidad o por familia numerosa, se cobran aunque no haya impuesto que pagar. Pero exigen haber cotizado o cobrar una prestación.24
El sistema protege, por tanto, en proporción a lo cotizado. Protege mucho a quien tuvo una carrera larga, algo a quien tuvo una corta y poco a quien no la tuvo. Es un diseño contributivo con una capa asistencial fina y reciente, y los niños, que no han podido cotizar, quedan en la parte fina.
Tener empleo tampoco basta. En 2025 estaba en riesgo de pobreza el 11,2% de los ocupados de dieciocho a sesenta y cuatro años. Es la segunda tasa de la Unión tras Bulgaria, frente al 8,3% de media.25 Las dos primeras capas protegen a quien pierde el empleo, no a quien gana poco con él.
Eurostat, 2025, con las pensiones excluidas del cálculo de las transferencias. La cifra de la derecha es cuántos puntos de pobreza quitan las transferencias de cada país.
La anomalía infantil
La pobreza infantil española se mide de dos maneras que circulan con el mismo nombre. La tasa AROPE de los menores de dieciocho años, la que suma las tres condiciones, fue del 33,8% en 2025. Es uno de cada tres, la tasa más alta de la Unión.
La tasa de riesgo de pobreza, que solo mira la renta del hogar, fue del 28,4%, más de dos millones de niños. En esta segunda, la estrecha, España es desde hace dos años la primera de la Unión Europea.26 Está casi nueve puntos por encima de la media y por delante de Bulgaria, Rumanía e Italia.
Entre los mayores de sesenta y cinco años, la tasa AROPE fue del 19,2%, cerca de la media europea.27 Sus pensiones, además, se revalorizan cada año con la inflación. La comparación AROPE exagera la distancia con los niños, porque a los mayores no se les aplica la tercera condición, la baja intensidad de empleo. Medida solo por renta, la distancia se mantiene: el 28,4% de los menores de dieciocho años frente al 16,4% de los mayores de sesenta y cinco.28
Detrás de la pobreza infantil se suman varios factores:
- la temporalidad y las jornadas parciales, que cuenta el capítulo 6.2, sobre el mercado de trabajo;
- los alquileres, que en 2025, según Eurostat, se llevaban más del 40% de la renta de algo más de una de cada cuatro personas que alquilan a precio de mercado (capítulo 6.4, sobre vivienda);
- los hogares monoparentales, más de cuatro de cada diez de ellos en riesgo de pobreza;
- y unas prestaciones por hijo mínimas, de unas decenas de euros al mes, hasta el complemento de 2022.2930
Algunos países europeos pagan una prestación por hijo a todas las familias. Finlandia la paga por cada menor de diecisiete años.31 En 2025 tenía en riesgo de pobreza o exclusión al 17,1% de sus niños, frente al 24,3% de media de la UE. La alemana es de 259 euros al mes por hijo en 2026. La universal no es la única vía: Chequia tiene poca pobreza infantil con una ayuda que depende de la renta. Hecha la cuenta, una prestación de cien euros al mes por menor cuesta del orden de diez mil millones al año.
España tiene además una propuesta concreta. Se llama prestación universal por crianza: hasta doscientos euros al mes por cada menor de dieciocho años, y figura en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. Con esa cuantía costaría el doble, unos veinte mil millones al año. La propuesta no se ha aprobado. Depende de unos Presupuestos Generales del Estado que son los de 2023, prorrogados desde enero de 2024, y que el 1 de enero de 2027 seguirán prorrogados. Las Cortes se disolvieron el 6 de octubre sin recibir las cuentas de ese año.32
En 2025, el riesgo de pobreza era del 28,4% entre los niños españoles y del 16,4% entre los mayores de sesenta y cinco años: un sistema construido sobre el trabajo protege peor a quien todavía no tiene carrera de cotización.
El Estado del bienestar español se construyó, como el alemán, sobre el trabajo. La Seguridad Social de 1963 protegía al trabajador y a su familia por medio de él.33 La asistencia a quien no trabajaba quedó fuera de ese sistema. Alemania, que también partió del trabajo, completó el suyo con una prestación por hijo que cobran todas las familias, el Kindergeld. España no la tiene.
Cuando la democracia amplió el sistema, lo hizo sobre todo con pensiones y desempleo, que dependen de haber cotizado. Y añadió una sanidad para todos. La capa asistencial llegó tarde y por piezas. Las rentas mínimas las pusieron las comunidades, no el Estado, porque la Constitución de 1978 les permitió asumir la asistencia social. Llegaron desde 1989, y la catalana nació de un pacto con los sindicatos.34 La vasca, de 1989, y la catalana, de 1990, nacieron por decreto y solo después pasaron a ley.
El Estado no creó una renta mínima general hasta 2020, con la pandemia. Lo hizo por la vía de la Seguridad Social, que le permitía entrar sin invadir una competencia autonómica. Por eso la gestiona el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
La anomalía infantil tiene además una explicación política, que es una hipótesis y no un dato medido. Hay más de nueve millones de pensionistas que votan, y los niños no votan. Entre la política familiar aprobada hay deducciones del IRPF ligadas al trabajo de los padres y, desde 2022, un complemento para los hogares pobres. La prestación universal por hijo sigue sin aprobarse.
| Tasa AROPE (pobreza o exclusión) | 25,7% en 2025 | Mínimo de la década; media de la UE, 20,9%; quinta más alta de la Unión |
| Riesgo de pobreza | 19,5% en 2025 | Umbral: ~12.200 € al año para una persona sola |
| Pobreza infantil, riesgo de pobreza | 28,4% en 2025 | ~2,2 millones de niños; la más alta de la Unión, casi 9 puntos sobre la media |
| Reducción de la pobreza por transferencias, sin pensiones | Casi 1 de cada 4 de los pobres antes de transferencias, en 2025 | UE: ~1 de cada 3; Dinamarca: ~1 de cada 2 |
| Gasto en familia e hijos | ~1,4% del PIB | En 2023; UE ~2,3% |
| Ocupados en riesgo de pobreza | 11,2% en 2025 | De 18 a 64 años; UE, 8,3%; segunda más alta de la Unión, tras Bulgaria |
| Beneficiarios de prestaciones por desempleo | ~1,9 millones en agosto de 2026 | ~1.020.000 de prestación contributiva y ~750.000 de subsidio; el resto, renta y subsidio agrarios |
| Tasa de cobertura del desempleo | 87% en agosto de 2026 | La más alta de la serie salvo en la pandemia; sobre parados registrados con experiencia |
| Subsidio de desempleo | ~480-570 € al mes | 80-95% del indicador público de renta de efectos múltiples; reforma de 2024 |
| Ingreso mínimo vital | 893.820 hogares y ~2,7 millones de personas en agosto de 2026 | 733,6 € al mes para una persona sola en 2026, un 11,4% más |
| Hogares con derecho al IMV que no lo solicitan | 52% en 2025 | Lo cobra el 44,2%; AIReF, que cerró en 2026 sus evaluaciones anuales |
| Rentas mínimas autonómicas, persona sola | De 300 a ~670 € al mes en 2019 | Ceuta, Madrid y Galicia abajo; País Vasco arriba, con 874,61 € en 2026 |
| Pensiones no contributivas | ~469.000 en julio de 2026 | ~629 € al mes en 14 pagas en 2026: 8.803,20 € al año |
Los países con menos pobreza no comparten un modelo. En 2025 la tasa de pobreza o exclusión más baja de la Unión fue la de Chequia, un 11,5%, frente al 20,9% de media y el 25,7% de España.35 También tenía en riesgo de pobreza o exclusión al 15,4% de sus niños, menos de la mitad que el 33,8% de España. Su ayuda por hijo dependía de la renta y, por una ley de 2025, desde julio de 2026 forma parte de una ayuda asistencial única.36
Finlandia paga su renta mínima desde 2017 a través de Kela, su seguridad social, como España a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social.37 Aun así, sus transferencias sin contar las pensiones quitan once puntos de pobreza y las españolas, seis (figura 101).
Alemania sustituyó en 2023 su renta mínima de 2005, que ya cubría la vivienda, por otra más generosa, y en julio de 2026 la endureció.38 Italia sustituyó en 2024 su renta de ciudadanía de 2019 por otra más restrictiva. En 2022 creó también una prestación por hijo para todas las familias, con una cuantía que baja con la renta del hogar.39
España creó su garantía de ingresos nacional en 2020 y no tiene prestación universal por hijo.
En la no solicitud de la renta mínima España queda en el borde alto de la horquilla europea. La Comisión Europea estimaba en 2022 que no la pedía entre el 30% y el 50% de quienes tienen derecho.40
¿Ha funcionado el ingreso mínimo vital?
Cerca de 2,7 millones de personas cobran una prestación que no existía antes de 2020, con un suelo igual en todo el país.
El ingreso mínimo llega a menos de la mitad de quienes tienen derecho, y la tramitación tarda meses. Algunas comunidades han dejado de pagar su renta a quien cobra la estatal. Y el incentivo al empleo no llegó hasta 2023, tres años después que la prestación.
¿Hay que crear una prestación universal por hijo?
Finlandia la paga por cada hijo y tiene menos pobreza infantil que la media de la Unión. Y no exige demostrar pobreza para pedirla, a diferencia del ingreso mínimo. Con la cuantía propuesta costaría unos veinte mil millones al año, algo más de un punto de PIB. Es algo más de lo que separa el gasto español en familia de la media europea, nueve décimas de PIB.
Pagar a las familias ricas es un despilfarro, y el complemento del ingreso mínimo ya va dirigido a las pobres. El problema de la pobreza infantil es de empleo y de vivienda, y se arregla antes con salarios y alquileres que con transferencias.
¿Desincentivan las ayudas buscar trabajo?
Una prestación que se pierde al encontrar empleo es un impuesto del 100% sobre el primer euro ganado. Y los subsidios largos alargan el paro, porque retrasan la búsqueda hasta que se agotan. Un estudio sobre la rebaja de la prestación contributiva española en 2012 encontró que acortó el paro en torno a un 14%, unas seis semanas, y no empeoró la calidad del empleo posterior.43
Parte de lo que la prestación alarga el paro no es falta de búsqueda. Con datos de Estados Unidos, Chetty atribuyó en torno al 60% de ese alargamiento al efecto liquidez: el hogar sin ahorros aguanta más tiempo sin aceptar el primer empleo porque la prestación se lo permite, y no porque trabajar le compense menos.44 Y la prestación puede mejorar el empleo que se encuentra: en Austria, ampliar su duración subió el salario de reempleo, porque quien cobra más tiempo acaba en empresas mejores.45 Además, las prestaciones asistenciales son demasiado bajas para que alguien prefiera vivir de ellas.
«En España hay doce millones de pobres.» / «La pobreza en España no existe, es relativa.»
El mismo indicadorLas dos leen mal el mismo indicador. Los doce millones son personas en riesgo de pobreza o exclusión, un indicador relativo y amplio. La carencia material severa afecta a menos de una de cada diez. Y que sea relativo no significa que no exista. Mide quién se queda fuera de lo que su país considera normal, que es justo lo que se quiere medir.
«El ingreso mínimo es una paga por no trabajar.»
Qué efectoDesde 2023 quien encuentra empleo conserva una parte de la prestación.46 En 2024 ese incentivo llegó a tres de cada diez hogares que la cobraban. La frase exagera, pero el efecto existe. La AIReF midió en 2025 que cobrarlo reduce en tres puntos la probabilidad de trabajar, un 12%, también entre quienes empezaron a cobrarlo después de esa reforma.47 El problema que más pesa es otro: el ingreso mínimo no llega a la mayoría de quienes tienen derecho, trabajen o no.
«Con el ingreso mínimo ya nadie se queda sin nada.»
La defensa acríticaMás de la mitad de los hogares con derecho al ingreso mínimo no lo reciben. Quien no tiene residencia legal de un año queda excluido por diseño, con pocas excepciones. Y quien lo cobra sigue por debajo del umbral de pobreza: la renta garantizada se queda corta.
«Los inmigrantes acaparan las ayudas.» / «Las ayudas no llegan a los inmigrantes.»
ProporciónA comienzos de 2025 los extranjeros eran algo menos de uno de cada cinco titulares del ingreso mínimo.48 En el conjunto de la población eran el 14%. Su tasa de pobreza o exclusión es mucho más alta que la de los españoles, más de dos veces y media entre los de fuera de la Unión. Y los que están en situación irregular no pueden pedirlo. Pesan entre los titulares algo más que en la población: ni acaparan las ayudas ni quedan fuera de todas.
«Las comunidades que mejor gobiernan tienen menos pobreza.»
Qué mapaLas comunidades con menos pobreza son sobre todo las de más renta y más empleo. Del gobierno autonómico dependen la cuantía de su renta mínima y su rapidez. Y la renta mínima la paga la comunidad con sus propios recursos, que dependen de la financiación autonómica en las de régimen común y del concierto o el convenio en el País Vasco y Navarra.
«El paro está cubierto: casi nueve de cada diez parados cobran.»
Qué denominadorLa tasa de cobertura oficial es correcta. Pero su denominador deja fuera a quien busca su primer empleo o no se ha apuntado. Con todos los parados de la encuesta en la cuenta, cobra una proporción menor: en torno a tres de cada cuatro, contando los 2,5 millones de parados del segundo trimestre de 2026 y los 1,9 millones de beneficiarios de agosto.49
Cada situación tiene su prestación. La de desempleo es contributiva y depende de lo cotizado. El subsidio cubre a quien la agota o no llegó a cotizar lo bastante, y a los mayores de cincuenta y dos años los acompaña hasta la jubilación, cotizando para ella. El ingreso mínimo vital es el suelo para quien carece de ingresos: lo gestiona el Estado, salvo en el País Vasco y Navarra, y las comunidades tienen además su renta mínima, que unas combinan con él y otras no. Si el ingreso mínimo no se resuelve a tiempo, el silencio cuenta como denegación.50 Quien trabaja conserva una parte de la prestación. Los servicios sociales municipales atienden las urgencias. Y quien cobra el ingreso mínimo puede acceder al bono social de la luz si tiene contratada la tarifa regulada. Solo la venden las comercializadoras de referencia, como explica el capítulo 6.5, sobre energía.
- Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Informe de rentas mínimas de inserción. Año 2019, cuadro de cuantías por comunidad, para un hogar de tres miembros: en el País Vasco, 947,51 euros al mes, más el subsidio de unidad monoparental, de 50,40 euros, 997,91; en Navarra, 997,81; en Murcia, 591,62; en Madrid, 587,78; en Andalucía, 527,08, más un 10% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM, 53,78 euros) por ser monoparental con menores, 580,86. El promedio de las cuantías mínimas de las comunidades era de 486,03 euros y el de las máximas, de 872,57. Son las cuantías para un hogar sin ningún ingreso. ↩
- Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Informe de rentas mínimas de inserción. Año 2019: a 31 de diciembre de 2019 tenían la renta garantizada como un derecho subjetivo todas las comunidades «a excepción de Canarias, Castilla-La Mancha y Melilla, las cuales siguen condicionando la concesión de la prestación a la existencia de dotación presupuestaria». Consultado en octubre de 2026. ↩
- Creado por el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, en plena pandemia, y regulado por la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, arts. 4-11 (requisitos), 13 (cuantías) y 31.3 (evaluación anual por la AIReF). Es una prestación no contributiva de la Seguridad Social, y por eso el Estado pudo crearla sin invadir la competencia autonómica sobre asistencia social. ↩
- INE, Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, resultados definitivos: la tasa AROPE baja al 25,7% desde el 25,8% del año anterior, el mínimo de la década. De sus tres componentes, el riesgo de pobreza baja al 19,5% y la carencia material y social severa al 8,1%, mientras la baja intensidad de empleo se mantiene en el 8,0%. Con la media de la Unión en el 20,9%, España es la quinta tasa más alta, por detrás de Bulgaria (29%), Grecia (27,5%), Rumanía (27,4%) y Lituania (26,3%). Por comunidades va del 14,7% del País Vasco, el 15,2% de Baleares y el 16,5% de Navarra al 34,7% de Andalucía, el 34,0% de Castilla-La Mancha y el 32,5% de Murcia; las ciudades autónomas quedan por encima, con el 40,8% de Ceuta y el 43,7% de Melilla. En personas, Eurostat (ilc_peps01n, consultada por su API en octubre de 2026) da 12,5 millones en 2025. ↩
- INE, Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, resultados definitivos, nota metodológica: «Se recogen los ingresos del año natural anterior a la entrevista. Además, se recogen otras muchas preguntas sobre condiciones de vida que se refieren al momento de la entrevista. Por ello las variables sobre ingresos de la encuesta de 2025 se refieren a 2024 mientras que las demás preguntas se refieren a 2025». Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ley General de la Seguridad Social, artículo 270.2, en la redacción de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre (disposición final 25.8), vigente desde el 1 de enero de 2023: el 70% de la base reguladora los 180 primeros días y el 60% desde el día 181. La duración, de 120 a 720 días según lo cotizado en los seis años anteriores, es la del artículo 269.1 (texto consolidado en el BOE, comprobado en su API). ↩
- Artículo 274.1.b de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción del Real Decreto-ley 2/2024: es beneficiario del subsidio quien se encuentra en situación legal de desempleo «sin tener cubierto el periodo mínimo de cotización para tener derecho a la prestación contributiva, siempre que hayan cotizado al menos noventa días». El periodo mínimo para la prestación contributiva es de 360 días (artículo 269.1). Consultado en octubre de 2026. ↩
- Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, que reformó los artículos 274-280 de la Ley General de la Seguridad Social y entró en vigor el 1 de noviembre de 2024: amplió el subsidio a los menores de cuarenta y cinco años sin responsabilidades familiares (hasta entonces, el artículo 274.1 solo daba subsidio tras agotar la prestación a quien tenía responsabilidades familiares o era mayor de cuarenta y cinco años; hoy, a los menores de esa edad sin cargas, si la prestación agotada duró al menos 360 días), elevó su cuantía los primeros meses y creó el complemento de apoyo al empleo, que permite cobrarlo durante un tiempo al aceptar un trabajo. Una primera versión, el Real Decreto-ley 7/2023, había sido rechazada por el Congreso el 10 de enero de 2024. ↩
- Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, disposición derogatoria única, apartado 4, que deroga el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, «por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo», con efectos desde el 1 de noviembre de 2024 (disposición final decimocuarta.2). El programa venía de antes: según el preámbulo de ese Real Decreto 1369/2006, lo regularon año a año desde el Real Decreto 236/2000, de 18 de febrero, hasta que ese reglamento le dio una regulación estable. Según la disposición transitoria tercera, quienes a esa fecha la hubieran solicitado, la cobraran o la tuvieran suspendida siguen rigiéndose por la normativa anterior hasta la extinción del derecho. Para las víctimas de violencia de género o sexual, que la cobraban por esa vía, el mismo real decreto-ley creó un subsidio propio. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, del subsidio por desempleo de los trabajadores eventuales del antiguo Régimen Especial Agrario, y Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, de la renta agraria de esos trabajadores residentes en Andalucía y Extremadura. El Real Decreto-ley 2/2024 mantuvo los dos, rebajó en su disposición adicional quinta el número mínimo de jornadas reales cotizadas que exigen y reconoció a los eventuales agrarios el subsidio general por desempleo, del que estaban excluidos. La tasa de cobertura del SEPE suma a sus beneficiarios en el denominador (véase la nota sobre la cobertura). Consultado en octubre de 2026. ↩
- SEPE, nota sobre el paro registrado de septiembre de 2026 (publicada en octubre): «La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de agosto de 2026 ha sido del 87,12%, la más alta de la serie histórica a excepción del periodo pandémico», con 1.896.142 personas beneficiarias a final de mes (SEPE). La cobertura bruta del SEPE es el total de beneficiarios dividido entre el paro registrado con experiencia laboral más los beneficiarios del subsidio agrario. Según el Informe de prestaciones de agosto de 2026 del SEPE (tabla BP-1.1), los 1.896.142 se reparten en 1.022.053 de prestación contributiva, 750.014 de subsidio por desempleo, 60.111 de renta agraria, 63.625 de subsidio agrario y 339 de renta activa de inserción. En mayo de 2026 la cobertura fue del 78%, la más alta en un mes de mayo desde 2010, y en abril, del 80,9%, con 1.779.989 beneficiarios: 862.907 de prestación contributiva y 792.975 de subsidio por desempleo, más 58.207 de renta agraria. ↩
- Las pensiones no contributivas las creó la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, y las regulan los artículos 363 a 372 de la Ley General de la Seguridad Social. En 2026 su cuantía es de 8.803,20 euros al año, 628,80 euros al mes en catorce pagas, tras una subida del 11,4% que aprobó, también para el ingreso mínimo, el Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, convalidado por el Congreso el 26 de febrero de 2026 (Imserso, guía de las pensiones no contributivas de 2026; La Moncloa, pensiones de 2026). El ingreso mínimo de una persona sola es esa cantidad anual dividida entre doce, 733,60 euros al mes, según el artículo 13 de la Ley 19/2021. Consultado en septiembre de 2026. En julio de 2026 había unas 469.400 en vigor (164.546 de invalidez y 304.854 de jubilación), según el seguimiento de objetivos del programa de pensiones no contributivas del Imserso (Intervención General de la Seguridad Social, acumulado de julio de 2026, columna de ejecución); en mayo eran unas 466.700. ↩
- Artículos 363.1 y 369.1 de la Ley General de la Seguridad Social: la pensión de incapacidad no contributiva (llamada de invalidez hasta la Ley 2/2025) exige tener entre dieciocho y sesenta y cinco años, una discapacidad o enfermedad crónica del 65% o más, residir legalmente en España y haberlo hecho cinco años, dos de ellos inmediatamente anteriores a la solicitud, y «carecer de rentas o ingresos suficientes»; si se convive con otras personas, cuentan los ingresos de todo el hogar. La de jubilación exige sesenta y cinco años, carecer de rentas por encima de los mismos límites y haber residido legalmente en España diez años entre los dieciséis y la edad de la pensión, dos de ellos consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud. Ninguna de las dos exige haber cotizado. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ley 19/2021, artículo 10.1.a (residencia legal y efectiva de al menos un año, salvo para los menores incorporados al hogar por nacimiento o adopción, las víctimas de trata o de explotación sexual y las mujeres víctimas de violencia de género), artículo 10.3 (hogar constituido desde seis meses antes) y artículo 11.2 y 11.5: se miden los ingresos del ejercicio anterior, pero cuando la vulnerabilidad económica ha sobrevenido durante el año en curso se puede solicitar desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre con la parte proporcional de los ingresos de ese año, siempre que el año anterior no se hayan superado los límites de renta y patrimonio del anexo IV (texto consolidado en el BOE, comprobado en la API). ↩
- La Ley 19/2021 prevé en su disposición adicional quinta que las comunidades de régimen foral asuman la gestión del ingreso mínimo vital. El País Vasco la asumió por el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de 16 de marzo de 2022 (Orden TER/253/2022) y Navarra por el de la Junta de Transferencias de 31 de marzo de 2022 (Orden TER/310/2022). Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Revista de la Seguridad Social, «El Ingreso Mínimo Vital protege en agosto a más de 2,7 millones de personas residentes en 894.000 hogares», 7 de septiembre de 2026: 893.820 hogares y 2.725.899 personas, con datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social; entre los beneficiarios hay 1.103.781 niños, niñas y adolescentes, «el 40,5% del total». En julio eran 879.225 hogares (La Moncloa, 7 de agosto de 2026). Consultado en octubre de 2026. ↩
- Complemento de ayuda para la infancia, artículo 11.6 de la Ley 19/2021, con efectos desde el 1 de enero de 2022: una cuantía mensual por cada menor a cargo, mayor cuanto menor es el niño: 115 euros por menor de tres años, 80,50 de tres a cinco y 57,50 de seis a diecisiete, «importes actualizados para 2024» según la guía de la Revista de la Seguridad Social, que la nota de 7 de septiembre de 2026 repite («115 euros al mes para menores de 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años»). El texto consolidado del artículo 13.2.e de la ley conserva las cuantías iniciales de 100, 70 y 50 euros. Desde 2023 lo pueden cobrar también hogares con rentas algo superiores al umbral del ingreso mínimo, sin ser beneficiarios de la prestación principal. Sustituyó a la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad, una prestación no contributiva de la Ley 26/1990 reservada a hogares de renta muy baja, que el ingreso mínimo fue absorbiendo desde 2020. La asignación por hijo sin discapacidad era de 341 euros al año en 2020 (28 al mes), y de 588 euros al año para los hogares con ingresos muy bajos (Real Decreto-ley 1/2020). ↩
- AIReF, 5.ª opinión sobre el ingreso mínimo vital, julio de 2026, apartado 2.1.1 y gráfico 10: «En 2025, el 52 % de los hogares elegibles para el IMV y el 71 % de los elegibles para el complemento de ayuda para la infancia (CAPI) no llegan a solicitarlo»; a 31 de diciembre de 2025 cobraban el ingreso mínimo 455.401 hogares de territorio fiscal común, «el 44,2 % de los hogares potenciales». La tasa de no solicitud fue del 55% en 2024 y, según la 4.ª opinión (julio de 2025), del 57% en 2021, el 58% en 2022 y el 56,1% en 2023. La AIReF explica las razones de la no solicitud en «¿Por qué muchas familias en situación de pobreza no reciben el Ingreso Mínimo Vital?». Sobre las solicitudes rechazadas, la 4.ª opinión dice que «en 2024, al igual que en los años anteriores, los motivos principales de inadmisión han sido el incumplimiento de los criterios de renta y las denegaciones se deben fundamentalmente a causas relacionadas con el empadronamiento o la unidad de convivencia»; la 5.ª lo repite para 2025, cuando esas causas fueron el 66% de las denegaciones. ↩
- Artículo 25.2.e de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local: el municipio ejerce como competencia propia la «evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social». Real Decreto 93/2024, de 23 de enero, preámbulo: la Comisión Europea aprobó el 9 de diciembre de 2022 el Programa FSE+ de Asistencia Material Básica, que «fijó un importe de ayuda del Fondo Social Europeo Plus para España de 565 millones de euros»; el modelo dejó de ser la entrega directa de alimentos y pasó a un sistema de «tarjetas o cheques monedero», dirigido en primer lugar a familias con menores a cargo con ingresos por unidad de consumo inferiores al 40% de la renta mediana. El real decreto concedió a Cruz Roja Española una subvención directa para ponerlo en marcha en 2024. El programa anterior, de 2014 a 2023, repartía alimentos por medio de la Federación Española de Bancos de Alimentos y de Cruz Roja. Consultado en octubre de 2026. ↩
- El País Vasco creó el ingreso mínimo familiar por el Decreto 39/1989, de 28 de febrero, y lo convirtió en derecho por la Ley 2/1990, de 3 de mayo, de ingreso mínimo de inserción; la norma vigente es la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del sistema vasco de garantía de ingresos y para la inclusión. Las demás la siguieron en los años siguientes; Cataluña, por ejemplo, con el Decreto 144/1990, de 28 de mayo, que la Ley 10/1997 convirtió en ley. Ceuta y Melilla tienen también la suya: el Ingreso Mínimo de Inserción Social de Ceuta, regulado por un reglamento de 21 de noviembre de 2008, y el Ingreso Melillense de Integración, por un reglamento publicado en el boletín de Melilla el 27 de agosto de 2002 (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Informe de rentas mínimas de inserción. Año 2019, cuadro 1 de normativa: «Las Ciudades de Ceuta y Melilla, lo han regulado en sendos reglamentos en el ámbito de servicios sociales»). Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Informe de rentas mínimas de inserción. Año 2019, datos globales: «La Comunidad Autónoma con la cuantía básica más alta es el País Vasco con 667,05€ mensuales», y las más bajas son las de «Ceuta 300€, Madrid 400€ y Galicia 403,38€»; la media era de 486,03 euros. En 2026 la renta de garantía de ingresos vasca es de 874,61 euros al mes para una persona sola: la cuantía base de 583,07 euros más el 50% de complemento para el titular (Gobierno Vasco, «Renta de Garantía de Ingresos (RGI)», consultado en octubre de 2026). ↩
- Eurostat, tasa de riesgo de pobreza antes de transferencias sociales, pensiones excluidas de las transferencias (ilc_li10), después de transferencias (ilc_li02) y antes de transferencias con las pensiones incluidas (ilc_li09), umbral del 60% de la mediana, encuesta europea de condiciones de vida (EU-SILC), datos de 2025 consultados por la API de Eurostat en octubre de 2026. Con las pensiones contadas como transferencias: España, del 41,9% al 19,5%; la Unión, del 42,8% al 16,3%. Sin contarlas: España, del 25,4% al 19,5% (5,9 puntos, el 23%); la Unión, del 24,4% al 16,3% (8,1 puntos, el 33%); Dinamarca, del 24,5% al 11,8% (12,7 puntos, el 52%); Finlandia, del 24,2% al 13,4% (10,8 puntos, el 45%); Francia, del 26,5% al 16,3%; Alemania, del 24,4% al 16,1%; Italia, del 26,8% al 18,6%. De los 27 países de la Unión, solo cinco reducen menos puntos que España (Grecia, Hungría, Rumanía, Portugal y Malta) y, medido en porcentaje de la pobreza de partida, solo cuatro (Grecia, Rumanía, Letonia y Hungría). ↩
- Eurostat, «Social protection statistics - family and children benefits»: en 2023 la Unión gastó 400.000 millones de euros en prestaciones por familia e hijos, el 2,3% del PIB, la referencia de «Los números», y España, el 1,4%, según el gráfico de la misma página (datos extraídos en marzo de 2026). El gasto en pensiones es el que da el capítulo 7.1 para el sistema entero en 2026, y no es la misma medida que la función de vejez de Eurostat. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ley 35/2006, del IRPF: el mínimo por descendientes (art. 58) reduce el impuesto y solo beneficia a quien tiene cuota que pagar. Las deducciones por maternidad (art. 81) y por familia numerosa o monoparental (art. 81 bis) son reembolsables: se cobran aunque la cuota sea cero y pueden pedirse por adelantado cada mes. A cambio exigen, según el caso, estar de alta en la Seguridad Social, haber cotizado un mínimo o cobrar una prestación por desempleo o una pensión. ↩
- Eurostat, tasa de riesgo de pobreza de los ocupados de dieciocho a sesenta y cuatro años (serie ilc_iw01, umbral del 60% de la mediana), datos de 2025 consultados por la API de Eurostat en octubre de 2026: Bulgaria, 11,8%; España, 11,2%; Rumanía, 10,7%; Estonia, 10,5%; Italia, 10,2%; media de la Unión, 8,3%; Finlandia, la más baja, 3,1%. En España la tasa fue del 12,8% en 2019 y del 11,3% en 2023 y 2024. Como el resto de la encuesta, mide la renta del año anterior. ↩
- Eurostat, tasa de riesgo de pobreza de los menores de dieciocho años: España encabeza la Unión en 2024 y 2025, con un 28,4% frente a una media europea del 19,6%. En personas, son 2.225.000 menores en riesgo de pobreza en España en 2025 (Eurostat, ilc_li02, en miles, umbral del 60% de la mediana). El indicador AROPE infantil, más amplio porque suma la carencia material severa y la baja intensidad de empleo, da para 2025 un 33,8%, también el más alto de la Unión (Bulgaria, 33,1%; Rumanía, 32,4%; media de la Unión, 24,3%; Eurostat, ilc_peps01n); en 2024 era el segundo, tras Bulgaria. En el riesgo de pobreza de 2025, tras España vienen Bulgaria (27,0%), Rumanía (23,6%) e Italia (23,2%) (Eurostat, ilc_li02). Los dos miden cosas distintas: el primero compara rentas dentro de cada país, y el segundo añade condiciones de vida. ↩
- Eurostat, tasa de riesgo de pobreza o exclusión de los mayores de 65 años (ilc_peps01n, grupo de edad de 65 y más): en el conjunto de la Unión fue del 18,8% en 2025, la más baja de los grupos de edad; en España, del 19,2% (el mismo dato da el INE en su Encuesta de Condiciones de Vida de 2025). Las pensiones contributivas se revalorizan cada enero con la media de la inflación de los doce meses anteriores, según el artículo 58.2 de la Ley General de la Seguridad Social. ↩
- INE, Encuesta de Condiciones de Vida de 2025: la tasa de riesgo de pobreza fue del 29,5% en las niñas y del 27,5% en los niños menores de dieciséis años, y del 18,5% en las mujeres y del 13,7% en los hombres de sesenta y cinco años o más. La baja intensidad de empleo, tercer componente del AROPE, solo se calcula para los menores de sesenta y cinco. Con la serie de Eurostat (ilc_li02), la tasa de riesgo de pobreza de 2025 es del 28,4% entre los menores de dieciocho años y del 16,4% entre los mayores de sesenta y cinco en España, y del 19,6% y el 16,3% en la Unión. ↩
- Eurostat, tasa de riesgo de pobreza por tipo de hogar (serie ilc_li03), 2025: el 43,4% de las personas que viven en hogares de un adulto con hijos dependientes está por debajo del umbral del 60% de la mediana, frente al 19,5% del conjunto de la población y al 24,2% de los hogares con hijos. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Eurostat, tasa de sobrecarga del gasto en vivienda por régimen de tenencia (ilc_lvho07c, alquiler a precio de mercado), consultada por su API en octubre de 2026: en España, el 26,8% de las personas que viven de alquiler a precio de mercado dedica a la vivienda más del 40% de su renta disponible en 2025, frente al 40,9% de 2021, el 30,6% de 2023 y el 28,1% de 2024; en la Unión, el 18,6% en 2025. ↩
- Olga Cantó y Luis Ayala, Políticas públicas para reducir la pobreza infantil en España: análisis de impacto, UNICEF Comité Español, 2014, que simula el efecto de una prestación por hijo sobre la pobreza infantil española; Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, informes sobre la prestación por crianza; OCDE, Family Database, indicadores PF1.3 (prestaciones familiares) y de pobreza infantil, con la correlación entre gasto en familia y pobreza infantil en los países de la OCDE. Kela, «Child benefit»: Finlandia paga el subsidio por hijo («lapsilisä») por cada niño menor de diecisiete años. Eurostat, ilc_peps01n, 2025: el 17,1% de los menores de dieciocho años en riesgo de pobreza o exclusión en Finlandia, frente al 24,3% de la Unión. El Kindergeld alemán subió el 1 de enero de 2026 «um 4 Euro auf 259 Euro monatlich pro Kind» (Agencia Federal de Empleo, «Kindergeld steigt 2026»). ↩
- La prestación universal por crianza figura en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 como una ayuda de hasta doscientos euros mensuales por cada menor de dieciocho años, con independencia de la renta del hogar. No está aprobada ni regulada, y su puesta en marcha depende de que entre en unos Presupuestos Generales del Estado que son los de 2023, prorrogados desde enero de 2024. El Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, disolvió las Cortes el 6 de octubre de 2026 sin que el Gobierno hubiera presentado el proyecto de presupuestos de 2027, y el 1 de enero de 2027 seguirán prorrogados los de 2023. El coste de cien euros al mes por menor (en torno a diez mil millones al año) y de doscientos (en torno a veinte mil) es aritmético: la cuantía mensual por doce meses y por los menores de dieciocho años, que son en torno a ocho millones. ↩
- Ley 193/1963, de 28 de diciembre, de Bases de la Seguridad Social. La asistencia social quedó fuera de ese sistema y la Constitución permitió en 1978 que las comunidades autónomas la asumieran (art. 148.1.20.ª), que es la razón de que la garantía de ingresos naciera autonómica y de que el Estado solo pudiera entrar en 2020 por la puerta del artículo 149.1.17.ª, la legislación básica de la Seguridad Social. ↩
- En Cataluña, por ejemplo, el Programa Interdepartamental de la Renta Mínima de Inserción se creó por el Decreto 144/1990, de 28 de mayo, tras un acuerdo de 14 de febrero de 1990 entre la Generalitat y Comisiones Obreras y UGT de Cataluña, según el preámbulo de la Ley catalana 10/1997, de 3 de julio, de la Renta Mínima de Inserción, que lo convirtió en ley. ↩
- Eurostat, «20.9% of people at risk of poverty or social exclusion», 30 de abril de 2026: en 2025 estaba en riesgo de pobreza o exclusión el 20,9% de la población de la Unión; las tasas más bajas fueron las de Chequia (11,5%), Polonia (15,0%) y Eslovenia (15,5%), y las más altas, las de Bulgaria (29,0%), Grecia (27,5%) y Rumanía (27,4%). El 25,7% español es el de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2025. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales checo, «Přídavek na dítě», página retirada tras la reforma: la ayuda por hijo solo se pagaba si la renta de la familia no pasaba de 3,4 veces su mínimo vital. La Ley 151/2025 Sb., de la prestación estatal de asistencia social, en vigor desde el 1 de octubre de 2025, la integró con otras tres ayudas (las dos de vivienda y la de subsistencia) en una sola prestación que depende de la renta. La Ley 35/2026 Sb. retrasó al 1 de julio de 2026 el derecho a la nueva prestación, que se pagó por primera vez en agosto (epravo.cz, 13 de mayo de 2026). Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Eurostat, «Children at risk of poverty or social exclusion», Statistics Explained, datos de 2024: las tasas más bajas de menores de dieciocho años en riesgo de pobreza o exclusión fueron las de Eslovenia (11,8%), Chipre (14,8%) y Chequia (15,4%), y las más altas, las de Bulgaria (35,1%), España (34,6%) y Rumanía (33,8%), con una media de la Unión del 24,2%. La ayuda checa por hijo dependía de la renta de la familia hasta que una ley de 2025 la integró en una prestación asistencial única, a la que se tiene derecho desde el 1 de julio de 2026. Consultado en septiembre de 2026. Eurostat, ilc_peps01n, 2025: el 15,4% de los menores de dieciocho años de Chequia y el 33,8% de los de España en riesgo de pobreza o exclusión. ↩
- Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad de Finlandia, «Basic social assistance from Kela as of 1 January 2017»: desde el 1 de enero de 2017 la ayuda básica de subsistencia la concede y la paga Kela, la institución nacional de la seguridad social; la complementaria y la preventiva quedaron en los servicios sociales locales. La reducción de la pobreza por las transferencias distintas de las pensiones, de once puntos en Finlandia y de seis en España (10,8 y 5,9 en 2025), es la de Eurostat que recoge la figura 101. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Alemania sustituyó el Arbeitslosengeld II —el subsidio de las reformas Hartz— por el Bürgergeld el 1 de enero de 2023 (Bürgergeld-Gesetz de 16 de diciembre de 2022): como el Arbeitslosengeld II, que existía desde 2005, cubre el alquiler además de la cuantía básica; el Bürgergeld subió esa cuantía, pagó el primer año el alquiler real y suavizó las sanciones por no aceptar un empleo (Agencia Federal de Educación Cívica, «Bürgergeld statt Hartz IV»). La ley que convierte el Bürgergeld en Grundsicherungsgeld, aprobada por el Bundestag el 5 de marzo de 2026 y por el Bundesrat el 27 de marzo, entró en vigor por fases desde el 1 de julio de 2026: devuelve la prioridad a la colocación inmediata y hace más exigentes las obligaciones de cooperación (Bundestag, «Umgestaltung des Bürgergelds zur Grundsicherung beschlossen»; Gobierno federal, «Bürgergeld wird zur neuen Grundsicherung»). Italia suprimió el Reddito di cittadinanza (Decreto-legge 4/2019) y lo sustituyó desde el 1 de enero de 2024 por el Assegno di inclusione (Decreto-legge 48/2023), restringido a hogares con menores, mayores de sesenta años o personas con discapacidad. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230: el assegno unico e universale per i figli, en vigor desde el 1 de marzo de 2022, sustituyó a las ayudas y deducciones por hijo anteriores. Lo cobran todas las familias con hijos a cargo, y la cuantía por hijo baja a medida que sube el indicador de renta y patrimonio del hogar (ISEE), hasta un mínimo que se cobra también sin presentarlo. ↩
- Comisión Europea, ficha sobre la renta mínima que acompañó a su propuesta de recomendación del Consejo de septiembre de 2022: la no solicitud de las rentas mínimas se estima entre el 30% y el 50% de la población con derecho. Eurofound, Access to social benefits: Reducing non-take-up, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2015, revisa las estimaciones de cada país. El 55% español es el de 2024 que da la AIReF en su cuarta opinión sobre el ingreso mínimo vital (2025). Consultado en septiembre de 2026. ↩
- AIReF, 5.ª opinión sobre el ingreso mínimo vital, julio de 2026: «El tiempo mediano de tramitación de los expedientes aprobados en 2025 es de 99 días, 104 días menos que en 2024». La 4.ª opinión daba 203 días para 2024. ↩
- AIReF, Quinta opinión del ingreso mínimo vital, 23 de julio de 2026: «cierra el ciclo de evaluaciones anuales» con un balance de los cinco años (la primera opinión es de 2022) y analiza por primera vez la relación del ingreso mínimo con otras prestaciones: en 2024 el 51% de los hogares perceptores cobraba al menos otra, y la más frecuente era el subsidio de desempleo. Propone reforzar la coherencia del ingreso mínimo con las demás prestaciones, sobre todo con el subsidio de los mayores de cincuenta y dos años, y revisar algunos elementos de su diseño a la luz de la experiencia europea. La nota con que la presentó se titula «La AIReF propone reforzar la coherencia del IMV con otras prestaciones sociales y revisar su diseño». ↩
- Yolanda F. Rebollo-Sanz y Núria Rodríguez-Planas, «When the Going Gets Tough… Financial Incentives, Duration of Unemployment, and Job-Match Quality», Journal of Human Resources, 55(1), 2020, págs. 119-163: la reducción de la prestación contributiva del 60% al 50% de la base a partir del séptimo mes, aprobada en 2012, acortó el paro sin empeorar la calidad del empleo encontrado. Según el resumen del artículo, la reforma redujo la duración esperada del paro en 5,7 semanas, un 14%, con una elasticidad de 0,86, y los autores hablan de «strong behavioral effects»; la reforma «had no effect on wages» y no empeoró otras medidas de la calidad del empleo. La revista publicó en mayo de 2026 una corrección del artículo (vol. 61, n.º 3, pág. 1070), cuyo texto no es de acceso libre. Desde el 1 de enero de 2023 el segundo tramo vuelve a ser el 60% (Ley 31/2022, disposición final 25.8, que modifica el artículo 270.2 de la Ley General de la Seguridad Social, comprobado en la API del BOE). ↩
- Raj Chetty, «Moral Hazard versus Liquidity and Optimal Unemployment Insurance», Journal of Political Economy, 116(2), 2008, págs. 173-234 (NBER Working Paper 13967, abril de 2008). Con datos de Estados Unidos, estima que alrededor del 60% del aumento de la duración del paro que causan las prestaciones se debe a un efecto liquidez, no a un efecto sobre los incentivos de búsqueda: los hogares con restricciones de liquidez responden mucho más a las variaciones de la prestación. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Arash Nekoei y Andrea Weber, «Does Extending Unemployment Benefits Improve Job Quality?», American Economic Review, 107(2), 2017, págs. 527-561 (CEPR Discussion Paper 10568, 2015). Con un diseño de regresión discontinua por edad y datos administrativos austriacos, estiman un efecto positivo del seguro de desempleo sobre el salario de reempleo, que atribuyen a que mejora la calidad de las empresas que contratan y atenúa las caídas salariales. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre, que regula la compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o de la actividad por cuenta propia: una parte del aumento de ingresos laborales no se computa para calcular la prestación, de modo que trabajar no descuenta euro a euro lo que se cobra. Lo modificó el Real Decreto 240/2026, de 25 de marzo. Consultado en septiembre de 2026. Según la AIReF (4.ª opinión sobre el ingreso mínimo vital, julio de 2025), el incentivo llegó en 2024 al 30% de los hogares perceptores, la misma proporción que en 2023. ↩
- AIReF, 4.ª opinión sobre el ingreso mínimo vital, julio de 2025, y su resumen ejecutivo: cobrar la prestación reduce la probabilidad de trabajar en tres puntos porcentuales, un 12%, y los días trabajados en 0,6 al mes, un 11% de lo que se trabajaba antes de cobrarla. El efecto supera el 20% en algunos grupos, como los hogares monoparentales y los menores de treinta años, y aparece también en quienes empezaron a cobrarla después de que entrara en vigor el incentivo al empleo de enero de 2023. La AIReF concluye que ese incentivo no basta y propone reformularlo entero. ↩
- Ministerio de Inclusión, «El Ingreso Mínimo Vital protege a más de 850.000 menores en enero, el 41,5% de los beneficiarios», La Moncloa, 5 de febrero de 2025: el 82,4% de los titulares tenía nacionalidad española. A 1 de enero de 2025 vivían en España 6.852.348 extranjeros de 49.077.984 habitantes, el 14,0% (INE, Estadística continua de población, 1 de enero de 2025, 13 de febrero de 2025). Con los datos de 2025 de Eurostat (ilc_peps05n, mayores de dieciocho años, consultada por su API en octubre de 2026), la tasa de riesgo de pobreza o exclusión era del 20,3% entre los españoles, del 36,3% entre los extranjeros de la Unión y del 53,1% entre los de fuera de ella, 2,6 veces la de los españoles. En la Encuesta de Condiciones de Vida de 2022 del INE eran el 21,9%, el 39,6% y el 60,4%. ↩
- INE, Encuesta de Población Activa, segundo trimestre de 2026: 2.495,3 miles de parados (serie EPA387800, consultada por la API Tempus en octubre de 2026). Los 1.896.142 beneficiarios de agosto de 2026 son los del SEPE (véase la nota sobre la cobertura) e incluyen a los beneficiarios de renta y subsidio agrarios. Los dos datos son de meses distintos y el cociente, 76%, es un orden de magnitud. ↩
- Artículo 28.3 de la Ley 19/2021: el plazo máximo para resolver es de seis meses desde la solicitud y, transcurrido, se entiende desestimada. Contra la denegación cabe reclamación previa ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social y después demanda ante el juzgado de lo social. ↩
- Real Decreto Legislativo 8/2015, Ley General de la Seguridad Social, arts. 262-273 (prestación contributiva por desempleo), 274-280 (subsidios, en la redacción del Real Decreto-ley 2/2024) y 363-372 (pensiones no contributivas).
- Ley 19/2021, del ingreso mínimo vital, arts. 4-11 (requisitos), 11.6 y 13 (cuantía y complemento de ayuda para la infancia) y 31.3 (evaluación anual por la AIReF); Ley 14/2022 del País Vasco, del sistema vasco de garantía de ingresos, y leyes autonómicas equivalentes.
- INE, Encuesta de condiciones de vida; Eurostat, pobreza antes y después de transferencias y gasto en protección social por función (ESSPROS); SEPE, Estadística de prestaciones por desempleo; Seguridad Social, estadísticas del ingreso mínimo vital.
- AIReF, Opiniones sobre el ingreso mínimo vital (2022 a 2026); Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, informes; Comisión Europea, Recomendación (UE) 2021/1004, Garantía Infantil Europea.
- Fundación FOESSA Informe sobre exclusión y desarrollo social en España edición periódica, la última de 2022
Una radiografía de quién queda fuera y por qué, con una encuesta propia que la estadística oficial no tiene. - Olga Cantó y Luis Ayala Políticas públicas para reducir la pobreza infantil en España: análisis de impacto UNICEF Comité Español, 2014
Qué haría cada medida posible con la pobreza de los niños y cuánto costaría, calculado. - AIReF Segunda opinión sobre el ingreso mínimo vital 2023
La evaluación oficial de la prestación, con la medición de a cuánta gente con derecho no llega y por qué. - Anthony B. Atkinson Desigualdad. ¿Qué podemos hacer? Fondo de Cultura Económica, 2016
Quince propuestas contra la desigualdad y la pobreza, con su coste; para saber qué se puede hacer antes de discutir si se quiere.
16 de octubre de 2026 · fecha de corte de los datos: octubre de 2026