El campo y el país que se vacía
Una explotación agraria depende de dos cosas que no decide quien la trabaja: una ayuda europea pagada por hectárea y un precio que ponen unos pocos compradores. Si no da renta para que alguien la herede, puede cerrar y el pueblo perder a sus jóvenes.
La fecha en que pagar por debajo del coste pasó a ser infracción
En febrero de 2020 el Gobierno aprobó un real decreto-ley, una norma con rango de ley que se dicta por urgencia. Lo presentó como respuesta a las demandas del sector agrario. Añadió a la ley de la cadena alimentaria una regla que suena a intervención de precios, aunque no fija ninguno. Cada operador de la cadena tiene que pagar al anterior un precio que cubra el coste de producción de quien vende. Pactar por debajo de ese coste es una infracción administrativa. Pagar menos de lo que cuesta producir solo le conviene a quien compra, porque la pérdida es del que vende. Según el preámbulo del decreto-ley, el sector agrario está atomizado, vende productos perecederos y depende de sus compradores, que pueden imponerle prácticas desleales. La reforma de diciembre de 2021 mantuvo la regla. Dio hasta el 1 de mayo de 2022 para adaptar los contratos que ya estaban en vigor.1
En 2025, el organismo estatal que vigila el cumplimiento impuso 991 sanciones, casi cuatro veces más que el año anterior. La mitad se impuso por algo más elemental que comprar por debajo del coste: no haber registrado el contrato.2 La regla del coste está en vigor; lo que se discute es si ha subido el precio que cobra el productor.
La PAC: de dónde viene el dinero y cómo llega
La política agrícola común (PAC) es una de las políticas europeas más antiguas. Con la de cohesión, es la que más presupuesto se lleva. En España se aplica con un Plan Estratégico propio para 2023-2027, que la Comisión Europea aprobó en agosto de 2022. Con lo que ponen el Estado y las comunidades, la PAC trae al campo español más de 50.000 millones de euros entre 2021 y 2027. Son unos 7.000 millones al año.3
El presupuesto europeo siguiente está en negociación. En julio de 2025 la Comisión Europea propuso meter la PAC en un fondo único con otras políticas. También propuso reservar al menos 300.000 millones de euros para 2028-2034 a la ayuda a la renta y a la gestión de crisis, frente a los 387.000 de la PAC actual.4 La Comisión sostiene que los Estados podrán completar esa ayuda con los planes de asociación nacionales y regionales. Las organizaciones agrarias lo leen como un recorte: descontada la inflación, de cerca de un 30%, según sus estimaciones. España figura entre los países que se oponen a la propuesta.
El dinero llega por tres vías. La primera son las ayudas directas. Se pagan cada año a quien declara una superficie o una cabaña ganadera y cumple unos requisitos. La segunda son los programas sectoriales de frutas y hortalizas, vino y apicultura, unos 580 millones al año. La tercera es el desarrollo rural, que financia inversiones, incorporación de jóvenes, zonas con limitaciones naturales y programas de innovación.
Dentro de las ayudas directas hay cinco piezas distintas, y el debate público las mezcla:
- La ayuda básica a la renta es el pago por hectárea admisible, la que cumple los requisitos para cobrar.
- El pago redistributivo añade un importe extra a las primeras hectáreas de cada explotación, con la intención explícita de favorecer a las pequeñas.
- El complemento para jóvenes agricultores añade un pago a la renta de quien se instala, durante sus primeros años.
- Los ecorregímenes pagan por prácticas concretas —cubiertas vegetales, rotaciones, pastoreo extensivo— y se llevan el 23% del presupuesto de pagos directos.5
- Las ayudas asociadas se pagan por producir determinados cultivos o mantener determinado ganado.
Todas están sujetas a la condicionalidad: un conjunto de obligaciones ambientales, sanitarias y de bienestar animal cuyo incumplimiento recorta el pago. Quien tramita, paga y controla es cada comunidad autónoma, a través de su organismo pagador. Un organismo estatal, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), las coordina y fija el procedimiento común.
Entre mediados de octubre de 2025 y el final de mayo de 2026, agricultores y ganaderos cobraron unos 4.400 millones de euros del fondo europeo de garantía agraria.6 Nueve de cada diez euros fueron de las cuatro ayudas directas principales. No se conceden pagos directos por debajo de 300 euros. Ese umbral deja fuera a los titulares más pequeños, y existe porque tramitar un expediente cuesta dinero.
Quién cobra, y qué dice el reparto
La lista de quien cobra es pública, y el desglose oficial del FEGA permite medir tres desigualdades: de tamaño, de edad y de sexo. La de tamaño se aproxima por el tipo de perceptor, aunque la forma jurídica no mide el tamaño. En 2025, uno de cada diez perceptores de ayudas directas y de desarrollo rural era una persona jurídica: una sociedad, una comunidad de bienes, una cooperativa.7 Entre todas se llevaron cuatro de cada diez euros de ese conjunto. Una cooperativa pequeña es persona jurídica y un gran propietario puede ser persona física, así que esa cifra no separa a grandes de pequeños.
Datadista, un medio de periodismo de datos, analizó la campaña de 2024 y afinó más. Según su análisis, el 1% de los perceptores privados concentró en torno a una cuarta parte de las ayudas.8
La desigualdad de tamaño tiene una raíz técnica. El grueso de la ayuda se paga por hectárea, así que quien tiene más tierra cobra más. Da igual cuánta gente emplee, cuánto produzca o cuánto necesite el pago para seguir. La PAC paga así por la superficie que se declara, sea propia o arrendada, más que por la actividad.
La segunda desigualdad es de edad. Casi cuatro de cada diez personas físicas que cobran ayudas directas tienen 65 años o más, unas 200.000. Menos de una de cada diez tiene menos de 40. La tercera es de sexo. Las mujeres son algo más de un tercio de las personas físicas que cobran. Se llevan algo más de la cuarta parte de lo que cobran entre todas.9
Hay comunidades por encima de la media. En la Comunidad Valenciana, según la asociación agraria AVA-ASAJA, 48 de cada 100 perceptores de ayudas directas tienen 65 años o más, frente a unos 40 en España.10
Una explicación posible de que el relevo falle, que el capítulo no ha medido, es el cálculo del titular mayor que cobra además una pensión. Le puede compensar quedarse la tierra y seguir declarándola.
La ayuda por hectárea se suma a la pensión, y quien vende la deja de cobrar. El requisito de agricultor activo lo frena poco en las explotaciones pequeñas. Quien cobró menos de 5.000 euros de pagos directos el año anterior lo cumple sin más. Por encima de esa cifra hay que estar de alta como autónomo agrario o sacar del campo al menos el 25% de los ingresos.11 Al joven que quisiera entrar, la tierra, la maquinaria y el ganado le cuestan antes de la primera cosecha. Sin patrimonio que ofrecer como garantía, ese dinero es difícil de conseguir a crédito. La ayuda pública a la primera instalación de jóvenes agricultores cubre una parte de esa entrada. Son unos 135 millones al año en el Plan Estratégico.
El grueso de la ayuda se paga por hectárea: cobra más quien tiene más tierra, produzca lo que produzca.
La tierra: cuántas explotaciones quedan y de qué tamaño
El Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo en 2023 su encuesta de estructura de las explotaciones agrícolas. Contó unas 784.000 explotaciones en España, casi un 40% menos que los 1,29 millones de 1999, aunque compara una encuesta por muestreo con un censo. La superficie agrícola utilizada, en cambio, se ha mantenido desde 2009 entre 23,5 y 23,9 millones de hectáreas (entre 1999 y 2009 bajó un 9%). Esa tierra se reparte entre menos explotaciones, y por eso la media ha subido a unas 30,5 hectáreas.12
La desaparición de explotaciones es el movimiento de fondo del campo español y europeo. Con la superficie estable, cambia quién trabaja la tierra, no cuánta hay. Y no toda desaparición es pérdida. Puede ser una parcela minúscula de un titular que ya no vivía de ella o una explotación viable sin sucesor. La estadística las cuenta igual, y una discusión que no las separe acaba midiendo cosas distintas con el mismo número.
El precio: de la granja al lineal
La segunda variable que el agricultor no controla es el precio. Entre lo que se paga en la granja y lo que se cobra en el lineal hay una cadena de operaciones que añaden coste y valor. Ahí caben el matadero, el despiece, el transporte en frío, el envasado, la distribución y la merma. También el margen de cada eslabón y el impuesto sobre el valor añadido (IVA).
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) es una de las organizaciones que representan a los agricultores. El índice que publica cada mes compara el precio en origen con el precio final. En abril de 2026 el kilo de cerdo se pagaba a 1,30 euros en granja y se vendía a 6,90 en el supermercado. El precio final era 5,3 veces el de origen, cuando dos años antes era 3,5 veces.13
En esos dos años hubo además un choque ajeno a la cadena. En noviembre de 2025 se confirmó la peste porcina africana en jabalíes de la provincia de Barcelona, la primera en España desde 1994. España perdió la condición de país libre de la enfermedad, con restricciones a la venta de cerdo de las zonas afectadas.14
Ese índice muestra que la distancia entre los dos extremos ha crecido y que el precio en origen cayó mientras el final subía. No demuestra que la diferencia sea beneficio de alguien, porque compara dos productos que no son el mismo: un cerdo vivo no es un lomo envasado. Para medir el margen hay que descontar el coste de cada eslabón. Eso lo hace el Observatorio de la Cadena Alimentaria, del Ministerio de Agricultura, con un simulador público. Solo cubre algunos productos. La distinción entre distancia y margen importa porque de ella depende qué habría que cambiar.
Sobre esa cadena actúa la Ley 12/2013 de la cadena alimentaria, reformada en 2020 y a fondo en 2021. Cuatro de sus obligaciones son las que importan aquí:
- Contrato escrito (artículo 8). Todo contrato alimentario tiene que ser escrito e incluir el precio y sus factores de revisión, salvo las ventas que se pagan al contado en la entrega.
- Plazos de pago (artículo 9.1.d). El comprador tiene que pagar en los plazos que fija la ley contra la morosidad para los productos alimentarios.
- Registro. El comprador tiene que inscribir en un registro del ministerio, antes de la entrega, los contratos que firma con productores primarios (artículo 11 bis).
- Coste de producción. Cada operador tiene que pagar al eslabón anterior al menos el coste de producción de quien vende (artículo 12 ter).
La vigilancia corresponde a un organismo estatal cuando la relación comercial cruza comunidades, y a las comunidades cuando no.15
El punto débil está en la regla del coste. El coste que cuenta es el que ha tenido el vendedor, y se acredita con los medios de prueba que admite el Derecho. Fuera de los productos que estudia el Observatorio no hay un índice oficial con el que contrastarlo. Sin esa referencia, probar que un precio está por debajo del coste exige una contabilidad que no todas las explotaciones llevan. Y denunciar a un comprador puede costar el cliente.
- Granja · 1,30 €/kgPrecio en origen, abril de 2026.
- Matadero y despieceSacrificio, corte y merma de peso.
- Transporte y fríoCadena refrigerada hasta la plataforma.
- Envasado y distribuciónEnvase, logística y margen de cada eslabón.
- Lineal · 6,90 €/kgPrecio en destino, con IVA incluido.
5,60 € de diferencia por kilo.
De qué está hecha la renta agraria
Para ver el conjunto sin depender de casos están las cuentas económicas de la agricultura. La renta agraria es el valor de lo que produce el sector, menos lo que gasta en piensos, abonos, energía y semillas (los consumos intermedios). A eso se le restan el desgaste de la maquinaria y las instalaciones (las amortizaciones) y los impuestos, y se le suman las subvenciones. Es lo que queda para pagar el trabajo, la tierra y el capital de todo el sector. No equivale a la renta media de una explotación.
La renta agraria de 2025 fue de casi 40.000 millones de euros. Las subvenciones de explotación, que no incluyen las ayudas a la inversión, sumaron unos 6.700 millones, una sexta parte.16
Esa proporción es el dato del que parte el debate sobre las subvenciones, pero no describe a ninguna explotación concreta. El peso de la ayuda cambia mucho según el tipo de explotación. Es pequeño en una intensiva de regadío o de porcino, y puede ser la mayor parte del ingreso en una extensiva de secano o de dehesa. Quien dice que el campo vive de las subvenciones y quien dice que las ayudas son marginales pueden estar describiendo, los dos, explotaciones reales. Ninguno de los dos está describiendo el sector.
El riesgo de la cosecha: un seguro con prima pública
La renta de una explotación la mueven también la helada, el granizo, la sequía y las enfermedades del ganado. Para eso existe desde 1978 el seguro agrario combinado, voluntario, que cubre a la vez varios riesgos de una misma producción. Cada año el Gobierno aprueba un plan, a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. El plan fija qué se puede asegurar y qué parte de la prima paga el Estado. Las aseguradoras que venden estas pólizas lo hacen juntas, en coaseguro, a través de Agroseguro, que aplica la subvención en cada póliza. El Consorcio de Compensación de Seguros reasegura los años malos. El plan de 2026 dedica 315 millones de euros a subvencionar primas.17
El plan fija además la regla que sostiene el sistema: el Estado no concede ayudas extraordinarias por los daños que se podían asegurar.18
La protesta de 2024 y lo que vino después
En febrero de 2024 los tractores cortaron carreteras en España y en otros países europeos. Las reivindicaciones mezclaban tres cosas distintas: la carga burocrática de la PAC, las exigencias ambientales de la condicionalidad y la competencia de importaciones que no cumplen las mismas reglas. El Gobierno anunció un paquete de medidas. En mayo de 2024 la Unión cambió varios requisitos de la PAC, y en octubre un real decreto adaptó a ellos las normas españolas, entre otras cosas para flexibilizar los ecorregímenes.19
Tras la protesta, el cambio fue distinto en dos terrenos. Lo administrativo se movió deprisa: los requisitos de los ecorregímenes se flexibilizaron en ocho meses. El decreto de octubre no tocaba el precio en origen, que lo fija la relación entre quienes venden y quienes compran. Esa relación no la cambia un reglamento de ayudas. Lo que cambió fue lo que un decreto puede cambiar.
La despoblación, que viene después
España tiene 8.132 municipios, y unos 5.000 —seis de cada diez, como cuenta el capítulo 3.3, sobre municipios y provincias— tienen menos de mil habitantes. En 2025 vivía en ellos el 2,9% de la población, y en 2021 ocupaban cerca del 40% de la superficie del país.20 Entre 2011 y 2018 perdieron habitantes cerca de nueve de cada diez de esos municipios. Es el diagnóstico oficial que recoge el capítulo 6.6, sobre demografía.
Hay dos vías agrarias por las que un pueblo pierde gente. La primera es la mecanización, que desde los años sesenta acompaña la caída del empleo agrario. Según un estudio publicado por el Ministerio de Agricultura, en 1960 trabajaban en el campo cuatro de cada diez activos españoles; en 1993, nueve de cada cien.21 En el segundo trimestre de 2026 trabajaban en la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca unos 787.000 ocupados, menos de cuatro de cada cien. Casi dos de cada tres lo hacían por cuenta ajena.22
Con tractores, cosechadoras y ordeñadoras, la misma tierra necesita mucha menos gente, y las explotaciones que quedan son cada vez más grandes. Por esta vía el pueblo pierde gente aunque la explotación sea rentable.
La segunda vía es la de la explotación que no da renta suficiente para que alguien la herede. Esa renta depende de una ayuda que se cobra por hectárea y de un precio que se fija fuera. Si además el joven que quiere entrar no puede financiar la inversión sin garantías, la explotación no se transmite.
Cuando la explotación no se transmite, el hijo puede irse. Si se van bastantes hijos, la escuela puede cerrar, y sin escuela vuelven menos familias con niños. La despoblación es el último eslabón de esa cadena, y algunas políticas —ayudas por empadronarse, campañas de atracción— actúan solo sobre ese eslabón.
El Estado ha ido montando un aparato propio contra la despoblación. En 2021 aprobó un plan de 130 medidas con más de 10.000 millones de euros. Esa cifra es, según el Gobierno, en torno al 10% del plan de recuperación tras la pandemia, que describe el capítulo 3.4, sobre la Unión Europea. En febrero de 2026 presentó una segunda estrategia nacional de reto demográfico, que aprobó en julio.23
Hay incentivos fiscales para quien se instala en municipios pequeños. No consta una evaluación pública con grupo de control. Haría falta para separar el efecto de esas medidas del que tienen sobre esos municipios el teletrabajo, la vivienda barata o la llegada de población extranjera.
El campo español entró en la Comunidad Europea en 1986 con una estructura ya marcada por dos procesos internos. Uno fue la concentración parcelaria, que empezó en los años cincuenta para agrupar las fincas minúsculas que la herencia había ido partiendo. El otro, el éxodo rural de los sesenta, sacó a mucha gente del campo en una generación. La agricultura que se integró en Europa tenía, por tanto, muchos titulares pequeños y una parte del territorio ya despoblada.
La política agraria europea que encontró al entrar pagaba precios: Bruselas garantizaba un precio mínimo y compraba el excedente. El sistema produjo montañas de mantequilla y lagos de vino. En 1992 llegó la reforma MacSharry, con el nombre del comisario europeo de Agricultura que la impulsó. Cambió el principio: bajó los precios garantizados y compensó a los agricultores con un pago directo por hectárea o por cabeza de ganado.
Aquella compensación se convirtió en el corazón del sistema. En 2003 se dio el segundo paso, el desacoplamiento: el pago dejó de depender de lo que se producía y pasó a depender de unos derechos de pago. Un derecho de pago es un título que, declarado junto con una hectárea admisible, permite cobrar la ayuda por ella. Se compra, se vende y se arrienda, y su valor se calculó sobre lo que su titular había cobrado en unos años de referencia. Desde entonces, el dinero europeo es una renta ligada a la superficie más que un incentivo a producir.
Las reformas posteriores han retocado ese diseño sin romperlo. La de 2015 cambió los derechos históricos por otros nuevos, calculados todavía sobre lo cobrado antes. Además empezó a acercar su valor a la media de cada región. La de 2023 los agrupó en veinte regiones y se fijó como objetivo que en 2029 todos los de una misma región valgan lo mismo.24 Introdujo los ecorregímenes, el pago redistributivo y la condicionalidad reforzada. Hasta 2029, cada derecho arrastra parte de lo que su titular cobraba antes, y sin derechos la tierra no da la ayuda básica.
Desde 1992, ninguna reforma de la PAC ha dejado de pagar sobre todo por la superficie: mientras el grueso de la ayuda siga siendo la hectárea declarada, el dinero seguirá el reparto de la tierra.
La otra mitad del problema, la del precio, es comercial. En el campo hay 784.000 explotaciones, que venden por separado o a través de miles de cooperativas. Cuando muchos vendedores pequeños se enfrentan a pocos compradores grandes, el precio tiende a ponerlo el comprador.
Las normas de la cadena de 2013, 2020 (un decreto-ley que se tramitó después como ley) y 2021 actúan sobre ese desequilibrio con derecho administrativo: obligaciones, inspecciones y multas. Pero el desequilibrio nace de la estructura del mercado, que esas leyes no cambian.
- 1986
- España entra en una PAC que paga precios y compra el excedente.
- 1992
- Reforma MacSharry: bajan los precios garantizados y se compensa por hectárea o por cabeza de ganado.
- 2003
- Desacoplamiento: el pago deja de depender de lo que se produce.
- 2015
- Regionalización: los derechos históricos empiezan a converger.
- 2023
- Plan estratégico: hectárea más prácticas ambientales y pago redistributivo.
- 2028
- Propuesta de la Comisión Europea: fondo único y un 22% menos de presupuesto de la PAC en euros corrientes, cerca de un 30% descontada la inflación según estimaciones del sector.
| Fondos europeos de la PAC, 2021-2027 | 47.724 millones € | 13.730 de la transición; más de 50.000 con cofinanciación |
| Pagos del fondo europeo de garantía agraria en el ejercicio 2026 | 4.383 millones € | Del 16 de octubre de 2025 al 31 de mayo de 2026; el 91%, en las cuatro ayudas directas principales |
| Peso de los ecorregímenes | 23% de los pagos directos | Plan Estratégico 2023-2027; prácticas beneficiosas para el clima |
| Perceptores que son personas jurídicas | 10,45% | Cobran el 42,21% del importe de las ayudas directas y de desarrollo rural (2025) |
| Perceptores de 65 años o más | 39,56% | 203.442 personas físicas que cobran ayudas directas, en 2025 |
| Perceptores jóvenes | 8,83% | Perceptores de ayudas directas menores de 40 años, en 2025 |
| Explotaciones agrarias | 784.141 | Encuesta de estructura de 2023; 914.871 en el censo de 2020 y 1,29 millones en 1999 |
| Superficie media por explotación | 30,5 hectáreas | 2023, sobre 23,5 millones de hectáreas de superficie agrícola utilizada; 26,4 en 2020 |
| Renta agraria | 39.799 millones € | 2025, un 8,9% más que en 2024 |
| Subvenciones de explotación del sector | 6.675 millones € | Una sexta parte de la renta agraria; un 2,7% menos que en 2024 |
| Consumos intermedios | 32.371 millones € | Gasto del sector en piensos, abonos, energía y otros insumos; un 4,8% más que en 2024 |
| Subvención estatal al seguro agrario | 315 millones € | Plan de seguros agrarios de 2026 |
| Sanciones de la ley de la cadena alimentaria | 991 en 2025 | El organismo estatal; el 51%, por no registrar el contrato |
| Municipios de menos de 1.000 habitantes | ~5.000 de 8.132 | Con el 2,9% de la población (2025) |
| Presupuesto de la PAC propuesto para 2028-2034 | Al menos 300.000 millones € | Frente a 387.000 de la PAC actual: un 22,5% menos en euros corrientes y cerca de un 30% descontada la inflación, según estimaciones del sector; la Comisión añade 453.000 millones en los planes de asociación |
Lo que distingue al campo español en la Unión es, sobre todo, la escala: 23,5 millones de hectáreas de superficie agrícola en 2023, la segunda de la Unión tras Francia, con 27,2, y por delante de Alemania, con 16,6, según Eurostat.25 La explotación media española tiene 30,5 hectáreas, frente a las 17,8 de la Unión. Como se paga por hectárea, las diferencias de tamaño pasan tal cual a la ayuda.
El regadío usa entre el 65% y el 80% del agua que se emplea en España, según la medida (capítulo 6.5, sobre energía, agua y territorio), pero la estadística europea no permite comparar ese dato con el de los demás países.
La concentración de las ayudas también aparece en el conjunto de la Unión. La Comisión Europea recoge la crítica de que el 80% de la ayuda va al 20% de los perceptores. Y da una cifra propia: las explotaciones de más de 250 hectáreas, algo más del 1% de las que reciben ayuda, se llevaron el 23% de los pagos directos en 2022.26 Para España, el análisis periodístico del 1% da en torno a una cuarta parte. Excluye a los perceptores públicos y cuenta por separado las filiales de un mismo grupo. Por eso no se puede poner al lado de la cifra de la Comisión, que agrupa por tamaño de la explotación.
Francia es el mayor receptor de la PAC: en 2023 recibió el 18,1% de los pagos directos y de mercado. España, la segunda, recibió el 13,8%, por delante de Alemania (11,4%) e Italia (10,5%).27 Francia tiene además unas sociedades de ordenación agraria (SAFER), sin ánimo de lucro y tuteladas por el Estado. Tienen derecho de tanteo, que es el derecho a comprar con preferencia la tierra que se pone a la venta. Las usan para facilitar la instalación de nuevos agricultores.
¿Debe la ayuda pagarse por hectárea o por otra cosa?
Es el criterio más fácil de verificar, por satélite, y barato de controlar. Pagar por renta exigiría auditar la contabilidad de cientos de miles de explotaciones. Pagar por empleo penalizaría a los cultivos que se mecanizan. Un techo por perceptor, además, se esquiva dividiendo la explotación en sociedades.
Pagar por superficie reproduce el reparto de la tierra, sostiene explotaciones sin actividad real y no distingue entre quien vive de la explotación y quien la tiene como patrimonio. Hay instrumentos intermedios —techos por perceptor, pago redistributivo, requisito de agricultor activo, que reserva la ayuda a quien ejerce la actividad— que la Unión permite. Según quien defiende este criterio, España los aplica con timidez.
¿Sirve de algo la ley de la cadena alimentaria?
La ley impone el contrato escrito, fija plazos de pago y obliga a registrar los contratos. En 2025 las sanciones del organismo estatal fueron casi cuatro veces las de 2024. Permite además al productor denunciar ante la Administración, con su identidad protegida, en vez de demandar él a su cliente ante un juez.
Más de la mitad de las sanciones del organismo estatal en 2025 fueron por no registrar el contrato. El coste de producción se acredita con los medios de prueba que admite el Derecho, y denunciar a un comprador puede costar perderlo como cliente. Quienes critican la ley añaden que una ley no puede crear poder de negociación donde falta. Ese poder vendría de concentrar la oferta en organizaciones de productores, lo que depende de los propios agricultores.
¿Se puede frenar la despoblación?
Quien responde que sí señala municipios que han estabilizado su población con banda ancha, vivienda disponible, escuela abierta y un empleo ancla. Señala también comarcas donde el teletrabajo y la llegada de población extranjera han cambiado el signo de la tendencia. Añade que mantener un servicio cuesta menos que reconstruirlo.
Quien responde que no sostiene que la gente se va porque la economía se concentra en pocos sitios, algo que lleva un siglo pasando en toda Europa. Sostiene también que ninguna política ha revertido esa tendencia. Las ayudas, dice, hacen más llevadera la vida de quien se queda, que no es poco pero es otra cosa.
«Los agricultores viven de las subvenciones.»
La media y el casoEl peso de la ayuda puede ir de casi nada a casi todo el ingreso según lo que se cultive y cómo. La media del sector no describe a ninguna explotación. Quien use el promedio para hablar de un caso concreto, o un caso concreto para hablar del sector, está cambiando de unidad a mitad de frase.
«El supermercado multiplica por cinco el precio del campo.»
Distancia no es margenLa distancia que mide el índice de COAG es real y ha crecido. Pero separa dos productos distintos, un animal en la granja y una bandeja en el lineal, con el matadero, el frío, el envase, la distribución y el IVA en medio. La pregunta es qué eslabón se queda hoy más que antes. Solo lo responde una cuenta que descuente el coste de cada uno, como la que hace el Observatorio de la Cadena Alimentaria para algunos productos.
«La PAC paga a duques y a grandes propietarios.» / «La PAC sostiene a los pequeños agricultores.»
Mira la distribuciónLas dos frases describen partes de la misma lista de perceptores, y es pública. Por un lado, el 10% de los perceptores, que son personas jurídicas, cobra el 42% del importe. Por otro, el 90% restante, que son personas físicas, se reparte el 58%. La forma jurídica no separa a grandes de pequeños: para el tamaño, Datadista midió que el 1% de los perceptores privados concentra una cuarta parte. Quien cite un solo lado ha elegido la mitad de la distribución que sostiene su frase.
«Hay que repoblar la España vaciada.»
Sostener o repoblarLa pregunta útil es a cuánta gente, dónde y con qué indicador se medirá el resultado. Sin una cifra objetivo, cualquier campaña de atracción o ayuda por empadronamiento puede presentarse como un éxito. La otra pregunta es qué servicios se garantizan a quien ya vive allí, que es una decisión de gasto.
«La ley de la cadena ya prohíbe vender a pérdidas: el problema está resuelto.»
Sin índice no hay pruebaLa ley prohíbe al comercio vender al público por debajo de lo que pagó por el producto, y a cada eslabón pagar por debajo del coste del anterior. Pero ese coste se acredita con los medios de prueba que admite el Derecho y, fuera de unos pocos productos, no hay un índice oficial con que contrastarlo. En 2025, la mitad de las sanciones del organismo estatal fueron por no registrar el contrato. La pregunta es cuántas de esas sanciones castigan un precio.
«Las protestas de 2024 no sirvieron para nada.»
Lo que se concede por decretoLa frase las mide por el precio, que ningún decreto fija. Lo que dependía de uno, la flexibilización de los ecorregímenes, llegó en ocho meses. Confundir las dos cosas lleva a pedir a un decreto lo que no da y a no pedirle lo que sí.
La lista completa de perceptores de ayudas de la PAC es pública, y se puede buscar por nombre o razón social, provincia, municipio o medida. Quien cobró 1.250 euros o menos aparece con un código, sin su nombre.28 Los importes cobrados se mantienen accesibles dos años.
Un comprador que no ofrece contrato escrito al dueño de una explotación, o que le paga fuera de plazo, comete una infracción. Si la relación cruza comunidades, la vigila un organismo estatal; si no la cruza, la consejería de agricultura. La denuncia es confidencial pero no anónima: el organismo protege la identidad de quien denuncia.29 El registro de contratos alimentarios es obligatorio para el comprador, y su ausencia es por sí sola una infracción.
La ayuda a la primera instalación de jóvenes agricultores la gestiona cada comunidad con fondos de desarrollo rural, y las reducciones de cuota de autónomos las fija el Estado.
Las deducciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por vivir en un municipio pequeño las fija cada comunidad. Cada una pone su propio umbral de habitantes y su propia lista de municipios en riesgo de despoblación. El manual de deducciones autonómicas de la Agencia Tributaria recoge las de las comunidades de régimen común; País Vasco y Navarra tienen su propio impuesto.30 De esa lista dependen también ayudas a la rehabilitación y prioridad en varias convocatorias.
- La regla del coste la añadió a la Ley 12/2013 el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, como artículo 12 ter, «Destrucción de valor en la cadena»: cada operador debe pagar al inmediatamente anterior un precio igual o superior a su coste efectivo de producción (para el productor primario, el artículo 9.1.c de la misma ley exige que el precio sea, en todo caso, superior al total de costes asumidos). El Gobierno lo presentó como respuesta a las demandas del sector agrario (La Moncloa, 26 de febrero de 2020), y su tramitación como proyecto de ley acabó en la Ley 8/2020, de 16 de diciembre, que mantuvo el artículo. La Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, conservó esa prohibición al trasponer la directiva europea sobre prácticas comerciales desleales. Obliga a formalizar por escrito todo contrato alimentario, fija los plazos de pago y exige que el contrato incluya el precio y sus factores de revisión. Crea un registro digital en el que el comprador tiene que inscribir, antes de la entrega del producto, los contratos que firma con productores primarios y sus agrupaciones (artículo 11 bis de la Ley 12/2013). La disposición transitoria dio de plazo hasta el 1 de mayo de 2022 para adaptar los contratos en vigor, sus prórrogas y sus renovaciones. El mismo artículo prohíbe vender al público por debajo del precio de adquisición, y exceptúa de esa prohibición los alimentos perecederos próximos a su inutilización, con información clara al consumidor. Por qué alguien pagaría por debajo del coste: el preámbulo del Real Decreto-ley 5/2020 describe un sector agrario «muy atomizado, estacionario y con una elevada rigidez de la demanda, por la propia naturaleza perecedera de la producción», y atribuye las diferencias de poder de negociación a «la dependencia económica del proveedor respecto del comprador», que es probable que lleven a «los agentes más grandes» a imponer prácticas comerciales desleales «a los agentes más pequeños». El preámbulo de la Ley 16/2021 añade que en buena parte de las transacciones intervienen productos perecederos, «cuya aptitud comercial va a ser necesariamente limitada». Quien compra por debajo del coste del vendedor no pierde dinero: lo pierde el vendedor. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), balance de actividad de 2025 presentado a su Consejo Asesor el 4 de marzo de 2026 (nota del Ministerio de Agricultura, recogida con las mismas cifras por Agronews Castilla y León el 4 de marzo de 2026): 991 sanciones, casi cuatro veces más que en 2024, de las que el 51% fueron por falta de registro de los contratos alimentarios; el resto, mayoritariamente por incumplimiento de los plazos de pago y por ausencia de elementos esenciales del contrato, entre ellos el precio. La agencia realizó 399 inspecciones —el 56% en el sector de frutas y hortalizas y el 13% en el cárnico—, revisó 2.978 relaciones comerciales e investigó 28 denuncias. Las comunidades autónomas, competentes cuando la relación comercial no cruza fronteras autonómicas, hicieron otras 705 inspecciones, controlaron 2.858 relaciones e impusieron 793 sanciones, prácticamente el doble que en 2024. ↩
- Plan Estratégico de la PAC de España 2023-2027, presentado en diciembre de 2021 y aprobado por la Comisión Europea el 31 de agosto de 2022, al amparo del Reglamento (UE) 2021/2115. El Ministerio lo presentó «dotado con 47.724 millones de euros hasta 2027», pero su resumen de la propuesta, de diciembre de 2021, reparte esos fondos europeos entre 2021 y 2027: 13.730 millones son de los dos años de transición, 2021 y 2022, y el resto financia el Plan de 2023 a 2027. El capítulo 3.4, sobre la Unión Europea, da la misma cuenta. Con la cofinanciación del Estado y de las comunidades autónomas en las medidas de desarrollo rural, la cifra supera los 50.000 millones. Repartidos entre los siete años, son algo más de 7.000 millones al año. Entre las dotaciones anuales destacan 582 millones para programas sectoriales (frutas y hortalizas, vino, apicultura), 1.762 millones de gasto público total en desarrollo rural, unos 230 millones para ayudas específicas a jóvenes y 135 millones anuales para la primera instalación, según la nota de La Moncloa de 31 de agosto de 2022 sobre el plan aprobado. ↩
- Propuesta de marco financiero plurianual 2028-2034 presentada por la Comisión Europea en julio de 2025: la política agraria común se integraría en un fondo único plurisectorial gestionado bilateralmente con cada Estado, y se reservarían al menos 300.000 millones de euros para la ayuda a la renta y la gestión de crisis (293.700 de ayuda a la renta y 6.300 de red de seguridad), frente a los 387.000 de la PAC actual; la Comisión añade 453.000 millones en los planes de asociación nacionales y regionales, con los que los Estados pueden completar la ayuda a la renta u otras medidas agrarias (Comisión Europea, The CAP post-2027 in the next EU budget). La comparación con los 387.000 no es homogénea, pero, tomada tal cual, son 87.000 millones menos, un 22,5% en euros corrientes, que ajustado por la inflación supone un recorte real cercano al 30%, según estimaciones del sector que citan las organizaciones agrarias, como la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (Europa Press, 18 de julio de 2025: «más del 20% nominal y de hasta el 30% en términos reales»); la Comisión no publica esa cifra. España figura entre los diecisiete Estados que se opusieron, y las organizaciones agrarias europeas convocaron movilizaciones en Bruselas. El Parlamento Europeo fijó su mandato negociador el 28 de abril de 2026, y en junio el Congreso aprobó una moción que insta al Gobierno a exigir el presupuesto actualizado a los precios de 2027. La propuesta debe negociarse con el Consejo y el Parlamento Europeo, y en septiembre de 2026 no estaba aprobada: en diciembre de 2025 el Consejo Europeo pidió seguir negociando para llegar a un acuerdo antes de que acabe 2026 (Consejo de la Unión Europea, The EU long-term budget, consultado en septiembre de 2026). ↩
- El Plan Estratégico reserva el 23% de la dotación nacional de pagos directos a los ecorregímenes, los pagos voluntarios por prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente —cubiertas vegetales y siembra directa, rotaciones, pastoreo extensivo, siega sostenible, espacios de biodiversidad—, tal y como permite el artículo 31 del Reglamento (UE) 2021/2115. El agricultor que no se acoge a ninguno de ellos pierde esa parte del pago. ↩
- Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), pagos del ejercicio financiero 2026, del 16 de octubre de 2025 al 31 de mayo de 2026, según Agronews Castilla y León: 4.383,01 millones de euros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), de los que 3.976,83, el 90,73%, corresponden a las cuatro ayudas directas que desglosa (ayuda básica a la renta, 2.033,36; ecorregímenes, 941,65; ayuda asociada, 573,57; pago redistributivo, 428,25). El resto incluye otras líneas del mismo fondo, como la ayuda complementaria a jóvenes. El umbral de 300 euros por debajo del cual no se conceden pagos directos lo fija el artículo 13 del Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, que permite a las comunidades autónomas elevarlo hasta 500, y responde al coste administrativo de tramitar un expediente. Quien paga materialmente no es el FEGA sino los organismos pagadores de las comunidades autónomas, que el FEGA coordina. ↩
- Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), análisis de los perceptores de ayudas directas y de desarrollo rural, ejercicio 2025, recogido por Agrodigital el 9 de septiembre de 2026: en el conjunto de ayudas directas y de desarrollo rural, las personas jurídicas son el 10,45% de los perceptores y cobran el 42,21% del importe; las personas físicas, el 89,55%, cobran el 57,79%. Es la estadística oficial del organismo que coordina los pagos, elaborada a partir de su base de datos de beneficiarios. ↩
- Análisis de Datadista (29 de junio de 2025) sobre los datos abiertos de perceptores de la PAC de 2024: «el 1% de los beneficiarios privados», unos 6.900 titulares, absorbió «casi el 24%» del dinero. Descansa en una sola fuente y en un tratamiento propio de los microdatos —se limita a los perceptores privados, y las filiales de un mismo grupo «figuran como perceptores separados, lo que dificulta cuantificar la concentración real»—, de modo que es un orden de magnitud y no una cifra oficial. Coincide, en cualquier caso, con el patrón que la Comisión Europea publica para el conjunto de la Unión. ↩
- FEGA, análisis de la edad y el sexo de los perceptores de ayudas directas, ejercicio 2025. Cruza la base de datos de beneficiarios del FEGA con el padrón municipal del INE, que da el sexo y la edad de las personas físicas, y cubre al 98,61% de ellas. De las 514.314 personas físicas que cobraron ayudas directas, 203.442 (el 39,56%) eran mayores de 65 años, el 51,62% tenía entre 40 y 65 y el 8,83%, menos de 40. Las mujeres eran 193.614, el 37,65%, y cobraron 950,56 millones de los 3.485,82 que recibieron las personas físicas, el 27,27%; los hombres, 2.535,26 millones. El análisis no desglosa por sexo ni edad a las personas jurídicas, que cobran el resto del importe. ↩
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ayudas directas y desarrollo rural. Análisis de la edad y el sexo de los perceptores a nivel nacional y por comunidades autónomas 2025: en la Comunidad Valenciana, el 48,07% de los 31.405 perceptores de ayudas directas tenía 65 años o más, frente al 39,56% de media nacional, y el 5,8% tenía menos de 40. Lo difundió la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) en agosto de 2026. La propia AVA-ASAJA sitúa a Canarias (48,4%) a la par con la Comunidad Valenciana, de modo que el texto no la presenta como la más alta. ↩
- Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, sobre la aplicación de las intervenciones en forma de pagos directos, texto consolidado consultado en octubre de 2026. El artículo 5.2 reconoce como agricultor activo a quien figura de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos por la actividad agraria o a quien obtiene de ella «una parte significativa de sus ingresos totales», que el artículo 5.4 fija en el 25% (el 5% en Canarias). El artículo 7.1 da el requisito por «automáticamente cumplido» para quien, habiendo cobrado pagos directos el año anterior, percibió «menos de 5.000 euros». La norma no excluye expresamente a quien cobra una pensión de jubilación: el filtro es el porcentaje de ingresos agrarios o el alta como autónomo, y por debajo de 5.000 euros no se aplica. ↩
- INE, Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 2023 (publicada el 26 de febrero de 2025): 784.141 explotaciones, un 12,4% menos que en el censo de 2020; superficie agrícola utilizada de 23,5 millones de hectáreas, un 1,6% menos; superficie media de 30,46 hectáreas por explotación, un 13,2% más. INE, Censo Agrario 2020 (publicado en mayo de 2022): 914.871 explotaciones, un 7,6% menos que en 2009; superficie agrícola utilizada de 23,9 millones de hectáreas, un 0,7% más que en 2009; superficie media de 26,37 hectáreas por explotación, un 7,4% más. Para el −12,4% y el +13,2% de 2023, el INE parte de una base de 895.055 explotaciones con superficie y 26,92 hectáreas de media en el censo de 2020, distinta de las cifras anteriores. El «casi un 40% menos» que en 1999 compara los 1.289.451 del censo de 1999 (cifra recogida en el Censo Agrario 2009) con los 784.141 de la encuesta de 2023 (−39,2%); encadenando los tres cambios publicados (−23,2%, −7,6% y −12,4%) sale un −37,8%: son fuentes distintas, con bases ligeramente distintas. La superficie agrícola utilizada de 1999 era de 26,16 millones de hectáreas y la de 2009, de 23,75 (−9,2%, según el mismo censo). El censo de 2009 había contado 989.796 explotaciones, un 23,2% menos que las 1.289.451 de 1999 contadas con los mismos criterios, con una superficie media que pasó de 20,73 a 24,56 hectáreas en aquella década (INE, Censo Agrario 2009, principales resultados, 14 de julio de 2011). En el conjunto de la Unión Europea, el número de explotaciones cayó un 37% entre 2005 y 2020, unos 5,3 millones, con las mixtas como principales afectadas (Eurostat, «EU farms: 5.3 million fewer in 2020 than in 2005», consultado en septiembre de 2026); los periodos no coinciden con los de los censos españoles. ↩
- Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que publica mensualmente COAG, datos de abril de 2026: el kilo de cerdo se pagaba a 1,30 euros en granja —un 28,9% menos que dos años antes— y se vendía a 6,90 euros en el lineal, el precio más alto de la serie que analiza, de abril de 2024 a abril de 2026. La diferencia es de 5,60 euros por kilo, y el precio final multiplica por 5,31 el de origen; en abril de 2024, con 1,83 euros en granja y 6,45 en el lineal, lo multiplicaba por 3,52 (las mismas cifras, en Agronews Castilla y León). COAG expresa esa distancia como porcentaje sobre el precio en origen: del 252% al 431% en dos años. El índice es un instrumento de una organización agraria, no una estadística oficial, y compara el precio del producto en origen con el del producto final en destino, sin descontar las operaciones intermedias —sacrificio, despiece, merma, transporte refrigerado, envasado, distribución— ni el IVA. Mide por tanto una distancia entre dos precios, no el margen de ningún eslabón. ↩
- El Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2629 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2025, recoge en su considerando 5 que España informó a la Comisión de «un brote de dicha enfermedad en porcinos silvestres en la Comunidad Autónoma de Cataluña el 28 de noviembre de 2025», en la provincia de Barcelona, «en una zona anteriormente libre de dicha enfermedad», y fija la zona infectada. El servicio veterinario del Gobierno británico («ASF in Spain: implementation of regionalisation measures and restrictions», 2 de diciembre de 2025) lo describe como el primer brote en España desde 1994 y añade: «As a result, Spain has lost its ASF-free status»; los envíos de fuera de las zonas restringidas pudieron seguir. El índice de COAG no separa el efecto del brote del de la cadena sobre el precio en granja. ↩
- AICA, datos acumulados desde el inicio de su actividad, en 2014, hasta el cierre de 2025, según el mismo balance de marzo de 2026: 8.407 inspecciones, 4.947 sanciones y unos 28 millones de euros en multas. La agencia es un organismo autónomo del Ministerio de Agricultura, como los que describe el capítulo 2.9, sobre el Estado empresario, y su competencia se limita a las relaciones comerciales que superan el ámbito de una comunidad autónoma; en las demás la potestad sancionadora es autonómica. ↩
- Ministerio de Agricultura, Cuentas Económicas de la Agricultura, renta agraria de 2025, segunda estimación (marzo de 2026; la Fundación de Estudios Rurales, en su Anuario 2026, recoge del Ministerio los mismos 39.798,6 millones, el 8,9%, el 7,5%, el 4,8% y los 6.675 millones): renta agraria de 39.798,6 millones de euros, 3.238 millones más que en 2024 y un 8,9% de aumento en términos corrientes; valor de la producción de la rama agraria a precios básicos un 7,5% mayor; consumos intermedios de 32.370,5 millones, un 4,8% más, con los piensos como principal responsable del encarecimiento; y 6.675,1 millones de subvenciones, un 2,7% menos. La renta agraria es una magnitud del conjunto del sector y no equivale a la renta media de una explotación. Las subvenciones que entran en la renta agraria son las de explotación, ligadas a los productos o a la producción; las ayudas a la inversión se contabilizan aparte, como transferencias de capital. Por eso la cifra de un año no se puede comparar sin más con la dotación plurianual del Plan Estratégico, que incluye además inversiones, programas sectoriales y cofinanciación. ↩
- Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados: seguro de «riesgos múltiples» para las producciones agrícolas, pecuarias y forestales, de suscripción voluntaria (art. 2); plan anual del Gobierno a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (art. 5); aportación del Estado a las primas que no puede ser superior al 50% ni inferior al 20% del total anual (art. 11.1); el Consorcio de Compensación de Seguros asume la cobertura que no alcancen las aseguradoras (art. 18.3). Su reglamento, aprobado por el Real Decreto 2329/1979, obliga a las aseguradoras que quieran practicar este seguro a agruparse y a participar en la cobertura de todos los riesgos (art. 41), y dispone que el agricultor paga su parte de la prima y la entidad estatal abona el resto a la agrupación (art. 14). El Cuadragésimo Séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados, aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre de 2025 (BOE de 30 de diciembre), dispone que las subvenciones del Estado «se aplicarán por AGROSEGURO» sobre la prima (apartado noveno) y fija la aportación del Estado para 2026 en 319,78 millones, «de los cuales 315,00 millones de euros se destinarán como subvención al pago de las primas del 47.º Plan de Seguros y a la liquidación de planes anteriores» (apartado décimo); los excesos de siniestralidad que superen las primas de reaseguro del Consorcio y su reserva de estabilización se cubren con un crédito ampliable del Ministerio de Agricultura. ↩
- Cuadragésimo Séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados, apartado undécimo, «Limitación a la concesión de ayudas de carácter extraordinario»: «La Administración General del Estado no concederá ayudas, o beneficios de carácter extraordinario, para paliar los daños ocasionados por los riesgos contemplados en el presente Plan sobre las producciones asegurables». ↩
- Real Decreto 1028/2024, publicado el 9 de octubre de 2024, que modifica varios reales decretos de aplicación de la PAC y se dicta, según su preámbulo, para adaptar la normativa española a la modificación del Plan Estratégico aprobada el 30 de agosto de 2024 y al Reglamento (UE) 2024/1468 de 14 de mayo de 2024, que modificó requisitos de la PAC. El preámbulo dice: «Se procede a flexibilizar el diseño de los ecorregímenes»; la condicionalidad se flexibilizó antes, en el Real Decreto 567/2024, de 18 de junio, al que este decreto sirve de complemento. Llegó tras las movilizaciones de febrero de aquel año. España había defendido antes en Bruselas varias de esas simplificaciones, entre ellas la supresión de la obligación de rotación de cultivos y la de destinar un porcentaje a superficies no productivas en regadío. El paquete de medidas anunciado por el Gobierno en febrero de 2024 incluía dieciocho compromisos, la mayoría de naturaleza administrativa. ↩
- INE, padrón continuo y estructura municipal de 2025: España tiene 8.132 municipios y cerca de 5.000 de ellos —en torno al 60%— no llegan a los mil habitantes, con el 2,9% de la población. La proporción de superficie que ocupan, cercana al 40%, no la publica ninguna estadística oficial; es una cuenta del libro con el fichero de unidades administrativas locales de Eurostat (GISCO) de 2021, que da la población y la superficie de cada municipio: los 4.994 de menos de mil habitantes suman 207.379 de los 504.723 kilómetros cuadrados, el 41%, y el 3,1% de la población de entonces. El capítulo 3.3, sobre municipios y provincias, explica qué consecuencias tiene ese mapa municipal sobre la capacidad de gestión de los ayuntamientos. Que cerca de nueve de cada diez de esos municipios perdieran habitantes entre 2011 y 2018 lo cuenta el diagnóstico de despoblación del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, de 2019, con las cifras oficiales del padrón de 2018 (el 88,3% de los menores de mil habitantes); el capítulo 6.6, sobre demografía, lo cita en su nota con el enlace. ↩
- Carlos Abad Balboa, José Luis García Delgado y Cándido Muñoz Cidad, «La agricultura española en el último tercio del siglo XX: principales pautas evolutivas», en la biblioteca del Ministerio de Agricultura, cuadro 1: la población activa agraria era el 39,7% del total en 1960 y el 9,0% en 1993. La superficie media por explotación procede de los censos agrarios del INE: 20,73 hectáreas en 1999 y 26,37 en 2020. ↩
- INE, Encuesta de Población Activa, segundo trimestre de 2026: 787.000 ocupados en la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, el 3,5% de los 22.779.000 ocupados (tabla 65312), de los que 510.900 eran asalariados, 263.500 empresarios o miembros de cooperativa y 12.000 ayudas familiares (tabla 65318), consultadas en octubre de 2026. La serie de 1960 y 1993 cuenta activos y la de 2026, ocupados, de modo que el orden de magnitud es comparable y la cifra exacta no. ↩
- El Plan de Medidas ante el Reto Demográfico, aprobado en marzo de 2021, agrupa 130 medidas en diez ejes y más de 10.000 millones de euros, alrededor del 10% del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En febrero de 2026 el Gobierno presentó la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, que abrió un segundo proceso de participación pública, y el Consejo de Ministros la aprobó el 14 de julio de 2026 (referencia del Consejo de Ministros). No consta una evaluación pública con grupo de control que aísle el efecto de estas medidas sobre la población residente. ↩
- Real Decreto 1045/2022, de 27 de diciembre, sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, que asignó los derechos convirtiendo los derechos de pago básico del periodo 2015-2022: veinte regiones, de base comarcal (art. 8 y anexo II); ningún derecho por debajo del 85% del valor medio de su región en 2026 y del 90% en 2027, y convergencia plena en las solicitudes de 2029 (art. 17); los derechos por encima de la media se reducen para financiar la subida de los que están por debajo (preámbulo). Consultado en octubre de 2026. ↩
- Eurostat, «Farms and farmland in the European Union – statistics», con la encuesta de estructura de las explotaciones de 2023 (datos extraídos en abril de 2026): la superficie agrícola utilizada de la Unión era de 156 millones de hectáreas; Francia tenía 27,2 millones (el 17,4% del total), España 23,5 (el 15,0%) y Alemania 16,6 (el 10,6%). La explotación media de la Unión tenía 17,8 hectáreas; la española, 30,46 en la misma encuesta de 2023, según el INE (26,37 en el censo agrario de 2020). ↩
- Comisión Europea, «Is the CAP supporting both big industrial farms and small farmers alike?»: cada año reciben ayuda de la PAC casi seis millones de explotaciones de la Unión, y la propia Comisión recoge la crítica de que el 80% de esa ayuda va al 20% de ellas, aunque la mayoría sigan siendo explotaciones familiares y muy pocas pasen de 500 hectáreas. La Comisión da además una cifra propia, de 2022: las explotaciones de más de 250 hectáreas son algo más del 1% de las que reciben ayuda y se llevaron el 23% de los pagos directos, con el 27% de la superficie. Las sociedades de ordenación agraria francesas (SAFER), creadas por la ley de orientación agrícola de 5 de agosto de 1960, son sociedades anónimas sin ánimo de lucro tuteladas por los ministerios de Agricultura y Hacienda que disponen de un derecho de tanteo sobre las ventas de suelo rústico y lo usan para facilitar la instalación de nuevos agricultores y dar transparencia al mercado de la tierra. ↩
- Parlamento Europeo, «Financing of the CAP: facts and figures», fichas temáticas sobre la Unión Europea, tabla «CAP expenditure by Member State (EU-27, 2023)», con los informes financieros de la Comisión Europea sobre el FEAGA y el Feader de 2023: «France is the largest recipient of EAGF (Pillar I) funding (18% of the total), followed by Spain, Germany and Italy». Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), que paga las ayudas directas y las medidas de mercado, Francia recibió 7.457,3 millones de euros (el 18,1%), España 5.676,6 (el 13,8%), Alemania 4.674,0 (el 11,4%) e Italia 4.333,6 (el 10,5%), de un total de 41.133,6 millones. Del Feader, el fondo de desarrollo rural, Francia recibió 2.091,4 millones, Italia 1.813,2, Alemania 1.766,3 y España 1.438,4. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Fondo Español de Garantía Agraria, consulta de beneficiarios de ayudas de la PAC: de quien recibe 1.250 euros o menos en el ejercicio no se publican el nombre y los apellidos, sino un código, y el resto de sus datos sí aparece. Los datos quedan accesibles dos años desde su publicación, como manda el art. 98.4 del Reglamento (UE) 2021/2116, que prohíbe publicar el nombre cuando la ayuda del año es igual o inferior a 1.250 euros; que esos perceptores aparecen «identificados con un código único», en Agronews Castilla y León, 28 de mayo de 2025. ↩
- Agencia de Información y Control Alimentarios, «¿Cómo comunicar un incumplimiento?»: la denuncia tiene que identificar expresamente a quien la presenta, y la agencia la trata «de forma estrictamente confidencial» y hace sus comprobaciones «garantizando la máxima protección al denunciante, de manera que no sea posible su identificación como tal». ↩
- Agencia Tributaria, Manual práctico de Renta 2025. Parte 2. Deducciones autonómicas. Recoge, comunidad por comunidad, las deducciones por residencia en zonas rurales o en municipios en riesgo de despoblamiento, como las de Castilla-La Mancha, Cantabria o Aragón, cada una con sus requisitos de población y su lista de municipios. Es la guía de las quince comunidades de régimen común: País Vasco y Navarra regulan el impuesto sobre la renta en su normativa foral y no figuran en ella. ↩
- Reglamento (UE) 2021/2115, por el que se establecen normas en relación con los planes estratégicos de la PAC, y Reglamento (UE) 2021/2116, sobre financiación, gestión y seguimiento; Plan Estratégico de la PAC de España 2023-2027, aprobado por la Comisión Europea el 31 de agosto de 2022.
- Real Decreto 1045/2022, sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad; Real Decreto 1048/2022, sobre las intervenciones en forma de pagos directos, y Real Decreto 1028/2024, por el que se modifican diversos reales decretos en materia de política agrícola común, para su adaptación a la modificación del Plan Estratégico de la PAC; Reglamento (UE) 2021/2116, art. 98 (publicidad de los beneficiarios).
- Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, modificada por el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero (tramitado después como Ley 8/2020, de 16 de diciembre), y por la Ley 16/2021, de 14 de diciembre: contrato escrito, registro de contratos alimentarios (art. 11 bis), plazos de pago, prohibición de destrucción de valor (art. 12 ter) y régimen sancionador.
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Cuentas Económicas de la Agricultura (renta agraria), informes anuales sobre ayudas directas y desarrollo rural, y memorias de actividad de la Agencia de Información y Control Alimentarios.
- INE, Censo Agrario 2020, Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 2023 y Padrón continuo; Comisión Europea, informes financieros sobre pagos directos y propuesta de marco financiero plurianual 2028-2034.
- Fernando Collantes y Vicente Pinilla ¿Lugares que no importan? La despoblación de la España rural desde 1900 hasta el presente Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2019
La reconstrucción rigurosa del vaciado, con series desde 1900 y comparación europea; el libro que muestra la despoblación como una consecuencia económica y no como un simple abandono. - Sergio del Molino La España vacía Turner, 2016
El ensayo que puso nombre al asunto y lo convirtió en conversación pública; se lee junto al anterior precisamente porque hace lo contrario: cuenta el vaciado como relato cultural, no como serie estadística. - Esther Vivas El negocio de la comida Icaria, 3.ª edición ampliada, 2017
Cómo funciona la cadena agroalimentaria desde el lado crítico, con el poder de compra de la distribución como centro del argumento; la tesis contraria a la de quien defiende que la concentración abarata. - Manuel González de Molina y otros Historia de la agricultura española desde una perspectiva biofísica, 1900-2010 Ministerio de Agricultura, 2019
Un siglo de agricultura española medido en energía, materiales y suelo en lugar de en euros; la base para entender qué cambió de verdad cuando el campo se mecanizó.
16 de octubre de 2026 · fecha de corte de los datos: octubre de 2026