España: Manual del ciudadano

La antena que no es de quien crees

En enero de 2026 Movistar, Orange y Vodafone subieron sus tarifas en torno a un 4%, y Digi no las subió, como tampoco O2, la segunda marca de Telefónica. Luego llegaron las portabilidades de julio, que son los cambios de compañía con el mismo número. Movistar y Digi cerraron julio con saldo neto positivo de portabilidad; Vodafone, MasOrange y el conjunto de los virtuales, con saldo negativo.¹

En España hay decenas de compañías que venden telefonía móvil. Con red propia hay cuatro: Movistar, MasOrange, Vodafone y Digi. Digi fue la última en llegar. Empezó alquilando la red de Movistar y aún se apoya en ella donde no ha tendido la suya.²

Varias de las marcas baratas que se anuncian son segundas marcas de esos cuatro: Lowi es de Vodafone; O2, de Telefónica, la dueña de Movistar; Simyo y Pepephone, de MasOrange. El resto —las del supermercado, las del banco, las de la eléctrica— son operadores móviles virtuales. Alquilan la red de uno de los cuatro y le ponen su marca, su tarifa y su atención al cliente. La antena a la que se conecta tu móvil puede no ser de la compañía que aparece en tu pantalla.

Este reparto de redes se parece solo en parte al de la electricidad, que explica el capítulo 6.5, sobre energía, agua y territorio. Como allí, hay una infraestructura que no tiene sentido duplicar, la de las torres y los conductos, y se comparte. Pero aquí las redes activas sí se duplican. En la luz hay una distribuidora por zona, y en el móvil, cuatro redes que compiten. En los dos casos, el problema del cliente puede estar en la red o en quien se la vende.

Las tres capas, y en cuál está el problema

Una red de telecomunicaciones tiene tres capas (figura 117). Van desde la que pagas cada mes hasta la que nunca ves.

• La infraestructura pasiva. Las torres, los conductos, los postes y la fibra oscura, la tendida sin equipos que la enciendan. Parte de las torres ya no son de los operadores, sino de sociedades especializadas que se las alquilan. Telefónica, por ejemplo, vendió en 2021 las suyas en España y otros países a American Tower.³ Cellnex, la antigua filial de telecomunicaciones de Abertis, compró casi cuatro mil torres a Telefónica y a Yoigo entre 2012 y 2014, y sus centros emisores son los que difunden la televisión digital terrestre de cobertura nacional.⁴ Es la capa más invisible.
• La red activa. Las antenas, los equipos y el espectro radioeléctrico, que son las frecuencias por las que viajan las señales. El espectro es un bien de dominio público: el Estado lo concede y, cuando no hay para todos, lo licita.⁵ Aquí están los cuatro. Y aquí ocurre algo que el usuario no ve: algunos operadores se prestan red, con acuerdos como el de Digi y Movistar.⁶
• El servicio minorista. La marca, la tarifa, la factura y el servicio de atención. Aquí están todos, los cuatro y los demás, y es la capa donde el usuario elige.

La tarifa se elige en la marca, y la cobertura viene con la red que hay debajo. Hay una posible excepción. El contrato mayorista de un operador virtual puede darle menos prioridad que a los clientes del dueño de la red cuando esta se satura, por ejemplo en un concierto.

La capa donde eliges también está concentrada

Las tres capas sugieren que abajo mandan cuatro y arriba compite todo el mundo. Los números de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo que regula el sector, dicen otra cosa.

En julio de 2026 había más de sesenta y tres millones de líneas móviles en España, y los cuatro operadores con red tenían el 98,2%, con sus segundas marcas dentro. Los virtuales independientes se repartían el 1,8% restante.⁷ En banda ancha fija los cuatro sumaban el 94,4%.

La capa que parecía abierta está en manos de cuatro grupos y sus marcas, y la subida de enero lo mostró. Digi mantuvo sus precios y, en julio, seguía con saldo neto positivo de portabilidad. Los virtuales, en conjunto, lo tenían negativo. Digi hizo lo que se espera de un virtual, competir en precio, pero con red propia.

Esa red propia la hizo posible una condición de Bruselas. En febrero de 2024 la Comisión Europea autorizó la fusión de Orange y MásMóvil, que creaba el mayor operador por número de clientes. A cambio, MásMóvil tenía que ceder a Digi frecuencias en tres bandas para construir su red. Sin esa condición, según la Comisión, la fusión habría eliminado a un competidor cercano y podría haber subido los precios más de un 10%.⁸

En enero de 2026 tres de los cuatro operadores con red subieron sus tarifas; Digi, el cuarto, y O2, segunda marca de Telefónica, las mantuvieron.

El acceso mayorista: alquilar la red al competidor

Que haya cuatro redes y no una viene de cómo se abrió la de Telefónica. Fue un monopolio público con toda la red de cobre del país metida en las casas. Privatizarla sin más dejaba esa red en manos de un único dueño privado.

Lo que hizo la Unión Europea, y España con ella, fue obligar al dueño de la red a alquilársela a sus competidores a un precio que fija el regulador. Se llama acceso mayorista regulado. En el cobre, un real decreto-ley de 2000 mandó abrir el bucle de abonado a partir de enero de 2001.⁹ Es el último tramo de cable hasta cada casa. El regulador era la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la CMT.

La CMT ya no existe. En 2013 se fusionó con la autoridad de competencia y con otros cuatro reguladores de sector en la CNMC, que heredó la regulación de las telecomunicaciones.¹⁰ Así quedaron en un solo organismo la competencia y la regulación de varios sectores. Los Países Bajos hicieron algo parecido aquel año, como cuenta el capítulo 8.1, sobre consumo y banca.

El móvil tuvo su propia regulación. En 2006 la CMT obligó a Telefónica Móviles, Vodafone y Amena, hoy dentro de MasOrange, a atender a precios razonables las peticiones de acceso a sus redes. Con ello buscaba que entraran operadores virtuales como las marcas del supermercado. En 2017 la CNMC quitó esa obligación. Entendió que el mercado tendía a la competencia efectiva.¹¹

Por qué la fibra llegó antes a España

La fibra hasta el hogar llega a casi el 96% de los hogares españoles. Era el 95,9% en junio de 2025, según el informe de cobertura del Ministerio para la Transformación Digital.¹² La Comisión Europea mide a todos los países con el mismo criterio, pero da sus datos más tarde que el ministerio. En su recuento de mediados de 2025, España tenía el 96% y la media de la Unión, el 74%.¹³ A finales de 2024, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), España estaba entre los tres países miembros donde más pesa la fibra en la banda ancha fija.

Se dan tres explicaciones de ese adelanto. Las dos primeras, el cobre peor y la vivienda en pisos, son hipótesis. La tercera, una decisión regulatoria, está documentada.

La primera es que España llegó tarde. Su cobre sería peor que el alemán, así que había menos que amortizar y más razón para saltar sin más a la fibra. Alemania, con una red de cobre excelente, tendría el incentivo contrario.

La segunda es urbanística. Los españoles viven sobre todo en pisos. Cablear un edificio de cuarenta viviendas cuesta una fracción de lo que cuesta cablear cuarenta chalés. La densidad que encarece la vivienda abarata la fibra.

El portal tiene además sus reglas. Desde 1998 todo edificio nuevo, o rehabilitado por completo, en propiedad horizontal necesita una infraestructura común de telecomunicaciones, con su proyecto técnico. En los antiguos, un operador puede tender la fibra por los elementos comunes y, si no es posible, por la fachada, avisando a la comunidad. Esta solo puede pararlo si ningún vecino la quiere o si la instala ella en tres meses.¹⁴

La tercera es regulatoria. En 2008 la CMT obligó a Telefónica a alquilar a sus competidores los conductos y las arquetas por donde pasan los cables. Varios operadores tendieron entonces su propia fibra por los mismos tubos. Lo que se compartió fue la obra civil. La fibra misma quedó casi fuera del alquiler obligatorio. La CMT lo limitó a un acceso de hasta 30 megas, por debajo de lo que esa técnica permite.¹⁵

La obligación de alquilar la fibra llegó después, y ya se ha retirado. Desde 2016 la CNMC obligó a Telefónica a alquilarla a sus competidores fuera de los municipios donde competían varias redes. En agosto de 2025 quitó esa obligación en todo el país, con seis meses de transición. Entendió que la competencia había mejorado lo bastante. Lo que sigue regulado es el acceso a los conductos y los postes de Telefónica.¹⁶

Donde el mercado no llegaba entró el dinero público, con programas como UNICO, pagado con fondos europeos.¹⁷ La brecha rural es de nueve puntos en las redes de gigabit, las que dan mil megas. Según el informe de cobertura que el ministerio publicó en marzo de 2026, con datos de junio de 2025, llegan al 95% de los hogares en el conjunto del país y al 86% en las zonas rurales.¹⁸

Lo que el Estado garantiza, y lo que no

Existe una obligación de servicio universal. Es un conjunto de servicios que tienen que estar al alcance de todo el mundo, en todo el territorio, a un precio que se pueda pagar. Da igual que al operador le salga a cuenta o no. Durante décadas fue el teléfono fijo. La ley de 2022 incluye una conexión de banda ancha de al menos 10 Mbps de bajada (megabits por segundo: los «megas» de las tarifas).¹⁹ La presta Telefónica, designada por el ministerio para 2025 y 2026. Es a ella a quien se pide. Un proyecto de orden de octubre de 2026 no la renueva: desde 2027 no habría operador designado.²⁰

Esos diez megas son todo lo que el Estado garantiza. El mercado, con ayudas públicas donde no llegaba, ha llevado redes de gigabit al 95% de los hogares. El resto solo tiene derecho a ese mínimo.

Un proyecto de real decreto del servicio universal, en audiencia pública desde abril de 2026, sube el mínimo garantizado de diez a cien megas de descarga desde 2027, si se aprueba.

El proyecto cambia también quién presta el servicio y a quién le sale más barato: obliga a todos los operadores a ofrecerlo donde tengan cobertura. Y extiende las tarifas reducidas a los hogares que cobran el ingreso mínimo vital, unos ochocientos mil cuando se presentó.²¹ Admite además que los cien megas lleguen por fibra, por 5G (quinta generación de telefonía móvil) o por satélite.

Que el proyecto pueda fijar cien megas en 2027 casa con una red que ya llega muy lejos. Al servicio universal le queda el último tramo, el que a un operador no le saldría a cuenta. La ley va por detrás de la red.

El contrato: lo que se puede cambiar y cómo se sale

La subida de enero llegó al cliente a través del contrato, y ahí la Ley General de Telecomunicaciones le da una salida. Un operador solo puede cambiar las condiciones, precio incluido, por los motivos que el propio contrato prevé. Si lo hace, tiene que avisar con al menos un mes de antelación y decir en el mismo aviso que el cliente puede irse. Si el cliente no acepta el cambio, puede resolver el contrato —darlo por terminado— sin penalización, aunque tenga permanencia, en el plazo de un mes desde el aviso.²² Esa salida no existe si el cambio favorece solo al cliente, es administrativo o lo impone una norma.

Cada subida abre esa puerta un mes. Lo único que se sigue debiendo es el móvil o el router subvencionado que el cliente se quede, y como mucho por su valor pendiente o por lo que falte de la cuota de servicio, si es menos.²³

Lo demás también juega a favor de quien se va. Los contratos con consumidores no pueden durar más de veinticuatro meses.²⁴ Y el número es del cliente, que se lo lleva a la compañía nueva.²⁵

Cuando algo sale mal, la reclamación tiene dos escalones. El primero es el propio operador. Si no responde, o la respuesta no convence, el segundo es la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, que depende del ministerio. Lo que resuelve obliga al operador.

En 2025 entraron en la Oficina 12.454 reclamaciones. De las 11.510 que resolvió, el 57% fue favorable al usuario, del todo o en parte, y el 15%, favorable al operador.²⁶ El resto se cerró sin entrar en el fondo.

El sistema de telecomunicaciones salió de una privatización y de la regulación que la corrigió. Telefónica se privatizó del todo en 1997. El Estado se quedó sin la empresa, pero con el poder de fijar las reglas del acceso a su red. Desde entonces el mercado se ordena así: la red es privada y el acceso a ella lo regula el Estado.

España no separó la red de Telefónica, como hizo el Reino Unido con la de British Telecom. El regulador abrió sus conductos para que los competidores pudieran tender su propia fibra. Separar la red se justifica cuando va a haber una sola, sobre la que compiten los servicios. En España se optó por que hubiera varias. En 2021 la CNMC contaba 696 municipios, con el 70% de la población, donde competían varias redes.²⁷

El Estado ha vuelto en parte a la compañía. En diciembre de 2023 el Consejo de Ministros dejó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entrar en el capital de Telefónica. La SEPI gestiona las acciones que el Estado tiene en empresas. Hasta mayo de 2024 compró el 10%, que era el tope autorizado, por unos 2.300 millones de euros.²⁸ Alegó su papel en la seguridad y la defensa y los intereses nacionales.

La entrada tuvo efectos en el gobierno de la empresa. La SEPI propuso un consejero, que desde febrero de 2025 es vicepresidente. En enero de 2025 el consejo invocó su «nueva estructura accionarial» y cambió al presidente ejecutivo por el de Indra, la empresa en que la SEPI tiene el 28%. La nota de Telefónica no dice qué accionista pidió el relevo.²⁹ El capítulo 2.9, sobre el Estado empresario, cuenta quién nombra a los consejeros de las empresas participadas y qué presidencias han cambiado.

Y hay una tensión de fondo. El alquiler regulado deja entrar a competidores. Pero dos estudios con datos europeos encuentran que el acceso regulado reduce la inversión.³⁰ Proteger al que invierte puede dejar un monopolio; proteger al competidor, redes sin renovar. Cada análisis de mercado de la CNMC decide sobre ese equilibrio. Lo hizo el de 2025, que dejó de regular la fibra y mantuvo regulados los conductos.