Sanidad
La tarjeta sanitaria es la misma en toda España y lo que hay detrás no: diecisiete servicios autonómicos con presupuestos distintos. El país obtiene más salud de la que su gasto haría esperar. Y el sistema se atasca antes del quirófano: en el centro de salud y sobre todo en la primera consulta con el especialista.
Lo que dice una tarjeta
La tarjeta sanitaria es un trozo de plástico. Lleva un número largo, el nombre de un servicio autonómico de salud y, en letra pequeña, un código de tres letras y tres cifras. La emite la comunidad autónoma donde se vive, pero sirve en cualquier centro público de España. Detrás hay una base de datos estatal que da a cada persona un código único. Con él, el médico de un hospital de Sevilla puede leer el resumen de la historia clínica escrita en Bilbao. La receta electrónica de Valencia se dispensa en una farmacia de Lugo.
El código de letra pequeña —TSI (tarjeta sanitaria individual), seguido de un número— dice cuánto pagará su titular por cada medicamento. Va desde nada hasta el 60% del precio, según su renta declarada y según sea activo o pensionista. Ese pago es una de las facturas que el sistema pasa al propio paciente. Se aplica en la farmacia sin que haga falta preguntar nada.
Lo que la tarjeta no dice es lo que cambia al cruzar el límite de una comunidad. Cambia cuánto se espera para una operación, qué cribados se ofrecen, si el dentista infantil está cubierto y cuánto gasta por habitante el servicio que la emitió. La misma tarjeta abre diecisiete servicios de salud que no ofrecen lo mismo.
Quién hace qué
La sanidad pública descansa en tres piezas:
- Una ley común, la General de Sanidad de 1986, que creó un sistema nacional de salud para toda la población, financiado desde 1999 con impuestos.1
- Una ley de cohesión de 2003, que fija la cartera común de servicios que toda comunidad debe prestar.2
- Diecisiete servicios autonómicos, que gestionan los centros, contratan al personal y ejecutan más de nueve de cada diez euros del gasto.
El Estado conserva la legislación básica, la coordinación general y la política farmacéutica. Esta última decide qué medicamentos se financian y a qué precio. Forma además a los especialistas por la vía del MIR (médico interno residente) y gestiona él mismo Ceuta y Melilla.
En medio está el Consejo Interterritorial. En él se sientan el ministerio y los diecisiete consejeros de sanidad, y allí se coordina por acuerdo. Sus acuerdos no obligan a quien vota en contra, salvo cuando el Estado ejerce la coordinación general de la sanidad.3 Entonces obligan a todas las comunidades, voten lo que voten. Quien legisla la cartera no gestiona los hospitales. Quien gestiona los hospitales no fija el precio de lo que se receta en ellos.
Desde 1999 la sanidad se paga con impuestos generales, y no con cotizaciones. El dinero llega a las comunidades por el reparto de recursos entre ellas y el Estado (capítulo 3.2, sobre la financiación autonómica). Llega sin etiqueta. No hay una partida estatal para hospitales, y cada comunidad decide cuánto de lo que recibe destina a sanidad. Suele ser la mayor partida de su presupuesto.
La fórmula de reparto pondera a cada persona sobre todo por su edad, junto con la población total, la superficie, la dispersión y la insularidad. El resultado es una horquilla de gasto por habitante que en 2024 fue de 1.658 euros en Andalucía a 2.332 en el País Vasco.4 La posición de cada comunidad depende en parte de la financiación y en parte de su edad y su geografía.
Hay además un sistema paralelo. Tres mutualidades protegen a algo más de dos millones de funcionarios del Estado y sus familias. Les permiten elegir entre la sanidad pública y una aseguradora privada concertada. A esta, la mutualidad le paga una prima por cada afiliado. La mayor es la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), con cerca de 1,6 millones de personas. En ella, el 62% elige la aseguradora privada (enero de 2026).5 Las otras dos son el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y la Mutualidad General Judicial (MUGEJU).
El mutualismo administrativo es anterior a 1986 y sigue abierto. En 2024 la primera licitación del concierto de MUFACE quedó desierta, y el de 2025-2027 se firmó tras una subida acumulada de la prima de más de un 40% en los tres años.6 Quién entra en las mutualidades, cuánto cuestan y por qué la mayoría de sus afiliados eligió durante años la privada lo cuenta el capítulo 2.10, sobre el empleo público.
Ordenadas por gasto, de mayor a menor. Media nacional: 2.084 € por habitante y 122 días de espera. Si el gasto explicara la espera, las barras de espera crecerían hacia abajo. El País Vasco gasta lo máximo y espera poco; Madrid gasta casi lo mínimo y espera lo mínimo; Cantabria gasta mucho y espera de las que más.
La puerta de entrada
En España se entra por la atención primaria. El médico de familia es la puerta. Sin su derivación no hay especialista ni prueba, salvo por urgencias. Es una de las piezas en las que se apoyan los buenos resultados del sistema. En 2024 recibió el 14,4% del gasto sanitario público. Asociaciones de profesionales y de defensa de la sanidad pública reclaman llegar al 25%, y los planes del ministerio piden subirlo sin fijar una cifra.7
La espera para una cita en el centro de salud no entra en las listas oficiales. La mide una encuesta del ministerio. En 2025, el 21,8% de los pacientes consiguió cita en el día o al día siguiente; el resto esperó algo más de nueve días de media.8 La plantilla, además, envejece. En 2021, casi un tercio de los médicos de familia tenía sesenta años o más.9 Por la otra puerta, la de urgencias, se entra sin cita ni derivación.
Las listas de espera: qué miden y qué no
Cada seis meses el Ministerio de Sanidad publica cuántas personas esperan una operación y cuánto llevan esperando. Es la lista de espera quirúrgica. A 31 de diciembre de 2025 eran 853.740 personas, con una demora media de 122 días.10
Pero no es la lista más grande. En las estadísticas del ministerio, la espera para una primera consulta con el especialista reunía a algo más de cuatro millones de personas, casi cinco veces más. Su demora media era de 102 días, y seis de cada diez citas pasaban de los sesenta.11 La lista del quirófano es la más conocida. De la otra puede depender que un diagnóstico llegue a tiempo.
Las comunidades envían sus cifras con un criterio común del ministerio. Ese criterio tiene tres límites:
- Solo la espera estructural. Las listas miden la que se debe a la capacidad del sistema. Excluyen a quien ha rechazado una fecha, a quien está pendiente de una prueba o a quien ha pedido un aplazamiento.
- Desde la indicación. Las listas miden desde que el especialista indica la operación, no desde que el paciente empezó a esperar en primaria y en consulta. El recorrido completo es más largo que la demora publicada.
- Sin primaria ni pruebas. Las listas oficiales no incluyen la espera en atención primaria ni la de las pruebas diagnósticas, que puede decidir si un tratamiento llega a tiempo.
Para cinco operaciones hay además un máximo estatal de 180 días desde que el médico indica la operación.12 Varias comunidades han aprobado leyes de tiempos máximos garantizados que acortan ese máximo o lo amplían a más procesos. Si se supera el máximo, el servicio de salud tiene que ofrecer al paciente alternativas para operarse, como otro centro. Para acortar la espera, la pública puede además comprar operaciones a clínicas privadas.
- Centro de salud · no hay recuentoLa puerta: sin el médico de familia no hay especialista ni prueba. Las listas oficiales no cuentan cuánta gente espera aquí; el Barómetro Sanitario, una encuesta, dio algo más de nueve días de espera media en 2025 para quien no tuvo cita en el día o al siguiente.
- Especialista · ~4.000.000 esperan · 102 díasPrimera consulta tras la derivación. Es la lista más grande de las dos que se publican; el 61,5% espera más de sesenta días.
- Pruebas · no hay recuentoResonancias, endoscopias, analíticas especiales. Tampoco se cuentan.
- Quirófano · 853.740 esperan · 122 díasLa lista de espera quirúrgica: la más conocida, y la menor de las dos.
Listas de espera del Sistema Nacional de Salud a 31 de diciembre de 2025. El centro de salud y las pruebas no entran en ellas.
La salud mental
La salud mental no tiene una red aparte. Desde la Ley General de Sanidad de 1986 forma parte del sistema general. Se atiende sobre todo en centros ambulatorios de salud mental, y quien necesita ingresar lo hace en la unidad psiquiátrica de un hospital general.13 España tiene la mitad de camas psiquiátricas por habitante que la media de la Unión: 34 por cada 100.000 habitantes en 2024, frente a 71.14
El cuello de botella son los profesionales. En 2018 la sanidad pública tenía unos 8,6 psiquiatras y unos seis psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, según el ministerio. Eurostat, que cuenta a todos los psiquiatras en ejercicio y no solo a los de la pública, da 11,8 en España en 2020, frente a 22,9 en Francia y 28,2 en Alemania.15 Su propia Estrategia de Salud Mental 2022-2026 admite que no tiene datos actualizados ni completos de los psicólogos clínicos y las enfermeras especialistas que trabajan en el sistema.16 El suicidio causó 3.808 muertes en 2025, según datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), el doble que los accidentes de tráfico.17 Las bajas por salud mental, las más largas, las cuenta el capítulo 7.7, sobre la incapacidad para trabajar.
Lo que cuesta y lo que rinde
El gasto sanitario público fue en 2024 el 6,4% del producto interior bruto (PIB), algo más de cien mil millones de euros. Son unos dos mil cien por habitante. Con lo que las familias pagan de su bolsillo y a las aseguradoras, el gasto total fue en 2023 el 9,2% del PIB según Eurostat.18 Con el método de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), España tuvo el 9,0% en 2024. La media de sus países fue del 9,3%. En proporción a su economía, España gasta en torno a la media.
Por habitante, en cambio, gasta menos que los grandes países de su entorno. En 2024, según la serie vigente de la OCDE, Francia gastaba por persona, en dólares ajustados por paridad de poder de compra, en torno a un 40% más que España, y Alemania cerca de un 80% más (figura 95).19 Con ese gasto, España tiene una esperanza de vida de unos ochenta y cuatro años, de las más altas de la OCDE. La mortalidad evitable reúne las muertes que una atención sanitaria a tiempo o la prevención habrían evitado. La de España fue en 2023 la quinta más baja de la Unión Europea (UE), según Eurostat.20
El sistema rinde por encima de lo que cuesta.21 Cuatro razones se combinan:
- La cobertura universal. La sanidad se paga con impuestos y el derecho no depende de cotizar.
- La puerta de entrada. Una atención primaria universal filtra el acceso y sigue a los pacientes crónicos.
- El precio de los medicamentos. Un solo órgano fija los precios de los medicamentos financiados para todo el sistema.
- El estilo de vida. Los hábitos de la población suman años de vida que la sanidad no ha producido.
La otra cara son las esperas que se acaban de ver. Y el sistema funciona con pocas camas. En 2024 había 283 camas de hospital por cada 100.000 habitantes, frente a 507 de media en la Unión.22
OCDE, cuentas de salud y estadísticas de salud (consulta de octubre de 2026): gasto por habitante de 2024 en dólares de paridad de compra y esperanza de vida al nacer de 2024; la de España, 84,0 años.
La farmacia y el copago
El paciente paga en parte algunas prestaciones. La más conocida es el medicamento. Lo que paga el paciente por cada medicamento es el copago. Desde 2012 depende de la renta y de la condición de activo o pensionista.23 La regla del copago tiene tres piezas: un porcentaje del precio que sube con la renta, un tope mensual y una lista de exentos.
Los pensionistas pagan el 10%, con un tope mensual que sube con la renta. Los que llegan a cien mil euros al año pagan el 60%, también con tope.24 Los mutualistas de MUFACE, ISFAS y MUGEJU pagan con carácter general el 30%, sea cual sea su renta y su condición de activo o pensionista. Los activos pagan entre el 40% y el 60%, según su renta. Desde mayo de 2026 el copago de los activos tiene seis tramos en vez de tres. Y quienes ingresan menos de 35.000 euros al año tienen por primera vez un tope mensual. Entre los exentos están:
- quien cobra una pensión no contributiva, una renta de integración social o el ingreso mínimo vital (IMV);
- el parado que ha perdido el subsidio;
- el pensionista que cobra el complemento por pensión inferior a la mínima, y, de forma transitoria, los pensionistas que ya estaban exentos por cobrar menos de 5.635 euros al año;
- los menores con una discapacidad reconocida del 33% o más;
- quien cobra la prestación de la Seguridad Social por un menor a cargo en acogimiento familiar permanente o en guarda con fines de adopción.
El gasto en farmacia, que son los medicamentos con receta, fue de 14.684 millones de euros en 2024.25 Los medicamentos de dispensación hospitalaria no llevan copago.26 La farmacia del hospital no entra en esa cifra y crece más deprisa. Costó unos 11.500 millones en 2025, un 7,4% más que en 2024, frente al 3,8% de la de receta, y nueve de cada diez euros fueron a medicamentos originales.27 El precio de cada fármaco financiado lo fija una comisión interministerial. El Tribunal de Cuentas, el órgano que fiscaliza el gasto público, examinó esa comisión en su informe sobre 2014 y 2015. Encontró que no tenía manuales de procedimiento con los criterios para decidir qué fármaco se financia ni a qué precio. Y le reprochó falta de transparencia.28
La pública y la privada
Según el recuento de las propias aseguradoras, cerca de trece millones de personas, más de una de cada cuatro, tenían en 2025 un seguro sanitario privado.29 La encuesta del Ministerio de Sanidad, que solo pregunta a adultos, da cifras del mismo orden. En la última oleada de 2025, el 20% decía tener un seguro contratado por él o por su familia y el 11%, uno contratado por su empresa.30 Las dos cifras no se pueden sumar, porque una misma persona puede tener los dos seguros. Casi todos los asegurados tienen también derecho a la pública. Los hospitales privados atienden a esos asegurados. También atienden a pacientes de la pública con conciertos. Son contratos por los que la pública paga a un centro privado por atender a sus pacientes. En 2024 los conciertos sumaron en torno a una décima parte del gasto sanitario público.31
La gestión privada de hospitales públicos enteros —el de Alzira, que terminó en 2018, o los hospitales madrileños de los años dos mil— solo tiene evaluaciones parciales. Una es la auditoría de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana sobre la concesión de Manises, del mismo modelo que Alzira. Atribuyó a esa concesión un gasto público por habitante menor que el de los hospitales comarcales de gestión directa.32
El aborto y la eutanasia se reparten de otra manera. Las dos son prestaciones del sistema. Lo que permite cada ley lo cuenta el capítulo 8.4, sobre familia, cuerpo y muerte. El aborto se hace sobre todo en clínicas privadas: casi ocho de cada diez en 2024.33 Ya la ley de 1985 que lo despenalizó admitía que se practicara en un centro público o privado acreditado.34
En 2025 la eutanasia se aplicó 565 veces, el 0,13% de las muertes, según los datos provisionales del ministerio.35 Se practica donde está el enfermo. En 2023, el 47% de las prestaciones fue en un hospital y el 44% en el domicilio o la residencia.
Las dos leyes admiten la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios que intervienen directamente. Los registros de objetores del aborto, obligatorios desde 2023, los lleva cada comunidad, y sus datos no se comparten entre comunidades.36 Madrid sigue sin crear el suyo.37
El personal
España tiene más médicos por habitante que la media de la OCDE y bastantes menos enfermeras. En 2023 eran 4,4 médicos por cada mil habitantes, frente a 3,9 de media, y 5,9 enfermeras, frente a 9,2.38 Con más médicos que la media, la falta es sobre todo de reparto. Se nota en la primaria, en las zonas rurales y en algunas especialidades.
A esa falta se suman tres cosas:
- La generación numerosa nacida entre 1958 y 1977 empieza a jubilarse.
- La temporalidad ha sido alta, y los procesos de estabilización de 2022-2024 convocaron oposiciones extraordinarias para convertir plazas eventuales en fijas.
- La homologación de títulos extranjeros es lenta y deja sin ejercer a profesionales ya formados.
Las condiciones de trabajo de esas plantillas las fija el Estatuto Marco, una ley estatal de 2003. El Gobierno intentó sustituirla con un proyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre de 2026. Acababa con las guardias de veinticuatro horas, que pasarían a un máximo de diecisiete horas, con un tope de cuarenta y cinco horas semanales.39 El proyecto llegó al Congreso el 7 de septiembre y caducó con la disolución de las Cortes el 6 de octubre de 2026.
Los sindicatos médicos reclaman un estatuto propio. El Estatuto Marco regula por igual a todo el personal estatutario: médicos, enfermeras, celadores, administrativos. Para conseguir el suyo convocaron una huelga indefinida a partir del 28 de octubre de 2026. Tras convocarse las elecciones aplazaron el inicio, pero mantienen la convocatoria y los paros pueden volver si el Gobierno que salga de las urnas no atiende sus peticiones.40
El sistema español nació como seguro de trabajadores, el Seguro Obligatorio de Enfermedad de 1942. Tardó cuarenta y cuatro años en declararse universal. Creció dentro de la Seguridad Social, financiado con cotizaciones y gestionado desde 1978 por un organismo estatal, el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD).
Los hospitales grandes —las «ciudades sanitarias» de los años sesenta y setenta— se construyeron antes que la red de centros de salud. La reforma de la atención primaria es de 1984, veinte años después de los hospitales.41 Por eso, en parte, el hospital sigue pesando más que la primaria, lo que se llama hospitalcentrismo.
La Ley General de Sanidad de 1986 hizo tres cosas. Declaró la cobertura universal, que se extendería poco a poco; integró los servicios públicos en un sistema nacional, y encargó la gestión a las comunidades. El paso de las cotizaciones a los impuestos lo ordenó una ley de 1997 y se completó en 1999. Las transferencias duraron de 1981, con Cataluña, a 2002, cuando diez comunidades recibieron el INSALUD de golpe. Se hicieron con presupuestos negociados uno a uno. Las diferencias de gasto entre comunidades vienen en parte de aquellas negociaciones.
La universalidad se rompió una vez, en 2012, cuando una reforma vinculó el derecho a la condición de asegurado.42 Dejó fuera a los extranjeros adultos en situación irregular, salvo urgencias, embarazo y parto. Se restableció en 2018.
La Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud (artículo 43). Pero deja a la ley fijar los derechos y deberes de todos al respecto. Es un ejemplo de lo que explica el capítulo 1.2, sobre derechos y libertades. Esa ley se puede cambiar por decreto-ley, como en 2012 y en 2018. Lo aprueba el Gobierno, y el Congreso lo convalida o lo deroga en una sola votación, sin enmiendas. El artículo 86.1 de la Constitución impide que un decreto-ley afecte a los derechos del título I, entre ellos el del artículo 43, y aun así las dos reformas se hicieron por esta vía.
La atención primaria, la puerta de entrada, es una de las razones de los buenos resultados del sistema. Y es también lo que lo atasca. Un sistema que controla el gasto filtrando el acceso tiende a producir esperas en cada filtro, del centro de salud a la primera consulta con el especialista.
Lo que la sanidad no raciona con precio lo raciona con tiempo.
| Gasto sanitario público | 101.739 millones €, 6,4% del PIB | Dato de 2024; gasto total con el privado, 9,2% en 2023 (Eurostat) |
| Gasto público por habitante | 2.084 € al año | De 1.658 € en Andalucía a 2.332 € en el País Vasco |
| Gasto ejecutado por las comunidades | 93,6% | Dato de 2024; el resto, mutualidades de funcionarios, Administración central, Seguridad Social y ayuntamientos |
| Esperanza de vida | 84,01 años | Récord de la serie (2024); de las más altas de la OCDE |
| Lista de espera quirúrgica | 853.740 personas, 122 días de media | Diciembre de 2025; solo espera estructural; 126 días un año antes |
| Lista de espera para el especialista | ~4 millones de personas, 102 días | Primera consulta; el 61,5% espera más de sesenta días |
| Demora quirúrgica, de la menor a la mayor | 50 días en Madrid · 173 en Andalucía | Diciembre de 2025; media, 122 |
| Atención primaria | 14,4% del gasto sanitario | Dato de 2024, sin la farmacia de receta; asociaciones profesionales reclaman el 25%; en 2023 fue el 14,2% |
| Médicos / enfermeras por 1.000 habitantes | 4,4 / 5,9 | Dato de 2023; OCDE: 3,9 / 9,2 |
| Camas de hospital | 283 por 100.000 habitantes | 2024; UE, 507; psiquiátricas, 34 frente a 71 |
| Seguros sanitarios privados | Cerca de 13 millones de personas | Más del 26% de la población en 2025, según las aseguradoras (ICEA, vía Unespa) |
| Copago de medicamentos | 40-60% activos · 10% pensionistas, con tope | Activos desde mayo de 2026, seis tramos: 40% por debajo de 18.000 € (tope mensual de 8,23 € por debajo de 9.000 € y de 18,52 € entre 9.000 y 18.000 €), 45% de 18.000 a 60.000 € (tope de 61,75 € hasta 35.000 €; sin tope de 35.000 a 60.000 €), 50% de 60.000 a 100.000 € y 60% desde 100.000 €, sin tope. Pensionistas: 10% (60% desde 100.000 €), con topes de 8,23 €, 13,37 € (18.000 a 60.000 €), 18,52 € y 61,75 €. Exentos: pensiones no contributivas, IMV y complemento de mínimos, entre otros |
| Gasto en farmacia (recetas) | 14.684 millones € | Dato de 2024; hospitalaria, sin copago, ~11.500 millones en 2025 |
| Eutanasias | 565 en 2025 | El 0,13% de las muertes (datos provisionales); 1.668 desde 2021; 1.284 solicitudes en 2025 |
| Abortos | 106.172 en 2024 | El 78,75% en clínicas privadas |
| Suicidios | 3.808 en 2025 | Provisional; 3.953 en 2024; muertes de tráfico, 1.774 |
Hay dos familias de sistemas. La británica se paga con impuestos, cubre a toda la población y tiene personal público y puerta de entrada. Son de ella España, Portugal, Italia, el Reino Unido y los países nórdicos. La bismarckiana debe su nombre al canciller alemán que creó el seguro de enfermedad en el siglo XIX. Se paga con seguros obligatorios y tiene copagos generalizados, libre elección de médico y proveedores privados que cobran del seguro. Es la de Alemania, Francia, los Países Bajos o Bélgica.
La familia bismarckiana gasta más. En 2023 el gasto sanitario fue el 11,7% del PIB en Alemania y el 11,5% en Francia, frente al 10,0% de media en la Unión.43 Alemania, Francia y Bélgica no registran la espera quirúrgica en bases administrativas. La OCDE la describía en ellos en 2003 como baja. La familia británica no es un bloque. Reúne sistemas baratos, como el español, con en torno al 9,2% en 2023, y otros que se acercan al gasto francés, como el sueco, con el 11,2%.
España gasta por habitante en torno a una quinta parte menos que la media de la Unión. Y su esperanza de vida supera la media en dos años y medio: 84,0 frente a 81,5 en 2024, la más alta de la Unión.44
La OCDE compara con el mismo método, en una parte de sus países, cuánto se espera para una prótesis de cadera antes y después de la pandemia. En 2023, España seguía esperando más que en 2019.45 Le pasaba lo mismo a Finlandia y a Suecia. Italia, los Países Bajos, Dinamarca y Portugal, en cambio, habían vuelto a una espera cercana a la de 2019.
La descentralización española en diecisiete servicios tiene paralelo en Italia y en Suecia, cuyas regiones gestionan la sanidad. Las suecas la pagan sobre todo con su propio impuesto.46
¿Está infrafinanciada la sanidad pública?
España gasta por habitante menos que la media europea. Y la primaria sigue lejos de la cuarta parte del gasto que reclaman las asociaciones profesionales. A finales de 2025 esperaban una primera consulta con el especialista 84,4 pacientes por cada mil habitantes, frente a 83,2 un año antes.
El gasto público ha subido más de un tercio desde 2019, en euros corrientes. Y las listas siguen largas. El sistema obtiene resultados de los mejores de Europa con el gasto que tiene. Lo que falla es la organización: el peso del hospital, unas plantillas rígidas y diecisiete sistemas que no comparan sus datos.
¿La sanidad privada complementa a la pública o la vacía?
Sus defensores sostienen que la privada descarga a la pública, a la que vende operaciones, y da a quien paga la posibilidad de elegir. Dicen también que la doble cobertura la pagan quienes la eligen, que siguen financiando la pública con sus impuestos.
Sus críticos sostienen que la privada selecciona a los pacientes rentables y devuelve a la pública los caros. Dicen también que compite por el mismo personal con horarios mejores y que los conciertos se adjudican sin evaluar resultados. Y añaden que cada operación que sale fuera es dinero que no se invierte en la capacidad propia.
«La sanidad española es la mejor del mundo.»
La defensa acríticaEn resultados de salud está entre las mejores de Europa. Tiene la mayor esperanza de vida de la Unión y una mortalidad evitable de las más bajas. En tiempo de espera no: 122 días de media para operarse y 102 para una primera consulta con el especialista. Las esperas son el lado flojo.
«Se está desmantelando la sanidad pública.»
El gastoEl gasto público sanitario de 2024 supera en más de un tercio al de 2019, en euros corrientes. En proporción al PIB, ese gasto está por encima de 2019 y por debajo de los años de la pandemia.47 La crítica más sólida es otra. La primaria sigue en torno al 14% del gasto, lejos del 25% que reclaman las asociaciones profesionales.
«En mi comunidad las listas de espera son las más cortas.»
Con qué criterioLa única comparación de listas de espera entre comunidades con criterio común es la del ministerio, y tiene sus límites. Cuenta solo la espera estructural y desde la indicación de la operación. Y una lista de operaciones corta no dice nada de la de primeras consultas.
«La sanidad es gratis.»
Qué cuestaSe paga con impuestos y, en la farmacia, con un copago que depende de la renta. Es gratuita en el punto de uso, que es otra cosa. Y lo que no se cobra en la ventanilla se paga en espera.
«Los inmigrantes colapsan los centros de salud.» / «Sin inmigrantes no habría sanitarios.»
Las dos exageranLos estudios en que se apoya esta respuesta son antiguos: encuestas de salud de hacia 2005, una revisión de 2014 y la encuesta de 2017. Según ellos, la población inmigrante usa menos que la española la mayoría de los servicios sanitarios, sobre todo el especialista; en primaria, la revisión de 2014 no ve diferencia y la encuesta de 2017 sí la ve en las clases bajas.48 Y la lentitud en homologar títulos extranjeros deja sin ejercer a profesionales ya formados.
«Con la privada te operan en una semana.»
Para quéPuede ser cierto para una operación programable, si se tiene seguro o se puede pagar. Pero la frase compara un caso sencillo con la media de la pública, que incluye todos los casos. Y no dice dónde acaban los procesos largos y complejos.
Cualquier persona tiene derecho a acceder a su historia clínica. La segunda opinión médica depende de lo que fije su comunidad. Cinco operaciones, entre ellas las cataratas y las prótesis de cadera o de rodilla, tienen en toda España una espera máxima de 180 días desde que el médico la indica. Varias comunidades garantizan más por ley. Si se supera esa espera máxima, el servicio de salud tiene que ofrecer alternativas, como otro centro.
La tarjeta sanitaria europea, gratuita, cubre la asistencia necesaria en cualquier país de la Unión, con las condiciones y los copagos de ese país. El copago de farmacia se calcula con la renta de la última declaración.
- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, arts. 1-3 (titulares del derecho y financiación pública), 44-47 (Sistema Nacional de Salud) y 56-69 (áreas de salud y atención primaria). Declaró que la asistencia pública llegaría a toda la población, aunque su extensión se haría «de forma progresiva» (disposición transitoria quinta), e integró los servicios públicos en el Sistema Nacional de Salud, gestionado por las comunidades (art. 44). Su financiación incluía todavía «cotizaciones sociales» (art. 79.1). La asistencia sanitaria pasó a ser no contributiva, pagada con impuestos, por la Ley 24/1997, art. 1, y el cambio se completó con el presupuesto de 1999. ↩
- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, arts. 7 y 8 (cartera común de servicios) y 69-73 (Consejo Interterritorial). La cartera común se detalla en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, y su parte suplementaria —prestación farmacéutica, ortoprotésica, productos dietéticos y transporte sanitario no urgente (art. 8 ter), entre otras— es la que admite aportación del usuario. ↩
- La coordinación general de la sanidad es competencia del Estado (Constitución, art. 149.1.16.ª). La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, art. 151.2.a, hace los acuerdos de las conferencias sectoriales, como el Consejo Interterritorial, de obligado cumplimiento salvo para quien vota en contra; pero cuando la Administración General del Estado ejerce funciones de coordinación, el acuerdo obliga a todas las administraciones de la conferencia con independencia del sentido de su voto. El Real Decreto 440/2024, de 30 de abril, sobre criterios de funcionamiento de las conferencias sectoriales, exige que el acta diga en esos casos el título competencial. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Ministerio de Sanidad, Estadística de Gasto Sanitario Público 2024: principales resultados, publicada el 13 de mayo de 2026: 101.739 millones de euros, el 6,4% del PIB y 2.084 euros por habitante de media, un 4,2% más que en 2023. La fórmula de reparto es la del artículo 9 de la Ley 22/2009: población, 30%; población protegida equivalente por edad en siete grupos, 38%; mayores de 65 años, 8,5%; de 0 a 16 años, 20,5%; superficie, 1,8%; dispersión, 0,6%; insularidad, 0,6%. Por comunidades, el País Vasco (2.332 €), Asturias (2.322), Extremadura (2.246) y Cantabria (2.242) encabezan la lista; Andalucía (1.658), Madrid (1.779), la Comunidad Valenciana (1.867) y La Rioja (1.878) la cierran. La estadística mide el gasto consolidado de cada servicio de salud y no incluye el gasto privado. ↩
- Datos de MUFACE a 31 de enero de 2026, tras el cambio ordinario de entidad de enero, presentados al Consejo General de la mutualidad: 1.582.873 personas con asistencia en territorio nacional, 595.196 en la opción pública (el 37,6%), 571.882 en Adeslas y 415.795 en Asisa (en conjunto, el 62,4%) (Grupo Aseguranza, «El 62% de los mutualistas de Muface se mantienen adscritos a entidades concertadas», 19 de marzo de 2026). Los porcentajes son cálculo del libro, como en el capítulo 2.10. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- El concierto de MUFACE para 2025-2027 lo firmaron Adeslas y Asisa el 30 de abril de 2025 (MUFACE, 30 de abril de 2025), después de que la primera licitación quedara desierta en noviembre de 2024 y de que el Gobierno añadiera a la segunda, en enero de 2025, 330,5 millones (MUFACE, 28 de enero de 2025). Su presupuesto es de 4.808,5 millones de euros, 1.276,5 millones más que el de 2022-2024, y la prima media ponderada sube un 41,2% acumulado en los tres años. DKV no lo firmó, y sus algo más de doscientos mil mutualistas y beneficiarios tuvieron que elegir entre las otras dos o pasarse a la sanidad pública. Las tres mutualidades —MUFACE, ISFAS, de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, y MUGEJU, de la Administración de Justicia— protegen a algo más de 2,2 millones de personas, y MUFACE, a 1.572.164 mutualistas y beneficiarios a finales de 2024 (MUFACE, Memoria 2024). Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Ninguna ley ni ningún plan del ministerio fija el 25%. El Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria (Resolución de 26 de abril de 2019) dice que el presupuesto de la atención primaria «se mantiene estancado en valores inferiores al 15%» y propone «Incrementar de manera progresiva los presupuestos asignados a APS en función de necesidades concretas de financiación». El Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 da el 14,14% de 2022 y propone recomendaciones para vincular el crecimiento del gasto sanitario con el de la primaria, también sin cifra. El 25% lo reclaman asociaciones como la Plataforma Salvemos la Atención Primaria, con «presupuestos finalistas que alcancen al menos el 25 % del total del presupuesto sanitario público» (Doce propuestas para desarrollar la Atención Primaria, mayo de 2024, publicado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública). Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ministerio de Sanidad y CIS, Barómetro Sanitario 2025: el 21,8% de los pacientes fue atendido en el día o al día siguiente de pedir cita, y para el resto la demora media fue de 9,15 días; el 69,8%, citado para más tarde por falta de disponibilidad, esperó de media 9,12 días, frente a 8,77 en 2024. Es una encuesta a la población, no un registro de los centros. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Ministerio de Sanidad, Informe Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035 (2022), tabla del empleo público del Sistema Nacional de Salud en junio de 2021: en medicina familiar y comunitaria, el 31,8% de los médicos tiene sesenta años o más, y el 33,2% en atención primaria. ↩
- Ministerio de Sanidad, Situación de la Lista de Espera Quirúrgica del SNS a 31 de diciembre de 2025, publicada en abril de 2026 y rectificada en septiembre por los datos de Castilla-La Mancha (nota informativa): 853.740 pacientes en espera estructural y una demora media de 122 días, frente a los 126 de diciembre de 2024. La primera versión daba 853.509 y 121 días. Por especialidades, traumatología (200.604), oftalmología (173.079) y cirugía general y del aparato digestivo (149.836) concentran la mayoría. La demora media va de los 50 días de Madrid a los 173 de Andalucía; el País Vasco tiene 64 y Cantabria, 137. ↩
- Ministerio de Sanidad, listas de espera de consultas externas a 31 de diciembre de 2025: una tasa de 84,42 pacientes por cada mil habitantes —frente a 83,21 un año antes—, una demora media de 102 días, que baja desde los 105 de diciembre de 2024, y un 61,5% de las citas por encima de los sesenta días. Traumatología es la especialidad más tensionada, con 13,64 pacientes por mil habitantes y 132 días. El total de personas es cálculo propio: 84,42 por mil habitantes sobre unos 49 millones de habitantes da algo más de 4,1 millones. ↩
- Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio, por el que se establecen los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, anexo: 180 días naturales para cirugía cardiaca valvular, cirugía cardiaca coronaria, cataratas, prótesis de cadera y prótesis de rodilla. Es un mínimo común; las leyes autonómicas de garantía pueden fijar plazos más cortos o para más procesos. El plazo se cuenta desde la indicación del médico (art. 3.1). Si se supera, el servicio de salud ofrece al paciente las alternativas que considere apropiadas, también otros centros (arts. 5.3 y 6.1.c); la garantía se pierde si el paciente rechaza el centro alternativo ofertado o retrasa la atención sin causa justificada (art. 6.1.c y e). Consultado en octubre de 2026 en la versión consolidada del BOE. ↩
- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, artículo 20: «la plena integración de las actuaciones relativas a la salud mental en el sistema sanitario general»; la atención «se realizará en el ámbito comunitario, potenciando los recursos asistenciales a nivel ambulatorio y los sistemas de hospitalización parcial y atención a domicilio», y «la hospitalización de los pacientes por procesos que así lo requieran se realizará en las unidades psiquiátricas de los hospitales generales». Consultado en octubre de 2026. ↩
- Eurostat, camas de hospital por función y tipo de cuidado (hlth_rs_bds1), consulta a su base de datos actualizada el 13 de julio de 2026, camas de cuidados psiquiátricos: 34,45 por cada 100.000 habitantes en España y 70,89 en la Unión Europea en 2024. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Eurostat, médicos en ejercicio por especialidad (hlth_rs_spec, psiquiatría, por 100.000 habitantes, 2020): 11,76 en España, 22,93 en Francia, 28,18 en Alemania y 24,73 en los Países Bajos. Cuenta a todos los psiquiatras en ejercicio, de la sanidad pública y de la privada, por lo que no es comparable con el 8,6 del ministerio, que solo recoge los centros públicos. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ministerio de Sanidad, Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Período 2022-2026: 3.999 psiquiatras en centros públicos del sistema en 2018, 8,6 por cada 100.000 habitantes (8,1 en 2015), con datos de la estadística de centros de atención especializada; de los especialistas en psicología clínica y de las enfermeras especialistas en salud mental «no se dispone de información actualizada ni completa». La ratio de psicólogos, «en 2018 en aproximadamente 6» por cada 100.000 habitantes, es la que el ministerio facilitó al Defensor del Pueblo («Salud mental», 30 de enero de 2020). Consultado en octubre de 2026. ↩
- INE, Estadística de defunciones según la causa de muerte. Año 2025. Datos provisionales, 30 de junio de 2026: 3.808 suicidios en 2025, frente a 3.953 en 2024 (un 3,7% menos), y 1.774 muertes en accidentes de tráfico. El suicidio fue la tercera causa de muerte externa, tras las caídas accidentales y los ahogamientos, y la primera entre los hombres (2.784). El INE advierte de que las muertes por causas externas provisionales pueden estar subestimadas, porque las autopsias tardan más; los datos definitivos salen en diciembre. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Eurostat, «Healthcare expenditure statistics - overview»: 138.000 millones de euros de gasto sanitario corriente en España en 2023, en torno al 9,2% de su PIB; el último año publicado por Eurostat a 30 de septiembre de 2026 es 2023. OCDE, cuentas de salud (System of Health Accounts), consulta a su base de datos de octubre de 2026: gasto sanitario corriente total del 9,0% del PIB en España en 2024 (9,2% en 2023). La media simple de los 38 países de la OCDE en 2024, calculada por el libro con la misma consulta para todos ellos, es del 9,3%. Consultado en octubre de 2026. ↩
- OCDE, cuentas de salud (System of Health Accounts), consulta a su base de datos de octubre de 2026: gasto sanitario corriente por habitante, en dólares de paridad de poder de compra, en 2024: España 5.349, Francia 7.433 (un 39% más) y Alemania 9.584 (un 79% más); en 2022, 4.841, 6.762 (un 40% más) y 8.792 (un 82% más). La figura 95 usa los datos de 2024 de esa misma serie y la esperanza de vida al nacer de 2024 de las estadísticas de salud de la OCDE, de la misma consulta. La edición más reciente de Health at a Glance es la de 2025 (13 de noviembre de 2025). Consultado en octubre de 2026. ↩
- Eurostat, Treatable and preventable mortality of residents by cause and sex (hlth_cd_apr), tasa normalizada por 100.000 habitantes, ambos sexos. La mortalidad evitable es la suma de la prevenible (la que la salud pública y la prevención habrían evitado) y la tratable (la que habría evitado una atención sanitaria oportuna). En 2022 España tuvo 186,5, la cuarta más baja de la Unión tras Suecia (169,3), Italia (176,7) y Luxemburgo (180,2); en 2023, 170,5, la quinta. Solo la tratable: 62,1 en 2022 (quinta) y 60,2 en 2023 (sexta). Consultado en octubre de 2026 en la API de Eurostat. ↩
- European Observatory on Health Systems and Policies, Enrique Bernal-Delgado y otros, Spain: Health System Review, Health Systems in Transition, 20(2), 2018, que cuenta entre los principios del sistema la cobertura universal, el acceso fácil a la atención primaria como puerta de entrada y la financiación por impuestos (pág. 130), y entre los retos, los factores de estilo de vida como la obesidad; la lista del texto, con la compra centralizada de medicamentos, es una síntesis del libro; y OCDE y Observatorio Europeo, Spain: Country Health Profile 2023, serie State of Health in the EU. ↩
- Eurostat, camas de hospital por función y tipo de cuidado (hlth_rs_bds1), consulta a su base de datos actualizada el 13 de julio de 2026: en 2024, 283,48 camas por cada 100.000 habitantes en España y 507,35 en la Unión Europea, con 311,73 en Italia, 330,98 en Portugal, 533,8 en Francia y 758,59 en Alemania. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, art. 4, hoy artículo 102 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos (Real Decreto Legislativo 1/2015), que fijó los porcentajes por renta y dejó exentos a quienes cobran una pensión no contributiva o una renta de integración social y a los parados que han perdido el subsidio. Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 (Ley 11/2020, de 30 de diciembre) añadieron cuatro colectivos exentos: perceptores del ingreso mínimo vital, pensionistas con una renta inferior a 5.635 euros al año, menores con discapacidad reconocida y perceptores de la prestación económica por menor a cargo en acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción. El Real Decreto-ley 11/2026, de 12 de mayo, en vigor desde el 14 de mayo de 2026, sustituyó los tres tramos de los activos por seis —hasta 9.000, 18.000, 35.000, 60.000 y 100.000 euros, y por encima— y puso a los tres primeros, por primera vez, un tope mensual de 8,23, 18,52 y 61,75 euros. En los pensionistas dividió en dos el tramo de 18.000 a 100.000 euros, con topes de 13,37 euros hasta 60.000 y de 18,52 euros desde ahí (artículo 102.6.f y g). El Congreso lo convalidó el 28 de mayo de 2026 y acordó tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia (Resolución de 28 de mayo de 2026). El artículo 102.8 del texto refundido, en su redacción de 2026, exime a los pensionistas que cobran el complemento para pensiones inferiores a la mínima (letra i) y a los menores con discapacidad igual o superior al 33% (letra g); la disposición transitoria única mantiene la exención de los pensionistas que ya la tenían por una renta anual inferior a 5.635 euros (11.200 si no están obligados a declarar). Comprobado en la versión consolidada del BOE en octubre de 2026. Consultado en septiembre y octubre de 2026. ↩
- Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos (Real Decreto Legislativo 1/2015), artículo 102.5.a, que fija el 60% para activos y pensionistas con una renta igual o superior a 100.000 euros, y 102.6.h, que pone a esos pensionistas «un límite máximo de aportación mensual de 61,75 euros». El artículo 102.9 fija para los mutualistas de MUFACE, ISFAS y MUGEJU un nivel de aportación «del 30 % con carácter general». Comprobado en la versión consolidada del BOE en octubre de 2026. ↩
- Ministerio de Sanidad, Estadística de Gasto Sanitario Público 2024: principales resultados, tabla 3: «Farmacia», 14.684 millones en 2024 (13.984 en 2023). La estadística la define como el gasto por las recetas médicas expedidas, los reintegros y otros productos de suministro directo a los hogares; no incluye los productos farmacéuticos dispensados ambulatoriamente en los hospitales. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Real Decreto-ley 11/2026, exposición de motivos, que considera coherente que los medicamentos «de uso o dispensación hospitalaria permanezcan exentos de copago», y art. 102.2 del texto refundido: solo la prestación ambulatoria dispensada por receta u orden en oficina de farmacia está sujeta a aportación. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ministerio de Hacienda, Indicadores sobre gasto farmacéutico y sanitario, serie mensual actualizada el 30 de septiembre de 2026, gasto devengado neto del conjunto de las administraciones: gasto farmacéutico hospitalario de 11.479 millones de euros en 2025, frente a 10.688 en 2024 (un 7,4% más), y gasto por recetas médicas u orden de dispensación de 14.676 millones, frente a 14.136 (un 3,8% más). De los 11.355 millones del gasto hospitalario de las comunidades en 2025, 10.419 fueron a medicamentos originales (el 91,8%), 425 a genéricos y 520 a biosimilares. En los siete primeros meses de 2026, el hospitalario creció un 6,7% y el de receta, un 2,7%. La cifra de recetas de Hacienda no coincide con la de la estadística de gasto sanitario del Ministerio de Sanidad, que tiene otra definición. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Tribunal de Cuentas, Informe de fiscalización de la actividad económica desarrollada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación con el área farmacéutica, ejercicios 2014 y 2015. Señala que no existían manuales de procedimiento que definieran los criterios de evaluación para incluir un medicamento en la prestación farmacéutica o para fijar su precio, una discrecionalidad excesiva en los procedimientos y criterios de la financiación pública de medicamentos y la falta de transparencia, predictibilidad y rendición de cuentas de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, que fija el precio de los medicamentos financiados. ↩
- ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras), datos recopilados por Unespa y recogidos por la prensa del sector en 2026: más de 12,8 millones de asegurados de salud en 2025. El 26% sale de dividir esa cifra entre una población de en torno a 49 millones (INE, 1 de enero de 2025). No se ha abierto el informe de ICEA. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ministerio de Sanidad, Barómetro Sanitario 2025, tercera oleada, nota técnica, entrevistas a personas de 18 y más años: «El 20% de las personas entrevistadas dispone de un seguro médico privado contratado por ellos o alguna persona de su familia, y el 11% un seguro médico contratado por su empresa (21,6% y 10,1% respectivamente en la segunda oleada)». Las dos proporciones no se pueden sumar sin más, porque una misma persona puede tener los dos seguros, y la encuesta no pregunta por los menores. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ministerio de Sanidad, Estadística de Gasto Sanitario Público 2024: principales resultados: las compras al sector privado mediante conciertos sumaron 10.143 millones de euros en 2024, el 10,0% del gasto sanitario público. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, auditoría de la concesión sanitaria del departamento de salud de Manises, según Redacción Médica, «Una auditoría pública confirma que el modelo Alzira ahorra 42 millones»: el gasto de la Administración en la asistencia de ese departamento, 674 euros por habitante y año sin la inversión estimada del concesionario (721 con ella), era un 24,6% menor que los 894 euros de gasto corriente de los departamentos con hospital comarcal de gestión pública, unos 42,5 millones al año. Es una comparación de coste de un solo departamento con los de su tipo. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Ministerio de Sanidad, Interrupción voluntaria del embarazo. Datos definitivos correspondientes al año 2024, publicado el 1 de octubre de 2025: 106.172 interrupciones, un 2,98% más que en 2023 y una tasa de 12,36 por cada mil mujeres de quince a cuarenta y cuatro años. De ellas, 83.609 (el 78,75%) se practicaron en centros privados y 22.563 (el 21,25%) en centros públicos. El 76,58% se realizó antes de la semana octava. ↩
- Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal: despenalizó el aborto en tres supuestos —grave peligro para la vida o la salud de la embarazada, violación y graves taras del feto— siempre que lo practicara un médico en un centro sanitario, público o privado, acreditado. Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, arts. 14-15; reformada por la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, que suprimió el periodo de reflexión de tres días y el consentimiento de los padres para las jóvenes de dieciséis y diecisiete años y creó el registro de objetores. La STC 44/2023, de 9 de mayo, desestimó el recurso presentado en 2010 y avaló el sistema de plazos. ↩
- Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, en vigor desde el 25 de junio de 2021; avalada por la STC 19/2023, de 22 de marzo. Según el Informe anual del Ministerio de Sanidad, en 2024 se registraron 905 nuevas solicitudes y se finalizaron 929 procesos, de los que 426 (el 45,9%) terminaron en prestación efectiva, un 27,5% más que el año anterior; el 33,2% de los procesos acabó con la muerte del solicitante durante la tramitación. Ministerio de Sanidad, balance provisional de la prestación de ayuda para morir en 2025 (La Moncloa, 17 de junio de 2026): 565 prestaciones efectivas, «el 0,13% del total de fallecimientos registrados en España, equivalente a una de cada 750 muertes», frente a las 426 de 2024; 1.284 solicitudes nuevas, y 3.716 desde que la ley entró en vigor, de las que 1.668 terminaron en prestación. Cataluña registra la tasa de solicitudes más alta, 6,14 por cada cien mil habitantes, frente a una media nacional de 2,61. Las enfermedades neurológicas son la causa del 46% de las prestaciones efectivas, por delante de las oncológicas. Ministerio de Sanidad, nota sobre el Informe anual 2023 de la prestación de ayuda para morir, de 12 de diciembre de 2024: de las 334 prestaciones efectivas de 2023, el 47% tuvo lugar en un hospital y el 44% en el domicilio o la residencia del paciente. ↩
- Ley Orgánica 2/2010, art. 19.2 (objeción de los profesionales sanitarios directamente implicados; en la eutanasia, Ley Orgánica 3/2021, art. 16.1), y arts. 19 bis y 19 ter, añadidos por la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero. El protocolo común para crear los registros lo aprobó el Consejo Interterritorial el 16 de diciembre de 2024: cada comunidad lleva el suyo, con los médicos de ginecología y obstetricia, anestesiología y medicina de familia, las enfermeras y las matronas que intervienen en la prestación; solo accede quien gestiona los recursos humanos del servicio, y los datos no se comparten entre comunidades. ↩
- Ministerio de Sanidad, informe Situación del aborto en la sanidad pública, de 2025: en septiembre de ese año no habían creado el registro Aragón, Asturias, Baleares y Madrid. Madrid fue la única que anunció que no lo haría, y la justicia le exigió cautelarmente que lo creara. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ordenó iniciar los trámites, y en septiembre de 2026 seguía sin crearlo: el 22 de septiembre el Ministerio de Sanidad pidió a la Abogacía del Estado que aplicara «las medidas necesarias» para que lo cree (Redacción Médica, 22 de septiembre de 2026). Consultado en septiembre de 2026. ↩
- OCDE, Health at a Glance 2025: Spain: 4,4 médicos en ejercicio y 5,9 enfermeras por cada mil habitantes, frente a una media de la OCDE de 3,9 y 9,2. La ficha no fecha las cifras de forma visible; encajan con los datos de 2023 de la OCDE (212.201 médicos en ejercicio en España), que es el año que usa el texto. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- El Consejo de Ministros aprobó el 1 de septiembre de 2026, en segunda vuelta, el proyecto de ley del nuevo Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que sustituiría a la Ley 55/2003 y llegó tras tres años de negociación con los sindicatos. Limitaría las guardias a diecisiete horas, prohibiría encadenarlas con la jornada ordinaria, fijaría una jornada máxima de cuarenta y cinco horas semanales —por debajo de las cuarenta y ocho de la Directiva 2003/88/CE— y daría cinco años a las comunidades para incorporarlo. La nota del Ministerio de Sanidad confirma las diecisiete horas de guardia, las cuarenta y cinco semanales y el envío al Congreso. Consultado en octubre de 2026. El proyecto (expediente 121/000112) se presentó en el Congreso el 7 de septiembre de 2026, según los datos abiertos del Congreso. El Real Decreto 806/2026 disolvió las Cortes el 6 de octubre y caducó el proyecto (art. 207 del Reglamento del Congreso). ↩
- Los sindicatos médicos, que reclaman un estatuto propio, convocaron semanas de huelga mensuales entre febrero y junio de 2026 y en septiembre de 2026 ratificaron una huelga estatal indefinida (Redacción Médica, 10 de septiembre de 2026), con inicio el miércoles 28 de octubre (CESM, 11 de septiembre de 2026), aunque se abrieron a desconvocarla si se crea un intergrupo parlamentario que recoja sus peticiones en el Estatuto Marco (Redacción Médica, 16 de septiembre de 2026). El 7 de octubre de 2026, tras la convocatoria de elecciones, el Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz y el Sindicato Médico de Euskadi aplazó los paros indefinidos previstos a partir del 28 de octubre: «la convocatoria de huelga sigue en vigor», y trasladará sus exigencias «al Gobierno que salga de las urnas» y retomará los paros si no obtiene respuesta. Consultado el 8 de octubre de 2026. ↩
- Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, sobre estructuras básicas de salud, que creó los centros de salud, las zonas básicas y los equipos de atención primaria con médicos de familia asalariados, veinte años después de las grandes ciudades sanitarias. El Seguro Obligatorio de Enfermedad, antecedente de todo el sistema, se había creado por la Ley de 14 de diciembre de 1942. ↩
- Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, que ligó la asistencia a la condición de asegurado o beneficiario y dejó fuera a los extranjeros en situación irregular mayores de edad, salvo urgencias, embarazo y parto. La universalidad se restableció por el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio. Las dos decisiones se tomaron por decreto-ley y las dos modificaron la Ley 16/2003, de cohesión (su art. 3, sobre los titulares del derecho), según el texto consolidado del BOE, consultado en octubre de 2026. El artículo 43 de la Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud y dice que «la ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto». El artículo 86.1 de la Constitución dice que los decretos-ley «no podrán afectar […] a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I», en el que está el artículo 43. ↩
- Eurostat, «10% of the EU’s GDP went to healthcare in 2023», noviembre de 2025: el gasto sanitario corriente, público y privado, fue en 2023 el 10,0% del PIB de la Unión; los porcentajes más altos fueron los de Alemania (11,7%), Francia (11,5%), Austria y Suecia (11,2%), y los más bajos, los de Luxemburgo y Rumanía (5,7%). Para España, la misma estadística da 138.000 millones de euros de gasto corriente en 2023 («Healthcare expenditure statistics - overview»), en torno al 9,2% de su PIB; el Ministerio de Sanidad, con una definición más amplia, da 142.773 millones y el 9,5% (Sistema de Cuentas de Salud. Principales resultados 2023). Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Eurostat, «EU life expectancy increases again and hits 81.5 years», marzo de 2026: con los datos definitivos, la esperanza de vida al nacer de la Unión fue de 81,5 años en 2024. La estimación de septiembre de 2025 («EU life expectancy estimated at 81.7 years in 2024») daba 81,7 y ponía a España (84,0) por detrás de Italia y Suecia (84,1). Con los datos definitivos (demo_mlexpec, actualizada el 25 de septiembre de 2026), España es la primera de la Unión en 2024, con 84,0 años, por delante de Suecia (83,8), Italia (83,7) y Chipre (83,5); fuera de la Unión, Suiza y Liechtenstein llegan a 84,2. El INE da para España 84,01 años. El gasto por habitante, en torno a una quinta parte por debajo de la media de la Unión, es el de OCDE y Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas Sanitarias, State of Health in the EU. Spain: Country Health Profile 2025. Consultado en octubre de 2026. ↩
- OCDE y Comisión Europea, Health at a Glance: Europe 2024, «Waiting times for elective surgery»: la espera media de los operados de prótesis de cadera en 2023 estaba cerca de la de 2019 en los Países Bajos, Dinamarca, Italia y Portugal, y seguía por encima de la de antes de la pandemia en Finlandia, Lituania, Noruega, España, Hungría y Suecia. Alemania, Francia y Bélgica no registran la espera en bases administrativas y quedan fuera de la medida; la OCDE las contaba entre los países donde se describe como baja y sus gobiernos no la consideran un problema (Explaining Waiting Times Variations for Elective Surgery Across OECD Countries, 2003). Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), la ley sueca de sanidad, cuyo título III regula la responsabilidad de las regiones como titulares de la asistencia sanitaria. Asociación sueca de municipios y regiones, «Så styrs sjukvården i Sverige»: la sanidad la financian sobre todo las regiones y los municipios con sus propios impuestos, además de las subvenciones del Estado. Consultado en septiembre de 2026. En Italia, la tutela de la salud es competencia concurrente del Estado y las regiones (Constitución italiana, art. 117, apartado 3), y las regiones organizan y gestionan sus servicios sanitarios. ↩
- Ministerio de Sanidad, Estadística de Gasto Sanitario Público: en 2019 el gasto fue de 74.988 millones de euros, en torno al 6% del PIB, en la serie revisada (tablas 2002-2024), y en 2024, de 101.739 millones y el 6,4%; en 2020 fue el 7,4% y en 2021, el 7,1%. En 2020 y 2021 la proporción fue mayor, porque el gasto extraordinario de la pandemia coincidió con la caída del PIB. ↩
- «La utilización de los servicios sanitarios por la población inmigrante en España», Gaceta Sanitaria, 2009: con cuatro encuestas de salud de hacia 2005 (Cataluña, ciudad de Madrid, Canarias y Comunidad Valenciana), la población inmigrante usa con menos frecuencia que la española la mayoría de los servicios sanitarios, y la diferencia es mayor en el médico especialista y en los servicios preventivos. La revisión «Use of health services for immigrants and native population: a systematic review», Revista Española de Salud Pública, 2014, estudia el médico general y el especialista y concluye que la población inmigrante hace «el mismo uso de los servicios de medicina general que la autóctona y un menor o igual uso de los servicios de medicina especializada». Ninguno de los dos estudios encuentra un mayor uso de las urgencias: el de 2009 no ve diferencias significativas, salvo en la encuesta de la Comunidad Valenciana. Un estudio más reciente, con la Encuesta Nacional de Salud de 2017 (Santamaría Rodríguez y otros, Revista Clínica de Medicina de Familia, 2025), concluye que la población inmigrante usa menos todos los servicios sanitarios, que en las clases bajas acude menos al médico de familia (78,4% frente a 82,9%) y que el uso de urgencias es similar. ↩
- Ley 14/1986, General de Sanidad, arts. 1-3, 44-47 y 56-69; Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, arts. 7-8 (cartera común) y 69-73 (Consejo Interterritorial); Real Decreto 1030/2006 y Real Decreto 1039/2011 (tiempos máximos de acceso, arts. 3-6); Constitución, art. 43.
- Real Decreto-ley 16/2012 y Real Decreto-ley 7/2018 (universalidad); Real Decreto Legislativo 1/2015, ley de garantías y uso racional de los medicamentos, art. 102 (copago); Real Decreto-ley 11/2026 (tramos del copago); Ley 44/2003 y Ley 55/2003 (profesiones y personal estatutario).
- Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia; Ley Orgánica 9/1985 (despenalización en tres supuestos), Ley Orgánica 2/2010 y Ley Orgánica 1/2023 (interrupción voluntaria del embarazo y registro de objetores); STC 44/2023.
- Ministerio de Sanidad, Estadística de gasto sanitario público, Sistema de información sobre listas de espera, Indicadores clave del Sistema Nacional de Salud, informes anuales de eutanasia y de interrupción voluntaria del embarazo; OCDE, Health at a Glance: Europe y Health Statistics; Eurostat.
- European Observatory on Health Systems and Policies Spain: Health System Review Health Systems in Transition, 2018
La descripción completa del sistema, pieza a pieza y con datos, hecha para compararlo con los demás europeos. - Guillem López-Casasnovas El bienestar desigual Península, 2015
Qué queda de los derechos sociales tras la crisis, por el economista de la salud más leído del país; útil para el debate sobre financiación. - Juan Gérvas y Mercedes Pérez-Fernández Sano y salvo (y libre de intervenciones médicas innecesarias) Los Libros del Lince, 2013
La defensa de la atención primaria desde dentro, y de por qué hacer menos a veces cura más. - OCDE Health at a Glance: Europe edición bienal
Gasto, personal, esperas y resultados de todos los países con el mismo método; la referencia de cualquier comparación.
16 de octubre de 2026 · fecha de corte de los datos: octubre de 2026