Educación
Lo que pesa en los resultados escolares —quién enseña, el refuerzo temprano y de qué casa viene cada alumno— casi nunca está en la ley de educación que se discute.
Ocho leyes, quince años planos y una caída
El 8 de septiembre de 2026 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó los resultados de PISA 2025, su Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes. Los alumnos españoles de quince años leen algo más de un curso peor que los de 2022. Perdieron veintitrés puntos en lectura, y la OCDE equipara unos veinte puntos a un curso escolar.1
En matemáticas también bajaron. En ciencias perdieron ocho puntos, una diferencia que la OCDE no da por significativa, porque puede deberse al azar de la muestra. En puntos, las tres puntuaciones de 2025 son las más bajas de la serie española.2
España quedó por debajo de la media de la OCDE en las tres competencias, como en todas las ediciones de 2000 a 2012.3 En 2015 la superó en lectura, y en 2022 estaba igualada con ella. La caída no es solo española. Los países de la OCDE perdieron de media catorce puntos en lectura entre 2022 y 2025. Pero España perdió nueve puntos más. Y llegó a 2025 desde una posición que ya venía bajando desde su máximo de 2015.
Leyes ha habido muchas. Desde la Constitución, las Cortes han aprobado ocho leyes orgánicas generales de educación escolar.4 Tres de ellas no llegaron a funcionar como se escribieron. Todas se fueron corrigiendo unas a otras en los mismos asuntos. Son los que dividen a los partidos, de la religión a las reválidas —los exámenes externos al final de cada etapa—.
Mientras tanto cambiaron los nombres. Quien tiene cincuenta años estudió la Educación General Básica y el Bachillerato Unificado Polivalente. Sus hijos estudiaron la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Los niños que empiezan el colegio cursan una Primaria que se llama igual que en 1990 y tiene otro currículo.
Durante quince años, de 2000 a 2015, la línea de resultados apenas se movió (figura 96), salvo el bache de lectura de 2006, aunque se aprobaron tres leyes en esos años. España estuvo en torno a la media de los países ricos o algo por debajo. Ni los años de una ley ni los de la siguiente se distinguen en la serie. Después la línea bajó. La caída tampoco coincide con ninguna ley. Empieza tras 2015, bajo dos leyes distintas. Se acelera en 2025, y no en 2022, que fue la primera edición tras el cierre de las escuelas por la pandemia.
Un indicador ha ido en la otra dirección. El abandono escolar temprano cayó de uno de cada tres jóvenes a uno de cada ocho entre 2008 y 2025.
La barra mide la puntuación de matemáticas. De 2000 a 2015 las tres series suben y bajan sin tendencia, con tres leyes aprobadas en esos años. Desde 2015 caen, y en 2025 marcan las peores cifras de la serie española: 457, 451 y 477, por debajo de la media de la OCDE en las tres. Las ocho leyes orgánicas generales son de 1980, 1985, 1990, 1995, 2002, 2006, 2013 y 2020, y ninguna coincide con un cambio de pendiente. La OCDE publicó la lectura española de 2018 con la advertencia de que no era comparable.
La estructura y quién manda en cada tramo
La enseñanza es obligatoria y gratuita de los seis a los dieciséis años. Son seis cursos de Primaria y cuatro de Secundaria Obligatoria, la ESO. Antes hay dos ciclos de Infantil, el de tres a seis, gratuito y universal de hecho. El de cero a tres solo es gratuito en algunas comunidades o para algunas edades.5 Lo usa algo más de la mitad de los niños, en educación o cuidado formal. A veces la gratuidad depende también de la renta de la familia.
Después vienen dos años de Bachillerato o de Formación Profesional de grado medio. De ahí se pasa a la universidad o a la FP superior. Desde los quince años, el equipo docente puede proponer al alumno que va peor un ciclo de FP de grado básico, que da también el título de la ESO.6 Hay ocho millones largos de alumnos no universitarios y unos ochocientos mil docentes. La ley fija un máximo de veinticinco alumnos por aula en Primaria y de treinta en la ESO.7 El gasto público en educación, universidad incluida, fue de unos 71.000 millones de euros en 2024, el 4,48% del producto interior bruto (PIB).8
El reparto de poder es el mismo que describe el capítulo 7.2, sobre sanidad, con una diferencia. Aquí el Estado fija también el contenido. Las Cortes aprueban la ley orgánica, y el Gobierno decreta las enseñanzas mínimas. Ocupan entre el 50% y el 60% del horario según la comunidad tenga o no lengua propia.9 Los títulos son estatales y las becas generales también.
Las comunidades:
- ponen el resto del currículo;
- gestionan los centros públicos;
- contratan y pagan a sus docentes;
- conciertan con los privados;
- y ejecutan más de ocho de cada diez euros.
Los ayuntamientos mantienen los edificios de los colegios de Primaria y muchas escuelas infantiles. El ministerio gestiona él mismo Ceuta y Melilla y poco más. Este reparto es un ejemplo de lo que cuenta el capítulo 0.1, sobre los niveles de gobierno. Quien legisla no es quien gestiona.
Quien escribe la ley que sale en los periódicos casi no tiene profesores a su cargo. Y a casi ninguno lo paga. El sueldo de los maestros sale de la financiación que el Estado transfiere a las comunidades sin destino fijado. Es la que explica el capítulo 3.2, sobre la financiación autonómica. En la fórmula que reparte ese dinero, la población de cero a dieciséis años pesa una quinta parte. Los ministerios de Educación y de Ciencia, Innovación y Universidades hacen en torno al 7% del gasto educativo, y solo el 4,5% si no se cuenta el dinero que pasan a las comunidades.10
Pública, concertada y privada
De cada cien alumnos, sesenta y siete van a un centro público, veinticuatro a uno concertado y nueve a uno privado sin concierto. El concierto es un contrato entre la comunidad y un centro de titularidad privada. Siete de cada diez alumnos de la concertada van a centros de la Iglesia católica o de órdenes religiosas, según Escuelas Católicas, la organización que agrupa a esos colegios.11 La comunidad les paga el sueldo de sus profesores y un módulo por aula para gastos de funcionamiento. A cambio, la enseñanza es gratuita y la admisión sigue los mismos criterios que en la pública.
Las dos redes no atienden al mismo alumnado. La estadística oficial del gasto en educación da lo que cuestan los conciertos, 8.342 millones en 2024, pero no el gasto por alumno de cada red.12 Un cálculo académico, con datos de 2007, situó el gasto público por alumno de la concertada en la mitad del de la pública: el 49,9%, y el 66,9% si se suma lo que pagan las familias.13 Para la familia no siempre es gratuito. Hay centros que cobran cuotas que la ley llama voluntarias. Entre las familias que pagan, la media del curso 2019-2020 va de unos 450 euros al año en Andalucía a unos 1.700 en Cataluña, entre las cinco comunidades que mide un estudio de EsadeEcPol.14 Esa cuota puede actuar como filtro de renta. Cuánto filtra es una de las preguntas del debate sobre la concertada.
Los datos sobre a quién atiende cada red son claros. En proporción, la concertada escolariza a menos alumnado de renta baja e inmigrante que la pública. España está entre los países de la Unión con más segregación escolar por origen social, según PISA 2015.15
Los resultados brutos de la concertada son mejores. La diferencia desaparece casi entera cuando se compara a alumnos de la misma procedencia social.16 Esa ventaja bruta refleja sobre todo a qué alumnos escolariza.
Cada barra suma cien: pública, concertada y, al final, privada sin concierto. Ministerio de Educación, Datos y cifras. Curso escolar 2026/2027, datos del curso 2024-2025. Los porcentajes van redondeados.
El alumno que necesita apoyo
En el curso 2024-2025, 1,26 millones de alumnos, el 15,6%, recibieron una atención distinta de la ordinaria.17 La categoría reúne causas muy distintas: dificultades de aprendizaje, altas capacidades, incorporación tardía o una situación social vulnerable. Unos 319.000, el 4%, tienen necesidades educativas especiales por una discapacidad o un trastorno grave, sobre todo autismo y discapacidad intelectual. El 85,7% de ellos estudia en aulas ordinarias. La ley de 2020 encargó un plan para que en diez años los centros ordinarios puedan atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.18
Las redes no los reparten igual. En las aulas ordinarias, el 3,9% de los alumnos de la pública tiene necesidades especiales, frente al 3,1% de la concertada y el 0,7% de la privada.19
El abandono, el indicador que sí se movió
El abandono escolar temprano mide la proporción de jóvenes de dieciocho a veinticuatro años que no tienen título más allá de la ESO y no estudian. Bajó del 32% de 2008, justo antes de que empezara la caída sostenida en 2009, al 12,8% en 2025, mínimo histórico.20 Sigue por encima de la media de la Unión Europea (UE), del 9,1% en 2025. Y los chicos abandonan mucho más que las chicas: el 15,9% frente al 9,5%.
La caída tiene dos tramos. El primero, de 2008 a 2013, coincide con la crisis. Esta hundió los empleos sin título que la burbuja inmobiliaria ofrecía a los dieciséis años (capítulo 6.4, sobre vivienda). Quedarse a estudiar dejó de costar un sueldo. Esa explicación no vale para el segundo tramo. Desde 2014 el empleo volvió y el abandono siguió bajando.
Se apuntan otras dos explicaciones, que valdrían para los dos tramos. Una es el crecimiento de la Formación Profesional, que dio un sitio a quien no quería el Bachillerato. La otra son los programas de refuerzo de las últimas leyes, que actúan sobre los alumnos a punto de abandonar. Las diferencias territoriales son enormes. El País Vasco, con un 3,6%, está en el nivel de los mejores países de Europa. Murcia (20,6%), Canarias o Castilla-La Mancha están en el de los peores.
Lo que mide PISA, lo que no, y lo que dijo en 2025
La OCDE examina a una muestra de alumnos de quince años cada tres años hasta 2025. La siguiente edición será la de 2029.21 En la edición de 2025 fueron más de setecientos sesenta mil, en noventa y un países y economías. Las pruebas miden la capacidad de usar lo aprendido en problemas nuevos, no el temario. En España la muestra se amplía para dar resultados por comunidad.
Antes de los quince años, en cuarto de Primaria, España ya queda por debajo de la media de la OCDE en otros dos estudios internacionales. En comprensión lectora, el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS) le dio 521 puntos en 2021, frente a 533.22 En matemáticas, el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS) le dio 498 en 2023, frente a 525.23
Lo que PISA no mide es buena parte de lo que discuten las leyes. No mide el currículo, ni la religión, ni la historia que se enseña, ni las lenguas cooficiales. Y tiene límites de método. Es una muestra, y cambia de escala entre ediciones. En 2018 la OCDE retuvo el resultado español de lectura por anomalías en las respuestas, y cuando lo publicó, en 2020, advirtió de que no era plenamente comparable.24 Por eso la serie no lo usa.
Con esos límites, la edición de 2025 deja claro que la caída desde 2015 afecta a las tres competencias. En lectura es mayor que la media de la OCDE: 45 puntos frente a 28. Y creció la proporción de alumnos en los niveles bajos de rendimiento.25
El informe de la OCDE no atribuye la caída a una sola causa. Pero señala lo que la acompaña en toda la organización. En lectura, coincide con más horas de pantalla y con menos alumnos que leen por gusto. El retroceso se ve en evaluar la información y contrastar varias fuentes. Los «lectores apresurados», que contestan rápido y mal, pasaron de media en la OCDE del 7% al 11% de los alumnos entre 2018 y 2025. Y los alumnos que usan el móvil o el ordenador para el ocio en clase rinden sensiblemente menos.26
Lo que el informe describe son asociaciones, no efectos medidos, y valen para toda la OCDE. No explican por qué España perdió en lectura nueve puntos más que la media. Para esa diferencia solo hay hipótesis. Una de ellas, la bajada de la repetición, tiene su propio debate en «Lo que se discute».
Lo que PISA sí mide es la desigualdad entre alumnos. Y ahí España sale mejor que la media. El origen social pesa menos en el resultado que en el conjunto de la OCDE.27
La OCDE lo mide de dos formas: cuánto del resultado explica el origen socioeconómico del alumno y cuántos puntos separan a los de familias acomodadas de los de familias con menos recursos. En ciencias, la competencia que la edición de 2025 examinó a fondo, España queda mejor que la media en las dos.
Esa buena noticia viene de una caída. Entre 2015 y 2025 la distancia entre alumnos acomodados y los demás se acortó porque los alumnos de familias acomodadas cayeron más que los demás. Con una reserva: el índice socioeconómico de 2025 cambió, y las comparaciones por nivel socioeconómico entre 2022 y 2025 están en revisión.28 Que haya más alumnos en los niveles bajos no contradice ese dato. Una cifra cuenta cuántos rinden poco y la otra, cuánto pesa el origen social.
Entre comunidades, la distancia de resultados es grande. En lectura, Asturias, Madrid y Castilla y León encabezan la lista. El País Vasco la cierra, a unos cincuenta puntos de las primeras: unos dos cursos y medio con la equivalencia de la OCDE.29 Cataluña no entra en la comparación: tuvo excluido el 23,2% de su alumnado.
El caso vasco reúne los dos extremos. El País Vasco, la comunidad con menos abandono escolar de España, es la última de dieciséis en comprensión lectora. Las dos cosas son ciertas y miden cosas distintas. El abandono mide qué hace el sistema con los que van peor, y PISA mide qué saben todos a los quince años.
La repetición: la anomalía española
En PISA 2025, el 22% de los alumnos españoles de quince años había repetido curso al menos una vez. En la OCDE fue el 7,9%. España es uno de los países de la organización que más repite, con más del doble de su media. Un estudio de 2017 calculó el coste directo de la repetición, un año más de escolarización por cada repetidor, en unos 2.800 millones de euros al año, con más del 30% de repetidores. Con el 22% de 2025, la misma cuenta daría como mucho unos 2.000 millones, un cálculo propio.30
Los estudios sobre la repetición, uno con datos españoles y dos revisiones internacionales, la de 2001 y la de 2021, no encuentran que repetir mejore al repetidor. Con datos españoles, quien repite rinde peor que quien, con el mismo nivel, pasa de curso.31 La repetición se asocia además a más abandono y se concentra en los alumnos pobres.
Según un cálculo de EsadeEcPol y Save the Children con los datos de PISA 2025, repite el 40% de los alumnos del cuartil socioeconómico más bajo, la cuarta parte con menos recursos, y el 7% del más alto. A igualdad de competencias medidas, un alumno del grupo socioeconómico bajo tiene cinco veces más probabilidades de haber repetido que uno del alto. La repetición es a la vez un gasto y un mecanismo de desigualdad.32
La bajada de la repetición llegó antes que la ley de 2020. En el curso 2019-2020, con las escuelas cerradas, una orden del ministerio hizo de la promoción la regla general y de la repetición una medida muy excepcional, decidida por el equipo docente.33 Un real decreto-ley adaptó a la pandemia la promoción del curso siguiente. La ley de 2020 dejó fijo ese criterio. Declaró excepcional la repetición y quitó la regla casi automática de la ESO, que hacía repetir con tres o más materias suspensas.34 La decisión ya era colegiada desde 2006. Ahora depende del juicio del equipo docente. Pero sus reglas de promoción no se aplicaron hasta el curso 2021-2022.
Entre 2018 y 2022, con las reglas de la pandemia de por medio, la tasa de repetición bajó del 29% al 22%. Ahí se ha quedado. PISA 2025 da otra vez el 22%. La reducción se detuvo en 2022.
La universidad y la formación profesional
Tras la enseñanza obligatoria, la pregunta pasa a ser qué empleo encuentra quien sigue estudiando. En el curso 2024-2025 había 1,8 millones de estudiantes universitarios, en 50 universidades públicas y 42 privadas. Las privadas matriculan al 23% de los estudiantes de grado.35
Algo más de la mitad de los jóvenes de veinticinco a treinta y cuatro años tiene un título superior, una de las tasas más altas de Europa. Pero la economía no crea empleos para todos ellos. España tiene la tasa de sobrecualificación más alta de la Unión, con uno de cada tres titulados trabajando en un empleo que no requiere su título.36
Por qué la economía crea pocos empleos de ese nivel lo cuenta el capítulo 6.1, sobre de qué vive España. La ley de 2023 reformó el gobierno de las universidades y las figuras del profesorado.37 El desajuste entre títulos y empleos quedó fuera de ella.
La Formación Profesional ha sido el cambio real de la última década. Tiene más de un millón de alumnos, el doble que en 2010. Y una ley de 2022 hace dual toda su oferta, con una parte de la formación en la empresa. Cuatro años después de titularse estaba afiliado a la Seguridad Social el 67% de los graduados de grado medio y el 70% de los de grado superior, frente al 54% de los de FP básica (cohorte 2019-2020).38
Por qué cada gobierno cambia la ley, y por qué importa menos
Las ocho leyes han girado sobre todo en torno a seis asuntos:
- el peso de la religión;
- la financiación de la concertada;
- si hay itinerarios distintos a los catorce o a los dieciséis años;
- si hay reválidas al final de cada etapa;
- cuánto pesa el castellano en las comunidades con lengua propia;
- y el nombre y el contenido de la asignatura de valores.
Esas cuestiones dividen a los partidos. Cada mayoría las reescribe. Lo que las leyes apenas han tocado es lo que dos informes de McKinsey (2007 y 2010) asocian a los sistemas que mejoran.39 Son cuatro piezas, y en España han cambiado poco:
- la selección y la formación de los profesores: oposiciones de temario extenso y, para Secundaria, el máster de un año que exigió la ley de 2006;
- la autonomía de cada centro para organizarse y la forma en que rinde cuentas;
- la evaluación de los docentes;
- y el apoyo al alumno que se queda atrás en los primeros cursos de Primaria, antes de que el retraso acabe en repetición.
Con cada ley el país discute esos seis asuntos.
Esa lectura tiene una réplica fuerte. Los dos informes son de una consultora, no pasaron una revisión por pares y comparan sistemas que ya mejoraban, sin poder aislar qué los hizo mejorar. Quien defiende la lectura contraria sostiene que lo que pesa es de dónde viene el alumno y con quién comparte aula. El informe Coleman de 1966, el gran estudio estadounidense sobre rendimiento escolar, concluyó que los centros influyen poco en el resultado de un alumno al margen de su familia y su entorno social, y que la composición social del alumnado se relacionaba con el rendimiento más que cualquier factor del centro.40 Un caso: la ventaja bruta de la concertada desaparece al igualar el origen social. Si es así, mejorar a los docentes ayudaría menos que mezclar a los alumnos. Qué no se sabe: cuánto del resultado español depende de quien enseña y cuánto de quien llega al aula. Los informes de McKinsey no lo miden, y Coleman es un estudio de Estados Unidos de 1966.
La religión y las reválidas se votan y cuestan poco; elegir mejor a quien enseña cuesta dinero y años.
El artículo 27 de la Constitución es un pacto, y se le nota. Reconoce a la vez el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Reconoce también la obligación de los poderes públicos de programar la enseñanza y el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos. Y obliga a los poderes públicos a ayudar a los centros que reúnan los requisitos que la ley establezca.
Cada una de esas frases recoge lo que pedía un lado distinto en 1978. Las leyes posteriores han inclinado el equilibrio hacia una u otra, según la mayoría. Los acuerdos con la Santa Sede de 1979 añadieron la religión como asignatura de oferta obligatoria. Todo centro tiene que darla, aunque el alumno puede no cursarla. La ley de educación de 1985 convirtió en red concertada la red de colegios religiosos que ya existía.41 Una explicación es que el Estado necesitaba plazas escolares y no podía construirlas a tiempo.
La segunda decisión de fondo fue la ley de 1990. Extendió la enseñanza obligatoria y común hasta los dieciséis años, sin separar a los alumnos por rendimiento hasta esa edad, como en los países nórdicos y a diferencia de Alemania.42
El tronco común hasta los dieciséis no produce repetición por sí solo. Los nórdicos lo tienen y apenas repiten. Una hipótesis es que España no construyó el refuerzo temprano dentro del curso y la repetición ocupó ese hueco. Al alumno que se queda atrás en un aula común hasta los dieciséis años, el sistema le ha ofrecido sobre todo repetir el curso entero.
La descentralización, entre 1980 y 2000, entregó a las comunidades la gestión de un sistema cuyas reglas siguen escribiéndose en Madrid. Por eso cada ley nueva se aplica a través de diecisiete administraciones distintas.
El pacto educativo que los partidos dicen querer se ha intentado dos veces, en 2010 y en 2018.43 En 2010 lo rechazó el principal partido de la oposición. En 2018 se rompió por la financiación. Sobre el profesorado sí ha habido un intento. En enero de 2022, el ministerio llevó a sindicatos y comunidades veinticuatro propuestas sobre la formación, el acceso y la carrera de los docentes.44 Pero la reforma del profesorado no ocupa el debate entre los partidos.
Una razón de que el profesorado quede fuera es de economía política. Cambiar cómo se selecciona y se evalúa a los profesores toca las condiciones de trabajo de unos ochocientos mil docentes. Y tendrían que ejecutarlo las diecisiete comunidades. Un gobierno que lo intentara pagaría el coste en su legislatura y vería los resultados, si llegan, en la de otro.
| PISA 2025: matemáticas / lectura / ciencias | 457 / 451 / 477 | OCDE: 463 / 461 / 482. Peores cifras de la serie española |
| Caída respecto a PISA 2022 | −16 / −23 / −8 puntos | En lectura, la OCDE perdió 14 puntos; España, 23 |
| Diferencia entre comunidades en PISA | ~50 puntos en lectura | Asturias, Madrid y Castilla y León, en cabeza; el País Vasco, último |
| PIRLS 2021 lectura / TIMSS 2023 matemáticas | 521 / 498 | Cuarto de Primaria; OCDE: 533 / 525 |
| Alumnos de 15 años que han repetido | 22% | OCDE 7,9%; 29% en 2018; sin cambio desde 2022 |
| Quién repite, por renta | 40% del cuartil bajo · 7% del alto | Cuartiles socioeconómicos; cálculo de EsadeEcPol y Save the Children. A igualdad de competencias, haber repetido es cinco veces más probable |
| Abandono escolar temprano | 12,8% en 2025 | Mínimo histórico; 32% en 2008; hombres 15,9%, mujeres 9,5%; tercero más alto de la UE en 2025, tras Rumanía y Alemania |
| Gasto público en educación | 71.349 millones €, 4,48% del PIB | Dato de 2024; era el 4,54% del PIB en 2023 |
| Gasto público por alumno | 8.293 € al año | 2023; infantil 7.021 €, primaria 7.119 €, secundaria 8.350 € |
| Alumnos no universitarios | ~8,2 millones | Curso 2025-2026 (avance); docentes, ~806.000 |
| Público / concertado / privado | 67% / 24% / 9% de los alumnos | Curso 2025-2026; concertada: ~7 de cada 10 alumnos, en centros católicos (Escuelas Católicas) |
| Alumnos con apoyo educativo | ~1,26 millones, 15,6% | Curso 2024-2025; con necesidades especiales, ~319.000 |
| Leyes orgánicas de educación desde 1978 | 8 | Las generales de la enseñanza escolar: 1980, 1985, 1990, 1995, 2002, 2006, 2013, 2020 |
| Estudiantes universitarios | ~1,8 millones | Curso 2024-2025: ~1,4 millones en grado; 50 universidades públicas, 42 privadas |
| Titulados superiores de 25 a 34 años | ~52% | En 2025; UE ~45%; sobrecualificación, 1 de cada 3 titulados |
| Alumnos de Formación Profesional | ~1,2 millones | Curso 2025-2026 (avance); el doble que en 2010 |
En resultados, PISA 2025 dejó a España por debajo de las dos medias de referencia. En lectura quedó a diez puntos de la media de la OCDE y a ocho de la de la Unión, en torno a medio curso.45 Francia y Portugal quedan algo por encima, Italia más de un curso por encima y Grecia casi un curso y medio por debajo.
Donde España más se aparta es en la repetición, y Alemania la comparte. En PISA 2022 había repetido algún curso el 22% de los alumnos españoles de quince años y el 19% de los alemanes, frente al 3% de los finlandeses y al 9% de media en la OCDE.46
Separar pronto no evita la repetición. Alemania reparte a los alumnos en vías distintas a los diez años. Y se puede bajar, como enseña Francia. Allí los alumnos que llegaban con al menos un año de retraso al final del collège, el equivalente a tercero de la ESO, pasaron del 46% en 1993 al 24% en 2013, con una política sostenida en todo el país.47
En enseñanza privada pagada con dinero público, España no es una rareza. Pero está entre los países que más la usan. En 2024 iba a un centro privado financiado por el Estado el 74% de los alumnos de primaria de los Países Bajos, el 53% de los de Bélgica y el 28% de los de España, la tercera proporción de la Unión.48
Francia, contando primaria y secundaria, tenía en 2021 al 16,8% de sus alumnos en centros privados bajo contrato, más del 96% de ellos en la enseñanza católica. La cuota tampoco es exclusiva de España. Allí la ley permite a esos centros pedir a las familias una contribución para la enseñanza religiosa, los edificios y el equipamiento.49 En España se discute si la cuota, que la ley llama voluntaria, aparta a quien no puede pagarla.
En gasto por alumno, España queda por debajo de la media: 10.534 dólares de paridad de poder adquisitivo por alumno de primaria en 2023 (la medida que corrige la diferencia de precios entre países), frente a 12.893 de media en la OCDE.50
¿La concertada es un derecho de elección o una segregación subvencionada?
La libertad de enseñanza está en la Constitución. Y la demanda de plazas concertadas existe. Según un cálculo académico con datos de 2007, cada alumno concertado costaba al erario la mitad que uno público. Y la red da pluralidad a un sistema que de otro modo sería uniforme.
Las cuotas seleccionan por renta y la admisión se aplica con manga ancha. La pública concentra al alumnado con más dificultades. El resultado son dos redes con dos públicos, pagadas por los mismos impuestos.
¿Hay que acabar con la repetición?
En promedio no mejora a quien repite, se asocia a más abandono y cuesta hasta unos 2.000 millones al año. Castiga además a los alumnos pobres, que, según el cálculo de EsadeEcPol, repiten cinco veces más a igualdad de competencias. Y los países con mejores resultados la usan poco.
Sin repetición no hay exigencia ni consecuencias. El problema es que no se refuerza a tiempo. Pasar de curso sin nivel solo traslada el retraso al curso siguiente.
¿Hay demasiados universitarios?
Uno de cada tres titulados trabaja por debajo de su título. La FP faltaba y la universidad sobra. Cada plaza pública cuesta miles de euros que financian carreras sin salida.
Los titulados ganan más y paran menos que cualquier otro grupo, incluso sobrecualificados. El problema está en que las empresas españolas son pequeñas y crean pocos empleos cualificados (capítulo 6.3, sobre empresas y autónomos), y no en que haya muchos titulados.
«Con esta ley el nivel se hunde.» / «Gracias a esta ley los resultados han mejorado.»
Qué se ha movidoNinguna de las dos frases resiste que se pongan las fechas al lado: quince años sin tendencia con tres leyes aprobadas, y una caída que no coincide con ninguna. Tras una edición de PISA, es habitual que el gobierno de turno atribuya el resultado a la ley anterior y la oposición a la suya, con los mismos datos.
«Los alumnos españoles son de los peores de Europa.»
En quéEspaña está por debajo de la media de la OCDE, y no es el único país de la Unión que lo está. «De los peores» es exagerado. En lectura queda cerca de Francia, que también está por debajo, y muy por encima de Grecia. Donde sí está entre los peores es en repetición y en abandono. Los dos miden lo que el sistema hace con los alumnos que van peor.
«El abandono ha bajado gracias a las políticas del gobierno.»
Desde cuándoLa bajada del abandono coincide con la crisis de 2008, que se llevó el empleo sin título. Y siguió después con el crecimiento de la FP. Un gobierno que se la atribuye entera puede estar atribuyéndose, en parte, el efecto de la crisis.
«España ha mejorado en equidad educativa.»
A quién se comparaEs cierto, y por una mala razón. La distancia de resultados entre familias se acortó porque cayeron más los de arriba. Ante una desigualdad que baja, la pregunta es qué grupo se ha movido.
«La concertada tiene mejores resultados.» / «La pública es mejor porque acoge a todos.»
Qué faltaLa ventaja de la primera desaparece al comparar alumnos de la misma procedencia. La segunda habla de una virtud que no se ve en las notas. Comparar centros sin comparar a quién escolarizan es comparar barrios.
«Hay demasiados universitarios.» / «Faltan universitarios.»
La defensa acríticaHay muchos titulados y pocos empleos para ellos, que es otra cosa. El desajuste puede ser de la universidad o de las empresas, y la discusión sigue abierta. Quien lo dice solo de un lado está eligiendo la conclusión antes que la comparación.
«España tiene uno de los sistemas más equitativos de la OCDE.»
Qué mirarEs cierto en PISA, donde el origen social pesa poco sobre el resultado. No se sostiene en la puerta del colegio, donde la segregación entre centros, según PISA 2015, es de las más altas de la Unión. Y tampoco se sostiene en la repetición, que se ceba en los alumnos pobres.
La admisión en un centro público o concertado se decide por un baremo público —hermanos, proximidad, renta, discapacidad, familia numerosa—. Las listas se publican. Ningún centro concertado puede cobrar a las familias por la enseñanza gratuita ni imponerles aportaciones obligatorias (artículo 88 de la Ley Orgánica 2/2006). Las actividades extraescolares y los servicios escolares son voluntarios. La inspección educativa de cada comunidad vigila que no ocurra lo contrario.
La decisión de que un alumno repita la toma el equipo docente. Es excepcional por ley y tiene que ir acompañada de un plan específico (artículos 20.3 y 28.6 de la Ley Orgánica 2/2006). Las becas del Estado se convocan cada curso. En el régimen intensivo de la FP dual, la formación en la empresa se hace con un contrato de formación retribuido, que sustituye a la antigua beca (Ley Orgánica 3/2022).
- OCDE, PISA 2025 Results (Volume I) y nota de prensa del 8 de septiembre de 2026: la caída media de la OCDE entre 2015 y 2025, de 28 puntos en lectura y 22 en matemáticas, equivale según el informe a cerca de año y medio y a algo más de un año de aprendizaje. Son unos veinte puntos por curso, una equivalencia aproximada que sirve para leer las diferencias y no para medirlas con precisión. ↩
- OCDE, PISA 2025 Results, publicado el 8 de septiembre de 2026, y la nota de país correspondiente a España. Las medias de la OCDE fueron 463 en matemáticas, 461 en lectura y 482 en ciencias. Respecto a PISA 2022 España pierde 16 puntos en matemáticas, 23 en lectura y 8 en ciencias; la nota de país da por más bajos que en 2022 los resultados de matemáticas y de lectura y por similar el de ciencias, y los tres quedan por debajo de los de 2015. En puntos son los más bajos de la serie española; la OCDE, que mira si cada diferencia es significativa, los sitúa «entre los más bajos». El conjunto de la OCDE perdió 14 puntos en lectura en el mismo trienio (el promedio de los 35 países con datos comparables pasó de 477 a 463, según la figura 2.17 del informe español del INEE) y 28 desde 2015. Participaron más de 760.000 alumnos de 91 países y economías. Los resultados de inglés como lengua extranjera y de aprendizaje autodirigido se publicarán en 2027. Entre 2015 y 2025, España perdió 45 puntos en lectura (de 496 a 451), frente a 28 de la OCDE. Los 28 puntos son la tendencia que publica la OCDE sobre los países con datos comparables; no coincide con la resta de las dos medias publicadas (493 en 2015 y 461 en 2025). ↩
- Ministerio de Educación, «Resultados de España en PISA 2012», 3 de diciembre de 2013: el rendimiento de los alumnos españoles «sigue situado significativamente por debajo del promedio de la OCDE en las tres áreas examinadas»; en lectura, 488 puntos en 2012, 481 en 2009 y 493 en 2000. En 2015, España obtuvo 496 puntos en lectura, «3 puntos por encima de la OCDE (493)», la primera vez que superaba la media en esa competencia (Ministerio de Educación, 6 de diciembre de 2016). Las puntuaciones españolas de cada edición están en la figura 96. Consultado en septiembre y octubre de 2026. ↩
- Por orden: Ley Orgánica 5/1980, del Estatuto de Centros Escolares (LOECE), de la que la sentencia del Tribunal Constitucional 5/1981, de 13 de febrero, anuló varios preceptos y que la LODE sustituyó en 1985; Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación (LODE); Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE); Ley Orgánica 9/1995, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros (LOPEG); Ley Orgánica 10/2002, de Calidad de la Educación (LOCE), cuyo calendario de aplicación se paralizó por el Real Decreto 1318/2004 y que la LOE derogó; Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE); Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), cuyas evaluaciones finales de ESO y Bachillerato quedaron sin efectos académicos por el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, que las dejó en pruebas muestrales de diagnóstico sin efecto sobre el título, y Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), que devolvió la LOE a su redacción original en buena parte de lo que la LOMCE había cambiado. Son las leyes generales de la enseñanza no universitaria. Hay además otras leyes orgánicas educativas: las de universidades (Ley Orgánica 11/1983, Ley Orgánica 6/2001 y Ley Orgánica 2/2023) y las de formación profesional (Ley Orgánica 5/2002 y Ley Orgánica 3/2022). ↩
- Por ejemplo, Andalucía hizo gratuita desde el curso 2025-2026 la plaza de los niños de dos años en sus escuelas infantiles y en las adheridas a su programa de ayudas, y para los de cero y un año mantiene bonificaciones según la renta, con gratuidad completa para cerca de la mitad (Junta de Andalucía, «La Junta aprueba el decreto que establece la educación gratuita de los escolares de dos años»). Otras comunidades tienen sus propios modelos de gratuidad total o parcial. Eurostat, con la encuesta de condiciones de vida (ilc_caindformal), da para 2025 un 56,8% de los menores de tres años en educación o cuidado formal en España, frente al 40,6% de la Unión. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, artículos 30.1 (el equipo docente puede proponer la incorporación a un ciclo formativo de grado básico), 41.1 (acceso con quince años cumplidos o por cumplir en el año y tras cursar tercero de la ESO, o excepcionalmente segundo) y 44.1 (quien lo supera recibe «el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria» y el de Técnico Básico). Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, artículo 157.1.a: «Un número máximo de alumnos por aula que en la enseñanza obligatoria será de 25 para la educación primaria y de 30 para la educación secundaria obligatoria». Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, estadística de gasto público en educación de 2024, resultados provisionales publicados el 18 de marzo de 2026: 71.348,8 millones de euros, un 4,8% más que en 2023, y el 4,48% del PIB frente al 4,54% del año anterior. El gasto de personal supone el 59,5% del total. Por etapas, Infantil y Primaria se llevan el 33,5%, Secundaria y Formación Profesional el 30,4% y la universidad el 18,8%. El gasto público por alumno, con datos de 2023, es el del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación de 2026: 8.293 euros de media, 7.021 en Infantil, 7.119 en Primaria y 8.350 en Secundaria. ↩
- Artículo 6, apartado 4, de la Ley Orgánica 2/2006, en la redacción de la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE): las enseñanzas mínimas requieren el 50% de los horarios escolares en las comunidades con lengua cooficial y el 60% en las demás. Los currículos vigentes son los de los Reales Decretos 95/2022 (Infantil), 157/2022 (Primaria), 217/2022 (Secundaria Obligatoria) y 243/2022 (Bachillerato). ↩
- Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, estadística de gasto público en educación de 2024, resultados provisionales: los Ministerios de Educación y Formación Profesional y de Universidades hacen el 7,1% del gasto público en educación, y el 4,5% una vez descontado lo que transfieren a las comunidades; las administraciones educativas de las comunidades autónomas, el 84,3%. Las becas y ayudas al estudio de todas las administraciones suman 3.304,5 millones, el 4,8% del total. La estadística los agrupa como «Ministerios de Educación y FP y de Universidades»; desde el Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, que reestructuró los departamentos, las universidades dependen del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (art. 19). Consultado en septiembre y octubre de 2026. ↩
- Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Datos y cifras. Curso escolar 2026/2027, 17 de septiembre de 2026: en el curso 2025-2026, el 66,7% del alumnado de régimen general estaba en centros públicos, el 24,4% en la enseñanza concertada y el 8,9% en la privada sin concierto, de un total de 8.249.174 alumnos. Escuelas Católicas, Estadística 2023/2024, con datos del ministerio: los centros católicos con algún nivel concertado tienen 1.464.657 alumnos, de los 2.043.323 de toda la concertada (curso 2023-2024), el 71,7%, una proporción que sobreestima algo la real porque cuenta también los niveles sin concierto de esos centros; por centros, son 2.402 los católicos con algún nivel concertado, de los 5.854 que tienen concierto. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, estadística de gasto público en educación de 2024, resultados provisionales: los conciertos y subvenciones a centros de titularidad privada suman 8.342,3 millones de euros, el 11,7% del gasto público en educación. La estadística no publica el gasto por alumno según la titularidad del centro. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Jesús Rogero-García y Mario Andrés-Candelas, «Gasto público y de las familias en educación en España: diferencias entre centros públicos y concertados», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 147, 2014, págs. 121-132: con datos de 2007 de la Encuesta sobre Gasto de los Hogares en Educación y de la Estadística del Gasto Público en Educación, en infantil, primaria y secundaria, «el gasto público anual por estudiante matriculado en centros concertados fue un 49,9% respecto al gasto en centros públicos», y el gasto total, sumado lo que pagan las familias, el 66,9%. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Lucas Gortazar, Ángel Martínez Jorge y Xavier Bonal, «El coste de acceso a la escuela concertada en España», EsadeEcPol, 24 de abril de 2024, con la Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación del INE (curso 2019-2020): cuota media anual por alumno, solo entre las familias que pagan, de 1.696 euros en Cataluña, 1.156 en Madrid, 959 en el País Vasco, 597 en la Comunitat Valenciana y 453 en Andalucía; con las familias que no pagan, la media nacional queda entre 680 y 860 euros. Consultado en octubre de 2026. ↩
- F. Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido, «Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico en España y sus Comunidades Autónomas y comparación con los países de la Unión Europea», RASE. Revista de Sociología de la Educación, 11(1), 2018, págs. 37-58, con datos de PISA 2015: España es el sexto país de la Unión con mayor segregación escolar por nivel socioeconómico, y Madrid la comunidad con más. Save the Children, Mézclate conmigo. De la segregación socioeconómica a la educación inclusiva, 2018, sobre el papel de la concertada y de las cuotas. ↩
- Instituto Nacional de Evaluación Educativa, PISA 2022. Informe español, 2023, y OCDE, PISA 2022 Results, vol. II, capítulo sobre centros públicos y privados: la ventaja en puntuación de los centros de titularidad privada, concertados incluidos, se reduce a una cifra no significativa una vez descontado el índice socioeconómico y cultural del alumnado y del centro. Es un resultado que se repite en todas las ediciones desde 2003. ↩
- Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Curso 2024-2025, nota resumen: 1.255.398 alumnos, el 15,6% del total, con atención educativa diferente a la ordinaria; 319.070 (el 25,4% de ellos y el 4,0% del alumnado) por necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o trastornos graves, de los que el 33,8% tiene un trastorno del espectro del autismo y el 23,8%, discapacidad intelectual; el 85,7% está escolarizado en enseñanzas ordinarias y el 14,3%, en educación especial específica. Las categorías de la ley están en el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, disposición adicional cuarta: el Gobierno, con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, «en el plazo de diez años», «los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad». La escolarización en centros de educación especial solo procede cuando las necesidades no puedan atenderse en los centros ordinarios (Ley Orgánica 2/2006, art. 74.1). Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Curso 2024-2025, tabla 4: alumnado con necesidades educativas especiales en unidades ordinarias, el 3,9% en los centros públicos, el 3,1% en la enseñanza concertada y el 0,7% en la privada no concertada; contando la educación especial específica, el 4,4%, el 3,9% y el 0,7%. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Funcas, Informe sobre el abandono educativo temprano en España. Datos de 2025 y análisis comparado, 2026, con la explotación de la Encuesta de Población Activa: 12,8% en 2025, frente al 13,0% de 2024 y al 31,7% de 2008, el año anterior al comienzo de la bajada sostenida (30,9% en 2009), con una brecha grande entre hombres (15,9%) y mujeres (9,5%) y una tasa del 30,7% entre los jóvenes de nacionalidad extranjera. Eurostat sitúa a España en el tercer puesto de la Unión, tras Rumanía (15,5%) y Alemania (13,1%). Por comunidades, el País Vasco tiene la tasa más baja (3,6%), por delante de Navarra (7,8%) y Cantabria (8,9%); la Región de Murcia tiene la más alta (20,6%), y le siguen Canarias (15,9%), Castilla-La Mancha (15,7%) y La Rioja (15,5%); Baleares tiene el 15,2% y Andalucía el 14,5%. Eurostat (edat_lfse_14), consultado en octubre de 2026: 2008 no es el máximo de la serie española, que arranca en 1992 con el 40,4%; desde 1996 el punto más alto fue el 32,2% de 2004; media de la UE-27, 9,1% en 2025 y 9,6% en 2024; España, tercera en 2024 (13,0%, tras Rumanía, 16,8%, y Alemania, 13,5%) y en 2025. ↩
- ACER, «ACER to deliver PISA 2029 with novel focus on AI and media literacy», nota de prensa de 1 de abril de 2026: la OCDE ha encargado a ACER el ciclo de 2029, el décimo de PISA, centrado en lectura. Las ediciones anteriores fueron las de 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022 y 2025. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ministerio de Educación y Formación Profesional, avance del informe español de PIRLS 2021, 16 de mayo de 2023: la comprensión lectora del alumnado de cuarto de Primaria «se sitúa en 521 puntos», por debajo del total de la Unión Europea (528) y del promedio de la OCDE (533), y siete puntos por debajo de 2016. La siguiente edición, PIRLS 2026, no ha publicado resultados. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Instituto Nacional de Evaluación Educativa, infografías del informe español de TIMSS 2023: en cuarto de Primaria, 498 puntos en matemáticas, frente a un promedio de la OCDE de 525 y un total de la UE de 514, y 504 en ciencias, frente a 526 y 513. El informe de datos nacionales destacados da 502 puntos en matemáticas en 2019. Consultado en octubre de 2026. ↩
- La OCDE no publicó en diciembre de 2019 los resultados españoles de lectura de PISA 2018 al detectar en una parte de la muestra patrones de respuesta implausibles —series de respuestas dadas en pocos segundos— y los difundió en julio de 2020 con la advertencia de que no eran plenamente comparables. Instituto Nacional de Evaluación Educativa, PISA 2018. Resultados de lectura en España, 2020. ↩
- Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, nota de prensa del 8 de septiembre de 2026: el periodo 2022-2025 se caracterizó por un aumento del porcentaje de alumnado en los niveles bajos de rendimiento y una disminución del de los niveles altos, tanto en España como en el promedio de la OCDE, y el empeoramiento fue más acusado en España. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- OCDE, PISA 2025 Results (Volume I), resumen ejecutivo, y nota de prensa del 8 de septiembre de 2026: en lectura, la mayor digitalización, el aumento del tiempo de pantalla y la caída de la lectura por placer han coincidido con peores resultados, y el retroceso es visible en evaluar la información, relacionar varias fuentes y leer con sentido crítico. La proporción de «lectores apresurados», alumnos que dan respuestas rápidas pero erróneas, pasó de media en 35 países de la OCDE del 6,6% en 2018 al 11,4% en 2025 (PISA 2025 Results (Volume I), anexo A1, tabla I.A1.15), y también aumentaron las respuestas apresuradas en el resto de la prueba de lectura. El uso limitado o moderado de dispositivos para aprender se asocia a mejores resultados, y su uso para el ocio en el centro, a resultados sensiblemente peores; más de uno de cada cuatro alumnos dice que sus compañeros se distraen con dispositivos digitales en la mayoría de las clases de ciencias o en todas. El informe presenta estas relaciones como asociaciones, no como efectos causales. ↩
- OCDE, PISA 2022 Results, vol. I, indicador de fuerza del gradiente socioeconómico (porcentaje de la varianza en matemáticas explicado por el índice socioeconómico): en torno al 12% en España frente al 15% de media de la OCDE, y una pendiente también inferior a la media. OCDE, PISA 2025 Results, vol. I, nota de país de España: el índice socioeconómico explica el 9,2% de la varianza en ciencias, frente al 11,6% de media en la OCDE, y los alumnos favorecidos superan a los desfavorecidos en 71 puntos en ciencias, frente a 85 de media. Entre 2015 y 2025 esa distancia se estrechó porque el rendimiento bajó más entre los alumnos favorecidos que entre los desfavorecidos, y la caída de lectura entre 2022 y 2025 fue especialmente acusada entre los primeros. ↩
- Lucía Cobreros y Lucas Gortazar, «Todo lo que debes saber de PISA 2025 sobre equidad», EsadeEcPol, 16 de septiembre de 2026: advierte de que las comparaciones entre 2022 y 2025 por nivel socioeconómico están en revisión por un cambio en la construcción del índice. ↩
- INEE, informe español de PISA 2025, apartado 2.3.1: en lectura, «las que obtienen un mejor rendimiento medio estimado […] son el Principado de Asturias, la Comunidad de Madrid y Castilla y León». La media de cada comunidad está solo en un gráfico (figura 2.14.b); la tabla 3.2.b da las medias por sexo: Asturias, 484 las chicas y 459 los chicos; Madrid, 477 y 462; Castilla y León, 485 y 452; País Vasco, 438 y 402. La distancia de unos cincuenta puntos sale de esas cifras. Cataluña, con el 23,2% del alumnado excluido, no se compara. ↩
- Lucas Gortázar y Juan Manuel Moreno, «Costes y consecuencias de no alcanzar un pacto educativo en España», Revista Educación, Política y Sociedad, 2(2), 2017, págs. 9-37, tabla 1, con datos de la OCDE: eliminar la repetición ahorraría el 8% del presupuesto educativo, unos 2.800 millones de euros de 2016, y bajarla al nivel de la Unión, el 5,1%, 1.786 millones. Entonces había repetido más del 30% de los alumnos de quince años; con el 22% de 2025 la cuenta baja en proporción, a 2.800 × 22/30 = 2.053 millones como máximo, porque el 30% es el mínimo de entonces (cálculo propio). No hay una estimación oficial. ↩
- J. Ignacio García-Pérez, Marisa Hidalgo-Hidalgo y J. Antonio Robles-Zurita, «Does grade retention affect students' achievement? Some evidence from Spain», Applied Economics, 46(12), 2014, págs. 1373-1392, con datos de PISA para España: la repetición tiene un efecto negativo sobre el rendimiento posterior a igualdad de alumno. Revisión internacional: Shane R. Jimerson, «Meta-analysis of grade retention research: Implications for practice in the 21st century», School Psychology Review, 30(3), 2001, págs. 420-437. OCDE, PISA 2022 Results, vol. II, sobre la asociación entre repetición y abandono. Revisión posterior: Goos, Pipa y Peixoto, «Effectiveness of grade retention: A systematic review and meta-analysis», Educational Research Review, 34, 2021, que revisa 84 estudios y halla un efecto medio cercano a cero («an average zero effect»), con efectos positivos en resultados a corto plazo, en el funcionamiento psicosocial y en los diseños de regresión discontinua, y menos eficaz donde la repetición se combina con itinerarios separados (resumen del repositorio del ISPA). Consultado en octubre de 2026. ↩
- OCDE, PISA 2025 Results, e INEE, informe español, apartado 3.6: repite el 22,0% de los alumnos españoles de quince años, frente al 7,9% de media en la OCDE y el 12,9% en la Unión; por comunidades, del 14,1% del País Vasco al 28,8% de Andalucía, sin contar Ceuta y Melilla. En PISA 2018 había repetido el 28,7%, frente al 11,4% de media en la OCDE (INEE, PISA 2018. Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes. Informe español), y en PISA 2015, el 31% (OCDE, PISA 2015 Results, vol. II, 2016). Consultado en septiembre de 2026. Las cifras por origen social no son del INEE ni de la OCDE, sino de un cálculo de Lucía Cobreros y Lucas Gortazar para EsadeEcPol y Save the Children con los datos de PISA, «Todo lo que debes saber de PISA 2025 sobre equidad», 16 de septiembre de 2026: el 22% es «igual que en 2022»; por cuartiles del índice socioeconómico y cultural, repite el 40% del más bajo y en torno al 7% del más alto, y «a igualdad de competencias, un estudiante del cuartil bajo tiene 5 veces más probabilidades de haber repetido» que uno del alto (4,5 en 2022; 2,3 en la OCDE). El mismo informe advierte de que las comparaciones entre 2022 y 2025 por nivel socioeconómico están en revisión por un cambio en la construcción del índice. ↩
- Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, que para el tercer trimestre del curso 2019-2020 fijó la promoción como norma general en todas las etapas y la repetición como medida muy excepcional, adoptada de forma colegiada por el equipo docente y acompañada de un plan de recuperación, sin aplicar los límites de materias suspensas. El Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, adaptó la evaluación, la promoción y la titulación del curso 2020-2021. Los criterios de la LOMLOE se aplicaron desde el curso 2021-2022 con el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, que encarga al equipo docente las decisiones de promoción y considera la repetición una medida excepcional. ↩
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), que dio nueva redacción a los artículos 20 y 28 de la Ley Orgánica 2/2006: la permanencia un año más en el mismo curso es una medida «de carácter excepcional», se toma de forma colegiada por el equipo docente y solo puede adoptarse una vez en Primaria y dos en toda la enseñanza obligatoria, siempre con un plan específico: de refuerzo en Primaria (art. 20.3) y personalizado en la ESO (art. 28.6). La redacción original de 2006 ya decía que las decisiones de promoción en la ESO «serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno respectivo», pero fijaba que los alumnos «repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias», con excepciones (artículo 28.2 y 3 del texto original). Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Datos y cifras del Sistema Universitario Español. Curso 2025/26: en el curso 2024-2025 había 92 universidades con actividad, 50 públicas y 42 privadas, y 1.827.272 estudiantes matriculados (1.416.388 en grado, 313.189 en máster y 97.695 en doctorado); de los de grado, 324.028 lo estaban en las privadas, el 22,9%, frente al 16,8% del curso 2018-2019. En máster, las privadas tienen ya cerca del 53% de los estudiantes: 165.688 de 313.189 (tabla 6.2.1 del mismo informe). ↩
- Eurostat, «Migrant integration statistics – over-qualification», Statistics Explained: la tasa de sobrecualificación, que es la proporción de ocupados con estudios superiores que trabajan en empleos que no los requieren, fue la más alta de la Unión en España (34,0% en 2025 para el conjunto de los ocupados de 15 a 64 años, según el conjunto de datos lfsa_eoqgan de Eurostat), por delante de Grecia (31,4%) y Chipre (27,5%). Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU), que sustituyó a la Ley Orgánica 6/2001: reordena la elección del rector y la composición del Claustro y del Consejo de Gobierno, sustituye las figuras de profesorado contratado y fija un techo del 8% de temporalidad. La Formación Profesional se ordenó un año antes por la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, que hace dual toda la oferta y distingue entre régimen general e intensivo según las horas en la empresa. ↩
- Funcas, Informe sobre el abandono educativo temprano en España. Datos de 2025 y análisis comparado, 2026, cuadro 8, con la Estadística de Inserción Laboral de las Personas Graduadas en FP del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes: tasa de afiliación media al cuarto año tras la graduación de la cohorte 2019-2020, del 53,9% en FP básica, el 66,8% en grado medio y el 70,2% en grado superior. ↩
- Michael Barber y Mona Mourshed, How the World's Best-Performing School Systems Come Out on Top, McKinsey & Company, 2007, y Mona Mourshed, Chinezi Chijioke y Michael Barber, How the World's Most Improved School Systems Keep Getting Better, McKinsey, 2010: los sistemas que mejoran comparten la selección exigente y la formación práctica del profesorado, la autonomía con rendición de cuentas de los centros y la intervención temprana con el alumno rezagado. OCDE, TALIS 2018, sobre la formación y evaluación docente en España. La excepción es la formación del profesorado de Secundaria: los artículos 94 y 100 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, exigen para enseñar en la ESO y el Bachillerato, además del título universitario, una formación pedagógica y didáctica de nivel de posgrado. Es el máster de sesenta créditos que regula la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, que se imparte desde el curso 2009-2010 y sustituyó al antiguo Certificado de Aptitud Pedagógica. Los maestros de Infantil y Primaria entran con el grado de Maestro. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- James S. Coleman y otros, Equality of Educational Opportunity, U.S. Department of Health, Education, and Welfare, Office of Education, 1966, texto completo, pág. 325: entre los resultados que se toman juntos están «the fact that the social composition of the student body is more highly related to achievement, independently of the student's own social background, than is any school factor» y la conclusión de que «schools bring little influence to bear on a child's achievement that is independent of his background and general social context». Es un estudio de Estados Unidos con datos de 1965. Los dos informes de McKinsey de la nota anterior son de una consultora y no se publicaron en una revista con revisión por pares. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, arts. 47-62, que crearon el régimen de conciertos educativos: el centro privado recibe fondos públicos —los sueldos del profesorado y un módulo por unidad— a cambio de gratuidad y de aplicar los criterios de admisión de la enseñanza pública. El Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, de 3 de enero de 1979, había fijado antes, en su artículo II, la religión como asignatura de oferta obligatoria y de elección voluntaria. ↩
- Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que extendió la enseñanza obligatoria y común hasta los dieciséis años, sustituyó la EGB, el BUP y la FP de primer grado por Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos, y renunció a separar a los alumnos por rendimiento antes del final de la obligatoria. ↩
- El primer intento fue la propuesta de Pacto social y político por la educación presentada por el ministro Ángel Gabilondo en abril de 2010, que el principal partido de la oposición rechazó en mayo. El segundo fue la subcomisión del Congreso para un pacto de Estado social y político por la educación, constituida en 2016, que se disolvió sin dictamen en marzo de 2018, después de que el grupo socialista la abandonara por la falta de compromiso presupuestario. ↩
- Ministerio de Educación y Formación Profesional, «El Ministerio de Educación presenta a sindicatos y comunidades autónomas 24 propuestas para la reforma de la profesión docente», 27 de enero de 2022: formación inicial, con un periodo de iniciación en la práctica, formación permanente, acceso a la profesión, actualización de especialidades y reconocimiento del buen desempeño. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- OCDE, PISA 2025 Results (Volume I), notas de país de Francia, Italia, Portugal y Grecia, 8 de septiembre de 2026: en lectura, Italia 474 puntos, Portugal 462, Francia 456 y Grecia 423, frente a 461 de media en la OCDE. Francia perdió 18 puntos respecto a 2022 y Portugal 15, algo más que la media. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, nota de prensa del 8 de septiembre de 2026 e INEE, PISA 2025: España, con 451 puntos en lectura, queda significativamente por debajo del promedio de la OCDE (461) y del total de la Unión Europea (459). ↩
- OCDE, PISA 2022 Results (Volume I and II), notas de país de Alemania y de Finlandia: el 19% de los alumnos alemanes y el 3% de los finlandeses dijeron haber repetido al menos un curso desde que entraron en primaria, frente al 9% de media en la OCDE. El 22% español es el que da el informe de PISA 2025, que lo mantiene sin cambio desde 2022. La OCDE ya lo había señalado con PISA 2015: había repetido el 18% de los alumnos alemanes de quince años, frente al 11% de media (Education Policy Outlook in Germany, 2020). Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Ministerio de Educación Nacional de Francia, DEPP, «Forte baisse du redoublement : un impact positif sur la réussite des élèves», Note d’information n.º 36, noviembre de 2014: el 46% de los alumnos de troisième llevaba uno o más años de retraso en 1993 y el 24% en el curso 2013; los que acumulaban dos años pasaron de más del 15% a menos del 2%. La nota atribuye la bajada a una política aplicada en todas las academias durante veinte años. El decreto n.º 2014-1377, de 18 de noviembre de 2014, subraya el carácter excepcional de la repetición y exige un acompañamiento pedagógico específico del alumno que repite. ↩
- Eurostat, «Primary education statistics», Statistics Explained, datos de 2024: los Países Bajos (74,0%) y Bélgica (53,2%) son los únicos países de la Unión con la mayoría de los alumnos de primaria en centros privados dependientes, que son los que reciben de un organismo público la mayor parte de su financiación; les siguen España (27,8%) y Malta (27,6%). Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Tribunal de Cuentas francés (Cour des comptes), L’enseignement privé sous contrat, junio de 2023 : según su cuadro 1, con datos del ministerio francés (DEPP), en el curso 2021-2022 la enseñanza privada bajo contrato escolarizaba a 2.059.043 alumnos de primaria y secundaria, el 16,8% del total, y toda la privada, contando la que no tiene contrato, al 17,6%; la síntesis del informe redondea en «17,6 % des effectifs». La enseñanza católica reúne más del 96% del alumnado de la privada bajo contrato. Código de la Educación francés, art. R. 442-48: el externado simple en las clases bajo contrato de asociación es gratuito, pero puede pedirse a las familias una contribución para los gastos de la enseñanza religiosa y el culto, para amortizar los edificios escolares y administrativos, para adquirir material científico, escolar o deportivo y para reservar fondos para grandes reparaciones; el contrato fija su cuantía. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- OCDE, Education at a Glance 2026, nota de país sobre España (en la web del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, consultada el 9 de octubre de 2026): «En educación primaria, el gasto por estudiante fue de 10 534 USD en 2023 en España y de 12 893 USD de media en la OCDE» (tabla C3.1). La nota de país no da la media de los países de la Unión Europea. La serie se expresa en dólares de paridad de poder adquisitivo y no admite comparación directa con los euros del presupuesto español que da la tabla. ↩
- Constitución Española, art. 27; Acuerdo con la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, de 3 de enero de 1979.
- Ley Orgánica 2/2006, de Educación, en la redacción de la Ley Orgánica 3/2020, arts. 3-4 (etapas), 6 y 6 bis (currículo y enseñanzas mínimas), 20 y 28 (promoción y repetición), 84-88 (admisión) y 108-117 (centros concertados); Ley Orgánica 8/1985, arts. 47-63 (conciertos); Ley Orgánica 2/2023, del Sistema Universitario; Ley Orgánica 3/2022, de Formación Profesional. Orden EFP/365/2020, Real Decreto-ley 31/2020 y Real Decreto 984/2021 (promoción durante la pandemia y después).
- Ministerio de Educación, Datos y cifras del curso escolar, Sistema estatal de indicadores, Explotación de las variables educativas de la EPA y Gasto público en educación; INEE, PISA 2022. Informe español e informe español de PISA 2025.
- OCDE, PISA 2025 Results, vol. I, y sus notas de país; PISA 2022 Results, vols. I y II; Education at a Glance 2026. Eurostat, abandono temprano y sobrecualificación.
- Mariano Fernández Enguita Más escuela y menos aula Morata, 2018
El sociólogo de la educación más leído del país sobre por qué la escuela española discute lo que no importa y no toca lo que sí. - Julio Carabaña La inutilidad de PISA para las escuelas Catarata, 2015
Qué mide y qué no mide la prueba que decide los titulares, por un sociólogo que la ha estudiado edición a edición; imprescindible antes de citarla. - Gregorio Luri La escuela no es un parque de atracciones Ariel, 2020
La defensa del conocimiento y de la exigencia frente a las pedagogías de moda, para leer el debate desde el otro lado. - OCDE Education at a Glance edición anual
Gasto, profesorado, titulaciones y resultados de todos los países con el mismo método.
16 de octubre de 2026 · fecha de corte de los datos: octubre de 2026