Pensiones
Cada reforma de pensiones decide quién paga el envejecimiento de la población —los pensionistas, los cotizantes o los contribuyentes, hoy o mediante deuda mañana—. El sistema no guarda el dinero de nadie: lo mueve cada mes de quien trabaja a quien trabajó. Por eso su futuro depende de cuántos trabajen en 2040 y no de cuánto se haya ahorrado hoy.
¿Quién paga tu pensión?
La respuesta intuitiva es «yo, con mis cotizaciones». Es verdad como derecho y falsa como contabilidad. El dinero que cotizó durante cuarenta años quien se jubila este mes no está en ninguna parte. Se gastó el mismo mes en que entró. Pagó las pensiones de quienes entonces estaban jubilados.
Las pensiones de este mes salen de dos fuentes. Una son las cotizaciones de este mes, las de los más de veintidós millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en 2026. La otra es una transferencia del Estado, con cargo a impuestos, que cubre lo que las cotizaciones no alcanzan.
La respuesta opuesta, «la pagan los jóvenes», tampoco es exacta. La pagan quienes trabajan, que no son solo jóvenes. La paga cualquiera que pague impuestos. La transferencia del Estado sale de impuestos como el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Esos impuestos los pagan también los pensionistas. Y hay una tercera capa: quién pagará la pensión de quien hoy cotiza. Serán los que trabajen en 2050. Algunos aún no han nacido, y otros habrán llegado de fuera de España.
Una pensión es una promesa entre generaciones. Quien trabaja paga a quien se jubiló, y espera que la generación siguiente haga lo mismo con él. El sistema funciona mientras haya suficiente gente trabajando por cada persona jubilada. La pirámide de población fija cuántas personas hay de cada edad. El empleo y la edad de jubilación deciden cuántas de ellas cotizan y cuántas cobran.
El circuito: de la nómina a la pensión
El sistema español es de reparto. Lo que se cotiza un mes se paga ese mismo mes en pensiones, sin pasar por ninguna cuenta. De cada nómina sale una cotización por contingencias comunes, de algo más del 28% del salario bruto. Cubre la jubilación, la viudedad, y la incapacidad y las bajas que no vienen del trabajo. Una parte la ingresa la empresa y otra se descuenta al trabajador. Desde 2023 se suma un recargo creciente, el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que va a un fondo aparte.
Todo entra en la Tesorería General de la Seguridad Social, una caja única para todo el país. Cada mes, esa Tesorería paga la nómina de pensiones. En septiembre de 2026 fueron unos 14.500 millones de euros repartidos entre unos 10,5 millones de pensiones contributivas, las que se ganan cotizando.1 Las cobraron algo más de 9,5 millones de personas.
Las cotizaciones solas no cubren esa nómina. El Estado transfiere a la Seguridad Social, con cargo a impuestos, una cantidad que fue de 47.815 millones en 2025 y que en 2026 rondaría los cincuenta mil millones, cerca del 3% del PIB (producto interior bruto).2 Esa transferencia está en el centro del debate sobre si el sistema es sostenible. Paga dos cosas distintas.
Una parte cubre los llamados gastos impropios, un término del Pacto de Toledo. Es el acuerdo del Congreso de 1995 que orienta las reformas de pensiones. Son partidas que no son un seguro contributivo. Las pensiones no contributivas y los complementos que elevan las pensiones más bajas hasta el mínimo son asistenciales por ley desde 1997. Las paga el Estado con sus aportaciones. Desde 2021, una transferencia anual específica paga además otras partidas que cargaban sobre las cotizaciones.3 Entre ellas están:
- las reducciones de cuotas para fomentar el empleo;
- la prestación por nacimiento y cuidado de menor;
- el complemento de las pensiones por brecha de género;
- el coste de la jubilación anticipada involuntaria.
La otra parte tapa lo que las cotizaciones no alcanzan a pagar de las pensiones contributivas.
El Estado, además, presta a la Tesorería desde 2017, sin intereses, sobre todo para las nóminas dobles de junio y noviembre. Por esos préstamos, la deuda de las administraciones de Seguridad Social llegó en julio de 2026 a unos 136.000 millones, el 7,8% del PIB.4 Como es deuda entre administraciones, no suma a la deuda pública total. Mide la parte del desfase cubierta con préstamos y no con transferencias.
Otra forma de medir lo que ponen los impuestos es ver qué pasaría sin ellos. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) es un centro privado de investigación económica sin ánimo de lucro. Según sus cuentas de enero de 2026, sin las transferencias corrientes del Estado el sistema, con las clases pasivas, habría cerrado 2025 con un déficit de unos 69.800 millones, algo más del 4% del PIB.5 Para cubrirlo solo con cotizaciones, estas tendrían que recaudar casi un 40% más.
El Fondo de Reserva —la «hucha de las pensiones»— es un colchón para las malas rachas del sistema entero, sin una cuenta a nombre de nadie. En 2011 tenía casi sesenta y siete mil millones, unas nueve nóminas mensuales de pensiones de las de entonces. Se agotó casi por completo entre 2012 y 2019. Desde 2023 vuelve a crecer con el recargo intergeneracional. En marzo de 2026 equivalía a poco más de una nómina.6
- Nómina22,5 millones de afiliados cotizan en torno al 28% del salario, más el recargo intergeneracional.
- Estado, con impuestosTransfiere ~50.000 M€ al año, cerca del 3% del PIB: paga los «gastos impropios» y lo que las cotizaciones no cubren de las pensiones contributivas.
- Tesorería General de la Seguridad SocialCaja única para todo el país. Nada se guarda, salvo el recargo intergeneracional, que va al Fondo de Reserva: 15.267 M€ en marzo de 2026, poco más de una mensualidad.
- Nómina de pensiones, cada mes14.498 M€ a 10.547.417 pensiones. El mayor pago único del sector público.
El euro cotizado hoy paga la pensión de hoy; solo se guarda el recargo.
Cuánto es
Las pensiones son la mayor partida de las cuentas públicas, como cuenta el capítulo 4.2, sobre el gasto público. Se llevaron casi tres de cada diez euros del gasto de 2024. En 2026 suponen en torno al 13% del PIB si se suman las contributivas, las de los funcionarios anteriores a 2011 —las clases pasivas— y las no contributivas.7 En 2024 el gasto público por vejez y supervivencia fue mayor que el de sanidad y educación juntas.
Desde 2010 el gasto en pensiones ha subido entre dos puntos y medio y algo más de tres puntos del PIB, según la serie que se use.
Las proyecciones del gasto en pensiones a 2050 se separan, y no todas miden lo mismo. Para la media de 2022 a 2050, el modelo del Gobierno da en torno al 14%. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el organismo que vigila las cuentas públicas, da el 14,4%. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no calcula una media: da el año de más gasto, el 17,3% en 2050 (figura 91).8 Una parte de la distancia viene de que miden cosas distintas. El resto viene de los supuestos sobre empleo, salarios e inmigración.
El gasto en pensiones sube por lo que cuenta el capítulo 6.6, sobre demografía. La generación de 1958-1977 se jubila entre 2023 y 2044, y la que viene detrás es más pequeña. Se ve en la proporción de afiliados por pensión contributiva, que bajó de 2,7 en 1980 a 2,1 en septiembre de 2026.9 Si se cuentan pensionistas en vez de pensiones, la relación es de 2,5 en el mismo mes, según el Ministerio. En la medida de la Comisión Europea, que cuenta cotizantes por pensionista, la relación pasa de 2,4 en 2022 a en torno a 1,5 en 2050.10
El empleo de los últimos años ha mejorado algo la proporción de cotizantes por pensionista. Pero la proyección la baja igualmente. Ninguna reforma de pensiones cambia la pirámide. Retrasar la jubilación o subir el empleo de los mayores mueve la proporción. Pero la generación que entra en el mercado de trabajo seguirá siendo más pequeña que la que sale. Lo que las reformas cambian sobre todo es lo que cobra cada pensionista, lo que aporta cada cotizante y lo que pone el Estado.
Serie a partir de IGAE y Eurostat. Las dos proyecciones son de 2025 y 2026 y no miden lo mismo: la de la OCDE es el año de más gasto; la de la AIReF y el Gobierno, la media de 2022 a 2050.
Cómo se calcula una pensión
Así se calcula la pensión de jubilación en el régimen general, el de los trabajadores por cuenta ajena. Todo parte de la base de cotización. Es el salario bruto de cada mes, con las pagas extra repartidas entre los doce meses, siempre entre una base mínima y una máxima. Lo que pasa de la máxima no cuenta para la pensión.
Con las bases de cotización se calcula la base reguladora. Hasta 2025 era la suma de las bases de los últimos veinticinco años, actualizadas con la inflación salvo las de los dos últimos, dividida entre 350. Dividir entre 350 y no entre 300 reparte el resultado en catorce pagas, porque la pensión se cobra con dos extraordinarias. Desde 2026 ese periodo se amplía poco a poco, hasta veintisiete años dentro de los últimos veintinueve en 2037, descartando los veinticuatro peores meses.11 Hasta 2043, quien se jubila puede quedarse con el cálculo anterior si le favorece.
Sobre esa base se aplica un porcentaje según los años cotizados. Es del 50% con quince años y del 100% con treinta y seis años y seis meses en 2026 —treinta y siete a partir de 2027—.12 Entre medias sube con una escala mensual. Para tener derecho hacen falta al menos quince años cotizados, dos de ellos dentro de los quince últimos.13
Los meses sin cotizar dentro del periodo de cálculo no cuentan como cero en el régimen general. Los primeros cuarenta y ocho se rellenan con la base mínima, y los demás, con la mitad. Mientras dure la brecha de género de las pensiones, a las mujeres, y a los hombres que acrediten que un hijo afectó a su carrera, se les rellenan con la base mínima hasta el mes sesenta y con el 80% hasta el ochenta y cuatro. En el de los autónomos solo se rellenan los seis meses que siguen al final de la prestación por cese de actividad. Por eso dos carreras con los mismos años cotizados pueden dar pensiones distintas.14
La edad legal admite salidas antes y después:
- la anticipada voluntaria, hasta dos años antes y con treinta y cinco cotizados, con un coeficiente reductor por cada mes de anticipo: con veinticuatro meses, la pensión baja entre el 13% y el 21%, según los años cotizados;
- la anticipada involuntaria, tras un despido o un cierre, hasta cuatro años antes y con treinta y tres cotizados, con reducción;
- la de oficios penosos o peligrosos y algunas discapacidades, con la edad rebajada por real decreto;
- la parcial, que combina pensión y trabajo a tiempo parcial, con contrato de relevo si es antes de la edad legal;
- la demorada, con un 4% más por año o un pago único, y la activa, que permite cobrar entre el 45% y el 100% de la pensión trabajando, según los años de demora, con cinco puntos más por cada año seguido en activa.15
Hay además un suelo y un techo. Una pensión por debajo del mínimo que fija cada año el presupuesto se completa con un complemento, si el pensionista no tiene otras rentas por encima de un límite. El mínimo varía según la clase de pensión y la situación familiar. La pensión no puede pasar de la pensión máxima, aunque se haya cotizado por encima de ella. Solo se cobran por encima tres conceptos: el complemento por brecha de género, el pago por demorar la jubilación y el complemento de gran incapacidad, que se suma a la pensión una vez topada esta.
Un ejemplo con las reglas de 2026 lo aclara. Una persona que ha cotizado treinta años por una base media de dos mil euros al mes tendrá una base reguladora de unos 1.714 euros. Trescientas bases de dos mil euros suman 600.000, y 600.000 entre 350 dan esa cifra. El cálculo de 2026 da lo mismo en este ejemplo.
Con treinta años cotizados le corresponde el 85%, y su pensión inicial será de unos 1.460 euros al mes en catorce pagas. Repartida en doce, como el salario con el que se compara, son unos 1.700 (figura 92).
La edad legal de jubilación está en transición desde 2013. En 2026 son sesenta y seis años y diez meses.16 En 2027 serán sesenta y siete, salvo para quien acredite treinta y ocho años y seis meses cotizados, que puede retirarse a los sesenta y cinco. La edad real es más baja, 65,4 años de media en las altas de enero a agosto de 2026, porque parte de las jubilaciones se adelanta.17
- 1 · Base reguladora: ~1.714 €Suma de las bases de cotización de los últimos 25 años dividida entre 350 hasta 2025, para repartirla en catorce pagas; desde 2026 se amplía hasta 27 de los últimos 29 años en 2037.
- 2 · Años cotizados: 30 años → 85%50% con 15 años; 100% con 36,5 años (37 desde 2027).
- 3 · Edad: a la legal → ×1Antes, un coeficiente reductor por mes; después, +4% por año. Edad legal en 2026: 66 años y 10 meses.
- 4 · Entre suelo y techo: ~1.460 € al mesEn catorce pagas; unos 1.700 € repartida en doce. Mínimo con cónyuge a cargo, 1.256,60 €; los demás, más bajos. Máximo, 3.359,60 €.
- 5 · Cada enero, el IPCSube lo que subió la inflación del año anterior, por ley, desde 2022. Las pensiones mínimas y las no contributivas suben más desde la reforma de 2023.
Cotizar por una base baja durante años produce una base reguladora baja aunque los años sean muchos. El paso 5 cambia la pensión de todos cada año. Regla simplificada; arts. 205-210 LGSS.
Cuatro reformas en doce años
La reforma de 2011 fue la del calendario. Subió la edad legal de sesenta y cinco a sesenta y siete años de forma gradual, amplió el periodo de cálculo de quince a veinticinco años y exigió treinta y siete años para cobrar el 100%.18 Recortó la pensión futura y no tocó la de quien ya cobraba.
La de 2013 fue la reforma del gasto. Creó un factor de sostenibilidad que ajustaría la pensión inicial a la esperanza de vida. Estaba previsto para 2019 y nunca llegó a aplicarse. Sustituyó además el índice de precios de consumo (IPC) por un índice de revalorización, una fórmula ligada a los ingresos del sistema, con un suelo del 0,25% anual.19
Mientras los precios estuvieron casi quietos, de 2014 a 2016, apenas se notó el nuevo índice. En 2017 volvió la inflación y las pensiones perdieron poder de compra. En 2018 llegaron grandes movilizaciones de pensionistas. Ese mismo año el índice se dejó de aplicar, y se derogó formalmente en 2021.
La de 2021 fue la reforma de la promesa: revalorización con el IPC por ley, derogación del factor de sostenibilidad, incentivos a retrasar la jubilación y penalizaciones a anticiparla.20 Creó además el recargo intergeneracional, del 0,6% de la base de cotización desde 2023, destinado al Fondo de Reserva. La separación de fuentes, por la que el Estado asume por presupuesto lo que no es contributivo, venía de la Ley de Presupuestos para 2021 y no de esta reforma.
La de 2023 fue la reforma del ingreso. Fijó una subida de la base máxima de cotización hasta 2050, más deprisa que la de la pensión máxima.21 Así quienes ganan más cotizan por más sin que su pensión suba en la misma proporción. Creó una cuota de solidaridad sobre la parte del salario que supera esa base. Y elevó el recargo intergeneracional, que pasa del 0,6% de 2023 al 1,2% en 2029. Amplió además el periodo de cálculo y añadió una cláusula de cierre.
Esa cláusula funciona así. La AIReF la evalúa cada tres años, desde marzo de 2025. Calcula el gasto medio en pensiones de 2022 a 2050, descontados los ingresos de las medidas adoptadas desde 2020. Luego lo compara con un umbral del 13,3% del PIB. Si lo supera, el Gobierno tiene que negociar con los agentes sociales y enviar al Parlamento un proyecto de ley antes del 30 de septiembre. Si esa ley no entra en vigor el 1 de enero siguiente, el recargo sube para compensar dos décimas partes del exceso, y otras dos décimas cada año posterior hasta que se adopten medidas del mismo impacto o se corrija el exceso.
En la primera evaluación, en marzo de 2025, el gasto medio quedó en el 13,2%, una décima por debajo del umbral, y la cláusula no se activó.22 En mayo de 2026 la AIReF rebajó el cálculo al 13,0% y ratificó la conclusión. La propia AIReF advirtió también de que la cláusula no mide la sostenibilidad del sistema.
Cada una de las cuatro reformas ha repartido el ajuste de otra manera. La de 2011 lo puso sobre los futuros pensionistas y la de 2013, sobre los presentes. La de 2021 lo puso sobre los contribuyentes y los cotizantes, y la de 2023, sobre los salarios altos y los cotizantes.
El índice de 2013 limitó la subida de las pensiones de quien ya cobraba y duró cuatro años; el cambio de 2011 en el cálculo de las de quien aún no cobraba sigue en vigor.
Lo que cobra un pensionista y cómo sube
La pensión media de jubilación era de unos 1.576 euros al mes en septiembre de 2026. La media del sistema, contando viudedad, incapacidad y orfandad, era de unos 1.375. Las altas de jubilación de agosto entraron por encima, con unos 1.700 euros.23 Por eso el gasto sube aunque no se revalorice ninguna pensión. Las pensiones que se dan de baja suelen ser más bajas que las que entran, y el relevo eleva la media.
La otra razón es la revalorización. Desde 2022, cada 1 de enero las pensiones contributivas suben por ley lo que subió la inflación media del año anterior, medida de diciembre a noviembre. En 2026 fue el 2,7%. Así conservan su poder de compra, aunque no siguen a los salarios. Y cada punto de inflación se convierte en un gasto permanente de en torno a dos mil millones de euros al año.24 Ese gasto no baja cuando la inflación baja.
Los países que indexan a los salarios, como Alemania, o que combinan precios y salarios, reparten ese coste de otra manera. España fijó en 2013 una fórmula propia y la abandonó. Elegir el índice de revalorización es decidir a quién se protege primero cuando suben los precios. España ha elegido a los pensionistas.
Las pensiones mínimas y las no contributivas suben además más que el IPC, porque la reforma de 2023 fija una senda para acercarlas al umbral de la pobreza en 2027.25
Unos 2,3 millones de pensiones son de viudedad, y son bajas. La media fue de menos de mil euros al mes en agosto de 2026, unos seiscientos menos que la pensión media de jubilación de septiembre. En 2021 se añadió un complemento por hijo para reducir la brecha de género. Aun con él, la brecha entre las pensiones de jubilación de hombres y de mujeres no se ha cerrado. La ley lo reservaba a las madres y exigía a los padres probar que su carrera se había visto afectada. Desde sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo de 2025, los padres lo cobran en las mismas condiciones, y lo cobra el progenitor con la pensión más baja.
En proporción al último salario, la pensión española es de las más altas de la OCDE.26 Lo mide la tasa de sustitución neta, que compara la primera pensión con el último salario después de impuestos y cotizaciones. Para un trabajador de salario medio que entre hoy al mercado de trabajo y haga carrera completa con las reglas actuales, será del 86,3%, frente al 63,2% de media en la OCDE (Pensions at a Glance 2025).27 Una pensión que sustituye casi seis séptimas partes del salario protege más al jubilado. Por eso mismo cuesta más en cotizaciones o en impuestos.
Las pensiones transfieren dinero de quien trabaja a quien trabajó. El riesgo de pobreza o exclusión de los mayores está cerca de la media de la Unión Europea, y el de los menores, muy por encima, como cuenta el capítulo 7.5, sobre la protección frente a la pobreza.28
El reparto llegó cuando el sistema anterior dejó de acumular reservas. El retiro obrero de 1919 era de capitalización: cada trabajador acumulaba un ahorro para su propia pensión. En 1939 una ley lo sustituyó por «el pago de pensiones fijas, en concepto de subsidio de vejez».29 La Ley de Bases de 1963 y la Ley de la Seguridad Social de 1966 levantaron sobre el reparto el sistema actual. Ese sistema permitía pagar pensiones a una generación que no había podido ahorrar.
En 1995 el Pacto de Toledo fijó el método de las reformas posteriores.30 Una comisión parlamentaria emite recomendaciones, renovadas en 2003, 2011 y 2020. Cada reforma se ha presentado como desarrollo de una de ellas.
Los recortes de pensiones han seguido un patrón. Un recorte a quien ya cobra lo notan al mes siguiente más de nueve millones de pensionistas. Uno a quien aún no cobra entra por etapas, en quince años o más, y su efecto llega años después. La de 2013, la única reforma que limitó la subida de quien ya cobraba, duró cuatro años. Fuera de las reformas, un decreto-ley de ajuste de mayo de 2010 congeló las pensiones en 2011, salvo las mínimas y las no contributivas.31
Y España tiene un calendario demográfico propio. Su baby boom llegó más de una década después que el europeo, como cuenta el capítulo 6.6, sobre demografía. Por eso la generación numerosa española se jubila más tarde que la de Francia o Alemania, y la que viene detrás es más pequeña.
| Gasto en pensiones | ~13% del PIB | Sistema entero, 2026; contributivas solas, 11,7%; la OCDE, con su definición, 13,7% en 2025 |
| Pensiones contributivas / pensionistas | 10.547.417 / ~9,5 millones | Septiembre de 2026; una persona puede cobrar más de una |
| Afiliados a la Seguridad Social | 22.480.796 | Máximo de la serie, septiembre de 2026, desestacionalizados; media del mes, 22.437.553 |
| Cotizantes por pensionista | 2,5 en septiembre de 2026 | Máximo desde 2011, según el Ministerio de Inclusión; por pensión contributiva, 2,1 afiliados; 2,7 en 1980; en la medida de la Comisión Europea, 2,4 en 2022 y ~1,5 previsto en 2050 |
| Nómina mensual de pensiones | 14.498,2 millones € | Septiembre de 2026 |
| Transferencia anual del Estado a la Seguridad Social | ~50.000 millones € | Estimación para 2026; cerca del 3% del PIB; paga los «gastos impropios» y lo que las cotizaciones no cubren; 47.815 M€ en 2025, un 11,0% más que en 2024 |
| Pensión media de jubilación | 1.576,1 € al mes | Septiembre de 2026; media del sistema, 1.374,6 €; altas nuevas (agosto), 1.711 €; catorce pagas |
| Pensión mínima / máxima de jubilación | 1.256,60 € / 3.359,60 € al mes | Mínima con cónyuge a cargo; complemento por brecha de género, 36,90 € al mes por hijo, hasta cuatro; cuantías de 2026 |
| Tasa de sustitución neta | 86,3% | Media de la OCDE, 63,2%; Pensions at a Glance 2025 |
| Edad legal de jubilación | 66 años y 10 meses en 2026 → 67 en 2027 | 65 con carreras largas; edad real, 65,4 años en 2026 |
| Recargo intergeneracional (MEI) | 0,9% de la base en 2026 | 0,6% en 2023, 1,2% desde 2029; va al Fondo de Reserva |
| Fondo de Reserva | 15.267 millones € | Marzo de 2026, máximo en diez años; ~67.000 millones en 2011 |
| Deuda de la Seguridad Social | ~136.000 millones € | Julio de 2026, 7,8% del PIB y un 7,9% más que un año antes, por los préstamos del Estado |
| Umbral de la cláusula de cierre | 13,3% del PIB de gasto neto medio 2022-2050 | Evaluación de la AIReF cada tres años; en 2025 el gasto neto quedó en el 13,2% y no la activó; en 2026, en el 13,0% |
Italia, Francia, Alemania y los demás países de esta comparación pagan sus pensiones públicas con reparto y también envejecen. Lo que cambia es cuánto pesan y cómo se han ajustado. Con la misma medida, la de Pensions at a Glance 2025 de la OCDE, España gasta el 13,7% del PIB en 2025.
Italia gasta ya en torno al 16% del PIB en 2025, más que la media que las proyecciones dan a España para 2022-2050.32 Liga la pensión a lo cotizado con cuentas nocionales. Cada trabajador tiene una cuenta virtual con lo que ha cotizado. Esa cuenta fija su pensión, aunque el dinero se siga gastando en reparto.
Francia gasta algo más del 14% del PIB y tiene una reforma de 2023 que lleva la edad a sesenta y cuatro años. Su subida está congelada en sesenta y dos años y nueve meses hasta enero de 2028.33
Alemania ha mantenido desde 2000 su gasto en pensiones públicas relativamente estable en proporción del PIB.34 Suecia tiene cuentas nocionales con un ajuste automático que baja las pensiones si el sistema se desequilibra. Y lo ha aplicado. Los Países Bajos y Dinamarca combinan una pensión pública básica con fondos de empleo casi obligatorios, pactados en convenio.
En tasa de sustitución neta, Alemania, con el 53,3%, queda por debajo de la media de la OCDE y a más de treinta puntos de España.35 El segundo pilar son los planes de pensiones de empresa. Los Países Bajos, Dinamarca y Suecia los pactan en convenio y cubren a casi todos los asalariados.36 En España, la ley de 2022 de planes de pensiones de empleo intentó extender esos planes con otros negociados en convenio. En la construcción, el convenio del sector obliga desde 2022 a las empresas a aportar al plan sectorial por los trabajadores adheridos. Desde el 1 de enero de 2026, todas las promotoras del plan aportan cada mes por toda su plantilla.
En edad legal, España llega a los sesenta y siete en 2027 y ahí se queda. Entre los países que la ligan a la esperanza de vida, la OCDE calcula que quien entra ahora en el mercado de trabajo se jubilará a los setenta años o más en Dinamarca, Estonia, Italia, los Países Bajos y Suecia.37
¿Es sostenible el sistema de pensiones?
El problema del sistema está en los ingresos y no en el gasto. Las proyecciones para España, entre el 14% de media y el 17,3% del año de más gasto, dejan el 16% de Italia dentro de su horquilla. Las reformas de 2021 y 2023 aportan ingresos nuevos. El empleo ha llevado la afiliación a máximos y la ratio de cotizantes por pensionista, que cuenta personas y no pensiones, al mejor nivel desde 2011. Financiar parte de las pensiones con impuestos, como hacen también Dinamarca y Alemania, no es una anomalía.
Con las reglas actuales el gasto sube hasta el 17,3% del PIB en 2050, según la OCDE. Son unos 3,6 puntos sobre el 13,7% de 2025 de la misma OCDE. Con esa proyección, los ingresos nuevos no bastan. La AIReF, con otro escenario, sí los da por suficientes para no activar la cláusula: según sus cálculos de mayo de 2026, las medidas de ingresos restan 1,6 puntos al 14,6% del Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea, el gasto medio de 2022 a 2050, y lo dejan en el 13,0%. La transferencia del Estado ya ronda el 3% del PIB y se financia con impuestos y con una deuda pública que rondaba el 100% del PIB en julio de 2026.38 Y cargar el ajuste sobre las cotizaciones encarece el trabajo cuando hay menos trabajadores por pensionista.
¿Hay que pasar a la capitalización?
Una parte capitalizada reparte el riesgo, porque la pensión deja de depender solo de la demografía y pasa a depender también de los mercados. Suecia ya desvía una parte de la cotización a cuentas individuales. Y los Países Bajos tienen una tasa de sustitución neta más alta que la española. Además, el ahorro acumulado financia inversión.
La transición obliga a una generación a pagar dos veces: las pensiones de sus padres y su propio ahorro. Los fondos dependen de los mercados y de sus comisiones. Y Chile, el ejemplo más citado, ha tenido que añadir un pilar público porque las pensiones resultantes eran bajas.
¿Hay que retrasar más la edad de jubilación?
Se vive más y se cotiza los mismos años. Cada año de vida ganado es un año más de pensión que pagan los que trabajan. Ligar la edad a la esperanza de vida, como Dinamarca o los Países Bajos, es una regla que se ajusta sola, sin una reforma que negociar cada vez.
La esperanza de vida es muy distinta según el nivel de estudios. Retrasar la edad de jubilación castiga a quien empezó a trabajar a los dieciséis y vive menos.39 Y como la edad real ya está por debajo de la legal, subir la legal podría aumentar la penalización de quienes se jubilan antes en lugar de los años trabajados.
«He cotizado toda mi vida: mi pensión es mía.» / «Las pensiones son una estafa piramidal.»
Derecho y depósitoLas dos confunden un derecho con un depósito. La pensión es un derecho legal que el Estado garantiza. Y el dinero cotizado se gastó en su día. Las dos cosas son ciertas a la vez. Una pirámide necesita más entradas cada año para no caer. Un sistema de reparto necesita que las entradas guarden proporción con las salidas, y esa proporción se puede ajustar por ley.
«La hucha de las pensiones se ha vaciado: el sistema está quebrado.»
Qué era la huchaEl Fondo de Reserva era un colchón para las crisis y se usó entre 2012 y 2019. Desde 2023 vuelve a llenarse. Que se vaciara no quiebra el sistema. Cada mes paga con las cotizaciones y la transferencia del Estado, y no con un fondo.
«El Estado tiene que poner cincuenta mil millones para las pensiones.» / «Sin los gastos impropios, el sistema tiene superávit.»
Solo unaLa primera es cierta, con una precisión: esa transferencia paga también partidas que no son pensiones, como la prestación por nacimiento y cuidado o las reducciones de cuotas. La segunda depende de qué se cuente como impropio. Con la cuenta que presentó el Ministerio en 2020, una previsión y no un dato cerrado, coincidente con la de la AIReF, la segunda frase salía cierta: unos 22.900 millones de gastos impropios previstos para 2023, frente a un déficit de unos 20.200 millones.40 Con la de Fedea, no: aun apartándolos, las cotizaciones no alcanzan para las pensiones contributivas. Fedea, que cuenta también las clases pasivas, sitúa ese hueco en el 3,8% del PIB en 2025. Es su saldo contributivo, que aparta antes los gastos impropios; el 4,1% citado más arriba es su saldo sin las transferencias corrientes del Estado. El grupo de investigación en pensiones de la Universidad de Valencia, que no las cuenta, lo dejaba en el 1,9% del PIB, unos 30.000 millones, entre octubre de 2023 y septiembre de 2024.41 Las dos cuentas no meten las mismas partidas entre los impropios. La discusión útil es qué parte del hueco se paga con impuestos y cuál con cotizaciones.
«Los pensionistas de hoy cobran más de lo que cotizaron.»
Es el diseñoEs verdad de media en la estimación del Banco de España para las altas de jubilación de un solo año, 2017: recibirían 1,74 euros por cada euro cotizado, con 1,25 en el percentil 25 y 2,03 en el 75.42 Y es el diseño del reparto. En un sistema de reparto, la primera generación cobra sin haber cotizado. Todas las siguientes cobran según lo que decida la ley cuando les toque. La pregunta útil mira hacia delante: qué reglas se están fijando para los pensionistas de 2050.
«España gasta en pensiones menos que Italia o Francia: hay margen.»
Nivel y calendarioEs cierto frente a Italia, y frente a Francia la distancia es pequeña. España llega más tarde que Francia a la jubilación de su generación numerosa y está entrando en ella. Con las reglas actuales, la OCDE proyecta que entre 2045 y 2060 sea el país de la organización que más PIB dedica a sus pensiones.
«Las pensiones están garantizadas por ley: no hay nada que discutir.»
La defensa acríticaEstán garantizadas. Esa garantía tiene un precio, que se paga con impuestos, con deuda o con lo que no se gasta en otra cosa. Decir que están garantizadas es decir quién no va a pagar el ajuste. Y deja abierto quién lo pagará.
Las bases de cotización que aparecen en la nómina son las que contarán para la base reguladora. Una nómina con base inferior al salario real es una pensión más baja dentro de treinta años.
Retrasar la jubilación un año más allá de la edad legal suma un 4% a la pensión de por vida o un pago único. Anticiparla la reduce de forma permanente. El complemento por brecha de género lo cobra un solo progenitor por hijo, el que tenga la pensión más baja, y desde 2025 los padres lo reciben en las mismas condiciones que las madres, sin tener que probar que la crianza perjudicó su carrera. Quien ha cotizado en varios países de la Unión Europea cobra de cada uno la parte proporcional.
- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, nómina de pensiones de septiembre de 2026, 25 de septiembre de 2026: nómina de 14.498,2 millones de euros y 10.547.417 pensiones abonadas a «más de 9,5 millones de personas». El número de pensiones es mayor que el de pensionistas porque una misma persona puede cobrar más de una, típicamente jubilación y viudedad. Las de viudedad eran 2.344.874 en agosto de 2026, con un importe medio de 976,01 euros al mes (estadística mensual de pensiones contributivas de agosto, La Moncloa, 25 de agosto de 2026). ↩
- Las transferencias del Estado y de sus organismos autónomos a la Seguridad Social fueron de 47.815 millones de euros en 2025, un 11,0% más que en 2024 (ejecución presupuestaria a 31 de diciembre de 2025, La Moncloa, 31 de marzo de 2026). En el primer semestre de 2026 las transferencias recibidas por la Seguridad Social, de todos los orígenes, sumaron 35.583 millones, un 10,1% más que un año antes (La Moncloa, ejecución a 30 de junio de 2026). Con un PIB de unos 1,69 billones de euros, cincuenta mil millones son cerca del 3%. La transferencia anual indefinida para compensar gastos impropios se estableció en 2021, en desarrollo de la recomendación del Pacto de Toledo de 2020 sobre separación de fuentes de financiación. La cifra de 2026 es una estimación del libro a partir de 2025, no un dato publicado. ↩
- Ley General de la Seguridad Social, artículo 109.2 y 3: la acción protectora no contributiva «se financiará mediante aportaciones del Estado», y tienen esa naturaleza, entre otras, «las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación» y «los complementos por mínimos de las pensiones». La clasificación viene de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del sistema, artículo 1, que dejó la financiación de los complementos a mínimos a lo que fijara cada ley de presupuestos. La transferencia anual es la de la disposición adicional trigésima segunda de la misma Ley General, añadida por la Ley 11/2020, de presupuestos para 2021, en vigor desde el 1 de enero de 2021: financia, entre otros, los beneficios y reducciones de cotización, el coste de la jubilación anticipada involuntaria, la integración de periodos no cotizados, la prestación de nacimiento y cuidado de menor y el complemento por brecha de género. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Banco de España, nota de prensa estadística de la deuda de las administraciones públicas de julio de 2026, 17 de septiembre de 2026: «el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se situó en 136 mm, un 7,9% más que un año antes y corresponde a un 7,8% del PIB», incremento que «se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario». La deuda en poder de otras administraciones se consolida, es decir, se descuenta, al calcular la del conjunto. Los préstamos son sin intereses y se conceden sobre todo para las pagas extraordinarias de junio y noviembre (la disposición adicional novena de la Ley 3/2017, de presupuestos para 2017, autorizó préstamos a la Tesorería de hasta 10.192 millones sin intereses, a cancelar en diez años desde 2018; un ejemplo posterior es el de Revista de la Seguridad Social, «El Gobierno aprueba la concesión de un préstamo de 6.981,6 millones de euros a la Seguridad Social», 31 de octubre de 2022). Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ángel de la Fuente, Las cuentas de la Seguridad Social Ampliada. Series 2005-2025, v1.3, Fedea, Apuntes 2026/03, enero de 2026, cuadro 3: «Saldo básico (sin transf. corr. del Estado)» de −69.783 millones de euros en el avance de 2025, con 178.837 millones de cotizaciones a la Seguridad Social. La Seguridad Social Ampliada de Fedea suma al sistema las clases pasivas de los funcionarios. En la hoja de datos que acompaña al documento, ese saldo básico es el 4,1% del PIB de 2025. La proporción del texto es cálculo propio: 69.783 entre 178.837 da un 39%. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Informe del Fondo de Reserva: 15.267 millones de euros a 31 de marzo de 2026, máximo de los últimos diez años, tras cerrar 2025 por encima de los 14.000 millones. El fondo llegó a casi 67.000 millones en 2011 y se agotó casi por completo entre 2012 y 2019. La nómina mensual de pensiones contributivas de diciembre de 2011 fue de 7.189 millones (La Moncloa, 22 de diciembre de 2011), así que el fondo de entonces equivalía a unas nueve nóminas; el de marzo de 2026, a algo más de una de las de 14.498 millones de septiembre. Desde 2023 crece sobre todo con el recargo intergeneracional, que aportó 1.162,23 millones en el primer trimestre de 2026. En 2025, hasta noviembre, el fondo recibió 4.307,16 millones: 3.970,31 del recargo, 319,1 de los rendimientos de sus inversiones y 17,75 de dotaciones de las mutuas colaboradoras (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, «El Fondo de Reserva de la Seguridad Social cerrará 2025 por encima de los 14.000 millones de euros», 10 de diciembre de 2025). ↩
- La cifra depende de qué se meta dentro. El Ministerio de Inclusión publica el gasto en pensiones contributivas de la Seguridad Social, que ronda el 11,7% del PIB y el 12% en el acumulado de doce meses. Sumando las clases pasivas y las pensiones no contributivas se llega al entorno del 13%. La OCDE, que define «pensión pública» de forma algo más amplia, situó a España en el 13,7% en 2025. Las tres son correctas y miden cosas distintas, y una comparación tiene que decir cuál usa. La subida desde 2010 es la de la serie de la figura 91, con datos de la IGAE y de Eurostat, que pasa de en torno al 10,5% al 13%; la AIReF, con su propia serie, la cifra en 2,9 puntos entre 2010 y 2025, el dato que usa el capítulo 4.2, sobre el gasto público. Eurostat, con la clasificación funcional del gasto (gov_10a_exp), da para la vejez y la supervivencia un 9,5% del PIB en 2010 y un 12,6% en 2024, que incluye algo más que las pensiones: 3,1 puntos. Para la comparación con la sanidad y la educación, Eurostat (gov_10a_exp, gasto de las administraciones públicas por funciones, en porcentaje del PIB de 2024) da un 6,5% para la sanidad y un 4,1% para la educación, 10,6% entre las dos, frente al 12,6% de la vejez y la supervivencia. La proporción de casi tres de cada diez euros del gasto de 2024 es la de la clasificación funcional de la IGAE, el 27,7%, según el capítulo 4.2. ↩
- Tres proyecciones publicadas en seis meses y con resultados distintos. La OCDE, en Pensions at a Glance 2025 (27 de noviembre de 2025), sitúa el gasto español en un máximo del 17,3% del PIB en 2050 y en el 16,9% entre 2045 y 2060, primera posición de la organización. La AIReF lo deja en un 14,4% de media para 2022-2050. El modelo INTegraSS, que el Ministerio de Inclusión presentó el 9 de abril de 2026, lo baja al entorno del 14% de media, con el máximo en 2049. Las cifras no son del mismo tipo: la de la OCDE es el año de más gasto y las otras dos, medias del periodo, así que una parte de la distancia es de medida. El resto sale de los supuestos de empleo, salarios e inmigración, con los mismos datos de partida. ↩
- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, balance de la afiliación de septiembre de 2026, 2 de octubre de 2026: los 22.480.796 afiliados desestacionalizados de septiembre entre las 10.547.417 pensiones contributivas de la nómina del mes (nota 1) dan 2,1 afiliados por pensión, la medida del texto, que en 2021 era de menos de dos y cuarto. El ministerio divide por pensionistas, no por pensiones (una persona puede cobrar más de una pensión), y con su medida la relación entre cotizante y pensionista se sitúa en 2,51, «nivel máximo desde 2011»: es la mejora que ha traído el empleo. La ratio varía además con el mes, porque el empleo estacional la eleva en primavera y verano. En 1980 había 2,7 afiliados por pensión, y en 1995, 2,1 (Banco de España, El sistema público de pensiones en España: situación actual, retos y alternativas de reforma, Documento Ocasional 1701, 2017). Consultado en octubre de 2026. ↩
- Comisión Europea y Comité de Política Económica, 2024 Ageing Report. Country fiche for Spain, elaborada con el Ministerio de Inclusión, tablas 14 y 19: 22.811.000 cotizantes y 15.605.000 pensionistas en 2050, 1,46 cotizantes por pensionista, frente a 23.636.000 y 9.984.000 en 2022. La subida de los pensionistas se concentra hasta 2050 por la jubilación de la generación del baby boom. ↩
- Ley General de la Seguridad Social, artículo 209.1 y disposición transitoria cuadragésima: hasta 2025, la suma de las bases de 300 meses dividida entre 350; desde el 1 de enero de 2026, la suma de las 302 mejores bases de los 304 meses anteriores entre 352,33, y así cada año hasta 2037, cuando se aplican las 324 mejores bases de los 348 meses anteriores entre 378, es decir, 27 años de los últimos 29 con los 24 peores meses descartados. La opción por el cálculo anterior, si resulta más favorable, vale para las pensiones causadas hasta 2043, con ajustes en 2041-2043 (disposición transitoria cuarta, apartado 7); desde 2044 solo rige el nuevo cálculo. En el ejemplo del texto, 302 bases de 2.000 euros entre 352,33 dan 1.714 euros, igual que 300 entre 350. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ley General de la Seguridad Social, artículo 210.1 y disposición transitoria novena: el 50% por los primeros quince años cotizados; de 2023 a 2026, el 0,21% por cada uno de los 49 meses siguientes y el 0,19% por cada uno de los 209 siguientes, que da el 100% con 36 años y 6 meses; desde 2027, el 0,19% hasta el mes 248 y el 0,18% en los 16 siguientes, el 100% con 37 años. Con treinta años cotizados en 2026: 50% + 49 × 0,21% + 131 × 0,19% = 85,2%, el 85% del ejemplo. La bonificación por demora, el 4% por cada año completo, está en el artículo 210.2. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ley General de la Seguridad Social, artículo 205.1.b: «un período mínimo de cotización de quince años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho». Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ley General de la Seguridad Social, artículo 209.1.b (régimen general: «las primeras cuarenta y ocho mensualidades se integrarán con la base mínima de cotización del Régimen General que corresponda al mes respectivo y el resto de las mensualidades con el 50 por ciento de dicha base mínima»); disposición transitoria cuadragésima primera: «En tanto la brecha de género sea superior al 5 por ciento», a las trabajadoras por cuenta ajena los meses sin obligación de cotizar «desde la cuadragésima novena mensualidad hasta la sexagésima, se integrarán con el 100 por ciento de la base mínima», y con el 80% desde la sexagésima primera a la octogésima cuarta; la regla vale también para los hombres que acreditan, respecto de algún hijo, los requisitos de las reglas 1.ª o 2.ª del artículo 60.1.b; las sentencias de 2025 se refieren al complemento y no a esta disposición, que conserva esa redacción) y artículo 322 (autónomos: se integran «las lagunas de cotización de los siguientes seis meses» tras la extinción de la prestación por cese de actividad). Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ley General de la Seguridad Social: artículo 206 (edad rebajada por real decreto en trabajos «de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre») y 206 bis (discapacidad del 65%, o del 45% en las que reducen la esperanza de vida); artículo 207 (anticipada por causa no imputable al trabajador: hasta cuatro años antes y 33 años cotizados, con despido colectivo u objetivo, cierre y otras causas); artículo 208 (voluntaria: hasta dos años antes y 35 años cotizados; con 24 meses de anticipo, reducción del 21% con menos de 38 años y 6 meses cotizados y del 13% con 44 años y 6 meses o más); artículo 210.2 (demora: 4% por año completo, con 2% por cada periodo de más de seis meses desde el segundo año, o pago único); artículo 214 (activa: 45% de la pensión con un año de demora y 100% con cinco o más, más cinco puntos por cada doce meses seguidos en activa), y artículo 215 (parcial: desde la edad legal sin contrato de relevo y hasta tres años antes con él). Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ley General de la Seguridad Social, disposición transitoria séptima: en 2026, 66 años y 10 meses para quien acredite menos de 38 años y 3 meses cotizados y 65 años para quien acredite 38 años y 3 meses o más; desde 2027, 67 años, y 65 con 38 años y 6 meses o más. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, nómina de pensiones de septiembre de 2026, 25 de septiembre de 2026: de las 247.161 altas de jubilación hasta agosto, «la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,4 años, cuando en 2019 era de 64,4»; el 68,9% de los nuevos jubilados accedió con la edad ordinaria y el 11,6% demoró la jubilación. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, cuyo calendario —disposición transitoria séptima de la actual Ley General de la Seguridad Social— eleva la edad legal año a año entre 2013 y 2027, y que amplió de quince a veinticinco años el periodo de cálculo de la base reguladora (hoy, artículo 209.1). ↩
- Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social, arts. 1-6 (factor de sostenibilidad, previsto para 2019) y 7 (índice de revalorización, con un suelo del 0,25% y un techo del IPC más 0,50; la disposición final tercera lo extiende a las clases pasivas). La revalorización por ese índice se suspendió con el Real Decreto-ley 28/2018 y ambos mecanismos quedaron derogados por la Ley 21/2021. ↩
- Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones: fija la revalorización con el IPC medio anual en el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, deroga el factor de sostenibilidad y crea el mecanismo de equidad intergeneracional en su disposición final cuarta. El Real Decreto-ley 2/2023 derogó esa disposición y llevó el mecanismo al artículo 127 bis de la Ley General de la Seguridad Social. ↩
- Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad: destope gradual de la base máxima entre 2024 y 2050, cuota de solidaridad sobre los salarios que superan esa base, subida del recargo intergeneracional del 0,6% de 2023 al 1,2% en 2029, una décima más cada año, ampliación del periodo de cálculo y cláusula de cierre con evaluación trienal de la AIReF. ↩
- AIReF, Informe sobre la regla de gasto de pensiones, 31 de marzo de 2025: el gasto en pensiones neto de las medidas de ingresos quedó en el 13,2% del PIB de media en 2022-2050, una décima por debajo del umbral del 13,3% que fija la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 2/2023 y que habría obligado a proponer medidas. El gasto bruto medio fue del 14,6% (14,6 − 13,2 = 1,4 puntos de ingresos de las medidas), el del Ageing Report de la Comisión Europea, que es la proyección que manda usar la regla; la proyección propia de la AIReF, el 14,4%, es otra cuenta. La propia AIReF advirtió de que el resultado depende del momento del ciclo en que se evalúe y de que la regla no mide la sostenibilidad del sistema, y en mayo de 2026 actualizó el cálculo: con el gasto bruto todavía en el 14,6%, las medidas de ingresos suben al 1,6% del PIB y el gasto neto baja al 13,0%, «tres décimas por debajo del umbral» (Europa Press, «AIReF ratifica el cumplimiento de la regla de gasto de pensiones pero dice que no garantiza la sostenibilidad», 29 de mayo de 2026; la web de la AIReF no abre). Consultado en octubre de 2026. El mecanismo está en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 2/2023: desde marzo de 2025 y cada tres años, la AIReF calcula el impacto de las medidas de ingresos adoptadas desde 2020 y comprueba el gasto medio bruto de 2022-2050; si hay exceso, el Gobierno pide a la AIReF un informe de impacto de medidas, negocia con los interlocutores sociales una propuesta a la comisión del Pacto de Toledo y envía un proyecto de ley antes del 30 de septiembre; si esa ley no entra en vigor el 1 de enero siguiente, el recargo intergeneracional aumenta para compensar dos décimas partes del exceso y otras dos décimas partes en cada uno de los años siguientes, hasta que se adopten medidas del mismo impacto o se corrija el exceso (apartados 2 y 3). Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, nómina de pensiones de septiembre de 2026, 25 de septiembre de 2026: pensión media de jubilación 1.576,1 € al mes, un 4,5% más que en septiembre de 2025, y pensión media del conjunto del sistema 1.374,6 €. Las altas de jubilación de agosto, último dato disponible, entraron con una pensión media de 1.711,4 €. ↩
- Cálculo propio con la nómina de septiembre de 2026 (14.498,2 millones de euros): con las catorce pagas son unos 203.000 millones al año, y un punto de revalorización sobre esa cifra, unos 2.000 millones. ↩
- Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia de Seguridad Social, convalidado por el Congreso el 26 de febrero de 2026: subida general del 2,7%; del 11,4% en las mínimas con cónyuge a cargo, en las de viudedad con cargas familiares y en las no contributivas, y de algo más del 7% en las demás mínimas (La Moncloa, 10 de febrero de 2026). La senda la fijó el Real Decreto-ley 2/2023: desde 2024, la mínima de jubilación con cónyuge a cargo sube cada año lo necesario para no quedar en 2027 por debajo del umbral de la pobreza de un hogar de dos adultos; el resto de las mínimas sube la mitad de ese incremento adicional, y las no contributivas se acercan al 75% del umbral de un hogar de una persona. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 15 de mayo de 2025, asuntos acumulados C-623/23 y C-626/23: la Directiva 79/7/CEE se opone a que el complemento se reconozca a las mujeres y, a los hombres en una situación idéntica, solo si acreditan que su carrera se interrumpió o se vio afectada por el nacimiento o la adopción de los hijos (artículo 60.1.b de la Ley General de la Seguridad Social). El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo aplicó esa doctrina en una sentencia de junio de 2025 (ECLI:ES:TS:2025:3173), según su nota de prensa de 9 de julio de 2025: el complemento debe reconocerse a los hombres «en las mismas condiciones que a las mujeres». La Seguridad Social lo aplica con su Criterio interpretativo 11/2025: a los hombres con pensión causada desde el 4 de febrero de 2021 sin exigirles los requisitos de las letras a) y b) del artículo 60.1, y a un solo progenitor, el que perciba la pensión de menor cuantía. El texto del artículo 60 no se ha reformado: el propio criterio dice que la sentencia europea «exige una modificación legislativa». Consultado en octubre de 2026. ↩
- OCDE, Pensions at a Glance 2025, OECD Publishing, 27 de noviembre de 2025, indicador de tasa de sustitución neta para un trabajador de salario medio con carrera completa que entra en el mercado de trabajo a los 22 años en 2024 y al que se aplica toda la legislación ya aprobada: España, 86,3%, frente a una media de la OCDE del 63,2%; por encima quedan Portugal, Países Bajos, Turquía, Grecia, Luxemburgo y Austria. La tasa compara la primera pensión con el último salario, ambos netos de impuestos y cotizaciones; medida en bruto, la española es del 80,4% frente al 52% de media, y una tasa bruta no se compara con una neta. ↩
- INE, Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, y Eurostat (2025), tasa de riesgo de pobreza o exclusión de los mayores de 65 años: el 19,2% en España y el 18,8% en el conjunto de la Unión, y el 33,8% entre los menores de dieciocho años en España. Medida solo por renta, la tasa de riesgo de pobreza de los menores fue del 28,4%, la más alta de la Unión, cuya media fue del 19,6% (Eurostat). ↩
- Ley de 1 de septiembre de 1939, Boletín Oficial del Estado n.º 252, de 9 de septiembre de 1939, artículo primero: «El régimen actual de capitalización para el percibo de pensiones por retiro obrero, se sustituye por el pago de pensiones fijas, en concepto de subsidio de vejez, y en cuanto al procedimiento de cobro, por cuotas patronales en proporción a los salarios». El Retiro Obrero Obligatorio lo había creado el Real Decreto de 11 de marzo de 1919. Sobre el paso de la capitalización al reparto, J. M. López-Zafra y S. de Paz-Cobo, «Antecedentes históricos del seguro de jubilación en España: de la capitalización al reparto (1909-1939)», Estudios de Economía Aplicada, 33-3, 2015. Después vinieron la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, de Bases de la Seguridad Social, y el Decreto 907/1966, de 21 de abril, que aprobó su texto articulado y entró en vigor el 1 de enero de 1967. Consultado en octubre de 2026. ↩
- El Pacto de Toledo es el informe de la ponencia para el análisis de los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social, aprobado por el Pleno del Congreso el 6 de abril de 1995 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso, serie E, n.º 134, de 12 de abril de 1995). Sus recomendaciones se han renovado en 2003, 2011 y 2020, y cada reforma posterior se ha presentado como desarrollo de una de ellas. ↩
- Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, art. 4.1: suspendió para 2011 la revalorización de las pensiones contributivas de la Seguridad Social, salvo las mínimas y las del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) no concurrentes. La suspensión se refería a las contributivas, de modo que no alcanzaba a las no contributivas. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- OCDE, Pensions at a Glance 2025: Italy, nota por país, noviembre de 2025: el gasto público en pensiones de Italia ronda el 16% del PIB. Las proyecciones españolas para la media de 2022-2050 van del entorno del 14% del Gobierno al 14,4% de la AIReF. ↩
- OCDE, Pensions at a Glance 2025, base de datos, gasto público en pensiones proyectado (medida PPEP), en porcentaje del PIB de 2025: Francia, 14,2; Austria, 14,5; Portugal, 12,8; Italia, 16,1; España, 13,7. Ley n.º 2025-1403, de 30 de diciembre de 2025, de financiación de la seguridad social para 2026, art. 105: congela la edad legal en sesenta y dos años y nueve meses desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 1 de enero de 2028, y con esa pausa los nacidos entre 1964 y 1968 pueden jubilarse uno o dos trimestres antes de lo que preveía la reforma de 2023, que llevaba los sesenta y cuatro años a la generación de 1968, en 2032 (Dirección de la Seguridad Social, «Synthèse Retraites»). Consultado en septiembre de 2026. ↩
- OCDE, Pensions at a Glance 2025, gasto público en pensiones: pese al envejecimiento, el gasto público en pensiones se ha mantenido relativamente estable en proporción del PIB desde 2000 en Alemania y en el Reino Unido, entre otros países, y los dos registraron ligeros descensos. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- OCDE, Pensions at a Glance 2025: Germany, nota por país, noviembre de 2025: las pensiones obligatorias alemanas dan una tasa de sustitución neta futura del 53,3% a quien entra en el mercado de trabajo a los 22 años en 2024 y cotiza toda la carrera con el salario medio, frente a una media de la OCDE del 63,2%. Con planes privados voluntarios y aportaciones del 4% durante toda la carrera, llegaría al 68%. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, que crea los fondos de pensiones de empleo de promoción pública y los planes simplificados negociados en convenio sectorial, con incentivos fiscales para las aportaciones empresariales. En Dinamarca, los Países Bajos y Suecia, los planes de empleo se pactan en convenios sectoriales o colectivos y cubren a casi todos los asalariados, con una participación cercana a la de los países donde son obligatorios; la OCDE los llama cuasi obligatorios (OCDE, Pensions at a Glance 2025, participación en planes de pensiones, consultado en septiembre de 2026). En la construcción, el VII Convenio general del sector (BOE de 23 de septiembre de 2023, art. 56.2) fija la contribución empresarial desde 2022: el 1% en 2022 y 2023, y el 1% más el 0,25% en 2024. Un aviso de la Comisión de Control del plan, de 13 de febrero de 2026, recuerda que desde el 1 de enero de 2026 todas las entidades promotoras aportan cada mes por todas las personas trabajadoras de su plantilla. ↩
- OCDE, Pensions at a Glance 2025, edades de jubilación futuras: la edad normal de jubilación futura, la de quien entra en el mercado de trabajo en el año de referencia con una carrera completa, va de los 62 años de Luxemburgo o Eslovenia a los 70 o más de Dinamarca, Estonia, Italia, los Países Bajos y Suecia, que la ligan a la esperanza de vida; en Dinamarca llegaría a los 74. La edad española, 67 años desde 2027, está fijada por ley y no se mueve con la esperanza de vida. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Banco de España, deuda de las administraciones públicas (protocolo de déficit excesivo), 17 de septiembre de 2026: 1,74 billones de euros en julio de 2026, el 99,9% del PIB, la primera vez por debajo del 100% desde febrero de 2020. ↩
- Eurostat, esperanza de vida por nivel educativo (demo_mlexpecedu), y OCDE, Health at a Glance 2023, indicador de brecha de esperanza de vida a los 30 años por nivel de estudios: en España la diferencia entre hombres con estudios superiores y con estudios básicos ronda los cuatro o cinco años. ↩
- Revista de la Seguridad Social, «¿Qué gastos no contributivos financia la Seguridad Social?», 29 de octubre de 2020: «Las previsiones de la AIReF que coinciden con las que presentó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el pasado mes de septiembre ante la Comisión del Pacto de Toledo señalan que estos gastos impropios ascenderían a 22.871 millones en 2023, mientras que el déficit estimado para ese año sería de 20.185 millones». Esa cuenta mete entre los impropios parte de las prestaciones no contributivas, las reducciones de cuotas para fomentar el empleo, las políticas de apoyo a las familias y gastos de funcionamiento; la de Fedea (nota siguiente) mide lo que las cotizaciones no alcanzan a pagar de las pensiones contributivas. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Fedea, Las cuentas de la Seguridad Social Ampliada (nota 5), hoja de datos, «Saldo contributivo»: −54.261 millones de euros de 2021 en el avance de 2025, el 3,8% del PIB, con las clases pasivas incluidas. Enrique Devesa, Mar Devesa, Inmaculada Domínguez, Borja Encinas, Miguel Ángel García Díaz y Robert Meneu, El déficit contributivo anual del Sistema de la Seguridad Social sube, respecto al anterior trimestre, al 1,91% del PIB, Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social, Universidad de Valencia, Estudios de Actualidad EA-2024-7, noviembre de 2024: el déficit contributivo del sistema de la Seguridad Social, sin las clases pasivas, «ha subido hasta situarse en 29.856 millones de euros, un 1,91% del PIB», en el año que va de octubre de 2023 a septiembre de 2024. Las dos cuentas no meten las mismas partidas. Consultado en octubre de 2026. ↩
- María Moraga y Roberto Ramos, «Una estimación del rendimiento financiero del Sistema de Pensiones», Banco de España, Boletín Económico 3/2020: las altas de jubilación de 2017 recibirían de media 1,74 euros de prestación por cada euro cotizado, con 1,25 y 2,03 euros en los percentiles 25 y 75; la rentabilidad interna es más alta en las jubilaciones ordinarias (4,1%) que en las anticipadas (2,8%). ↩
- Real Decreto Legislativo 8/2015, Ley General de la Seguridad Social, arts. 58 (revalorización con el IPC), 127 bis (mecanismo de equidad intergeneracional), 205-215 (jubilación, edad, base reguladora y porcentajes) y disposición transitoria séptima (calendario de la edad legal).
- Ley 27/2011; Ley 23/2013 (factor de sostenibilidad e índice de revalorización); Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones; Real Decreto-ley 2/2023 (destope de bases, cuota de solidaridad, cláusula de cierre).
- Congreso de los Diputados, Comisión del Pacto de Toledo, recomendaciones de 2020; Seguridad Social, estadísticas mensuales de afiliación y pensiones e Informe del Fondo de Reserva; Presupuestos Generales del Estado, transferencias a la Seguridad Social.
- AIReF, Informe sobre la regla de gasto de pensiones (2025); Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, modelo de proyección INTegraSS (2026); Comisión Europea, 2024 Ageing Report; OCDE, Pensions at a Glance 2025.
- J. Ignacio Conde-Ruiz ¿Qué será de mi pensión? Península, 2014
El libro divulgativo de referencia sobre el sistema español: cómo funciona el reparto y por qué la demografía manda, por un economista que ha participado en las reformas. - Nicholas Barr y Peter Diamond Pension Reform: A Short Guide Oxford University Press, 2010
Lo que se sabe sobre reformar pensiones en cualquier país, en ciento cincuenta páginas y sin partido: reparto, capitalización y por qué todo depende de la transición. - OCDE Pensions at a Glance edición bienal, la última de 2025
Las tasas de sustitución, las edades y los gastos de todos los países con el mismo método; la fuente de casi toda comparación seria. - AIReF Informe sobre la regla de gasto de pensiones 2025
La proyección oficial independiente, con los supuestos explicados y la evaluación de la cláusula de cierre.
16 de octubre de 2026 · fecha de corte de los datos: octubre de 2026