Los diez debates de la próxima década
Casi todos los asuntos que ocuparán la política española hasta mediados de la década de 2030 tienen ya fecha escrita en una ley española, un reglamento europeo o el calendario de nacimientos. Los dos que no, la financiación autonómica y la vivienda, siguen sin ella.
Ocho fechas escritas y dos en blanco
Una mujer nacida en 1960 cumple sesenta y siete años en 2027. Ese año pasa a ser la edad legal de jubilación para quien no tenga una carrera larga. Su hijo, de treinta y tantos, lleva en cada nómina un recargo para las pensiones que sube hasta 2029. Desde 2028 pagará además un precio por el carbono que emiten la gasolina y la calefacción: el del segundo mercado europeo de emisiones. Si vive de alquiler en una gran ciudad, ninguna ley dice cuántas viviendas se construirán ni para cuándo. Y el centro de salud y la escuela del barrio los paga su comunidad. Lo hace con un sistema de financiación cuya primera evaluación, con referencia a 2013, nunca se hizo y que sigue sin sustituto.
De los diez asuntos que van a ocupar la década, ocho tienen ya fecha. La pone una ley, una norma europea o el registro civil. La figura 134 las pone en fila. En cinco la fecha es europea o se pactó con Europa: productividad, clima, inmigración, inteligencia artificial y fiscalidad. En dos la pone, en lo esencial, una ley española: pensiones y justicia. La más débil es la del encaje territorial. Son las elecciones catalanas y vascas de 2028, que no obligan a decidir nada.
Los dos asuntos sin fecha son la financiación autonómica y la vivienda. La ley de 2009 sí preveía valorar el sistema de financiación cada cinco años, con una primera evaluación referida a 2013, y esa evaluación no se hizo. La propuesta de financiación que el Gobierno llevó a las comunidades en 2026 no ha llegado a las Cortes.1 La vivienda tiene una ley de 2023 y objetivos anunciados, como las 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible de la legislatura.2 Pero ninguno está escrito en una ley con su año. En los dos, quien pierde con la decisión tiene nombre, sea una comunidad o un propietario. Quien gana no lo tiene todavía.
El relato de la política española es el de un país que decide en cada legislatura. Ese ocho de diez dice otra cosa. Más que abrir esos debates, tocará llegar a las fechas con algo decidido.
La primera fecha de casi todos está más cerca. Las Cortes se disolvieron el 6 de octubre de 2026 y se vota el 29 de noviembre. Hasta las elecciones el Gobierno conserva todos sus poderes. Desde ellas y hasta la investidura está en funciones, y entonces no puede presentar proyectos de ley ni el de presupuestos.3 Lo que caducó con la disolución tendrá que volver a aprobarlo el Consejo de Ministros y pasar de nuevo por las Cortes. Y el acuerdo de investidura puede cambiar el orden, como lo cambiaron los anteriores. De ellos nacieron la condonación de deuda y la financiación singular.
- 2026Junio: pacto europeo de migración y asilo. Julio: se aplazan a diciembre de 2027 las obligaciones de alto riesgo del reglamento de IA. Diciembre: fin de los fondos europeos de recuperación.
- 2027Edad legal de jubilación: 67 años. Revisión de los planes de cuenca. Diciembre: obligaciones del reglamento de IA para los sistemas de alto riesgo.
- 2028Segundo mercado europeo de emisiones sobre gasolina y calefacción. Segunda evaluación de la AIReF sobre el gasto en pensiones. Fin de la senda de gasto aprobada por la Unión. Elecciones catalanas y vascas.
- 2029Recargo intergeneracional de las cotizaciones en el 1,2%. Fin del mandato del Consejo General del Poder Judicial. Revisión en la OTAN del compromiso de gasto en defensa.
- 2030Cierre del primer reactor nuclear · objetivos climáticos: −37,7% en los sectores difusos respecto a 2005 y −55% para la Unión respecto a 1990.
- 2031Fin del ajuste fiscal prolongado a siete años.
- 2035Cierre del último reactor nuclear. Fin de la venta de coches nuevos de combustión (en revisión). Objetivo OTAN del 5% del PIB.
- 2042Termina de jubilarse la generación nacida entre 1958 y 1977: unos diez millones de activos.
- Sin fechaEl sistema de financiación autonómica, sin revisar desde 2014. Una cifra objetivo de viviendas escrita en una ley, con su año.
Leyes 27/2011 y 21/2021, RDL 2/2023, protocolo nuclear de 2019, Directiva 2023/959, Reglamento 2024/1689. Sujeto a cambios.
1 · Pensiones y demografía
Las pensiones se pagan cada mes con las cotizaciones y con una transferencia del Estado. Suponen casi tres de cada diez euros del gasto público de 2024. Los gobiernos las han garantizado ajustando lo demás, salvo en la crisis. En 2011 se congelaron, salvo las mínimas y las no contributivas. En 2017 subieron un 0,25% con los precios al alza, el mínimo del índice que había creado la reforma de 2013 (capítulo 4.2, sobre el gasto público). Las cobran más de nueve millones de pensionistas, y un recorte a quien ya cobra se nota al mes siguiente (capítulo 7.1, sobre pensiones). Lo que está en juego es quién paga la demografía. Esa pregunta ya tiene una respuesta parcial.
Las reformas de 2021 y 2023 protegieron a los pensionistas con la revalorización por el índice de precios de consumo (IPC). A los cotizantes les cargaron un recargo que crece hasta 2029 y una cuota sobre los salarios altos. Y al contribuyente le tocó la transferencia anual del Estado a la Seguridad Social. En 2025 fue de 47.815 millones y en 2026 rondaría los cincuenta mil millones. Es cerca del 3% del producto interior bruto (PIB), el valor de todo lo que produce el país en un año.
El número que resume el problema es la relación entre quien cotiza y quien cobra. En septiembre de 2026 había 2,5 cotizantes por pensionista, el nivel más alto desde 2011.4 La Comisión Europea prevé en torno a 1,5 en 2050. El gasto en pensiones es en 2026 un 13% del PIB. Con esa caída subirá hasta cuatro puntos en el año de más gasto, 2050, según las proyecciones europeas.5 Decide el Estado, con la Ley General de la Seguridad Social y el Pacto de Toledo como método. La Unión pone límites, con sus reglas fiscales, a cuánto de ese gasto cabe.
Para una parte del debate, el sistema de pensiones está ajustado y el resto es empleo. Si trabaja más gente y cotiza por más, la cuenta sale. Para la otra, la cuenta se ha cargado sobre los que ahora tienen treinta años. Cotizarán más y cobrarán menos que sus padres. Según ella, la única variable honesta que queda es la edad de jubilación.
Las fechas son tres. En 2027 la edad legal llega a los sesenta y siete años. En 2028 la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) vuelve a medir el gasto. Si el gasto medio previsto supera el límite que fijó la reforma de 2023, el Gobierno tiene que proponer una ley. Si esta no entra en vigor, el recargo sube. En 2029 el recargo de las cotizaciones llega al 1,2%.
Sin fecha, cuentan la edad real de jubilación frente a la legal y el empleo de los mayores. Y cuenta la transferencia del Estado. Son las variables que mueven la proporción entre quien cotiza y quien cobra. La pirámide de población no se mueve.
2 · Vivienda
Desde 2021 se terminan menos viviendas que hogares se forman. En 2025 se terminaron unas 88.000, según los certificados de fin de obra (92.000 según el Banco de España), y se formaron en torno a doscientos cuarenta mil hogares. El Banco de España cifra el déficit acumulado entre 2021 y 2025 en unas 750.000 viviendas.6 La demanda se concentra en las áreas metropolitanas y el litoral. Es el mecanismo del capítulo 6.4, sobre vivienda. Todo lo demás (turismo, fondos, tipos, topes) empuja el precio sobre esa base. En el segundo trimestre de 2026 una vivienda media costaba 8,4 años de renta bruta de un hogar mediano.7
Deciden primero los ayuntamientos y las comunidades, que califican el suelo, aprueban los planes y declaran las zonas tensionadas. Después pesa el Estado, con la ley de vivienda de 2023 y los impuestos. Tiene también una empresa estatal de vivienda que desde 2025 sustituye a la antigua entidad de suelo. El precio del crédito lo condiciona el Banco Central Europeo.
Quienes ponen el problema en la oferta piden suelo y licencias en meses y no en años. Piden también industrialización y un parque público de alquiler, que no se construye en una legislatura. Quienes lo ponen en la urgencia responden que esa oferta no llega a tiempo a quien hoy no puede pagar. Piden topes, control del uso turístico y ayudas directas mientras tanto. Se discute si los topes de alquiler reducen a medio plazo la oferta de alquiler o estabilizan los precios.
Lo primero que hay que vigilar no tiene fecha: si algún nivel de gobierno escribe en una ley una cifra de viviendas y un año. Después vienen los visados de obra nueva y la relación entre precio y renta. Y cuenta el peso de la vivienda social, del 2% del parque frente al 8% de la media europea. Hay además un experimento en marcha. Es lo que pase con los alquileres en las zonas tensionadas, que han declarado cinco comunidades.
3 · Financiación autonómica
La fórmula que reparte el dinero de las comunidades es de 2009 y su primera evaluación, con referencia a 2013, no se hizo. Se sigue aplicando, porque cualquier reparto nuevo produce perdedores con nombre (capítulo 3.2, sobre financiación autonómica). Esos doce años desde 2014 sin evaluación son la cifra del debate.
Encima hay dos capas nuevas. La primera es la condonación parcial de la deuda autonómica en manos del Estado, de más de 83.000 millones. Entró en el acuerdo de investidura de 2023. En 2025 se extendió a las quince comunidades de régimen común, todas menos el País Vasco y Navarra. El proyecto de ley de esa condonación caducó con la disolución de las Cortes el 6 de octubre de 2026.8
La segunda es un acuerdo bilateral con Cataluña, de julio de 2025, para una financiación llamada singular. Con él, la hacienda catalana asumiría poco a poco la gestión del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Haría falta antes una reforma legal, y no hay fecha. El pacto de investidura catalán de 2024 que le dio nombre pedía más. Pedía recaudar todos los impuestos y aportar a la nivelación con un criterio de ordinalidad.
La nivelación es el dinero que aportan al fondo común las comunidades que más recaudan por habitante. Sirve para que las demás puedan prestar servicios parecidos. La ordinalidad es la regla de que, después de ese reparto, ninguna quede con menos recursos por habitante que otra que recaudaba menos que ella.
En 2026 hubo un intento de sustituir la fórmula. El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el foro en el que el Gobierno y las comunidades negocian la financiación. El 4 de septiembre aprobó la propuesta del Gobierno con el voto de Cataluña y Canarias. Las demás comunidades de régimen común presentes la rechazaron, y Madrid no fue.
La propuesta sube la parte cedida del IRPF y del impuesto sobre el valor añadido (IVA). Pone en torno a veintiún mil millones más sobre la mesa en 2027. Promete que ninguna comunidad reciba menos que antes: evita los perdedores con dinero del Estado. Deja fuera la cesión del IRPF catalán. Para regir necesita reformar dos leyes: la orgánica de financiación de las comunidades y la ordinaria del sistema, la de 2009. El Gobierno no llegó a enviar el proyecto antes de la disolución de las Cortes. Lo votará, si llega, el Congreso elegido el 29 de noviembre.
La decisión es de las Cortes. El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el foro multilateral. Pero las comunidades con más peso político han negociado a menudo mejoras directamente con el Gobierno. El régimen foral, el del País Vasco y Navarra, que recaudan sus propios impuestos, no aporta al fondo común. Una de las críticas técnicas al cupo vasco gira en torno a eso.
Los partidarios de un sistema multilateral lo quieren igual para todos, con la ordinalidad escrita en la ley y sin singularidades. Los de la vía bilateral sostienen que sin reconocer la singularidad catalana no habrá acuerdo. Señalan que ya ha pasado antes. Una mejora se negocia con una comunidad y se generaliza después.
Antes que el contenido cuenta el trámite parlamentario: si llega un texto a las nuevas Cortes y con qué mayoría. Después hay que ver si la ordinalidad queda escrita y si la singularidad se generaliza. La última pregunta es si el sistema nuevo trae una revisión con fecha. Así se evitaría llegar a 2040 con otro sistema sin revisar.
4 · Productividad
El PIB por habitante de España llegó en 2025 al 92% de la media europea. Es un punto más que el año anterior. En 2007 estaba por encima de esa media.9 De esa cifra importa sobre todo lo despacio que se mueve.
Detrás está la distancia con Europa que midió el capítulo 6.1, sobre de qué vive España. Se produce por hora un 14% menos que la media europea, en euros y con datos de 2025. Trabaja menos gente, con una tasa de empleo del 72% frente al 76% de la media de la Unión en 2025. Y se trabaja en empresas más pequeñas. Tres de cada diez trabajadores están en empresas de menos de diez, el 31,4% en 2024.10
El crecimiento de los últimos años ha venido sobre todo de poner a más gente a trabajar. Ha venido menos de producir más en cada hora. De la productividad depende, a la larga, cuánto puede subir el sueldo del hijo de la apertura.
Deciden muchos, y ninguno del todo. La Unión pone el mercado único y unos fondos de recuperación. De ellos España había cobrado 78.000 millones hasta agosto, el 76,5% de un plan de unos 102.000. El 30 de septiembre pidió el último pago, de 25.861 millones brutos, y la Comisión tiene hasta el 31 de diciembre de 2026 para hacerlo (capítulo 3.4, sobre la Unión Europea).11 El Estado tiene la ley laboral, la educación básica y los umbrales de plantilla y de facturación. Según quienes los critican, encarecen crecer (capítulo 6.3, sobre empresas y autónomos). Esos umbrales son el tamaño a partir del cual una empresa paga más o tiene más obligaciones. Las comunidades llevan la formación profesional, las universidades y el suelo industrial. Y si se invierte o no lo deciden las empresas.
El diagnóstico de esa distancia se parte en dos. Uno culpa al Estado. La regulación, los umbrales y la lentitud judicial y fiscal frenan a las empresas, y quitar esos obstáculos bastaría. El otro mira dentro de las empresas, que ponen menos de la mitad del dinero de la investigación española (el 47,7% en 2024). Pide además política industrial, sin la cual no ve convergencia.
El indicador que hay que seguir es el PIB por habitante frente a la media, y no el crecimiento total. Lo acompañan la tasa de empleo y la parte del empleo en empresas de más de cincuenta trabajadores. Y lo acompaña lo que se haya gastado de los fondos europeos al cerrar 2026, y en qué.
Y hay un factor que España no tenía en 2007. Más de la mitad de la electricidad generada en 2025 fue de origen renovable. A mediodía de un día de sol su precio puede caer a cero (capítulo 6.5, sobre energía y agua). Queda por ver si eso atrae industria.
5 · Agua y clima
El clima tiene dos mitades que no se discuten igual. La europea, la de reducir emisiones, tiene cifra, año y consecuencia. El objetivo que el reglamento europeo impone a España es el 37,7% menos en 2030 que en 2005 en transporte, edificios, campo y residuos (capítulo 9.4, sobre clima). Y desde 2028 un segundo mercado de emisiones cobra por la gasolina y la calefacción.
El calendario nuclear lo pactaron en 2019 las empresas propietarias, en un protocolo con la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).12 Ya se ha movido una vez. La prórroga de Almaraz llevó el primer cierre de noviembre de 2027 a junio de 2030. El Gobierno la presentó como una extensión que no altera el cierre del parque en 2035.
La mitad española es la de adaptarse a lo que ya no se puede evitar: el agua, el calor, el fuego y la costa. No tiene cifra ni presupuesto propios, porque Europa y la ley española solo obligan a planificarla.13 Su número es el del capítulo 6.5, sobre energía y agua. El regadío usa entre el 65% y el 80% del agua, según la medida: el 80% sobre el agua que registra el Instituto Nacional de Estadística (INE), y en torno al 65% sobre los recursos hídricos. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, usó un 11% menos entre 2004 y 2009, sobre todo por la modernización del riego.
Los objetivos y el precio del carbono los pone la Unión. El territorio lo gestionan otros. El Estado lleva las cuencas que cruzan comunidades, la costa y las autorizaciones nucleares. Las comunidades llevan el regadío, los bosques y la ordenación del territorio. Los ayuntamientos llevan el urbanismo y las zonas de bajas emisiones. Es la versión climática de la regla que enseña el capítulo «Un ejemplo: ¿De quién depende?», en la introducción. Quien fija el objetivo no gestiona el territorio.
Quienes defienden el ritmo europeo sostienen que es el correcto y que el regadío tiene que reducirse a lo que haya. Sus críticos responden que el segundo mercado de emisiones es un impuesto sobre el campo y sobre las rentas bajas. Creen que la nuclear debe prorrogarse y que el regadío se moderniza, no se recorta.
La primera fecha es 2027. Ese año se revisan los planes de cada cuenca hidrográfica, que fijan las dotaciones de agua. Después vienen la decisión sobre los reactores siguientes y lo que suba la gasolina del hijo de la apertura cuando el nuevo mercado empiece a cobrar.
Queda en el aire la prohibición de vender coches nuevos de combustión desde 2035, que la Comisión propuso suavizar en diciembre de 2025. Sin fecha, hay dos datos que mirar. Uno es cuánta agua usa el regadío cuando se revisen los planes. El otro es si el plan de adaptación recibe alguna vez una partida con su nombre.
6 · Inmigración
Lo que está en juego es una política migratoria que, según el capítulo 9.3, sobre fronteras, no nació de un plan de conjunto. El fondo es demográfico (capítulo 6.6, sobre demografía). Desde 2017 mueren en España más personas de las que nacen. Los nacidos fuera son ya diez millones, uno de cada cinco residentes. En 2025 explicaron todo el aumento de la población, de 468.079 personas.14 El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó unas proyecciones en junio de 2026. Dan 53 millones de habitantes en 2076, unos 3,4 millones más que en 2026. Todo el aumento vendría por esa vía.15
Ese saldo migratorio es también un supuesto de otros debates. Con un tercio menos de inmigración de fuera de la Unión que la prevista, el gasto en pensiones de España sería en 2070 unos 1,4 puntos del PIB mayor. Quien llega cotiza años antes de cobrar. Con un tercio más, el gasto sería en torno a un punto menor.16 Y más población son más hogares: la misma entrada que alivia las pensiones aprieta la vivienda.
El país funciona así. Se entra sobre todo por familia, y también como turista o estudiante, y a buena parte de quienes se quedan sin permiso se les regulariza después. La vía de siempre es el arraigo. Es el permiso que puede pedir sin salir de España quien lleva dos años en situación irregular y acredita un contrato, familia o formación.
En 2026 se sumó, por real decreto de abril, una regularización extraordinaria. Nació de una iniciativa legislativa popular de 2024 y dio al debate el número que le faltaba. Hubo más de 1,17 millones de solicitudes, más del doble de los 500.000 beneficiarios que había estimado el Gobierno. A 30 de septiembre, 421.306 regularizados estaban ya de alta en la Seguridad Social.17
Esa cifra de solicitudes mide la irregularidad, aunque no con exactitud. Una de cada cinco solicitudes era de personas que habían pedido protección internacional, como el asilo. Esas personas residen legalmente mientras se estudia su caso. Quedan unas 935.000 por arraigo, algo más que las 840.000 personas en situación irregular que se estimaban a comienzos de 2025.18 Cuántas lo eran de verdad se sabrá cuando se resuelvan. El debate de la década es si sustituir el modelo por uno de entrada legal decidida antes.
Quien admite no es quien integra. La Unión decide sobre las fronteras exteriores y el asilo. Desde junio de 2026 aplica un pacto de migración y asilo. Con él, cada país puede acoger a solicitantes de los países de primera entrada o pagar por no hacerlo. El Estado decide los permisos, el arraigo y la nacionalidad. La integración la prestan las comunidades, con la escuela, la sanidad y los menores que llegan solos. También los ayuntamientos, con el padrón, que es la puerta de todo lo demás.
Unos ven en la demografía y en el mercado de trabajo la razón para abrir más entrada legal. La quieren más rápida y con integración pagada. Para ellos la irregularidad es el coste de no haberla organizado. Otros quieren que la entrada se decida por lo que el país puede integrar y no por lo que la economía absorbe. Sostienen que los servicios públicos de los barrios que reciben no han crecido con la población, y que la regularización repetida es un incentivo.
La primera señal será cuántas de esas solicitudes acaban en autorización y en alta en la Seguridad Social. Eso es lo que convierte un expediente en un cotizante. Después vienen el primer año del pacto europeo, los expedientes de asilo pendientes y el reparto de menores entre comunidades. Y hay dos datos lentos que miden la integración. Son la tasa de empleo de los hijos de inmigrantes y su resultado escolar.
7 · Gobierno judicial y calidad democrática
Los órganos que controlan al poder desde la cúspide del Estado los nombra, directa o indirectamente, el mismo poder que deben controlar. El resultado ha sido reparto cuando hay acuerdo y bloqueo cuando no. Es el mecanismo de los capítulos 2.8, sobre los contrapesos, y 5.2, sobre el gobierno de los jueces. Su caso más visible es el Consejo General del Poder Judicial.
El Consejo se renovó en 2024 tras más de cinco años en funciones. Recibió el encargo de proponer un sistema de elección de sus vocales judiciales con participación directa de los jueces. Una recomendación no vinculante del Consejo de Europa pide que al menos la mitad de un consejo judicial sean jueces elegidos por jueces.19 En España eso supone al menos once de los doce vocales judiciales.
La propuesta del Consejo sobre la elección de los vocales, aprobada por unanimidad, no eligió un modelo.20 Trajo dos, que se distinguen sobre todo por el papel que dan a las Cortes. El intento más reciente de cambiar la ley, para que los jueces eligieran a los doce, no pasó del primer trámite. Cayó en la toma en consideración, el 10 de septiembre de 2026.
Elegir a los veinte vocales pide tres quintos de cada cámara, es decir, que los dos partidos grandes se pongan de acuerdo. Se ha conseguido en cada renovación, aunque a veces tarde. Cambiar el método pide menos: una ley orgánica, que se aprueba con la mayoría absoluta del Congreso (artículo 81 de la Constitución). El reloj es el mandato del Consejo, que acaba en 2029. Marca el plazo para decidir si la siguiente renovación se hace con el mismo método que produjo el bloqueo.
Parece el debate más lejano para la familia de la apertura, y le llega por el Supremo. El Consejo nombra a los magistrados del Supremo. Y la doctrina del Supremo la siguen los juzgados que resolverán sus pleitos.
Para unos, la legitimidad del Consejo viene de que lo elijan las Cortes, y el problema es el bloqueo. Con acuerdo, cada renovación ha salido. Para otros, la independencia exige que los jueces elijan a los jueces. La elección parlamentaria, sostienen, produce cuotas por diseño.
Alrededor del Consejo hay otros asuntos que siguen en espera de una decisión:
- la ley electoral de 1977, del capítulo 1.4, sobre votos y escaños;
- la autoridad de defensa del cliente financiero del capítulo 8.1, sobre consumo y banca, cuyo proyecto decayó en 2023 y, vuelto a presentar, volvió a caducar con la disolución de octubre de 2026;
- la agencia de evaluación de políticas que una ley de 2022 previó y que no se constituyó hasta 2026;
- la estructura del Gobierno, que cada presidente rehace por decreto, con un coste de meses de rodaje administrativo que ningún decreto cuantifica, como cuenta el capítulo 2.5, sobre el Gobierno.
El registro de grupos de interés pareció salir de esa lista en 2026, por decreto-ley. Volvió a ella cuando el Congreso lo derogó en septiembre (capítulo 1.6, sobre la participación no electoral).21
Desde fuera, al Consejo lo vigilan dos informes. Uno es el anual de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho. Desde 2022 recomienda renovar el Consejo y adaptar la elección de sus vocales a los estándares europeos.22 El otro son las evaluaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), del Consejo de Europa.
8 · Digitalización e inteligencia artificial
Lo que está en juego es a quién se le exige transparencia, que fue la conclusión del capítulo 8.3, sobre datos y plataformas. Europa ha decidido ya el marco (protección de datos, plataformas, inteligencia artificial), y España lo aplica con dos autoridades. La de protección de datos es la que más multas ha acumulado en la Unión, en número. Pero todo lo que ha impuesto desde 2018 es, según el recuento de la firma CMS, en torno al 2,5% de lo sancionado en Europa. La agencia de supervisión de la inteligencia artificial se creó en 2023. No podrá sancionar hasta que se apruebe la ley que reparte la vigilancia. Su proyecto estaba en el Congreso desde junio de 2026 y caducó con la disolución de las Cortes.
A la vez, la Administración usa algoritmos que deciden o pesan en decisiones sobre personas. Deciden quién recibe el bono social, qué protección merece una víctima de violencia de género o qué permisos obtiene un preso. Varios de esos algoritmos no se han hecho públicos. Si la mujer de la apertura pide al jubilarse el bono social de la luz, un programa decide si tiene derecho. El Supremo no ordenó entregar su código hasta septiembre de 2025, tras siete años de pleito.
La fecha es diciembre de 2027. Entonces llegan, aplazadas, las obligaciones del reglamento europeo para los sistemas de alto riesgo que deciden sobre personas: registro, supervisión humana y documentación. El reglamento de reforma prohíbe además, desde el 2 de diciembre de 2026, las imágenes íntimas generadas sin consentimiento y el material de abuso sexual infantil.23 Las reglas y sus plazos los decide la Unión. El Estado decide quién las hace cumplir y cómo usa los algoritmos su propia Administración. Las comunidades deciden qué sistemas compran para la sanidad y la escuela.
Los críticos del reglamento sostienen que Europa ha regulado antes de tener industria y que la norma retrasa el uso de estas herramientas. Para ellos, la productividad depende de que las empresas las usen sin trabas. Sus defensores responden que las reglas son la única ventaja europea. Reprochan además al Estado que exija a las plataformas la transparencia que él no practica. Un algoritmo público sin código publicado es una norma sin BOE (Boletín Oficial del Estado).
Habrá que ver si el calendario aplazado se cumple esta vez. Luego vendrán las primeras actuaciones de la agencia. Y vendrá la ley de protección de menores en entornos digitales, cuyo proyecto caducó con la disolución de las Cortes. Queda también la ley que obligaría al sector público estatal a registrar y publicar los sistemas que usa. La Generalitat Valenciana tiene desde 2025 un registro piloto así.24 Se lo manda su ley de transparencia de 2022.
9 · Fiscalidad y gasto
Varias presiones coinciden sobre las cuentas públicas. La deuda estaba en el 99,9% del PIB en julio de 2026. Los intereses se llevaron en 2025 uno de cada veinte euros de gasto (capítulo 4.3, sobre deuda y reglas fiscales). El gasto en pensiones subirá hasta cuatro puntos del PIB en 2050. El de defensa tiene como objetivo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) el 5% del PIB en 2035, desde el 2% de 2025 (capítulo 9.1, sobre defensa).25 El envejecimiento presiona además sobre la dependencia y la sanidad.
Desde 2024, los límites europeos del 3% de déficit y el 60% de deuda se vigilan con una senda de gasto neto. Es el gasto sin intereses y descontadas las subidas de impuestos. España presentó la suya y el Consejo de la Unión la aprobó en enero de 2025 hasta 2028, con un ajuste que se alarga hasta 2031.26 En su primer año la rebasó: según la Comisión Europea, el gasto neto creció un 4,8%, frente al 3,7% aprobado; el Gobierno computa un 4,5%. Esa senda limita el gasto del presupuesto. Y el presupuesto se ha prorrogado en ocho de los diecisiete ejercicios desde 2010; el de 2027 empezará también prorrogado, con las cuentas de 2023.27
La senda la vigila la Unión. El precio de renovar la deuda lo pone el mercado, que depende del respaldo del Banco Central Europeo. Los impuestos se reparten entre tres niveles, y la familia de la apertura paga a los tres. El Estado decide los suyos y el presupuesto. Las comunidades fijan su tramo del IRPF y los impuestos de sucesiones, donde compiten entre sí. Y el ayuntamiento cobra el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) de su casa.
Para quienes ven el problema en el gasto, se puede gastar mejor sin gastar más. Subir impuestos a un país con uno de los paros más altos de la Unión, dicen, destruye lo que quiere financiar. Para quienes lo ven en los ingresos, España recauda menos que la media de la Unión. Buena parte de la diferencia está en lo que se deja sin gravar. El Estado del bienestar prometido, sostienen, no cabe en una presión fiscal del 37% del PIB en 2024, tres puntos por debajo de la media europea. La alternativa, añaden, es recortar lo que nadie quiere recortar.
Debajo de las dos posturas está el precio de compartir moneda sin compartir Tesoro, que el capítulo 4.3, sobre deuda, dejó abierto. Sin un presupuesto europeo que absorba las crisis, cada país necesita margen propio. Y el margen se compra con menos deuda en los años buenos.
Cada primavera, la Comisión dice si se cumple la senda. Cada 1 de enero se sabe si hay presupuesto nuevo o prorrogado (capítulo 4.2, sobre el gasto público). La factura de intereses seguirá subiendo a medida que venza la deuda emitida a tipos bajos. Y de los ingresos importa la composición. Una subida que venga toda de cotizaciones carga sobre el empleo. Allí la cuña fiscal del salario medio ya es la décima más alta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según el capítulo 4.1, sobre los ingresos del Estado.
10 · Encaje territorial
Lo que está en juego es lo que el capítulo 3.5, sobre nación y lenguas, llamó la pregunta de fondo: quién tiene derecho a decidir. La Constitución responde que el conjunto de los españoles, y una parte del país no lo acepta.
La década empieza con el conflicto sin resolver y con menos apoyo a la independencia que en 2017. El apoyo en Cataluña estuvo entre el 38% y el 45% en las encuestas del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat de 2025 y 2026. En octubre de 2017 era del 48,7%. Hay una ley de amnistía de 2024 avalada por el Constitucional en 2025 y una negociación bilateral sobre financiación.28 El nuevo estatuto vasco que discuten los partidos sigue sin acuerdo. Lo que mide el debate es el apoyo a la independencia, y sobre todo si se mantiene.
Decide el Estado, por las Cortes y por el Constitucional. Deciden también los partidos de las comunidades, con su capacidad de bloquear o de sostener mayorías en Madrid. El Gobierno ya los necesitó en 1993 para gobernar (capítulo 1.4, sobre el voto). La fragmentación desde 2015 ha multiplicado esa dependencia.
El capítulo 3.5, sobre la nación, hace el balance para las dos partes. Una secesión, negociada o no, abriría años de incertidumbre sobre deuda, pensiones, fronteras y mercado, para el territorio y para el resto de España. El argumento independentista tiene tres partes que ese capítulo documenta:
- el sistema de financiación no respeta la ordinalidad, y la balanza fiscal de Cataluña sale negativa con los dos métodos;
- la sentencia de 2010 sobre el Estatuto la dictó un tribunal con la renovación bloqueada y después del referéndum;
- el Estado, según este argumento, tardó quince años, hasta el acuerdo bilateral de julio de 2025, en hacer una oferta de encaje distinta de la que ya existía.
El capítulo 3.5 recoge también la réplica a cada una.
Una lectura pone el encaje en la financiación singular y en el reconocimiento. Avisa de que sin ellos el conflicto vuelve. La contraria responde que cualquier singularidad que no sea para todos rompe la igualdad. Añade que el reconocimiento simbólico nunca es solo simbólico.
A corto plazo, el encaje se juega en la financiación singular: si se escribe, se generaliza o se cae. El termómetro que importa es el apoyo a la independencia en las encuestas del CEO. La única fecha son las elecciones catalanas y vascas de 2028.
Queda la vía que nunca se ha usado. Es la reforma por el procedimiento agravado del artículo 168 (capítulo 1.1, sobre la Constitución), que termina en un referéndum de todos los españoles. Es la única vía legal para cambiar esa respuesta sobre quién decide.
Cifras de los capítulos 3.2, 3.5, 4.3, 5.2, 6.1, 6.4-6.6, 7.1, 8.3, 9.3 y 9.4.
Detrás del calendario de la década hay tres causas. La primera es demográfica. Quién nació cuándo ya está escrito, y la generación numerosa nacida entre 1958 y 1977 termina de jubilarse hacia 2044 (capítulo 6.6, sobre demografía). Ese calendario está debajo de tres de los diez debates: pensiones, vivienda e inmigración. Y pesa además sobre tres frentes que no tienen debate propio:
- Sanidad. La fórmula de financiación pondera a cada persona por su edad, porque un mayor de sesenta y cinco años cuesta varias veces lo que un adulto joven (capítulo 3.2, sobre la financiación autonómica). Y el capítulo 7.2, sobre sanidad, deja sin saber cuánto aumentará la demanda con el envejecimiento.
- Dependencia. Esa generación cumplirá ochenta y cinco años entre 2043 y 2062. En 2025 el Estado pagó el 26,9% del gasto público del sistema, cuando la referencia de 2006 era la mitad del gasto. La reforma aprobada el 16 de septiembre de 2026 (Ley 4/2026, de 1 de octubre) escribe esa mitad en la ley (capítulo 7.4, sobre dependencia). Lo que queda por ver es si llega el dinero.
- Territorio. Servir a un territorio vacío o envejecido cuesta más por habitante (capítulo 3.2, sobre la financiación autonómica), y la financiación de los municipios favorece al que ya tiene actividad económica (capítulo 3.3, sobre municipios y provincias).
La segunda es la Unión: cinco de los ocho debates con fecha la tienen europea o pactada con Europa. Varias decisiones grandes de España llegaron empujadas desde fuera. Una fue la reforma del artículo 135 en 2011, con los mercados presionando (capítulo 1.1, sobre la Constitución). Otras fueron las reformas laboral y de pensiones de 2021, que eran hitos con fecha de los fondos europeos.29
España se puso a sí misma una fecha: la primera evaluación del sistema de financiación autonómica, que la ley de 2009 fijaba con referencia a 2013. La revisión del sistema nunca llegó. Hay excepciones en ambos sentidos. La ley de eutanasia no tuvo fecha de fuera, y España rebasó en 2025 la senda de gasto aprobada por el Consejo de la Unión.
Bruselas no pone fecha a tres de los diez debates. Dos son los que no tienen fecha, la financiación y la vivienda. El tercero, el encaje territorial, solo tiene la de las urnas, que no obliga a decidir nada.
De las tres fechas grandes del libro, las dos con presión exterior se cumplieron y la de la financiación autonómica no; la muestra es pequeña.
La tercera es electoral y es la más incómoda. Hay más de nueve millones de pensionistas y tres de cada cuatro hogares son propietarios. Que esa base electoral frene lo que le cuesta no está medido. Un recorte a quien ya cobra se nota al mes siguiente (capítulo 7.1, sobre pensiones). Una medida que bajara los precios de la vivienda perjudicaría a quien ya la tiene (capítulo 6.4, sobre vivienda). Y donde hay perdedores con nombre, como en la financiación, la reforma se aplaza (capítulo 3.2, sobre la financiación autonómica).
Las democracias con electorados más envejecidos gastan más en pensiones. España e Italia están entre los Estados del bienestar más orientados a los mayores.30 Lo que sí es español es que faltan o se quedan cortos los instrumentos que en otros países ayudan a decidir. No hay una cámara territorial que negocie la financiación. Las recomendaciones de la AIReF solo obligan a explicar por qué no se siguen. Y la agencia que evalúa las políticas tardó más de tres años en constituirse.
El envejecimiento no necesita que nadie lo abra: llega solo y con fecha. Lo que se decide es quién lo paga.
- 1
- Pensiones y demografía · decide: Estado; condiciona: Unión Europea, Otros
- 2
- Vivienda · decide: Comunidades, Ayuntamientos; condiciona: Estado, Otros
- 3
- Financiación autonómica · decide: Estado; condiciona: Comunidades
- 4
- Productividad · decide: Estado, Otros; condiciona: Unión Europea, Comunidades
- 5
- Agua y clima · decide: Unión Europea, Estado, Comunidades; condiciona: Ayuntamientos
- 6
- Inmigración · decide: Unión Europea, Estado; condiciona: Comunidades, Ayuntamientos
- 7
- Justicia y democracia · decide: Estado; condiciona: Unión Europea, Otros
- 8
- Digitalización e IA · decide: Unión Europea, Estado; condiciona: Comunidades, Otros
- 9
- Fiscalidad y gasto · decide: Unión Europea, Estado; condiciona: Comunidades, Ayuntamientos, Otros
- 10
- Encaje territorial · decide: Estado, Comunidades, Otros
Otros: Banco Central Europeo, Tribunal Constitucional, empresas. Lectura de los capítulos correspondientes; simplificado.
| Cotizantes por pensionista | 2,5 en septiembre de 2026 → ~1,5 en 2050 | Máximo desde 2011; 2,1 afiliados por pensión contributiva; unos diez millones de activos de la generación de 1958-1977 pasan de cotizar a cobrar entre 2023 y 2044; la ratio es del capítulo 7.1, sobre pensiones, y el calendario, del 6.6, sobre demografía |
| Viviendas nuevas / hogares nuevos al año | ~88.000 / ~240.000 | 2025; déficit acumulado 2021-2025 de ~750.000 según el Banco de España (capítulo 6.4, sobre vivienda) |
| Años sin evaluar el sistema de financiación autonómica | 12 | La primera evaluación, con referencia a 2013, no se hizo; el anterior rigió de 2002 a 2008 |
| PIB por habitante respecto a la media de la Unión Europea | 92% | 2025; 91% en 2023 y 2024, por encima de la media en 2007 (capítulo 6.1, sobre de qué vive España) |
| Agua que usa el regadío | 65-80% según la medida | Planes de cuenca: revisión en 2027 |
| Nacidos en el extranjero | 10.291.807, el 20,7% | 1 de julio de 2026 (provisional); pasaron de diez millones el 1 de enero; el dato es del capítulo 6.6, sobre demografía; las proyecciones del INE de junio de 2026 dan 53 millones de habitantes en 2076 |
| Solicitudes de la regularización extraordinaria de 2026 | 1.174.978 | Más del doble de los 500.000 beneficiarios estimados; ~935.000 por arraigo; 840.000 irregulares estimados a comienzos de 2025 |
| Mandato del Consejo General del Poder Judicial elegido en 2024 | Hasta 2029 | Más de cinco años de bloqueo antes |
| Reglamento de inteligencia artificial: obligaciones para sistemas de alto riesgo | Diciembre de 2027 | Aplazadas en julio de 2026 desde el 2 de agosto de 2026 |
| Deuda pública | 99,9% del PIB en julio de 2026 | Intereses: ~1 de cada 20 € de gasto (capítulo 4.3, sobre deuda) |
| Apoyo a la independencia en Cataluña | 38-45% en 2025-2026 | Encuestas del CEO (capítulo 3.5, sobre nación y lenguas) |
| Primer reactor nuclear que cierra | 2030 | Tras la prórroga de Almaraz, de 2027 y 2028 a junio de 2030; el parque, hasta 2035 |
| Debates de la década con fecha escrita | 8 de 10 | Sin fecha: financiación autonómica y vivienda; el encaje solo tiene la de las elecciones de 2028 |
Ninguno de los diez debates es solo español. En varios hay un vecino que ha tomado la decisión que aquí falta, con su coste o con su fracaso. Francia aprobó en 2023 subir la edad de jubilación a sesenta y cuatro años, sin votación final en la Asamblea. Una ley de diciembre de 2025 congeló la edad legal hasta enero de 2028, como cuenta el capítulo 7.1, sobre pensiones.
Alemania reformó en 2017, con efecto desde 2020, su sistema de financiación entre Länder.31 El reparto entre ellos no altera el orden de capacidad financiera, aunque las asignaciones complementarias de la Federación sí pueden alterarlo. Una cláusula permite pedir su renegociación después de 2030. En vivienda, el Gobierno alemán se fijó en 2021 un objetivo de cuatrocientas mil al año, cien mil de ellas sociales. No lo alcanzó en 2022, 2023 ni 2024. En 2024 se terminaron unas 252.000.
Italia rechazó en referéndum, los días 22 y 23 de marzo de 2026, separar las carreras de jueces y fiscales. Votó en contra el 53,75% en el territorio nacional.32 Portugal cerró en 2024 una vía casi automática de regularización con contrato de trabajo, con varios cientos de miles de expedientes pendientes.33 En los Países Bajos dimitió en bloque el Gobierno en 2021 por las ayudas al cuidado de los hijos. Su sistema de detección de fraude usaba la nacionalidad como indicador de riesgo. Acusó en falso a decenas de miles de familias.34 Es la consecuencia que ya tuvo, en otro país, el problema de la transparencia algorítmica del capítulo 8.3, sobre datos y plataformas.
Otros países tienen instrumentos que ayudan a decidir con datos delante. La oficina neerlandesa del capítulo anterior calcula desde 1986 el efecto de los programas electorales. Es voluntaria: en 2025 se negaron cinco de los partidos con escaño. Aquí no consta que ningún programa electoral tenga su coste calculado por un organismo público. Suecia hace comisiones de estudio previas a cada ley grande. Ninguno de los dos instrumentos decide por sí mismo.
¿Puede España tomar una decisión grande sin una crisis o un plazo externo?
La reforma laboral de 2021 y la de pensiones del mismo año se pactaron en el diálogo social. La de pensiones de 2023 se pactó con los sindicatos.35 La ley de eutanasia es de 2021 y no tuvo fecha de fuera.
Las tres primeras se hicieron a cambio de los fondos europeos, con hitos y fechas de la Comisión. Los debates puramente domésticos llevan años o décadas abiertos. Las reglas electorales son de 1977 y el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, de 1985. La financiación lleva diecisiete años sin sustituirse y doce sin la valoración prevista. Y los dos movimientos recientes en financiación, la condonación de deuda y la financiación singular, nacieron de pactos de investidura.
¿Hace falta reformar la Constitución para afrontar la década?
Hay cuatro asuntos que están en la Constitución o en su silencio. Son la cámara territorial que negociaría la financiación y el reparto de competencias que el Constitucional reescribe sentencia a sentencia. Y son el encaje que una parte del país no acepta y el método de elección del gobierno de los jueces. Seguir desde 1978 con solo cuatro reformas puntuales de la Constitución, dos de ellas empujadas desde fuera, es una forma de no decidir.
De los diez debates, nueve se resuelven con leyes, presupuestos y reglamentos que ya existen. Abrir el texto exige un consenso que hoy no existe. Un intento fallido dejaría al sistema sin legitimidad y reabriría el conflicto territorial en lugar de cerrarlo.
¿Se pueden pagar a la vez las pensiones, la defensa y la dependencia sin subir impuestos?
La recaudación tributaria creció un 10,4% en 2025, en euros corrientes, hasta 325.356 millones de euros.36 La AIReF evalúa desde hace años programas de gasto concretos (capítulo 4.5, sobre el control del gasto). Eso permite señalar partidas mejorables. Y la deuda bajó del 100% del PIB por primera vez desde febrero de 2020 porque el PIB creció más deprisa que ella, bajo una senda de gasto aprobada que en 2025 se rebasó.
Las pensiones suben hasta cuatro puntos del PIB en 2050. El objetivo de la OTAN para 2035 pide pasar del 2% al 5% en defensa. Entre las dos cosas son hasta unos siete puntos brutos, en los años de más gasto. Es más del doble de los tres que separan los ingresos españoles de la media europea. No todo sería gasto nuevo: el tramo de seguridad amplia, del 1,5%, cuenta partidas como la protección de infraestructuras, en las que ya se gasta. A eso se suma la dependencia. Las proyecciones europeas duplican su gasto hasta 2070, del 0,8% del PIB en 2022 al 1,7%.37 Y prometer todo sin decir de dónde sale el dinero es la falacia del coste omitido del capítulo anterior convertida en programa de gobierno.
«Este será el gobierno de la vivienda.» / «El mercado la arreglará solo.»
Cifra, año y sueloNingún gobierno central tiene la competencia del suelo, que es donde está el problema. Y ningún mercado construye deprisa sobre un suelo que tarda entre diez y quince años en ser edificable. Una política de vivienda tiene una cifra de viviendas, un año y un nivel de gobierno que va a calificar el suelo. Sin las tres cosas, es una frase.
«La década decidirá si España sigue siendo un Estado del bienestar.»
Un punto cada vezNo hay una fecha única en la que eso se decida. Las pensiones tienen una cláusula de cierre que se evalúa cada tres años. La sanidad y la educación son presupuestos anuales, y el Estado del bienestar crece o mengua en cada presupuesto. El dramatismo sirve para no discutir el punto concreto que está en juego en cada uno.
«España es la locomotora de Europa.»
Por habitanteLa frase habla del tamaño del país. El PIB total crece deprisa porque crecen el empleo y la población. El PIB por habitante sigue por debajo de una media que en 2007 superaba. La convergencia se mide por habitante y por hora.
«Hace falta un gran pacto de Estado.»
Sobre qué, con fechaLos pactos que existen, como Toledo o el diálogo social, tratan de un instrumento concreto y tienen calendario. Un «gran pacto» sin objeto, sin partes y sin fecha no compromete a nada. Puede pedirlo cualquiera.
«La inteligencia artificial destruirá la mitad de los empleos.» / «La inteligencia artificial resolverá la productividad.»
Tareas, no puestosLas dos son proyecciones. Las cifras de empleo que circulan, del 9% al 47% de los puestos, vienen de estudios de 2013 y 2016, anteriores a la inteligencia artificial generativa, y salen de contar de manera distinta.39 La más alta mide ocupaciones enteras y la más baja, qué parte de cada puesto se puede automatizar (el 9% es la media de la OCDE; en España, en torno al 12%). Lo que sirve es lo observado: el empleo por ocupación y la productividad por hora, medidos hoy.
«Sin reformar la Constitución no se puede hacer nada.» / «La Constitución no se toca.»
Nueve por leyLas dos frases evitan discutir el texto constitucional. La Constitución se ha reformado cuatro veces, en 1992, 2011, 2024 y 2026, las cuatro por el procedimiento ordinario. Y casi todo lo que la década tiene pendiente se decide por ley. La primera frase presenta como imposibilidad lo que suele ser falta de acuerdo. La segunda presenta como principio lo que suele ser falta de mayoría.
Los diez debates llegan a cada casa con fecha. Para quien se jubile entre 2027 y 2035, la edad legal es de sesenta y siete años salvo carreras largas. El recargo de las nóminas de quienes cotizan sube hasta 2029.
En el alquiler, las zonas tensionadas, donde se puede limitar la renta, las declara cada comunidad y por ahora hay en cinco. El planeamiento del ayuntamiento dice si se va a construir cerca.
La dotación de agua de una finca de regadío la fija el plan de cuenca. La fecha de cierre de una central nuclear está en la orden que renueva su permiso de explotación, como la que llevó Almaraz hasta junio de 2030.
Para seguir los diez a la vez sirven cinco publicaciones. Las cinco son el informe de primavera de la Comisión Europea sobre España, el Informe anual del Banco de España, las opiniones de la AIReF, las proyecciones del INE y el barómetro del CEO.
- Ley 22/2009, de 18 de diciembre, disposición adicional séptima: valoración quinquenal de los elementos estructurales del sistema por el Comité Técnico Permanente de Evaluación, a efectos de su posible modificación por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es una valoración, no una revisión obligatoria (capítulo 3.2, sobre financiación autonómica). Consultado en octubre de 2026. ↩
- Presidencia del Gobierno, intervención del presidente en la inauguración de la Casa de la Arquitectura, 18 de diciembre de 2023: usar durante la legislatura «todos los recursos del Estado para habilitar 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible». Lo que se ha movilizado desde entonces, en el capítulo 6.4, sobre vivienda. ↩
- Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, Constitución, art. 101: el Gobierno cesa «tras la celebración de elecciones generales» y continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo. Ley 50/1997, art. 21.5: el Gobierno en funciones no podrá «aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado» ni «presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado». La disolución y la fecha de las elecciones, en el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre (capítulo 2.2, sobre la legislatura). ↩
- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, balance de afiliación de septiembre de 2026, 2 de octubre de 2026: la relación entre cotizante y pensionista se sitúa en 2,51, «nivel máximo desde 2011». Es la cifra del ministerio, y varía con el mes. Dividida por pensiones contributivas, que son cerca de un millón más que los pensionistas, la ratio baja a 2,1: 22.480.796 afiliados desestacionalizados entre las 10.547.417 pensiones de la nómina de septiembre. La proyección de en torno a 1,5 hacia 2050 es la de la Comisión Europea, que cuenta cotizantes por pensionista. Son los datos del capítulo 7.1, sobre pensiones. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Comisión Europea, 2024 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070), Institutional Paper 279, abril de 2024, anexo de España: en el escenario de referencia, con las reformas de 2021-2023 incorporadas, el gasto público bruto en pensiones pasa del 13,1% del PIB en 2022 al 16,2% en 2040 y al 17,3% en 2050, su máximo, cuatro puntos y dos décimas más, y baja al 16,7% en 2070. El informe señala que hasta 2045 la subida de España, de casi cuatro puntos, es la mayor de la Unión. La AIReF, en su Informe sobre la regla de gasto de pensiones de marzo de 2025, mide la media de 2022 a 2050, que es otra cosa (capítulo 7.1, sobre pensiones). La cifra de 2050 es la del año de más gasto; las proyecciones se separan y no miden lo mismo, y las medias de 2022 a 2050 son menores, del 14% al 14,6% según la fuente (capítulo 7.1, sobre pensiones). ↩
- Banco de España, Informe Anual 2025, publicado en junio de 2026: el déficit acumulado entre 2021 y 2025 asciende a unas 750.000 viviendas, porque la creación de hogares ha superado a la construcción residencial; equivale al 3,7% de los hogares españoles, frente al 1,5% de los italianos, y en 2025 siguió ampliándose. En 2025 se formaron unos 240.000 hogares y se terminaron unas 88.000 viviendas, según los certificados de fin de obra del Ministerio de Vivienda (92.000 según el Banco de España). Son los datos del capítulo 6.4, sobre vivienda. ↩
- Banco de España, indicadores del mercado inmobiliario (cuadro 1.5 de las estadísticas generales, actualizado el 1 de octubre de 2026): precio medio de una vivienda libre dividido por la renta bruta estimada del hogar mediano, 8,4 años en el segundo trimestre de 2026. Es el dato del capítulo 6.4, sobre vivienda. ↩
- Proyecto de ley orgánica de condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas de régimen común con el Estado, por 83.252 millones de euros, que el Gobierno remitió a las Cortes el 9 de diciembre de 2025. Superó las enmiendas a la totalidad en julio de 2026 y a mediados de septiembre seguía en tramitación en el Congreso hasta que caducó, el 6 de octubre de 2026, con la disolución de las Cortes, como cuenta el capítulo 3.2, sobre financiación autonómica (Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, y artículo 207 del Reglamento del Congreso). Consultado en octubre de 2026. ↩
- Eurostat, PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo con la UE-27 = 100: España en 92 en 2025, puesto 15 de 27, empatada con Chequia, tras dos ejercicios en 91, que es el dato del capítulo 6.1, sobre de qué vive España. Antes de la crisis de 2008 estaba por encima de la media: el INE, en España en cifras 2009, situaba el PIB por habitante español de 2007 un 5,5% por encima de la media de los veintisiete, con la Unión y la base de entonces. Eurostat, «National accounts and GDP», Statistics Explained, describe cómo España, que en 2010 estaba ya en el 96% de la media, se alejó más de ella, hasta el 92% en 2025, y cómo Italia, Francia y Chipre pasaron de estar por encima a quedar por debajo. ↩
- Eurostat, estadística estructural de empresas por tamaño (sbs_sc_ovw), economía empresarial sin finanzas, 2024: 5.109.033 de los 16.246.767 ocupados trabajan en empresas de 0 a 9 personas, el 31,4%. Es el dato del capítulo 6.3, sobre empresas y autónomos. Consultada en octubre de 2026. ↩
- La Moncloa, «España culmina el Plan de Recuperación y presenta la última solicitud de pago por importe de 25.861 millones de euros», 30 de septiembre de 2026: el calendario de cierre del Mecanismo fijaba el 31 de agosto de 2026 para cumplir los hitos y el 30 de septiembre para las últimas solicitudes, y «la Comisión Europea dispone hasta el 31 de diciembre de 2026 para efectuar el desembolso correspondiente». Los 78.000 millones cobrados hasta agosto, el 76,5% del plan vigente, son el dato del capítulo 3.4. ↩
- Protocolo de marzo de 2019 entre las propietarias de las centrales nucleares y Enresa, que fijó un calendario de cierre escalonado entre 2027 y 2035, incorporado después al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. La prórroga de Almaraz retrasó el primer cierre hasta el 8 de junio de 2030, con lo que el parque cierra ahora entre 2030 y 2035. ↩
- Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, arts. 17 a 21, que regulan el plan nacional de adaptación y obligan a planificar; el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 (texto en la web del Ministerio para la Transición Ecológica) se financia con los presupuestos sectoriales, los fondos europeos y PIMA Adapta, sin partida propia. Es el dato del capítulo 9.4, sobre clima. ↩
- INE, Estadística Continua de Población a 1 de enero de 2026, datos provisionales revisados después por el INE: 10.036.888 personas nacidas en el extranjero sobre 49.596.376 residentes, el 20,2%, la primera vez que se superan los diez millones. La nota de prensa de febrero de 2026 daba 10.004.581 sobre 49.570.725 (revisión en la Estadística Continua de Población del segundo trimestre de 2026). La población creció en 468.079 personas durante 2025, de 49.128.297 a 49.596.376, por el aumento de la nacida en el extranjero mientras la nacida en España disminuía, y desde 2017 mueren cada año más personas de las que nacen. A 1 de julio de 2026, con datos provisionales, los nacidos en el extranjero eran 10.291.807 sobre 49.801.559 residentes, el 20,7% (Estadística Continua de Población a 1 de julio de 2026), el dato de la tabla. Son los datos del capítulo 6.6, sobre demografía. ↩
- INE, Proyecciones de Población 2026-2076, nota de prensa de 17 de junio de 2026: la población llegaría a 53,0 millones en 2076, 3,38 millones más que en 2026; las defunciones superarían a los nacimientos en todo el periodo y el crecimiento se debería exclusivamente al saldo migratorio. Son las proyecciones que usa el capítulo 6.6, sobre demografía. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Comisión Europea, The 2024 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070), Institutional Paper 279, abril de 2024, parte I, capítulo 1, apartado sobre migración: con una inmigración de fuera de la Unión un 33% inferior a la del escenario base, el gasto en pensiones sube de media 0,6 puntos del PIB en 2070, y en España, 1,4 puntos: el 18,1% del PIB en 2070, frente al 16,7% del escenario base (tablas II.1.87 y II.1.64; el informe sitúa entre 0,8 y 1,4 puntos el efecto en cinco países, España entre ellos), porque se supone que buena parte de los inmigrantes cotiza durante gran parte del periodo en lugar de cobrar pensiones; con un 33% más, España estaría entre los que más se benefician, con un punto menos (15,7%, tabla II.1.86). Consultado en octubre de 2026. ↩
- Real Decreto 316/2026, de 14 de abril (BOE del 15), que modifica el reglamento de extranjería de 2024 para abrir la regularización extraordinaria, y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, balance provisional de 2 de julio de 2026: el plazo se cerró el 30 de junio con 1.174.978 solicitudes, de las que 609.737 estaban ya tramitadas; un 79,6% por arraigo extraordinario y un 20,4% de solicitantes de protección internacional; 159.097 personas tenían ya autorización provisional de trabajo y alta en la Seguridad Social. La regularización, aprobada en Consejo de Ministros el 14 de abril de 2026 y en vigor desde el 16, nació de una iniciativa legislativa popular presentada en 2024 con más de 700.000 firmas, y alcanzaba a quienes estuvieran en España antes del 1 de enero de 2026. El Gobierno había estimado en abril, en su informe Regularización extraordinaria: claves económicas y sociales, «en torno a 500.000 personas potencialmente beneficiarias»: unas 300.000 solicitantes de asilo pendientes de resolución y unas 200.000 en situación irregular. El balance de afiliación de septiembre, de 2 de octubre de 2026, da 421.306 afiliados regularizados por el proceso extraordinario en alta a 30 de septiembre. ↩
- Funcas, La población extranjera en situación irregular en España: una estimación, nota de coyuntura social de enero de 2026: 840.000 personas a 1 de enero de 2025, calculadas cruzando el padrón municipal con los permisos de residencia en vigor; la misma estimación daba unos 107.000 en 2017 (nota de prensa de Funcas). Es el dato del capítulo 9.3, sobre fronteras, migración y nacionalidad. La regularización exigía estar en España antes del 1 de enero de 2026, un año después de la fecha de la estimación, así que las dos cifras no miden exactamente lo mismo. ↩
- Comité de Ministros del Consejo de Europa, Recomendación CM/Rec(2010)12, apartado 27, tal como la recoge la Comisión de Venecia en su opinión CDL-AD(2025)038 sobre el Consejo español, apartado 30: no menos de la mitad de los miembros de los consejos judiciales deben ser jueces elegidos por sus pares. El Consejo español tiene veinte vocales y un presidente, de modo que esa mitad (10,5) son al menos once de sus doce vocales judiciales, como cuenta el capítulo 5.2, sobre el gobierno de los jueces. Consultada en octubre de 2026. ↩
- Nota de prensa del Consejo General del Poder Judicial sobre el pleno extraordinario de 5 de febrero de 2025, en vísperas del plazo de seis meses que fijaba la Ley Orgánica 3/2024. El Consejo remitió una propuesta que recoge alternativas distintas —modelos con intervención del Parlamento y modelos sin participación del Legislativo ni del Ejecutivo en ninguna fase—, acordada por unanimidad. El capítulo 5.2, sobre el gobierno de los jueces, las cuenta como dos opciones, que se distinguen sobre todo por el papel que dan a las Cortes. El 10 de septiembre de 2026 el Congreso rechazó por 175 votos contra 170 tomar en consideración una proposición para que los jueces eligieran a los doce vocales judiciales, como cuenta el mismo capítulo. ↩
- Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, y Resolución de 16 de septiembre de 2026, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación de ese real decreto-ley (BOE de 18 de septiembre de 2026; consultado en septiembre de 2026). Es el caso que cuentan los capítulos 1.6, sobre la participación no electoral, y 2.4, sobre el procedimiento legislativo. ↩
- Comisión Europea, «Rule of Law Report 2022: Commission issues specific recommendations to Member States», julio de 2022: el informe anual se publica desde 2020, y la edición de 2022 fue la primera con recomendaciones específicas para cada Estado miembro. Las dirigidas a España piden renovar con prioridad el Consejo General del Poder Judicial y adaptar después la elección de sus vocales judiciales a los estándares europeos. El GRECO, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, evalúa a España en la cuarta ronda, dedicada a parlamentarios, jueces y fiscales, como cuenta el capítulo 5.2, sobre el gobierno de los jueces. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Reglamento (UE) 2026/1744, de 8 de julio de 2026, el llamado ómnibus digital sobre inteligencia artificial: su art. 1.7 añade al art. 5.1 del Reglamento (UE) 2024/1689 la prohibición de generar o manipular imágenes, vídeo o audio realistas de partes íntimas o de actividades sexualmente explícitas de una persona identificable sin su consentimiento y la de generar material de abuso sexual infantil, aplicables desde el 2 de diciembre de 2026, y el nuevo art. 113 aplaza a diciembre de 2027 las obligaciones de los sistemas de alto riesgo del anexo III y a agosto de 2028 las de los integrados en productos ya regulados. Son los datos del capítulo 8.3, sobre datos y plataformas. ↩
- Art. 16.1.l de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, que obliga a publicar la relación de sistemas algorítmicos o de inteligencia artificial que tengan impacto en los procedimientos administrativos o en la prestación de los servicios públicos, con una descripción comprensible de su diseño y funcionamiento y del nivel de riesgo. La Generalitat presentó su registro, GVA ConfIA, el 21 de mayo de 2025, como proyecto piloto con seis algoritmos de sanidad, educación y medio ambiente (Valencia News, 21 de mayo de 2025); en julio de 2024 todavía lo anunciaba como «futuro registro de algoritmos de la Generalitat» (Valencia News, 3 de julio de 2024). Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Los aliados acordaron en la cumbre de La Haya, en junio de 2025, un objetivo del 5% del producto para 2035, con dos tramos: el 3,5% de gasto militar estricto y el 1,5% en seguridad en sentido amplio; la revisión está fijada para 2029. En marzo de 2026 el informe anual de la OTAN situó a España en el 2% en 2025. Son los datos del capítulo 9.1, sobre defensa. ↩
- Plan fiscal y estructural de medio plazo 2025-2028, que España presentó al amparo del Reglamento (UE) 2024/1263 —la reforma de las reglas fiscales que mantuvo los límites de déficit y deuda y pasó a vigilarlos con una senda de gasto primario neto— y aprobado por el Consejo de la Unión en enero de 2025. La senda fija el crecimiento máximo del gasto año a año y el ajuste se prolonga hasta 2031. En 2025, su primer año, el gasto neto creció un 4,8%, frente al 3,7% aprobado, según la Comisión Europea y la AIReF; el Gobierno sostiene que con su propio cómputo fue el 4,5%. Es el dato del capítulo 4.3, sobre deuda, déficit y reglas fiscales. ↩
- Los presupuestos generales del Estado se han prorrogado doce veces desde 1978 y en ocho de los diecisiete ejercicios desde 2010; en 2026 el Estado funciona con las cuentas de 2023 por tercer año seguido. El Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, disolvió las Cortes el 6 de octubre de 2026 sin proyecto de presupuestos para 2027, y el 1 de enero seguirán prorrogadas las cuentas de 2023, por cuarto año. Es el dato del capítulo 4.2, sobre el gasto público. ↩
- Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, y STC 137/2025, de 26 de junio de 2025, que estimó solo parcialmente el recurso del principal partido de la oposición: la amnistía no está prohibida por la Constitución y cabe cuando responde a una situación excepcional y a una finalidad de interés público, con cuatro votos particulares. El Constitucional reiteró esa doctrina en 2025 y 2026, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló la ley en julio de 2026 y el 6 de octubre de 2026 el Constitucional, por mayoría y con cinco votos particulares, estimó el amparo de una exconsejera condenada y ordenó al Supremo declarar amnistiada su malversación (nota informativa 91/2026), como cuenta el capítulo 3.5, sobre nación, nacionalidades y lenguas. Del mismo capítulo es el plazo del 31 de julio de 2026 que PNV, PSE-EE y EH Bildu se habían dado para acordar el nuevo estatuto vasco, y que pasó sin acuerdo. ↩
- Decisión de Ejecución del Consejo de 13 de julio de 2021 relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, anexo: hitos de la reforma del mercado de trabajo (componente 23) y de la reforma del sistema de pensiones (componente 30), con fechas de cumplimiento vinculadas a los desembolsos. ↩
- Vincenzo Galasso y Paola Profeta, «How Does Ageing Affect the Welfare State?», European Journal of Political Economy, 23(2), 2007, págs. 554-563, que muestran que el envejecimiento del electorado aumenta el gasto en pensiones en las democracias de la OCDE; Julia Lynch, Age in the Welfare State: The Origins of Social Spending on Pensioners, Workers, and Children, Cambridge University Press, 2006, con España e Italia entre los Estados del bienestar más orientados a los mayores. ↩
- Ministerio Federal de Hacienda alemán, Monatsbericht de agosto de 2017: el Bundestag aprobó la reforma de las relaciones financieras entre la Federación y los Länder el 1 de junio de 2017, y el Bundesrat, por unanimidad, el 2 de junio; se aplica desde 2020 y suprime la compensación horizontal en sentido estricto, que sustituyen recargos y descuentos en el reparto del IVA entre los Länder. Servicios científicos del Bundestag, Überblick zum Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern, 2021: la ley de compensación decae si, después del 31 de diciembre de 2030, el Gobierno federal, el Bundestag o al menos tres Länder piden renegociarla y en cinco años no entra en vigor una nueva (art. 143f de la Ley Fundamental). El mismo informe advierte de que las asignaciones complementarias de la Federación, que vienen después del reparto horizontal, pueden alterar el orden de capacidad financiera de los Länder; el reparto horizontal no puede invertirlo (capítulo 3.2, sobre financiación autonómica). ↩
- El referéndum constitucional italiano de los días 22 y 23 de marzo de 2026 rechazó la reforma aprobada por el Parlamento en 2025, que separaba las carreras de jueces y fiscales, dividía el Consejo Superior de la Magistratura en dos órganos y creaba una alta corte disciplinaria con parte de sus miembros elegidos por sorteo. En el territorio nacional, con las 61.533 secciones escrutadas, el no sacó el 53,75% de los votos válidos, 14.462.758, frente al 46,25% del sí, según el Ministerio del Interior italiano; el voto de los italianos residentes en el extranjero se escruta aparte y no entra en esas cifras. Fue una derrota del Gobierno de Giorgia Meloni, que había impulsado la reforma, y dejó el gobierno del poder judicial italiano como estaba. ↩
- Francia: Loi n.º 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale, adoptada con el artículo 49.3 de la Constitución francesa, y Loi n.º 2025-1403 du 30 décembre 2025, de financement de la sécurité sociale pour 2026, que congela la edad legal hasta enero de 2028 (capítulo 7.1). Alemania: Koalitionsvertrag 2021-2025, objetivo de 400.000 viviendas al año, 100.000 de ellas sociales, y Destatis, viviendas terminadas 2022-2024, en torno a 295.000, 294.000 y 252.000. Portugal: Decreto-Lei n.º 37-A/2024, de 3 de junho, que suprimió la «manifestação de interesse» con varios cientos de miles de expedientes pendientes. ↩
- Tweede Kamer, Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, Ongekend onrecht, 17 de diciembre de 2020; dimisión del tercer Gobierno Rutte el 15 de enero de 2021; Autoriteit Persoonsgegevens, resolución de 2021 que sancionó a la Administración tributaria con 2,75 millones de euros por usar la nacionalidad como indicador de riesgo. ↩
- Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, preámbulo: el Gobierno trabajó «en el ámbito del diálogo social», y de esa negociación resultó «un acuerdo con las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT»; el preámbulo no menciona a las organizaciones empresariales. La Ley 21/2021, según el mismo preámbulo, partió del «consenso alcanzado en el marco del Pacto de Toledo y del diálogo social». ↩
- Agencia Tributaria, Informe anual de recaudación tributaria 2025: 325.356 millones de euros de ingresos tributarios, un 10,4% más que en 2024. Es el dato del capítulo 4.1, sobre los ingresos del Estado. ↩
- Comisión Europea y Comité de Política Económica, 2024 Ageing Report (Institutional Paper 279), cuadro I.3.4: el gasto público en cuidados de larga duración de España, 0,8% del PIB en 2022 y 1,7% en 2070. Es la medida de la Comisión, algo más amplia que la dependencia del capítulo 7.4, sobre dependencia. ↩
- Independent Evaluation Office del FMI, IMF Forecasts: Process, Quality, and Country Perspectives, 2014, que documenta un sesgo optimista en las previsiones de crecimiento a medio plazo; Comisión Europea, The Performance of the Commission's Economic Forecasts (evaluaciones periódicas de sus previsiones, con errores de signo distinto en las fases del ciclo); para España, las previsiones de crecimiento a cinco años de los programas de estabilidad de 2007 (al alza) y de 2012-2013 (a la baja) frente a la contabilidad nacional del INE. ↩
- Carl Benedikt Frey y Michael A. Osborne, «The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?», Technological Forecasting and Social Change, 114, 2017, págs. 254-280 (versión de trabajo de 2013: el 47% del empleo estadounidense en ocupaciones de alto riesgo); Melanie Arntz, Terry Gregory y Ulrich Zierahn, The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis, OECD Social, Employment and Migration Working Papers n.º 189, 2016 (el 9% de media en la OCDE y en torno al 12% en España, midiendo tareas y no ocupaciones). ↩
- Ley 27/2011 (edad de jubilación hasta 2027), Ley 21/2021 (revalorización por el IPC y mecanismo de equidad intergeneracional) y Real Decreto-ley 2/2023 (cuota de solidaridad y cláusula de cierre, disposición adicional segunda), con la Ley General de la Seguridad Social, arts. 58 y 205-215; AIReF, Informe sobre la regla de gasto de pensiones (2025); Comisión Europea, 2024 Ageing Report (2024); Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, art. 18 (zonas tensionadas); Banco de España, Informe Anual 2025 (junio de 2026), sobre el déficit de vivienda.
- Ley Orgánica 8/1980, de financiación de las comunidades autónomas, y Ley 22/2009, del sistema de financiación (disposición adicional séptima, revisión quinquenal); Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica, Informe (2017); Reglamento (UE) 2021/241, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (plazo de 2026); INE, Contabilidad nacional y Proyecciones de población 2026-2076; Eurostat, PIB por habitante en paridad de poder de compra.
- Ley 7/2021, de cambio climático; Reglamento (UE) 2018/842 en la redacción de 2023 (reparto del esfuerzo); Directiva (UE) 2023/959 (segundo régimen de comercio de emisiones); Real Decreto 35/2023 (planes hidrológicos 2022-2027); protocolo de cierre de las centrales nucleares de 2019; Ley Orgánica 4/2000 y Real Decreto 1155/2024 (extranjería) y Real Decreto 316/2026, artículo único (modificación del reglamento de extranjería para abrir la regularización extraordinaria); Reglamento (UE) 2024/1351, de gestión del asilo y la migración.
- Constitución, arts. 81 y 122.3; Ley Orgánica del Poder Judicial, arts. 566-578, en la redacción de la Ley Orgánica 3/2024, de 2 de agosto; Comisión Europea, Informe sobre el Estado de derecho, capítulo España (anual desde 2020); GRECO, cuarta ronda de evaluación; Reglamento (UE) 2024/1689, de inteligencia artificial, art. 113 (calendario de aplicación), y Reglamento (UE) 2026/1744, art. 1.7 (nuevas prohibiciones y aplazamiento); Real Decreto 729/2023 (estatuto de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial); Ley 27/2022, de evaluación de políticas públicas.
- Reglamento (UE) 2024/1263 (componente preventivo de las reglas fiscales) y plan fiscal y estructural de medio plazo de España 2025-2028; Ley Orgánica 1/2024, de amnistía, y sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2025; Agencia Tributaria, Informe anual de recaudación tributaria 2025; Centre d'Estudis d'Opinió, Baròmetre d'Opinió Política (serie sobre la independencia).
- Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia España 2050: fundamentos y propuestas para una estrategia nacional de largo plazo Gobierno de España, 2021
El ejercicio oficial transversal de mirar a treinta años, con las proyecciones de casi todos los debates de la década; se lee mejor como diagnóstico que como programa. - Javier Andrés y Rafael Doménech En busca de la prosperidad: los retos de la sociedad española en la economía global del siglo XXI Deusto, 2015
Dos economistas académicos sobre productividad, empleo y Estado del bienestar, con los datos ordenados y sin partido; la base de los debates sobre productividad y fiscalidad. - César Molinas Qué hacer con España: del capitalismo castizo a la refundación de un país Destino, 2013
La tesis de que la clase política española tiene incentivos para no decidir, escrita con dureza; discute de frente la idea de que lo que falta es una fecha que obligue. - Jorge Galindo, Kiko Llaneras, Octavio Medina y Ramón González Férriz El muro invisible: las dificultades de ser joven en España Debate, 2017
Vivienda, empleo y pensiones vistas desde quienes pagan la década, con datos; el libro de los perdedores sin nombre del capítulo anterior. - Comisión Europea 2024 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070) Institutional Paper 279, 2024
Las proyecciones de gasto en pensiones, sanidad y dependencia hasta 2070 para cada país, con la metodología; la referencia contra la que se mide la cláusula de cierre.
16 de octubre de 2026 · fecha de corte de los datos: octubre de 2026