España: Manual del ciudadano

El impuesto que nadie declara

Un trabajador con un salario bruto (antes de descuentos) de treinta mil euros le cuesta a su empresa cerca de cuarenta mil. Los casi diez mil de diferencia son cotizaciones a la Seguridad Social que ingresa la empresa: en torno al 32% del salario. No figuran en ninguna declaración que el trabajador firme. Su nómina las imprime sin restarlas, así que no se leen como sueldo.¹

Sumadas la parte de la empresa y la del trabajador, las cotizaciones sociales son la mayor fuente de ingresos públicos de España. En 2025, unos tres de cada diez euros que ingresaron las administraciones salieron de ahí.² Del impuesto sobre la renta salió uno de cada cinco, y del impuesto sobre el valor añadido, uno de cada siete.

La parte de la empresa, además, no la paga solo la empresa. Los estudios que lo han medido estiman, en promedio, que a largo plazo unos dos tercios de ella también salen del salario.³ La empresa fija lo que está dispuesta a pagar por el puesto. Lo que va a la Seguridad Social se descuenta de lo que llega al bolsillo.

Ese desplazamiento tiene nombre: incidencia. Quien ingresa un impuesto en Hacienda y quien lo soporta rara vez son la misma persona. Con esa idea se leen de otro modo las nóminas, los precios y, sobre todo, los anuncios de impuestos «a la banca» o «a las energéticas». Esos impuestos acaban pagándolos en parte sus clientes y sus trabajadores.

Qué se paga y cómo se calcula

Un tributo es lo que la ley obliga a pagar a una Administración. Los hay de tres clases:

• Impuesto: se paga sin recibir nada concreto a cambio, porque uno cobra un sueldo, compra un pan o hereda un piso.
• Tasa: se paga por un servicio o por usar algo público, como una licencia de obras o la recogida de basuras.
• Contribución especial: la pagan los dueños de lo que una obra pública revaloriza, cuando el ayuntamiento les reparte parte del coste.

Los impuestos son directos si gravan lo que se gana o se tiene, como la renta o una herencia, e indirectos si gravan lo que se hace con ello: comprar, vender, importar.⁴ Todo impuesto se calcula con las mismas piezas.

• El hecho imponible es lo que la ley grava: cobrar un sueldo, hacer una reparación.
• La base imponible es su medida en euros.
• El tipo es el porcentaje que se aplica a la base, y la cuota, el resultado.
• Las deducciones restan de la cuota, y la retención adelanta una parte: es lo que quien paga un sueldo descuenta e ingresa en Hacienda por cuenta de quien lo cobra.

Un taller que cobra 100 euros por una reparación suma el impuesto sobre el valor añadido (IVA) al 21%: la cuota es de 21 y el cliente paga 121. Si el taller pagó 10 euros de IVA a sus proveedores, ingresa en Hacienda los 11 que faltan. En el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de 2025, una persona de Aragón con una base general de 23.900 euros, ya descontadas las reducciones, sale con una cuota de 4.235 euros. Es el 17,7% de su base, y va casi a partes iguales al Estado y a la comunidad. Si su empresa le hubiera retenido 4.800 euros durante el año, Hacienda le devolvería 565.⁵ El Anexo 4, «Los impuestos de un vistazo», pone cada impuesto en una fila, con quién lo cobra, quién fija su tipo y cuánto recauda.

Las cinco fuentes

Las cotizaciones sociales se pagan sobre el salario. En 2026, en un contrato indefinido, suman el 30,65% a cargo de la empresa y el 6,5% a cargo del trabajador.⁶ La empresa paga además la prima de accidentes de trabajo, que depende del riesgo del oficio. Es el 1,5% en una oficina y el 6,7% en los oficios de la construcción. La mayor parte financia las pensiones y las bajas por enfermedad; el resto, el desempleo y unos pocos fondos menores. No son un impuesto en sentido jurídico, porque dan derecho a prestaciones, sobre todo a la pensión. Pero económicamente funcionan como un impuesto sobre el trabajo.

Hay un tope de cotización. Solo se cotiza hasta 5.101 euros al mes en 2026, la llamada base máxima. También hay un suelo, la base mínima, que es de 1.424,40 euros en la mayoría de las categorías. Hasta 2024 lo que se ganaba por encima no pagaba nada. Por eso los salarios altos cotizaban proporcionalmente menos. Desde 2025 eso cambia despacio: sobre lo que excede del tope se paga una cuota de solidaridad, que sube cada año hasta 2045 y no genera pensión.⁷

El IRPF grava la renta, lo que cada persona gana en un año. Los tipos suben por tramos y hay dos escalas que se suman: una la fijan las Cortes y la otra, cada comunidad. Sumadas, el tipo marginal más alto roza el 54% en la Comunidad Valenciana.⁸ El tipo marginal es el del último euro: cada tipo grava solo la parte de la renta que cae en su tramo, no todo lo que se gana. Navarra y cada uno de los tres territorios históricos del País Vasco, por su régimen foral, regulan el impuesto entero.⁹

Esas escalas son las de la base general: sueldos, pensiones, actividades y alquileres. Los intereses, los dividendos y lo que se gana al vender acciones, fondos o un piso van a otra, la base del ahorro, con una escala propia y más baja. Sumadas sus dos mitades, va del 19% al 30% desde 2025, y las comunidades de régimen común no pueden cambiarla.¹⁰ Por eso dos personas con la misma renta pagan distinto según les venga del trabajo o del capital.

El IRPF es el único gran impuesto de verdad progresivo: cobra una proporción mayor de su renta a quien más gana. Un impuesto es regresivo cuando esa proporción baja al subir la renta, y proporcional cuando es la misma para todos. Es también el único de los grandes que el ciudadano ve entero una vez al año, y por eso ocupa casi todo el debate fiscal.

Verlo una vez al año no quiere decir pagarlo entonces. Más de nueve de cada diez euros del IRPF de 2025 entraron por las retenciones que empresas y pagadores descuentan cada mes de sueldos, pensiones y facturas. La declaración solo ajusta la cuenta: ese año dejó un saldo neto de unos 4.200 millones.¹¹ Donde no hay un pagador que retenga, como en las ventas de un comercio al público, el impuesto depende de lo que declara el propio contribuyente.

El IVA grava el consumo. Tiene un tipo general del 21% y uno reducido del 10% para la hostelería, el transporte o la vivienda. El superreducido, del 4%, se aplica al pan, la leche, la fruta o los libros. Lo ingresan las empresas y la ley lo carga al consumidor final. Como las rentas bajas consumen todo lo que ganan y las altas ahorran una parte, el IVA pesa más, en proporción a la renta, sobre quien menos tiene.

El impuesto de sociedades grava el beneficio de las empresas con un tipo general del 25%, más bajo para las pequeñas. Desde 2022, las empresas que facturan 20 millones o más y los grupos que consolidan sus cuentas pagan al menos el 15% de su base imponible, el beneficio sujeto al impuesto. Es una regla española, distinta del mínimo mundial del 15% que acordó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ese mínimo es un impuesto complementario, desde 2024, para los grupos que facturan 750 millones o más y tributan por debajo de ese tipo efectivo en algún país.¹² El de sociedades recaudó 42.266 millones en 2025, menos de un tercio de lo que recaudó el IRPF.¹³ Es el que más oscila con el ciclo económico: sube en las bonanzas y cae en las crisis.

Los impuestos especiales —hidrocarburos, tabaco, alcohol, electricidad— son estables, fáciles de cobrar y regresivos. Los demás —patrimonio (lo que se posee), sucesiones (las herencias), transmisiones patrimoniales (las compraventas de segunda mano) y el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), que cobran los ayuntamientos— pesan para quien los paga, pero cada uno recauda poco. Junto con las tasas y otros ingresos que no son impuestos, forman el bloque que la figura 49 reúne en «otros». Es en torno al 30% de todos los ingresos públicos.

La progresividad se mide en el conjunto, no en un impuesto

Para saber si los impuestos son justos no basta mirar uno solo. El IRPF es progresivo; el IVA, regresivo; las cotizaciones son proporcionales hasta el tope y regresivas por encima. Lo que importa es el tipo efectivo de cada nivel de renta: lo que paga en todos los impuestos juntos, en proporción a lo que gana.

Cuando se hace esa suma, el resultado es menos progresivo de lo que sugiere el IRPF y más de lo que sugiere el IVA. Se puede repartir toda la recaudación entre los hogares por decilas de renta (diez grupos iguales, ordenados por renta). Así repartido, el tipo medio efectivo del conjunto crece con la renta hasta el 90% de los hogares y se mantiene casi igual hasta el 99%. Cae de forma notable en el 1% más rico, que soporta en proporción menos que el resto de su propia decila.¹⁴ La razón principal, según ese estudio, es que buena parte de su renta son beneficios de sus sociedades que no se reparten. Y el IRPF no los grava mientras no se reparten. El reparto entero, con lo que recibe cada tramo de renta, lo cuenta el capítulo 4.4, sobre la factura fiscal y el retorno.

Quien discute la justicia de un impuesto aislado discute una parte pequeña de cómo se corrige la desigualdad.

El resto lo hace el gasto. Cuando el Estado reduce la desigualdad, solo el 3,7% de esa reducción viene de los impuestos, todos juntos.¹⁵ Eso no quiere decir que el IRPF no redistribuya: lo que corrige lo compensan en parte el IVA y los especiales, que pesan más sobre las rentas bajas. El grueso de la corrección lo hacen las prestaciones.

Comparar ese 3,7% con el de otros países de la OCDE pide cuidado. En esos países, un estudio de 2012 atribuye a las transferencias en torno a tres cuartas partes de la redistribución y a los impuestos directos la cuarta parte restante.¹⁶ Pero el estudio solo cuenta las transferencias monetarias y los impuestos directos, y la cifra española suma todos los impuestos y también las prestaciones en especie, como la sanidad y la educación.

La incidencia, o quién acaba pagando

La regla que decide quién soporta un impuesto es sencilla: lo acaba pagando quien menos puede esquivarlo. Si los clientes no pueden dejar de comprar ni cambiar de proveedor, el impuesto va al precio. Si el capital puede irse a otro sector o a otro país y el trabajador no puede llevarse su empleo, acaba en los salarios. La empresa invierte menos, cada trabajador cuenta con menos medios y, a medio plazo, su sueldo crece menos.

La cotización de empresa sigue esa regla: el trabajador no puede llevarse el puesto a otro país, y la empresa sí puede ajustar lo que ofrece por él.

España tiene un caso medido, el de una rebaja. En enero de 2023 el IVA del pan, la leche, los huevos, la fruta o las legumbres bajó del 4% al 0%. El de los aceites y la pasta bajó del 10% al 5%. Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024, el aceite de oliva pasó al 0% con los alimentos básicos y el de semillas y la pasta siguieron en el 5%; del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024 fueron del 2% y el 7,5%. Quien compra pan y leche no puede dejar de comprarlos. Ese IVA lo soportaba el comprador, y la rebaja era suya. El Banco de España estimó que en el primer mes llegó al precio en torno al 90% de la rebaja.¹⁷

Cuando el impuesto recae sobre una empresa —como el que pagan los bancos sobre su margen de intereses y comisiones en 2024, 2025 y 2026—, las salidas son tres: menos beneficio, precios más altos o salarios más bajos.¹⁸ La proporción depende de quién tenga menos alternativas. Rara vez se queda entero en el beneficio.

La incidencia no dice si los impuestos a las empresas son buenos o malos. Dice que tras la frase «que lo paguen los bancos» queda una pregunta abierta: qué parte pagan los bancos y qué parte sus clientes y sus empleados.

Presión fiscal y esfuerzo fiscal

Saber si en España se paga mucho o poco exige comparar con otros países. Para eso circulan dos medidas. La presión fiscal es lo que recaudan todas las administraciones en impuestos y cotizaciones, dividido por el producto interior bruto (PIB). El PIB es el valor de lo que produce el país en un año. En España fue del 37,3% en 2024, frente al 40,3% de la Unión Europea (UE) y el 40,8% de la zona euro.¹⁹

El esfuerzo fiscal divide esa presión por la renta por habitante, para medir cuánto pesa sobre una renta más baja. Con ese ajuste España sube en la comparación. Lo mide un índice del Instituto de Estudios Económicos, una asociación financiada sobre todo por las empresas que la integran. Ese índice sitúa el esfuerzo de España un 14% por encima de la media europea.²⁰

La discusión sobre el esfuerzo fiscal viene de su fórmula. Como la renta va en el denominador, el esfuerzo sube solo porque el país es más pobre, aunque nadie pague más. Por eso sus críticos lo consideran un artefacto, y ninguna estadística oficial lo publica.²¹ Quien quiere argumentar que en España se pagan pocos impuestos cita la presión fiscal; quien quiere argumentar que se pagan muchos cita el esfuerzo fiscal.

La economía sumergida y el fraude

Las dos medidas cuentan lo que se recauda, no lo que se debería recaudar. La distancia entre una cosa y otra empieza por la economía sumergida. Su tamaño es un abanico: las estimaciones que circulan van del 11,2% al 24,6% del PIB según el método. Con unas, España queda por encima de la media europea y con otras, por debajo. El capítulo 6.3, sobre empresas, autónomos y economía sumergida, lo cuenta.

Lo que sí se mide es una pieza: cuánto IVA se pierde, por fraude, evasión o impago, respecto al que debería recaudarse. Esa brecha de cumplimiento fue en España del 7,6% en 2023, por debajo del 9,5% de la Unión.²² Y se sabe dónde se concentra el trabajo sin declarar. La Inspección de Trabajo afloró 92.600 empleos en 2024. La hostelería volvió a ser el sector con más empleo no declarado detectado, por delante de los servicios y el comercio.²³

Estos datos no dicen cómo se reparte el fraude, en euros, entre las rentas altas y los pequeños negocios. En las rentas altas pesa además la elusión, que reduce el impuesto con medios legales. Fraude y elusión son problemas distintos. Contra el fraude sirve la inspección; contra la elusión, cambiar la ley.

Lo que el Estado decide no cobrar

Junto al fraude y la elusión hay una tercera forma de no recaudar, y esta la decide el propio Estado: renunciar a cobrar a propósito. Son los beneficios fiscales: las exenciones, los tipos reducidos y las deducciones que crea la ley. Un beneficio fiscal es una política pública que, en vez de gastar dinero, deja de cobrarlo. Entre ellos están:

• el tipo superreducido del pan y de los libros;
• la reducción por aportar a un plan de pensiones;
• los restos de la deducción por vivienda;
• el régimen de las entidades sin fin de lucro.

Los beneficios fiscales tienen presupuesto propio, que acompaña cada año a los Presupuestos Generales del Estado y cifra lo que costará cada uno. El último aprobado, el de 2023, sumaba más de 45.000 millones.²⁴ No hay otro más reciente porque 2026 es el tercer ejercicio seguido de prórroga. Se repiten las cuentas del año anterior, como cuenta el capítulo siguiente, sobre el gasto público. Con las Cortes disueltas, 2027 será el cuarto. Una partida de ese tamaño lleva tres años sin pasar por el Congreso.

La diferencia práctica entre un beneficio fiscal y un gasto es que el gasto figura en el presupuesto como un crédito que se vota, y el beneficio, una vez en la ley, sigue aplicándose sin votación aunque su coste se estime cada año.

El caso más discutido es el de la Iglesia católica, cuyo marco cuenta el capítulo 8.7, sobre creencias y Estado. El acuerdo económico con la Santa Sede de 1979 le da dos cosas, y solo una es un beneficio fiscal: las exenciones, entre ellas la del IBI.²⁵

Una ley de 2002 da también esas exenciones a las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las demás confesiones con acuerdo.²⁶ Lo que distingue a la Iglesia es el tamaño de su patrimonio y que su exención del IBI nace de un tratado internacional.²⁷ Una ley de las Cortes no puede cambiar ese tratado por sí sola. Lo que cuesta esa exención no figura en el presupuesto de beneficios fiscales ni en ninguna estadística oficial, porque los ayuntamientos no liquidan lo exento. Se podría calcular: el Catastro tiene los valores y los titulares.

La otra cosa que da el acuerdo es la asignación tributaria, la casilla del 0,7% en la declaración de la renta. Reparte impuesto ya pagado y no cambia lo que paga quien la marca. El acuerdo preveía sustituir esa asignación cuando la Iglesia lograra «por sí misma los recursos suficientes».²⁸ No se ha sustituido. Según los datos provisionales de Hacienda que difundió la Conferencia Episcopal, en la campaña de 2025 la casilla le dio casi 430 millones.²⁹ Es un 12% más que el año anterior y unos tres de cada mil euros de lo que recaudó el IRPF.

Diecinueve sistemas dentro del sistema

Las comunidades tienen capacidad normativa, es decir, pueden cambiar las reglas, sobre el tramo autonómico del IRPF y sobre patrimonio, sucesiones y transmisiones. Lo explica el capítulo 3.2, sobre la financiación autonómica. El resultado es que la misma herencia puede tributar casi nada en una comunidad y mucho en otra. En el ejemplo del Consejo General de Economistas, un soltero de 30 años que hereda de su padre 800.000 euros, 200.000 de ellos en la vivienda, paga en Asturias unos 103.000 euros más que en Baleares, Galicia, Cantabria o Andalucía.³⁰ Navarra y cada uno de los tres territorios históricos del País Vasco, por su régimen foral, tienen un sistema propio: con las quince comunidades de régimen común, son diecinueve.

El mapa de 2026 del impuesto de sucesiones tiene tres zonas principales y un caso aparte. La mayoría de las comunidades bonifica, es decir, rebaja, el 99% o más de la cuota de los hijos. Aragón exime los primeros 500.000 euros y Asturias los primeros 300.000, y aplican la tarifa entera al resto. Cataluña aplica a los hijos adultos una bonificación que baja del 60% al 0% según la herencia crece. Castilla-La Mancha queda aparte: en la herencia de 800.000 euros bonifica el 80%.³¹

Esa diferencia entre comunidades ha producido un debate sobre competencia fiscal. La pregunta es si una comunidad que bonifica atrae contribuyentes y obliga a las demás a seguirla, o si simplemente ejerce la autonomía que la ley le da. Las dos cosas son ciertas, y una parte está medida.

Cuando las comunidades pudieron fijar su tramo del IRPF, los contribuyentes de renta alta se movieron hacia las que bajaban tipos. Aun así, las que subían recaudaron más de lo que perdieron por la migración.³² Con el impuesto de patrimonio hay algo más: quien cambia de residencia se lleva a la nueva comunidad también el tramo autonómico de su IRPF. Por eso la mudanza hacia Madrid, que no cobraba patrimonio, les cuesta a las demás comunidades seis veces más en IRPF que en patrimonio.³³

El Estado respondió en 2022 con un impuesto «de solidaridad» sobre las grandes fortunas que neutraliza la bonificación autonómica de patrimonio: lo que la comunidad perdona lo cobra el Estado. El Tribunal Constitucional lo avaló en 2023 y ese mismo diciembre el impuesto se hizo indefinido. Las comunidades respondieron cambiando su impuesto de patrimonio para que el contribuyente pague lo mismo, pero a la comunidad. Lo hicieron enseguida Madrid y Andalucía, y después Cantabria, Murcia y La Rioja.

La recaudación estatal pasó de 623 millones en 2023 a 37 en 2024 y a casi 19 en 2025.³⁴ El impuesto estatal quedó reducido a un suelo, un mínimo de tributación que ya recauda muy poco. Y queda abierta la pregunta que recoge el debate de más abajo: para qué ceder un impuesto si el Estado puede anular la cesión, o para qué cederlo si la comunidad puede vaciarlo.

La primera causa está en el origen: el sistema fiscal moderno tiene fecha, 1977. La ley de medidas urgentes de reforma fiscal, de noviembre de aquel año, salió de los Pactos de la Moncloa.³⁵ Había un consenso: un país democrático necesitaba una hacienda capaz de financiar servicios públicos. El IRPF llegó con la ley de septiembre de 1978. El IVA entró en vigor el 1 de enero de 1986, con la entrada en la Comunidad Europea.

La segunda causa es el peso de las cotizaciones: las pensiones se financian con ellas desde su origen. Como el gasto en pensiones no ha dejado de crecer, las cotizaciones han crecido con él. Ningún gobierno ha querido pasar el coste de las pensiones a los impuestos generales de forma visible. La cotización tiene una legitimidad que el impuesto no tiene: se percibe como un ahorro propio.

Y aun así ese traslado a los impuestos se ha hecho poco a poco, por una vía menos visible que subir un impuesto. En 1995 el Pacto de Toledo, el acuerdo parlamentario que cuenta el capítulo 7.1, sobre las pensiones, pidió pagar las contributivas con cotizaciones y el resto con impuestos. Desde entonces el Estado transfiere cada vez más a la Seguridad Social: unos 48.000 millones en 2025, un 11% más que el año anterior.³⁶ Con todo, el sistema cerró el año con un déficit de unos 7.400 millones.

La tercera causa es que unos impuestos se ven y otros no. Los que se ven son los que se bajan en campaña y los que concentran la discusión. Los que no se ven son los que sostienen el sistema y los que se suben sin anunciarlo.

La subida de impuestos más silenciosa consiste en no tocar nada. La tarifa del IRPF no se actualiza con la inflación, así que cada subida de sueldo que solo compensa los precios tributa a un tipo mayor. Ese efecto, la progresividad en frío, aportó unos 2.300 millones adicionales en 2025, casi a partes iguales entre el Estado y las comunidades.³⁷

Un sistema fiscal se diseña pensando en que recaude bien y también en cómo lo verán los votantes. Las tres causas apuntan en la misma dirección. En España, cuando las dos cosas chocaron, pesó más la segunda.