Clima y compromisos internacionales
Lo que obliga a España en el clima es el reglamento europeo que fija una cifra, un año y una consecuencia si no se cumple. Obliga más que el Acuerdo de París y prima sobre la ley española. La transición que más había avanzado era la eléctrica, y en 2025, tras el apagón de abril, retrocedió un poco.
¿Está España cumpliendo el Acuerdo de París?
El 28 de abril de 2025 la península se quedó sin electricidad durante horas. Para asegurar el sistema, en los meses siguientes se quemó más gas. Las emisiones españolas, que desde 2023 estaban por debajo de las de 1990, subieron en 2025. En esa subida pesó más el transporte que la electricidad.
La pregunta habitual en las cumbres del clima es si España está cumpliendo el Acuerdo de París. No tiene respuesta, porque el Acuerdo de 2015 no impone a nadie una cifra. Cada parte presenta su propia contribución y la renueva cada cinco años. Cada nueva tiene que suponer un avance sobre la anterior. Rinde cuentas de ella, sin sanción.1 España ni siquiera presenta la suya: la presenta la Unión Europea en nombre de todos sus Estados miembros.2
Lo que obliga a España es otra cosa: un reglamento europeo. Le exige reducir en 2030 un 37,7% respecto a 2005 las emisiones de los sectores difusos: el coche, la casa, la granja, los residuos y la pequeña industria. Hay un tope para cada año y un recargo para lo que se pase. Con las medidas que había en 2023, las proyecciones daban a España una bajada del 29% en 2030.3 Con las medidas adicionales, la bajada era del 45%.
El gas del apagón no cuenta en ese objetivo. Las centrales eléctricas van por otra vía, el mercado europeo de emisiones. El transporte sí cuenta: es el sector que más pesa y también subió en 2025.
Tres capas de obligación
La primera capa es París, un tratado internacional. Obliga a presentar objetivos, a informar de ellos y a revisarlos, sin sanción para quien no los alcanza. Su fuerza es la reputación y un proceso en el que todos se miran. La Unión se comprometió en 2015 a reducir sus emisiones al menos un 40% en 2030 respecto a 1990. Lo subió al 55% en 2020 y en 2025 presentó para 2035 una horquilla de entre el 66,25% y el 72,5%.
La segunda es la europea, la que vincula. En 2021 la Unión convirtió su compromiso en una ley europea del clima. Fija la neutralidad climática en 2050, es decir, no emitir más de lo que se absorbe. Y hace del 55% en 2030 una obligación jurídica. En marzo de 2026 le añadió un objetivo intermedio: 90% menos en 2040.4 Para cumplir esos objetivos usa dos bloques.
El primero es el mercado de derechos de emisión. Cubre en torno al 40% de las emisiones de la Unión. Son las de las centrales eléctricas, la industria pesada, la aviación y, desde 2024, el transporte marítimo. La Unión fija cuántas toneladas se pueden emitir en total. Las empresas compran el derecho a emitirlas. En 2025 y 2026 el precio ha ido de unos sesenta a unos noventa euros por tonelada. En ese mercado no hay objetivo nacional, porque el techo es europeo.
El segundo bloque es el 60% restante, más o menos. Se reparte entre los países con el reglamento de reparto del esfuerzo. Cubre el transporte por carretera, los edificios, la agricultura, los residuos y la pequeña industria. Son los sectores difusos, porque emiten millones de fuentes pequeñas y no unas pocas chimeneas.5 En España pesan todavía más, porque las centrales ya emiten poco. En 2023 la electricidad y la industria, aun contada entera, sumaban unos 85 de los 270 millones de toneladas (figura 130).
El reglamento asigna a España una reducción del 37,7% en 2030 respecto a 2005.6 Le pone un tope de emisiones para cada año. Tiene cierto margen para pasar sobrantes de un año a otro o comprarlos a otro país de la Unión. Si se pasa, el exceso se le suma al año siguiente con un recargo del 8%.7 La Comisión comprobará el cumplimiento dos veces. Lo hará en 2027 para los años 2021 a 2025 y en 2032 para los años 2026 a 2030.
Las directivas y los reglamentos traducen los objetivos en normas concretas. Van desde la eficiencia de los edificios hasta las renovables o el calendario de los coches. La Comisión vigila que se cumplan. Puede llevar a un Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como cuenta el capítulo 3.4, sobre la Unión Europea.
El reglamento de 2026 que fijó el 90% para 2040 prevé que al menos 85 de esos 90 puntos se logren dentro de la Unión. Para los otros 5, encarga a la Comisión que sus propuestas dejen cubrirlos, a partir de 2036, con créditos internacionales. Son reducciones hechas en otros países y pagadas desde la Unión. Es una grieta en la capa europea, aunque no la primera. El mercado europeo de emisiones admitió créditos de fuera hasta 2020, y España cumplió Kioto con créditos de carbono.8
La tercera es la española: una ley de cambio climático de 2021, aprobada con una mayoría amplia.9 Fija, entre otros, tres mínimos. Hay que reducir un 23% las emisiones en 2030 respecto a 1990 y llegar a un 74% de electricidad renovable. Y hay que alcanzar la neutralidad antes de 2050. Un plan nacional de energía y clima, el de 2023-2030, sube esos objetivos a un 32% menos de emisiones y un 81% de electricidad renovable. Y detalla las medidas.
El 32% se mide sobre todas las emisiones y respecto a 1990. No se compara sin más con el 37,7% europeo, que se mide respecto a 2005 y solo en los sectores difusos. En esos sectores, el plan se propone bajar algo más de un 40%, por encima de lo obligado.10 La ley española es la única de las tres capas que se puede cambiar en Madrid. Sus objetivos no tienen sanción, y su cumplimiento depende de cada gobierno.
Ese diseño tiene una consecuencia práctica. Un objetivo climático que anuncia un gobierno español significa cosas distintas según la capa. Si es el europeo, no lo puede rebajar sin incumplir un reglamento. Si es el propio, el Consejo de Ministros solo puede subirlo; bajarlo exige otra ley.11 Con el plan de 2023 subió los objetivos de la ley.
Y «salirse de la transición» también depende de la capa. De París se puede salir con un año de preaviso, como ha hecho Estados Unidos, cuya salida de 2025 tuvo efecto el 27 de enero de 2026.12 Del mercado de emisiones y del reglamento de reparto no se puede salir sin salir de la Unión.
La capa que obliga prevé que una parte del objetivo de 2040 pueda comprarse a otros países en lugar de reducirse dentro, si así lo recogen las propuestas que la Comisión debe presentar.
De dónde salen las emisiones, y el año en que dejaron de bajar
España emitía en 1990 en torno a doscientos ochenta y cinco millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Llegó a más de cuatrocientas cuarenta en 2007, justo antes de la crisis. La caída posterior de las emisiones tiene dos causas principales.
La primera fue la crisis, que redujo la actividad entre 2008 y 2013. La segunda es la electricidad. Ha pasado de emitir una cuarta parte del total a cerca de un décimo, al cambiar el carbón y parte del gas por eólica y solar. Es la transición que más ha avanzado. En la electricidad, una decisión de inversión, como cerrar una central o instalar un parque, mueve las emisiones. En el transporte, las mueven millones de decisiones.
En 2023 las emisiones bajaron un 7,7% y quedaron por debajo de las de 1990, como solo había pasado en 2020, con la pandemia de por medio.13 En 2024 siguieron bajando. Y en 2025 la serie se dio la vuelta. En 2025 las emisiones españolas subieron un 1,1%, según el avance del inventario del Ministerio.14 Dejaron al país apenas un 4,8% por debajo de 1990. Queda muy lejos del 32% que su propio plan fija para 2030.
Hay dos recuentos hechos fuera del Ministerio. Uno es el del Observatorio de Sostenibilidad. El otro es el del centro científico de la Comisión Europea, que calcula todos los países con el mismo método. Los dos dan también subida. Europa se estancó a la vez: la Unión en su conjunto bajó un 0,2% ese año y Alemania, un 0,1%. El avance del inventario señala dos subidas. La electricidad subió un 5,5% por el gas, y el transporte, un 2,4%. En toneladas pesa más el transporte: unos 2,2 millones más, frente a unos 1,4 de la electricidad. La subida del gas empieza con el apagón.
De izquierda a derecha en cada barra: electricidad, transporte, industria, agricultura, edificios y residuos. El largo total es la emisión del año.
MITECO, Inventario Nacional de Emisiones (hasta 2023) y avance de 2025. Cifras redondeadas.
El apagón y su factura en emisiones
El capítulo 6.5, sobre energía, cuenta el apagón. Entre sus causas estuvo un control de la tensión insuficiente. Esa función la daban sobre todo las centrales convencionales, como las de gas. Era un sistema con mucha electrónica de potencia, poca inercia y una regulación de red que no se había actualizado.15
Para asegurar el sistema mientras se reforzaba, Red Eléctrica, el operador del sistema, programó más ciclos combinados, las centrales de gas. Regulan la tensión, pero emiten más. Entre mayo y octubre de 2025 las centrales de gas produjeron más de un tercio más que un año antes.16 Los ciclos combinados cerraron 2025 con el 16,8% de la electricidad producida.
El precio de la electricidad también subió. El del mercado mayorista lo hizo en 2025 un 3,6% de media. El precio final subió un 9,4%.17 Añade los servicios de ajuste, entre ellos lo que cobran las centrales que Red Eléctrica programa por seguridad. Cuánto de esa subida se debe al refuerzo del sistema y cuánto a otras causas está en discusión. La transición eléctrica, la que más había avanzado, retrocedió en 2025, y con ella la curva de emisiones.
La red, que es el límite de todo lo demás
Lo que queda de transición es más difícil, y casi todo depende de la red eléctrica. El transporte es el primer sector, con en torno a un tercio de las emisiones. En 2024 el 93% de esas emisiones salió de la carretera.18 En 2024 emitía un 54% más que en 1990 (figura 130).19 Subió hasta 2007, bajó con la crisis y sigue por encima del nivel de 1990. El coche eléctrico puro fue menos de una de cada diez ventas en 2025.
La industria es la segunda, con algo menos de un quinto. Sus procesos (cemento, acero, refino, química) son más difíciles de electrificar. La agricultura y la ganadería son la tercera, con algo más de una décima parte, por el metano del ganado y los abonos. Los edificios, con la calefacción de gas y gasóleo, y los residuos son el resto.
Descarbonizar el transporte, los edificios y buena parte de la industria significa electrificarlos. Y ahí aparece el cuello de botella. La red eléctrica tiene dos pisos. La de transporte, que no tiene que ver con el sector del mismo nombre, son las líneas de alta tensión. Llevan la electricidad de las centrales a las ciudades. La de distribución es la de media y baja tensión que llega a cada calle.
Cada punto de la red donde se puede enganchar un consumo nuevo es un nudo. Según BBVA Research, el servicio de estudios del banco BBVA, con los mapas de capacidad de finales de 2025, la red de distribución española estaba saturada.20 El 88% de sus nudos tiene menos de un megavatio de capacidad disponible. Con su supuesto de cinco kilovatios por vivienda, un megavatio da para unas doscientas.
La red de transporte es, con alguna excepción que autoriza el Ministerio, de Red Eléctrica. La planifica el Gobierno, con una planificación vinculante que pasa antes por el Congreso.21 La de distribución, la de los nudos saturados, la tienen las empresas distribuidoras. Las dos cobran en el recibo lo que invierten, con un techo. Lo que pueden invertir cada año y cobrar después es un porcentaje fijo del producto interior bruto. Ese techo se fijó en 2013. En julio de 2026 el Gobierno dio ese techo por insuficiente y permitió invertir unos dieciocho mil millones más hasta 2030.22
Red Eléctrica es también quien dirige el sistema. Pertenece al grupo Redeia, que cotiza en bolsa. La sociedad estatal de participaciones industriales tiene el 20% del capital, sin poder bajar del 10%, y nombra a tres de los doce consejeros.23 Las participadas del Estado son el tema del capítulo 2.9, sobre el Estado empresario.
El atasco de la red tiene también el sentido contrario, el de la producción, y ahí hay dos cosas distintas. A veces la red no puede sacar lo que producen los parques. Esa energía se pierde por restricciones técnicas: se «vierte», en la jerga del sector. Otra cosa es el vertido por precio. A las horas de mucho sol sobra producción, el precio puede caer a cero y a los parques no les compensa producir.
La patronal del sector suma los dos. Es la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), con cerca de quinientas compañías. Según sus cálculos, en 2024 se perdió más del 8% de la producción eólica y solar, unos 6,5 puntos por precio y casi 2 por la red. A finales de octubre de 2025 avisó de que ese año se duplicaba. Red Eléctrica cuenta solo el vertido técnico, la renovable que la red no pudo integrar: unos 2.900 GWh en 2025 en la península, según sus datos que recoge APPA.24 Baterías y consumos que se pueden mover a esas horas reducirían el vertido por precio. En el mismo año en que se quemó más gas, se tiró renovable.
La saturación de la red ya se nota fuera del debate climático. Según BBVA Research, más de ochenta mil viviendas previstas dependen de infraestructura eléctrica que aún no existe. Ampliar la red para un desarrollo urbano grande lleva entre cinco y ocho años. Hay que sumar el plan, los permisos, la evaluación ambiental, el suelo y la obra. En Madrid, los nudos disponibles dan para menos de un tercio de las viviendas proyectadas.
Acelerar la transición y frenarla chocan con la misma red. Quien quiera ir deprisa tiene que construir red antes que nada. La red de un desarrollo grande tarda años y la pagan los peajes, la parte del recibo de la luz que retribuye las redes. Quien quiera ir despacio tiene el mismo problema, porque la red saturada también frena las casas nuevas.
Cuánto cuesta y quién lo paga
El plan de energía y clima calcula unas inversiones de en torno a trescientos mil millones de euros entre 2021 y 2030. Cuatro quintas partes son privadas: parques, redes, coches, reformas de edificios. El resto es público. La mayor parte de él, el 13% del total, se paga con los fondos europeos de recuperación.25
Repartida en el tiempo, esa inversión son unos treinta mil millones al año durante una década. Una parte puede sustituir inversiones que se harían de todos modos, porque el coche, la caldera o la central se renuevan igual. Lo que el plan no dice es quién lo soporta en último término, y ahí hay tres bolsillos.
El primero es el consumidor de energía. Paga en la factura del capítulo 6.5, sobre energía, los peajes y cargos. Son las redes y otros costes del sistema, entre ellos las primas de las renovables antiguas. Desde 2028, tras el aplazamiento acordado en 2026, pagará además el precio de un segundo mercado europeo de emisiones. Cubre los combustibles de calefacción y de transporte, y encarecerá la gasolina y el gas.
El segundo es el contribuyente, que paga las ayudas públicas al coche eléctrico, a la rehabilitación y a la industria. Una parte de ese gasto se compensa con los ingresos de las subastas de derechos de emisión. La ley española los destina a la lucha contra el cambio climático y a la transición energética. Al menos 450 millones al año van a los costes del sistema eléctrico ligados a las renovables.26
Y el tercero es el fondo social por el clima europeo. Pagará ayudas a los hogares, las microempresas y los usuarios del transporte vulnerables. En el reparto por países, a España le corresponde en torno a un décimo del fondo.27
El precio del carbono solo es progresivo si el fondo llega. Progresivo quiere decir que pesa más, en proporción, sobre quien más tiene. El propio reglamento del fondo lo reconoce: el aumento del precio de los combustibles fósiles puede afectar de forma desproporcionada a los hogares vulnerables. Esos hogares gastan una mayor parte de sus ingresos en energía y transporte y a veces no tienen alternativas de movilidad.28
Adaptación: lo que ya no se puede evitar
Una parte del calentamiento ya no se puede evitar, y hay que adaptarse a él. España se ha calentado casi un grado y ocho décimas desde 1961, y el efecto ya se ve:
- El calor.29 Los veranos de 2022 y 2025 fueron los dos más cálidos desde 1961, y las muertes atribuidas al calor en 2022 rondaron las cuatro mil setecientas según el sistema de vigilancia del Instituto de Salud Carlos III, y unas once mil trescientas según un estudio europeo con otro método.30 Con aviso naranja o rojo, la empresa está obligada a adaptar el trabajo al aire libre, también reduciendo la jornada, si las demás medidas no bastan.31
- La sequía. La que empezó en 2022 llevó a Cataluña a aprobar en 2023 medidas extraordinarias por una «sequía excepcional» y a declarar en febrero de 2024 la emergencia en el sistema Ter-Llobregat, con 202 municipios.3233 Las sequías tienen procedimiento propio: cada cuenca tiene un plan especial de sequía, que se activa al declararse la alerta, y en una sequía extraordinaria el Gobierno puede limitar por decreto el uso del agua, aunque esté concedida.34
- El fuego. En 2025 ardieron unas cuatrocientas mil hectáreas según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), y unas 355.000 según la estadística del Ministerio. En ambas es el peor registro desde 1994. En 2022 ardieron unas trescientas siete mil, el máximo anterior de la serie europea.35
- Las inundaciones. Con el calentamiento, las lluvias extremas son más intensas, y eso agrava las inundaciones repentinas por lluvia.36
El plan nacional de adaptación, aprobado en 2020, define dieciocho ámbitos de trabajo, del agua y la costa a la agricultura, los bosques y las ciudades. No fija un presupuesto propio. Lo deja a los presupuestos de cada departamento, a los fondos europeos y a un programa que se nutre de las subastas de derechos de emisión.37 La tarea se reparte entre tres niveles. El Estado se ocupa de la costa y de las aguas de las cuencas que cruzan varias comunidades. Las comunidades gestionan los montes y legislan sobre urbanismo y ordenación del territorio. Los ayuntamientos hacen su planeamiento dentro de esas leyes.38
La adaptación tiene dos rasgos que la distinguen de la reducción de emisiones. El primero es que Europa obliga a planificarla, pero no a cumplir una cifra. La ley europea del clima exige a cada Estado una estrategia y planes de adaptación. La directiva de inundaciones exige los mapas de riesgo. Ninguna de esas normas fija cuánto hay que adaptar ni castiga adaptar poco.39 El segundo es que su coste lo paga el territorio que sufre el daño, haya contaminado o no.
La inundación la cubre el Consorcio de Compensación de Seguros (capítulo 8.5, sobre emergencias), pero solo a quien tenía seguro. La cosecha no: la excluye. La pérdida por un accidente del clima la paga, a quien lo contrató, el seguro agrario combinado, cuya prima subvenciona el Estado (capítulo 6.7, sobre el campo).40 Y el daño al que hay que adaptarse depende de las emisiones de todos los países, no solo de las españolas.
El medio ambiente que se toca: aire, residuos y ruido
El aire, la basura y el ruido siguen el esquema de la capa europea, más cerca de casa. La obligación viene de Europa, y quien tiene que actuar en las ciudades es el ayuntamiento.
Del aire, los valores límite los fija la Unión y los traslada un real decreto de 2011.41 La directiva de 2024 los acerca desde 2030 a lo que pide la Organización Mundial de la Salud. El límite anual de dióxido de nitrógeno, el gas del tráfico, baja de 40 a 20 microgramos por metro cúbico.42 Las zonas de bajas emisiones del capítulo 8.2, sobre tráfico, son una de las herramientas de los ayuntamientos contra esa contaminación.
Los residuos tienen detrás un objetivo europeo de reciclar el 55% de los residuos municipales en 2025. España reciclaba en 2024 en torno al 42%, sin contar la reutilización.43 Para acercarse, una ley de 2022 dio a los ayuntamientos hasta abril de 2025 para cobrar la basura con una tasa que cubra el coste real del servicio.44 La misma ley les obliga a recoger aparte los restos de comida y de jardín, con plazos que vencieron en 2022 y 2023 según su tamaño. Desde el final de 2024 deben recoger aparte también los textiles, el aceite de cocina, los muebles y los residuos domésticos peligrosos. Además creó un impuesto estatal sobre lo que acaba en vertedero o se incinera, que encarece lo que no se separa.45
El ruido lo regula una ley de 2003, que traslada una directiva europea. Obliga a las ciudades grandes a hacer mapas de ruido y planes de acción. La idea de que España es el segundo país más ruidoso del mundo es anterior a esos mapas. Se atribuye unas veces a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otras a la Organización Mundial de la Salud, sin un documento que la sostenga.46
La política climática es sobre todo europea porque el problema no tiene frontera. Además, el primer compromiso, el de Kioto, se negoció en bloque. En 1997 la Unión se comprometió a una reducción conjunta y la repartió por dentro. A España le permitió aumentar sus emisiones un 15% respecto a 1990 en 2008-2012.47 En 2007 llegó a superar 1990 en más de un 50%. En esos cinco años emitió de media un 23,7% más que el año base. Para cumplir, su plan preveía comprar créditos de carbono por el equivalente a un 20% del año base. Cumplir le costó pagar fuera lo que no se hizo dentro.
La Unión construyó desde 2005 el mercado de emisiones y desde 2009 el reparto del esfuerzo. España, que en 2007 emitía un 56% más que en 1990 con un margen del 15%, bajó casi un 40% hasta 2023, con la crisis y las renovables. La ley española de 2021 llegó después que las de otros países. El Reino Unido y Francia la tenían desde 2008 y 2019.48 Llegó cuando la electricidad ya había avanzado y los fondos europeos ofrecían dinero para seguir.
El atasco de la red tiene, al menos, dos factores. Uno es de plazos. Ampliar la red para un desarrollo urbano grande lleva mucho más que instalar un parque, y la generación nueva fue por delante. El otro es de dinero. Lo que las redes pueden cobrar cada año por invertir tiene desde 2013 un techo que el Gobierno ha dado por insuficiente. El sistema quedó con mucha generación nueva y poca red nueva.
La exposición al clima, en cambio, es geografía. España encabeza la lista europea de desertificación. Algo más de la mitad del territorio está en condiciones de desertificación según la medición común del centro científico de la Comisión.49 La estrategia española, aprobada en 2022, eleva al 74% el que considera susceptible de desertificarse. Tiene además un litoral de unos ocho mil kilómetros y un régimen de lluvias históricamente irregular.
Y queda la asimetría de fondo. La política de reducción es europea, con dinero y vigilancia. La de adaptación obliga a planificar, sin cifra ni presupuesto propio, y se reparte entre tres niveles de gobierno. Es la asimetría del capítulo «Un ejemplo: ¿De quién depende?», en la introducción: quien fija el objetivo no gestiona el territorio.
| Emisiones de gases de efecto invernadero | ~270 Mt CO₂eq (2025) | 1990: ~285 · 2007: ~444 |
| Variación de las emisiones en 2025 | +1,1% | Avance oficial: 270,74 Mt CO₂eq; −4,8% respecto a 1990, y el objetivo del plan para 2030 es −32% |
| Objetivo europeo que obliga a España (reparto del esfuerzo, 2030) | −37,7% respecto a 2005 | Sectores difusos, fuera del mercado de emisiones; las proyecciones de 2023 daban −29% con las medidas vigentes y −45% con las adicionales |
| Objetivo europeo intermedio de 2040 | −90% respecto a 1990 | Reglamento (UE) 2026/667; previsto: al menos 85 puntos dentro de la Unión Europea y hasta 5 en créditos internacionales desde 2036, si lo recogen las propuestas de la Comisión |
| Objetivo de la ley española (2030) | −23% respecto a 1990 | El plan de 2023 lo eleva al −32%; en los sectores difusos, más del −40% respecto a 2005 |
| Precio del derecho de emisión | ~60-90 € por tonelada | Media de 2025: ~74 €; segundo mercado, el de los combustibles, desde 2028 |
| Emisiones por sector | Transporte ~34% · industria ~17% · agricultura ~12% (2025) | La electricidad, ~10%: unos 26 Mt en 2024, mínimo de la serie |
| Electricidad renovable | 55,5% en 2025 | Objetivo del plan: 81% en 2030 |
| Precio medio del mercado eléctrico | 65,28 €/MWh de media en 2025 | Un 3,6% más que en 2024; el precio final, con los servicios de ajuste, 83,45 (+9,4%) |
| Nudos de la red de distribución con menos de 1 MW libre | 88% | 1 MW abastece a unas 200 viviendas (5 kW cada una) |
| Renovable vertida en 2025 | ~2.900 GWh por límites técnicos | Península, datos de Red Eléctrica que recoge APPA; con los vertidos por precio, más del 8% de la eólica y la solar en 2024, según la patronal |
| Coche eléctrico puro en las ventas | 8,85% en 2025 | 101.427 unidades; diciembre cerró en torno al 11% |
| Inversiones previstas del plan de energía y clima 2021-2030 | 308.000 M€ hasta 2030 | El 82% privada; 37% a renovables y 17% a redes |
| Calentamiento en España desde 1961 | +1,75 °C | Agencia Estatal de Meteorología (AEMET): 1,75 °C entre 1961 y 2025 |
| Territorio en riesgo de desertificación | 53% en condiciones de desertificación · 74% susceptible | Dos medidas distintas: el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea y la estrategia española |
La Unión reparte el esfuerzo por renta. Los países ricos —Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Luxemburgo— tienen objetivos de reducción de hasta el 50% en los sectores difusos. Los pobres —Bulgaria, Rumanía, Polonia—, de entre el 10% y el 20%. España, con el 37,7%, está en la mitad alta, algo por debajo de Francia e Italia.
En emisiones por habitante, con el mismo método, el del centro científico de la Comisión, España emitió en 2025 unas 6,3 toneladas, frente a 7,1 de media en la Unión.50 El inventario español da unas cinco toneladas y media, pero no es comparable con la media europea.
En electricidad renovable, España estaba en 2024 por encima de la media de la Unión, pero lejos de Austria, Suecia y Dinamarca y por detrás de Portugal.51 En coche eléctrico puro vendió en 2025 la mitad que la media de la Unión.52 Fue el 8,85% de los turismos nuevos, frente al 17,4%, según las asociaciones de fabricantes, la española (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC) y la europea (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, ACEA).
El segundo mercado de emisiones europeo ya tiene precedente. Alemania pone precio al carbono sobre la calefacción y los combustibles de transporte desde el 1 de enero de 2021, y Austria desde 2022.53 El precio alemán empezó en 25 euros por tonelada, fue de 55 en 2025 y en 2026 se subasta entre 55 y 65. El impuesto francés sobre el carbono de los carburantes es anterior, de 2014, y su subida se congeló tras la crisis de los chalecos amarillos de 2018.54
En exposición, la Agencia Europea de Medio Ambiente señala el sur de Europa, del que España forma parte, como una región especialmente expuesta.55 Sus riesgos más urgentes son el fuego y los efectos del calor y de la escasez de agua.
En el ritmo, la Unión ha retrasado un año el segundo mercado de emisiones. La Comisión propuso además rebajar del 100% al 90% la reducción exigida a los coches nuevos de 2035. El resto se compensaría con acero europeo bajo en emisiones y combustibles renovables o sintéticos. Mientras no se apruebe, el reglamento vigente sigue exigiendo el 100%.56 El Gobierno español defiende mantener el ritmo: «España no se va a bajar del coche eléctrico», dijo el presidente en diciembre de 2025.57 Su argumento es que en tres décadas el país ha pasado a generar con renovables la mayoría de su electricidad. Si ha podido eso, puede lograr que en 2050 casi todos los vehículos sean eléctricos.
¿Va Europa demasiado deprisa en la transición?
La industria europea paga la electricidad entre dos y tres veces más cara que la de Estados Unidos y China.58 Las normas de 2035 para los coches y el segundo mercado de emisiones cargan sobre hogares y empresas un coste que otros competidores no tienen en la misma medida. Y las emisiones europeas son menos de un décimo del total mundial. Reducirlas más deprisa no basta para cambiar el clima si China e India no lo hacen.
El coste de la inacción supera al de la acción en buena parte de los cálculos publicados. La electricidad renovable nueva suele ser ya más barata que la fósil. Cuatro quintas partes de la capacidad renovable que se añadió en 2023 costaron menos que sus alternativas fósiles. Entre septiembre de 2021 y mediados de 2023, los gobiernos europeos destinaron 651.000 millones de euros a proteger a los consumidores de la crisis energética, 540.000 millones los de la Unión. Y el argumento de que Europa emite menos de un décimo del total vale para cualquier país y por tanto para ninguno.59
¿Quién debe pagar la transición: el que contamina o el que puede?
Poner precio al carbono es la forma más barata de reducirlo, porque cada uno recorta donde le sale más barato. Subvencionar en lugar de gravar mantiene la contaminación. Y pasa renta a quien puede comprarse un coche eléctrico.
El precio del carbono sobre la gasolina y el gas es un impuesto. Pesa más, en proporción a la renta, en los hogares con menos recursos y donde no hay alternativas de transporte. En Francia, desde 2019, tras la crisis de los chalecos amarillos, la subida de ese impuesto está congelada.60 Una transición que no compensa a quien más paga corre el riesgo de pararse en las urnas.
¿Hay que construir red antes que generación?
La red saturada frena a la vez las renovables nuevas, la electrificación de la industria, los coches y las viviendas. Una línea tarda mucho más que un parque solar. Empezar por lo rápido lleva al atasco que hay ahora.
La red la pagan los peajes de la factura. Adelantarla significa cobrarla antes de que haya quien la use. Planificar capacidad para una demanda que aún no existe es como se construyeron los aeropuertos vacíos. El cuello de botella se resuelve antes con almacenamiento y gestión de la demanda, que se instalan más deprisa.
¿Se deben reducir la ganadería y el regadío por el clima?
El sector agropecuario emite algo más de una décima parte de los gases de efecto invernadero. El regadío usa entre dos tercios y cuatro quintas partes del agua, según la medida, en un país que se seca. Ampliar regadíos con agua que no habrá es un error caro.
El sector sostiene que el campo español es de los más eficientes de Europa. La ganadería sostiene la España que se despuebla. El regadío produce la fruta y la verdura que exporta el país. Cargar sobre el sector con menos renta el coste de la adaptación es injusto. Y además es inútil, porque la producción se irá a donde no se controle.
«España no cumple el Acuerdo de París.» / «España cumple con creces.»
Qué capaLas dos dan por hecho un objetivo del Acuerdo de París para cada país, y no existe. Lo que obliga a España es el reparto europeo del esfuerzo, el 37,7% en 2030 en los sectores difusos. Lo que falta en las dos es la cifra, la capa y el año de referencia.
«Las emisiones españolas bajan.»
Qué añoBajaron en 2023 y en 2024, y en 2025 subieron. Una serie climática se lee en años, no en un año. Pero quien da la tendencia sin decir cuál fue el último dato elige dónde cortar. El dato que falta es el del año más reciente, con su causa.
«El apagón lo causaron las renovables.» / «El apagón no tuvo nada que ver con el sistema.»
Ni una ni otraLos informes del Gobierno, de Red Eléctrica y de la red europea de gestores describen un origen con varias causas: control de tensión insuficiente, oscilaciones previas, desconexiones en cascada. Ninguno culpa a las renovables como tales.64 Lo que sí describen es un sistema con mucha electrónica de potencia, poca inercia y una regulación que no se había actualizado. La inercia es la estabilidad que dan a la red las grandes turbinas de las centrales convencionales. Resumir el apagón en una sola causa contradice los tres informes.
«Lo que haga España no cambia nada: emitimos menos del 1% del mundo.»
Vale para todosEspaña emite, en efecto, menos del 1% del total mundial.65 Los seis mayores emisores —China, Estados Unidos, India, la Unión, Rusia e Indonesia— suman el 62%. El 38% restante está repartido entre todos los demás países, cada uno con una parte pequeña. Si el argumento valiera, ese 38% no tendría que hacer nada. Y España decide poco sola. Decide en la Unión, cuarto emisor mundial, con el 5,8% del total en 2025 y en descenso desde hace décadas.66
«La transición es cara.» / «La transición sale gratis: las renovables son las más baratas.»
Respecto a quéLa parte eléctrica salió barata de construir. El refuerzo de la red permite invertir unos dieciocho mil millones más hasta 2030, que se cobrarán en el recibo. Las partes de la industria y del transporte tienen costes todavía por medir. Y «cara» sin decir respecto a qué es un juicio sin comparación. No hacer nada también tiene coste.
«España lidera la lucha contra el cambio climático.»
La defensa acríticaEstá por encima de la media de la Unión en electricidad renovable. En coche eléctrico vende, en proporción, la mitad que la media de la Unión. El transporte emitía en 2024 un 54% más que en 1990. Su red de distribución está saturada y su plan de adaptación no tiene presupuesto propio.
«La sequía es cíclica: siempre ha habido.»
Ciclo y tendenciaSiempre las ha habido, pero con más calor la misma falta de lluvia seca más, porque se evapora más agua. Lo cíclico y lo tendencial se suman. Invocar el ciclo para negar la tendencia es mirar una serie corta.
La política climática llega a la casa por tres sitios. El primero es la factura. El precio del carbono está ya dentro de la electricidad y estará en la gasolina y el gas desde 2028. Hay ayudas a la rehabilitación, a la bomba de calor y al autoconsumo, que gestionan las comunidades con fondos europeos.
El segundo es el coche. Las zonas de bajas emisiones limitan los vehículos más contaminantes, con reglas que fija cada ayuntamiento. Las ayudas a la compra del eléctrico cambian según el programa y la comunidad. La norma que exige que los coches nuevos no emitan CO₂ desde 2035 está en revisión. Sigue valiendo mientras no se apruebe el cambio.
Y el tercero es el territorio. El deslinde de la ley de costas marca la línea donde empieza el dominio público, y de él depende que una concesión caduque o no. En el regadío, el plan hidrológico fija la dotación de agua y puede recortarla. Y en una zona inundable, el mapa oficial es público y determina qué se puede construir.
En la vivienda sobre plano, la conexión a la red eléctrica es una causa frecuente de retraso en obra nueva, además de la fecha de entrega. El bono social térmico y el eléctrico son la compensación vigente por el coste de la energía. El fondo social por el clima es la que llegará.
- Acuerdo de París, de 12 de diciembre de 2015, art. 4, apartados 2, 3 y 9 (cada parte comunica y mantiene su contribución determinada a nivel nacional, la actualiza cada cinco años y cada una debe representar una progresión respecto de la anterior), art. 13 (marco de transparencia) y art. 15 (mecanismo de cumplimiento, de carácter facilitador y «no punitivo»). ↩
- La contribución determinada a nivel nacional es la de la Unión Europea y sus Estados miembros, comunicada en 2015, 2020 y 2025 (véase Fuentes). ↩
- Comisión Europea, ficha de España del informe de progreso de la acción climática de 2023: las proyecciones que España presentó en marzo de 2023 dan, con las medidas existentes, una reducción de las emisiones de reparto del esfuerzo del 29% en 2030 respecto a 2005, y del 45% con las medidas adicionales. La Agencia Europea de Medio Ambiente, en Trends and projections in Europe 2025, cuenta a España entre los catorce Estados miembros que cumplirían su objetivo de reparto del esfuerzo de 2030, con unas emisiones por debajo de su límite, si aplican las medidas adicionales. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Reglamento (UE) 2021/1119, de 30 de junio de 2021, por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática, arts. 2 y 4, y Reglamento (UE) 2026/667 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2026, que lo modifica para fijar el objetivo intermedio de 2040: una reducción del 90% de las emisiones netas respecto a 1990. El reglamento encarga a la Comisión que sus propuestas reflejen, a partir de 2036, una contribución de créditos internacionales de alta calidad del artículo 6 del Acuerdo de París de hasta el 5% de las emisiones netas de la Unión en 1990, «lo que corresponde a una reducción de las emisiones netas internas» del 85% a más tardar en 2040. El mismo reglamento aplaza hasta 2028 el funcionamiento del segundo régimen de comercio de derechos de emisión (art. 2). ↩
- El mercado de derechos de emisión cubre en torno al 40% de las emisiones de la Unión y el reparto del esfuerzo, el resto, en torno al 60% (Comisión Europea, reparto del esfuerzo). El Ministerio para la Transición Ecológica define los sectores difusos como las actividades no sujetas al comercio de derechos de emisión: residencial, comercial e institucional, transporte, agricultura y ganadería, gestión de residuos, gases fluorados y la industria que no está en el mercado. ↩
- Reglamento (UE) 2018/842, de reparto del esfuerzo, anexo I, en la redacción del Reglamento (UE) 2023/857: España, −37,7%; Alemania, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo y Suecia, −50%; Francia, −47,5%; Italia, −43,7%; Bulgaria, −10%; Rumanía, −12,7%; Polonia, −17,7%. Reparte los objetivos por renta por habitante, con asignaciones anuales vinculantes, flexibilidad entre años y la posibilidad de comprar derechos a otro Estado miembro. ↩
- Reglamento (UE) 2018/842, art. 9: si en la comprobación de 2027 o en la de 2032 las emisiones superan la asignación anual, se añade a las del año siguiente el exceso multiplicado por 1,08 y el Estado tiene prohibido temporalmente transferir asignación a otro. La Comisión comprueba el cumplimiento dos veces, en 2027 para los años 2021-2025 y en 2032 para los años 2026-2030. ↩
- La Ley 1/2005, de comercio de derechos de emisión, disposición transitoria segunda, declara elegibles para el periodo de comercio 2013-2020 los créditos internacionales de proyectos del Protocolo de Kioto (aplicación conjunta y mecanismos de desarrollo limpio). Sobre cómo cumplió España Kioto, véase la nota sobre el reparto de 1997 en «Por qué es así». ↩
- Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, arts. 3 (objetivos mínimos de 2030, «al menos» el 23%, el 74% de generación eléctrica renovable y, en el apartado 2, neutralidad «antes de 2050»), 4 (plan nacional integrado de energía y clima) y 17-21 (adaptación). El plan revisado eleva los objetivos de la ley sin modificarla, porque la propia ley prevé que el plan pueda ser más ambicioso. En el último paso por el Congreso, el 13 de mayo de 2021, las enmiendas del Senado se votaron por separado y salieron todas con entre 190 y 250 votos a favor y entre ninguno y 98 en contra; el resto, abstenciones (Congreso, datos abiertos, sesión 97, votaciones 12 a 17). ↩
- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030: una reducción de las emisiones de los sectores difusos del 42% en 2030 respecto a 2005, frente al 37,7% que exige el reglamento europeo; el 32% del total respecto a 1990 equivale a un 55% respecto a 2005. Es la cifra que da también la página del Ministerio para la Transición Ecológica sobre los sectores difusos. ↩
- Ley 7/2021, art. 3.3 («se autoriza al Consejo de Ministros a revisar al alza los objetivos») y art. 3.4 («la revisión […] solo podrá contemplar una actualización al alza»). Los objetivos están fijados en una ley, de modo que rebajarlos exigiría otra de igual rango. ↩
- Acuerdo de París, art. 28: una parte puede denunciarlo en cualquier momento después de tres años de su entrada en vigor para ella, por notificación escrita, y la denuncia surte efecto un año después de recibida. Estados Unidos lo notificó el 27 de enero de 2025 y la salida tuvo efecto el 27 de enero de 2026 (notificación del depositario, Naciones Unidas, C.N.71.2025.TREATIES-XXVII.7.d). ↩
- MITECO, Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, edición 2025 (serie 1990-2023): descenso global del 7,6% en 2023 en la edición 2025, y del 7,7% en la recalculada de 2026, determinado por la caída del 27,8% en las emisiones de la generación eléctrica —con la producción renovable mayoritaria en el mix por primera vez, con el 50,4%— y por un descenso del 3,0% en el transporte. Las emisiones ya habían quedado por debajo de las de 1990 en 2020, por primera vez en la serie, un 6,4% menos según el avance del Ministerio, por la renovable, la caída del carbón y las restricciones de la pandemia (nota de prensa de 1 de julio de 2021), y el avance de 2021 las daba todavía un 0,5% por debajo (nota de prensa de julio de 2022). La serie recalculada de la edición 2026 del inventario deja 2020 en 271,7 millones de toneladas, el 95,5% de 1990, y 2021 en 288,5, un 1,4% por encima, con 1990 en 284,4 y el máximo de 2007 en 444,1; 2022 queda en 292,4 y 2023 en 270,0, un 7,7% menos. La edición 2026 del inventario deja 2024 en 267,7 millones de toneladas, por debajo de los 270,0 de 2023. ↩
- MITECO, Avance del Inventario de Emisiones de GEI del año 2025, julio de 2026: 270,74 millones de toneladas de CO2 equivalente, un 1,1% más que en 2024 y un 4,8% por debajo de 1990. El transporte pesa el 34,2% y sube un 2,4%, unos 2,2 millones de toneladas sobre los 90,4 de 2024; la industria, el 17,3%; el sector agropecuario, el 12,3%; y la generación eléctrica, el 10,2%, con una subida del 5,5%, unos 1,4 millones de toneladas sobre los unos 26 de 2024 (cálculo propio), por la mayor producción de los ciclos combinados tras el apagón. El Observatorio de Sostenibilidad había adelantado en enero una subida de al menos un 0,6% y un nivel un 5,8% por debajo de 1990 (reseña). El balance europeo EDGAR de 2026 da para España y Andorra 287,5 millones en 2024 y 293,2 en 2025, un 2% más, y para la Unión un 0,2% menos; Alemania redujo un 0,1%, hasta unos 649 millones de toneladas, según su agencia de medio ambiente. ↩
- Los tres informes sobre el apagón —el del comité de análisis creado por el Gobierno y el de Red Eléctrica, de junio de 2025, y el final de ENTSO-E— sitúan en su origen una capacidad insuficiente de control de la tensión, en un sistema con mucha electrónica de potencia, poca inercia y una regulación de red que no se había actualizado. La operación reforzada posterior consistió en programar más generación convencional, sobre todo ciclos combinados, capaz de regular la tensión. ↩
- Eurostat, producción eléctrica mensual por combustible (nrg_cb_pem), gas natural, España: 30.132 GWh entre mayo y octubre de 2025 frente a 22.020 en los mismos meses de 2024, un 37% más, por el refuerzo del sistema tras el apagón. La serie suma los ciclos combinados y la cogeneración con gas. Según el Informe del sistema eléctrico 2025 de Red Eléctrica, el ciclo combinado cerró el año con el 16,8% del mix y las renovables con el 55,5%; la eólica encabezó el mix por tercer año con el 21,6%. ↩
- Datos de OMIE y Red Eléctrica: el precio medio del mercado diario de 2025 en España fue de 65,28 euros (OMIE, Informe anual 2025, precio medio aritmético), frente a 63,03 en 2024 por megavatio hora, un 3,6% más que en 2024, y el precio medio final de la energía, que suma al mercado diario los servicios de ajuste y los pagos por capacidad, de 83,45 euros, un 9,4% más. Las restricciones técnicas, con las que el operador programa centrales por seguridad, son uno de esos servicios de ajuste. ↩
- MITECO, resumen del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, edición 2026: en 2024 el transporte supuso el 33,7% de las emisiones y el transporte por carretera, por sí solo, el 31,3% del total; 31,3 sobre 33,7 es el 93%. Cálculo propio. ↩
- Eurostat, emisiones de gases de efecto invernadero del transporte en España (env_air_gge, código CRF 1A3, actualizada el 2 de junio de 2026), la misma serie del inventario español: 58,7 millones de toneladas de CO₂ equivalente en 1990, 108,5 en 2007, 87,7 en 2023 y 90,4 en 2024, un 54% más que en 1990. El avance del inventario de 2025 da 92,5 millones para 2025, un 58% más. Cálculo propio. Consultado en octubre de 2026. ↩
- BBVA Research, La saturación de la red eléctrica y su papel en la construcción, agosto de 2026: el 88% de los nudos de la red de distribución tiene menos de 1 MW de capacidad disponible, según el mapa de nudos del cuarto trimestre de 2025 que recoge el informe, publicado en agosto de 2026, y el informe calcula unos 5 kW por vivienda, de modo que 1.000 viviendas necesitan 5 MW y un megavatio abastece a unas 200; más de 80.000 viviendas proyectadas dependen de infraestructura eléctrica nueva y ampliar la red de un desarrollo urbano grande requiere entre cinco y ocho años. Señala Madrid, Valencia, Alicante, Sevilla y Murcia como las zonas más restringidas; en Madrid, los desarrollos proyectados suman capacidad para unas 126.000 viviendas frente a los nudos disponibles para unas 40.000. ↩
- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, art. 4: la planificación eléctrica solo es vinculante para la red de transporte y se somete al Congreso de los Diputados antes de que la apruebe el Gobierno; el plan de desarrollo de la red de transporte vigente es el de 2021-2026. Los procedimientos con los que el operador gestiona el sistema los aprueba la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Consultado en septiembre de 2026. El art. 34.2 hace a Red Eléctrica transportista único, con la excepción de que el Ministerio puede autorizar a otras empresas instalaciones de transporte para la mejor gestión de la distribución. ↩
- Real Decreto 640/2026, de 29 de julio, por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica: permite una inversión adicional de 17.900 millones de euros hasta 2030 y acota su destino. El límite ordinario de la inversión que se retribuye con cargo al sistema, el 0,065% del PIB en transporte y el 0,13% en distribución, lo fijaron los reales decretos de retribución de 2013 (1047/2013 y 1048/2013); con el PIB de 2025, 1.693.738 millones de euros según el INE, son unos 1.100 y 2.200 millones al año, y el Gobierno lo ha dado por insuficiente ante las peticiones de acceso de nuevas demandas (nota del Ministerio para la Transición Ecológica, julio de 2026). Consultado en septiembre de 2026. ↩
- La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) posee el 20% del capital de Redeia Corporación, matriz del operador del sistema eléctrico, y la ley impide que la participación pública baje del 10% por el régimen especial de la compañía. SEPI designa a tres de los doce miembros del consejo de administración como consejeros dominicales (Redeia, consejo de administración), y la retribución de la presidencia se fija por norma. ↩
- Con datos de Red Eléctrica del programa diario base de funcionamiento, el informe anual de APPA da para el sistema peninsular un «total ERNI 2025» de 2.922 GWh: la energía renovable no integrable, la que no se pudo aprovechar por restricciones técnicas de la red (p. 22). APPA Renovables, la Asociación de Empresas de Energías Renovables, que dice reunir a «cerca de 500 compañías» (Informe anual. Renovables y almacenamiento 2025), suma a ese vertido técnico el económico, la energía que no se produce porque el precio no la remunera. En la presentación de su Estudio del impacto macroeconómico de las energías renovables en España 2024, hecho con Deloitte y presentado el 31 de octubre de 2025: «En 2024 hemos desaprovechado más del 8% de la energía de nuestro sol y viento». El estudio cifra en 6,1 TWh el exceso de oferta renovable que no casó en el mercado diario en 2024, el 6,5%, frente al 1,6% de 2023, y calcula que podría superar el 12% en 2030. Su presidente, Santiago Gómez Ramos, lo desglosó en un 6,5% de vertidos económicos y casi un 2% de técnicos (Energías Renovables, 9 de noviembre de 2025), y la asociación avisó al presentar el estudio de que en 2025 esos vertidos ya se duplicaban (Energías Renovables, 31 de octubre de 2025). La causa es geográfica: la demanda se concentra en Madrid y en la costa y los grandes parques están en zonas de bajo consumo. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030: inversión total de 308.000 millones de euros entre 2021 y 2030, el 82% privada y el 18% pública; de lo público, una parte importante se financia con los fondos Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el 13% del total. Se reparte en renovables (37%), ahorro y eficiencia (28%), redes (17%), electrificación (17%) y otras medidas (1%). ↩
- Ley 7/2021, art. 30: los ingresos de las subastas de derechos de emisión se destinan a los objetivos de cambio climático y transición energética, y las leyes de presupuestos destinan al sistema eléctrico «al menos 450 millones de euros» para costes ligados al fomento de las renovables. ↩
- Reglamento (UE) 2023/955, del Fondo Social para el Clima: financiación específica para apoyar a los hogares, las microempresas y los usuarios del transporte vulnerables (considerando 10); el anexo asigna a España el 10,52% del fondo, hasta 6.837.784.631 euros. ↩
- Reglamento (UE) 2023/955, considerando 11: «El aumento del precio de los combustibles fósiles puede afectar de forma desproporcionada a los hogares vulnerables, las microempresas vulnerables y los usuarios del transporte vulnerables, que gastan una mayor parte de sus ingresos en energía y transporte y que, en determinadas regiones, no tienen acceso a soluciones de movilidad y transporte alternativas y asequibles». ↩
- AEMET, Informe sobre el estado del clima de España 2025, resumen ejecutivo (junio de 2026): «Entre 1961 y 2025 la temperatura media anual de España ha aumentado 1.75 °C». El informe no compara esa cifra con la media mundial. ↩
- AEMET, resumen climatológico del verano de 2025: fue el más cálido de la serie, que empieza en 1961, con 2,1 °C por encima de la media de 1991-2020 y una décima por encima del de 2022, el récord anterior (consultado en septiembre de 2026); Instituto de Salud Carlos III, Mortalidad atribuible al exceso de temperatura, estimaciones del sistema MoMo para el verano de 2022 (en torno a 4.700 muertes), que miden el exceso de mortalidad atribuible a la temperatura. Con modelos epidemiológicos sobre la mortalidad semanal de Eurostat, Joan Ballester y otros, «Heat-related mortality in Europe during the summer of 2022», Nature Medicine, 29, 2023, estiman para España 11.324 muertes relacionadas con el calor entre el 30 de mayo y el 4 de septiembre de 2022 (intervalo de confianza del 95%, 7.908-14.880), 237 por millón de habitantes, y 61.672 en toda Europa. Las dos cifras miden cosas distintas con métodos distintos. ↩
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre lugares de trabajo, disposición adicional única, «Condiciones ambientales en el trabajo al aire libre»: obliga a proteger a los trabajadores frente a «temperaturas extremas» y, cuando la Agencia Estatal de Meteorología o el servicio autonómico emiten «un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel naranja o rojo, y las medidas preventivas anteriores no garanticen la protección de las personas trabajadoras, resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista». Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ley 9/2023, de 19 de mayo, de medidas extraordinarias y urgentes para afrontar la situación de sequía excepcional en Cataluña. ↩
- Gobierno de Cataluña, nota del Departamento de Unión Europea y Acción Exterior de 1 de febrero de 2024: el Govern abordó la entrada en la fase de emergencia del Plan Especial de Sequía del sistema Ter-Llobregat, que incluye 202 municipios de las cuencas internas con seis millones de habitantes, al bajar las reservas del 16%; la medida entraba en vigor al publicarse en el DOGC la resolución de la Agencia Catalana del Agua. ↩
- Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, art. 27: un sistema de indicadores hidrológicos sirve de referencia para «la declaración formal de situaciones de alerta y eventual sequía», que «implicará la entrada en vigor» del plan especial de cada organismo de cuenca, con «las medidas a aplicar en relación con el uso del dominio público hidráulico»; texto refundido de la Ley de Aguas, Real Decreto Legislativo 1/2001, art. 58: «En circunstancias de sequías extraordinarias [...] el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, oído el organismo de cuenca, podrá adoptar [...] las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión». Consultados en octubre de 2026. ↩
- Dos sistemas miden los incendios españoles y dan cifras distintas, las dos oficiales. La estadística nacional del Ministerio para la Transición Ecológica —el avance informativo del Estadístico General de Incendios Forestales— cifra en 354.746,67 hectáreas lo quemado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, 7,1 veces más que en 2024 y 3,4 veces la media de la década (avance informativo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025). El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), del programa Copernicus, que mide por satélite y recorta los perímetros de otra manera, da 401.266 hectáreas en su informe anual sobre 2025, publicado el 31 de marzo de 2026, el 37% de las 1.079.538 quemadas en la Unión aquel año. Este capítulo usa la serie de EFFIS, que es la que permite comparar con el resto de la Unión y cuyo máximo anterior eran unas 307.000 hectáreas de 2022. Los dos sistemas coinciden en que es el peor registro desde 1994, cuando ardieron 437.602 hectáreas. El dato de EFFIS tampoco es la estimación que el Gobierno publicó el 24 de agosto de 2025, de 393.278,99 hectáreas, que sumaba lo declarado por las comunidades a estimaciones del propio EFFIS con la temporada a medias. ↩
- IPCC, Sexto informe de evaluación, grupo I, capítulo 11: el aumento de la intensidad de las precipitaciones extremas se traduce en más frecuencia y magnitud de las inundaciones pluviales y repentinas (confianza alta). Para las crecidas de los ríos el capítulo es mucho más cauto: las tendencias observadas son mixtas, con descensos en partes del Mediterráneo (apartado 11.5), y las proyecciones, más inciertas que las de las inundaciones por lluvia. ↩
- Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de septiembre de 2020: 18 ámbitos de trabajo; la financiación sale de los presupuestos sectoriales de cada departamento, de fondos europeos y de PIMA Adapta, que administra recursos de las subastas de derechos de emisión, y la identificación presupuestaria concreta de las acciones se deja a los programas de trabajo. ↩
- Constitución: art. 132.2 (la zona marítimo-terrestre y las playas son dominio público estatal), art. 149.1.22.ª (recursos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad) y art. 148.1.8.ª (montes y aprovechamientos forestales, que pueden asumir las comunidades, con la legislación básica estatal del 149.1.23.ª); art. 148.1.3.ª (las comunidades pueden asumir la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda); Ley 7/1985, de bases del régimen local, art. 25.2.a (el municipio ejerce como competencias propias, «en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas», el urbanismo: «planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística»). ↩
- Reglamento (UE) 2021/1119, ley europea del clima, art. 5, que obliga a los Estados miembros a adoptar y aplicar estrategias y planes nacionales de adaptación; Directiva 2007/60/CE, de evaluación y gestión de los riesgos de inundación, que obliga a elaborar mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación; y Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, arts. 17 a 21, que regulan el plan nacional de adaptación y obligan a tener en cuenta el cambio climático al planificar el agua, la costa y el territorio. Ninguna de las tres fija una cifra de adaptación ni una sanción por no alcanzarla. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, art. 4.1: «quedan excluidas, en todo caso, las pólizas de los seguros agrarios combinados, cualquiera que sea el bien objeto del seguro, así como cualesquiera otras que cubran producciones agropecuarias susceptibles de aseguramiento a través del sistema de los seguros agrarios combinados»; Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados: cubre los daños en las producciones agrícolas, ganaderas, forestales y acuícolas «a causa de variaciones anormales de agentes naturales», y las aportaciones del Estado a las primas «se concederán de forma directa a los agricultores». Consultados en octubre de 2026. ↩
- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, que traspone la Directiva 2008/50/CE. La directiva nueva es la (UE) 2024/2881, de 23 de octubre de 2024, que aproxima los valores límite a las guías de la Organización Mundial de la Salud de 2021 y es aplicable desde 2030. ↩
- Directiva (UE) 2024/2881, de 23 de octubre de 2024, relativa a la calidad del aire ambiente, anexo I: el valor límite anual de dióxido de nitrógeno que debe cumplirse desde 2030 es de 20 µg/m³, frente a los 40 de la Directiva 2008/50/CE que traspone el Real Decreto 102/2011. ↩
- Eurostat, residuos municipales por tipo de tratamiento (env_wasmun): en 2024 España generó 22.292 miles de toneladas y recicló 9.465, el 42,5%; cuenta el reciclaje de materiales y el compostaje, y no el preparado para la reutilización, que la serie no recoge. Cálculo propio. ↩
- Art. 11.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que dio a los municipios un plazo de tres años —hasta el 10 de abril de 2025— para establecer una tasa específica, diferenciada y no deficitaria que refleje el coste real del servicio y permita sistemas de pago por generación. El objetivo europeo de referencia es el de la Directiva 2008/98/CE: 55% de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales en 2025, 60% en 2030 y 65% en 2035. ↩
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, art. 25.2: las entidades locales establecerán la recogida separada de los biorresiduos domésticos «antes del 30 de junio de 2022» si superan los cinco mil habitantes y «antes del 31 de diciembre de 2023» el resto, y de los textiles, los aceites de cocina usados, los residuos domésticos peligrosos y los voluminosos «antes del 31 de diciembre de 2024»; arts. 84 y siguientes: impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. Consultada en octubre de 2026. ↩
- Unos textos atribuyen el tópico a la OCDE, a veces a una nota de prensa de 1991 sobre ruido urbano, y otros a la Organización Mundial de la Salud; ninguno cita el documento original. Ninguna publicación posterior de la OCDE ni de la Agencia Europea de Medio Ambiente sostiene una clasificación mundial de países por ruido. La normativa española de referencia es la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y la europea, la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. La Directiva 2002/49/CE obliga a elaborar mapas estratégicos de ruido y planes de acción para las aglomeraciones de más de 100.000 habitantes; la Ley 37/2003, arts. 14 y 22, los exige a los municipios de más de 100.000 habitantes y con una densidad de población superior a la que fija el reglamento. ↩
- El reparto interno del compromiso europeo del Protocolo de Kioto se hizo por la Decisión 2002/358/CE del Consejo. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, a España se le permitió emitir un 15% más que el año base en el periodo 2008-2012; el Real Decreto 1370/2006 fijó como objetivo no pasar de un 37% de media, con un 2% de sumideros y créditos de carbono por el equivalente a un 20%; las emisiones de 2008-2012 fueron de media un 23,7% superiores al año base, y el cumplimiento se hizo retirando unidades en el registro nacional. En 2007 las emisiones superaron en más de un 50% las de 1990 (444,1 millones de toneladas frente a 284,4, con la serie actual del inventario). El margen del 15% salió del reparto interno de la Unión, no de la clasificación de España como país desarrollado en la Convención Marco. ↩
- La Climate Change Act británica es de 2008 y fue la primera ley del mundo con presupuestos de carbono quinquenales vinculantes; la francesa es la loi énergie-climat n.º 2019-1147, de 8 de noviembre de 2019, que fijó la neutralidad en 2050, con el antecedente de la ley de transición energética de 2015. ↩
- Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, Towards a better characterisation of land degradation and desertification in the European Union (agosto de 2026): «The highest percentage of land under desertification conditions was observed in Spain (53%)». El 74% es otra medida: el Ministerio para la Transición Ecológica, al aprobar la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación el 21 de junio de 2022, señala que «el 74% del territorio español se encuentra en tierras áridas, semiáridas o subhúmedas secas y, por tanto, susceptibles de ser afectadas por los procesos de desertificación» (nota de prensa del Ministerio). Consultadas en octubre de 2026. ↩
- Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, EDGAR, GHG emissions of all world countries, 2026 report: la Unión emitió en 2025 7,1 toneladas de gases de efecto invernadero, en CO2 equivalente, por habitante, frente a una media mundial de 6,6. EDGAR calcula todos los países con el mismo método; las cinco toneladas y media de España salen del inventario español, los unos 270 millones de toneladas de «Los números», y no son exactamente la misma medida: con el método de EDGAR, España y Andorra emitieron en 2025 unas 6,3 toneladas por habitante. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Eurostat, «2024: nearly 50% of EU electricity came from renewables», enero de 2026, cuota de las renovables en el consumo bruto de electricidad en 2024: España, en torno al 60%, por encima de la media de la Unión, que ronda la mitad, y por debajo de Austria y Suecia, cerca del 90%, de Dinamarca, cerca del 80%, y de Portugal (65,8%). Consultado en septiembre de 2026. ↩
- ACEA, la asociación europea de fabricantes de automóviles, «New car registrations: +1.8% in 2025; battery-electric 17.4% market share»: los eléctricos puros fueron en 2025 el 17,4% de los turismos nuevos matriculados en la Unión, 1.880.370 unidades. El 8,85% español es el de ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, en «Los números». Las dos asociaciones cuentan matriculaciones. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Ley alemana de comercio de emisiones de combustibles (Brennstoffemissionshandelsgesetz, BEHG), en vigor desde el 1 de enero de 2021, que pone precio al CO₂ de los combustibles de calefacción y de transporte por carretera: 25 euros por tonelada al arrancar, 30 en 2022 y 2023, 45 en 2024 y 55 en 2025; en 2026 los derechos se subastan en un corredor de 55 a 65 euros y después se venden a 68 (autoridad alemana de comercio de emisiones, DEHSt). Austria introdujo un esquema equivalente en 2022. Ficha de la Agencia Internacional de la Energía. Sobre su recepción social, una encuesta en línea a unas 4.800 personas, hecha del 15 de enero al 7 de febrero de 2024 para la Hans-Böckler-Stiftung, fundación cercana a los sindicatos, encontró que el 53% consideraba inaceptable el sobrecoste del precio de 45 euros por tonelada y el 26%, aceptable (epd, 20 de agosto de 2024). ↩
- Ministerio para la Transición Ecológica de Francia, «Fiscalité carbone»: Francia introdujo en 2014 una componente de carbono en los impuestos interiores sobre el consumo de productos energéticos. La creó la ley de presupuestos para 2014, con un valor de 7 euros por tonelada de CO2 ese año, 14,5 en 2015 y 22 en 2016 (Senado francés, informe sobre el proyecto de ley de presupuestos para 2014, energía). La pregunta escrita n.º 5303 de la Asamblea Nacional recuerda 7 euros por tonelada en 2014, 44,60 en 2024 y una trayectoria prevista de 100 euros en 2030 que se congeló por la crisis de los chalecos amarillos de 2018; en su respuesta, el Gobierno confirma que el impuesto está congelado desde el 1 de enero de 2019, incluida su «composante carbone». Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Agencia Europea de Medio Ambiente, European Climate Risk Assessment (2024): el sur de Europa, con riesgos de alta urgencia por incendios forestales, por el efecto del calor y de la escasez de agua sobre los cultivos y por las olas de calor para quienes trabajan al aire libre. ↩
- Comisión Europea, paquete de automoción de diciembre de 2025: propuesta de modificación del Reglamento (UE) 2019/631, que desde su reforma por el Reglamento (UE) 2023/851 exige a los turismos y furgonetas nuevos reducir un 100% sus emisiones de CO₂ desde 2035. La propuesta rebaja ese objetivo al 90% y compensa el resto con acero bajo en carbono fabricado en la Unión y con combustibles sintéticos y biocarburantes. En 2026 la examinaban el Parlamento Europeo y el Consejo; el 15 de junio de 2026 la Secretaría General del Consejo presentó un informe de situación, sin posición común, y en la última comprobación, de octubre de 2026, no constaba aprobada. ↩
- Presidente del Gobierno, intervención en la presentación del Plan España Auto 2030, 3 de diciembre de 2025: «Toda Europa, debemos reconocerlo, va tarde, pero creo que al menos desde la perspectiva de nuestro país, y de este Gobierno, España no se va a bajar del coche eléctrico». Es la posición declarada del Gobierno; no se ha visto el voto de España en el Consejo sobre la propuesta de 2035. En la misma intervención añade: «Si en apenas tres décadas hemos sido capaces de generar la mayoría de la energía eléctrica con fuentes renovables, ¿cómo no vamos a lograr que en el año 2050 prácticamente todos los vehículos que circulan por nuestras carreteras sean eléctricos?». ↩
- Mario Draghi, presentación del informe sobre el futuro de la competitividad europea, Comisión Europea, septiembre de 2024: «EU companies face electricity prices that are 2-3 times higher than those in the United States and in China». ↩
- IPCC, Sexto informe de evaluación, grupo III, Resumen para responsables de políticas, 2022: los beneficios globales de las sendas que limitan el calentamiento a 2 °C superan a lo largo del siglo XXI los costes de mitigación si los daños económicos del cambio climático están entre la parte moderada y la alta del rango evaluado; sobre el coste de la crisis del gas, Giovanni Sgaravatti, Simone Tagliapietra y Georg Zachmann, National fiscal policy responses to the energy crisis, Bruegel, 2023, con 651.000 millones de euros destinados en Europa a proteger a los consumidores desde septiembre de 2021, 540.000 de ellos en la Unión, según su conjunto de datos; sobre el coste de la electricidad renovable, IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2023, 2024: de los 473 GW renovables que se añadieron en 2023, el 81% (382 GW) costó menos que sus alternativas fósiles. Consultado en septiembre de 2026. ↩
- Véase la nota sobre el impuesto francés al carbono en «Comparación europea». ↩
- Véase la nota sobre el precio alemán en «Comparación europea». ↩
- El Ministerio para la Transición Ecológica da, con datos del INE, una reducción del 11% del agua utilizada en el regadío español entre 2004 y 2009, de 17.808 a 15.890 hectómetros cúbicos, y la atribuye «principalmente al proceso de modernización y cambio tecnológico de los regadíos» (Ministerio para la Transición Ecológica, Agua y agricultura: el regadío). La misma página recuerda que en 2006 se calculaba que el regadío consumía «aproximadamente el 68% de los recursos hídricos del país» y que hoy, «a falta de estudios exhaustivos», se considera que esa cifra está «en torno al 65%»: mide sobre los recursos, no sobre el agua usada. La serie del INE, su Encuesta sobre el uso del agua en el sector agrario, tiene como último año 2018 (publicado el 16 de julio de 2020): 15.495 hectómetros cúbicos de agua de riego, un 3,7% más que en 2016 y un 2,5% menos que en 2009. La reducción es del agua usada, la misma medida que el reparto del 80% del capítulo 6.5. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Análisis de los regadíos españoles 2025, con datos de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE), tabla 6: el riego localizado pasó de 1.792.985 hectáreas en 2015 (el 49% de 3.636.519 regadas) a 2.181.494 en 2025 (el 58% de 3.731.217), y el de gravedad, de 978.264 a 727.049. La encuesta mide superficie, no agua. Consultado en octubre de 2026. ↩
- Informe del comité de análisis creado por el Gobierno e informe de Red Eléctrica, los dos de junio de 2025, e informe final de ENTSO-E, la red europea de gestores de transporte, sobre el apagón del 28 de abril de 2025. Los tres describen un origen multifactorial: capacidad insuficiente de control de la tensión, oscilaciones previas al colapso y desconexiones en cascada de instalaciones de generación, algunas indebidas por un ajuste inadecuado de sus protecciones ante las sobretensiones. Lo que señalan es un sistema con mucha electrónica de potencia, poca inercia y una regulación de red que no se había actualizado. ↩
- EDGAR, GHG emissions of all world countries, 2026 report: las emisiones mundiales de 2025 fueron de 54,1 Gt de CO2 equivalente, y las de España y Andorra, 293,2 Mt, en torno al 0,5%. ↩
- Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, EDGAR, GHG emissions of all world countries, 2026 report y nota de 7 de septiembre de 2026: China, Estados Unidos, India, la Unión Europea, Rusia e Indonesia, por ese orden, fueron en 2025 los mayores emisores de gases de efecto invernadero y sumaron el 62% del total mundial; la parte de la Unión bajó del 5,9% de 2024 al 5,8%. La nota del año anterior recuerda que la Unión mantiene una tendencia a la baja de décadas, interrumpida solo en 2021 por el rebote tras la pandemia. ↩
- Acuerdo de París, 12 de diciembre de 2015, arts. 2-4 y 13-15; contribución determinada a nivel nacional de la Unión Europea y sus Estados miembros (2015, 2020 y 2025, con una reducción indicativa de entre el 66,25% y el 72,5% en 2035); Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1992; Protocolo de Kioto, 1997.
- Reglamento (UE) 2021/1119, ley europea del clima, y Reglamento (UE) 2026/667, de 11 de marzo de 2026, que le añade el objetivo intermedio de 2040; Directiva 2003/87/CE, régimen de comercio de derechos de emisión, en la redacción de la Directiva (UE) 2023/959; Reglamento (UE) 2018/842, de reparto del esfuerzo, en la redacción del Reglamento (UE) 2023/857 (anexo I: −37,7% para España); Reglamento (UE) 2023/955, Fondo Social para el Clima; Reglamento (UE) 2019/631, emisiones de turismos, en la redacción del Reglamento (UE) 2023/851, y propuesta de modificación de la Comisión de diciembre de 2025; Directiva 2007/60/CE, riesgos de inundación.
- Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, arts. 3 (objetivos), 4 (plan de energía y clima), 17-21 (adaptación) y 30 (ingresos de las subastas); Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030; Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de septiembre de 2020; Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, art. 4 (planificación); Reales Decretos 1047/2013 y 1048/2013 (retribución del transporte y de la distribución) y Real Decreto 640/2026 (planes de inversión de las redes).
- MITECO, Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (anual) y Avance de emisiones; Red Eléctrica, Informe del sistema eléctrico 2025; Agencia Europea de Medio Ambiente, Trends and projections in Europe y European Climate Risk Assessment (2024); AEMET, Informe sobre el estado del clima de España (anual); Instituto de Salud Carlos III, sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo); EFFIS, estadísticas de incendios.
- BBVA Research, La saturación de la red eléctrica y su papel en la construcción, agosto de 2026; Redeia, gobierno corporativo y composición del consejo de administración; SEPI, participación en Red Eléctrica.
- Fernando Valladares La recivilización: por qué la salud del planeta es nuestra salud Destino, 2023
Lo que el clima ya está haciendo en España, contado por un ecólogo del CSIC; la parte de la adaptación, sin dramatismo y sin consuelo. - Andreu Escrivà Contra la sostenibilidad: por qué el desarrollo sostenible no salvará el mundo (y qué hacer al respecto) Arpa, 2023
Un ambientólogo contra las palabras que sustituyen a las decisiones; útil para leer los planes y los anuncios climáticos. - Bill Gates Cómo evitar un desastre climático Plaza & Janés, 2021
La contabilidad de las emisiones sector por sector y de lo que cuesta reducir cada una; la mejor explicación de por qué la electricidad fue lo fácil. - IPCC Cambio climático 2023: informe de síntesis 2023
El resumen para responsables de políticas del sexto informe, en español, con lo que se sabe y con qué grado de confianza; la referencia contra la que contrastar cualquier afirmación sobre el clima.
16 de octubre de 2026 · fecha de corte de los datos: octubre de 2026